Crecen las críticas por el pase a la Justicia sanjuanina de la causa que investiga el derrame de cianuro hecho por la minera canadiense en Jáchal. Señalan las fuertes complicidades entre la empresa y el poder político local
A nueve meses del derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en las aguas de diferentes ríos de San Juan, la minera canadiense Barrick Gold se anotó un fuerte triunfo en Tribunales, logrando que el hecho deje de estar en el fuero federal y pase directamente a la Justicia provincial, más proclive a escuchar sus argumentos.
Tal como se ha venido remarcando desde el diario Hoy en reiteradas ocasiones, el accionar sin límites ni control alguno por parte de las empresas multinacionales en nuestro territorio han dejado a la Argentina en un estado de indefensión muy grande, mostrando hasta qué grado llega la corrupción estructural que azota a nuestro país.
La resolución judicial fue tomada por el ambiente jurídico y las organizaciones ambientalistas como una “tomada de pelo”, ya que entre los argumentos expuestos en la decisión se remarcan las “mejoras y optimización realizadas en la mina Veladero”, pero para los especialistas esto está muy alejado de la realidad.
En el día de ayer se efectuó un debate en la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), en donde diferentes representantes sociales, judiciales, ambientales y políticos destacaron la “incongruencia” de la Justicia de sacarle la causa que llevaba el juez federal Sebastián Casanello y pasarla nuevamente al fuero sanjuanino, donde “las causas reales de por qué se llegó al derrame jamás fueron investigadas”.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas y participante del encuentro, señaló a Hoy que “lamentablemente el gobierno de San Juan actuó más como un vocero o socio de la empresa que en defensa de los derechos de los ciudadanos. El poder político local colaboró con las idas y vueltas judiciales, estando siempre del lado de la Barrick Gold”.
Para el letrado, “las decisiones oficiales siempre han ido en consonancia con los intereses de la multinacional canadiense. La Justicia de San Juan, con el apoyo de la clase dirigente, especialmente de José Luis Gioja, actuó siempre como un apéndice de los intereses de la Barrick, trabajando a espaldas de la sociedad”.
“Se hace muy difícil luchar contra las grandes corporaciones que hacen lobby en la Justicia para imponer sus intereses. Nuestra pelea es titánica, peleamos contra un Tyson de mayúsculas proporciones. Mientras el poder político y la Justicia obren más para los intereses de las empresas que para la sociedad, la posibilidad de hacer Justicia porel derrame de cianuro se alejan”, sentenció Viale.
La jornada realizada en la Uncuyo mostró la desazón reinante entre los defensores del medio ambiente, ya que ven cómo la política puede más que la Justicia. “Asistimos impávidos a ver un accionar impune que puede quedar en la nada”, fue una de las frases que sirvió para resumir un encuentro donde las censuras a la Justicia y la clase dirigente estuvieron a la orden del día.
En la decisión judicial, no valió nada que el informe efectuado por la división Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal encontrara agua contaminada con cianuro en los ríos: Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, violando así la ley 2405 de residuos peligrosos.
La Barrick Gold ha sabido ser desde su instalación en el país la empresa minera que más beneficios ha recibido por parte de la clase dirigente, levantando airadas quejas de las organizaciones ambientalistas por permitir la depredación de los recursos naturales en Argentina.
En diálogo con Hoy, la referente de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, Débora Gómez, destacó que “la política y el gobierno provincial, con José Luis Gioja a la cabeza, aparecen trabajando codo a codo con la Barrick Gold y le importa muy poco la integridad física de los ciudadanos. La Policía Minera, la Secretaría de Medio Ambiente, el gobernador, los intendentes, todos trabajan para la minera”.
Según la ambientalista, “los organismos provinciales encargados de controlar realizan trabajos privados para la empresa canadiense, por lo que la posibilidad de conseguir justicia con estudios que la propia Barrick paga es imposible que se llegue a dar en los Tribunales sanjuaninos”.
Diego Seguí, abogado y representante de la Asamblea "Jáchal no se toca", criticó que la investigación federal -que llevaba el juez Sebastián Casanello- haya terminado en manos de la Justicia de la provincia de San Juan, donde antes habían responsabilizado "a unos perejiles".
"En un principio la angustia de los habitantes de Jáchal fue tal que la denuncia ni siquiera reclamaba encontrar a los culpables, sólo pedía que se realizara una investigación para aclarar los hechos. Sin embargo, luego de ello, comenzaron dos causas paralelas: una en la Justicia provincial y otra en la nacional", explicó Seguí.
"La primera causa fue terminada con culpables, que eran unos perejiles que no habían tenido nada que ver con el derrame, y la que estaba a cargo de Sebastián Casanello no quedó en nada porque transfirió la investigación a la provincia. Así, el CEO de la Barrick en ese momento, (Guillermo) Caló, quedó impune", sostuvo el letrado.
Por su parte, Bernabel Gómez, agricultor de Jáchal, sostuvo que la megaminería es lo más tóxico para la agricultura", y también criticó al gobierno sanjuanino ya que, "si no hubiese sido por los empleados que avisaron sobre el derrame, hubiese pasado desapercibido. No hay control y lo de minería sustentable es una mentira. Sustentable es la agricultura, porque cuando se cosecha se puede volver a plantar", precisó.
Marcelo Giraud, docente de la UnCuyo, apuntó a los argumentos de la minera para deslindar sus responsabilidades y minimizar el daño ecológico, y en ese sentido, apuntó: "Desde la Barrick Gold hablaron de un pequeño derrame de cianuro. Tuvimos que soportar mentiras sistemáticas de la empresa, y algunos funcionarios e ingenieros diciendo que no se violaban leyes ni se dañaba el medio ambiente".
En tanto Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentinos, destacó que vieron frustradas las posibilidades de que avanzara la causa "cuando desde Comodoro Py (los Tribunales Federales) la transfirieron a la Justicia provincial. Sentimos que es muy difícil confrontar a las corporaciones y las mineras. Es como pelear contra Tyson", resumió.
El debate -que se realizó en la Facultad de Derecho de la UNCuyo- analizó los aspectos jurídicos del derrame de cianuro en la mina Veladero, que provocó un desastre ecológico del 13 de septiembre del 2015 en el emprendimiento metalífero explotado por la Barrick Gold, en la cordillera sanjuanina.
El derrame provocó la contaminación de cinco ríos de la región: Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas. En ellos se encontraron sustancias tóxicas que violan la ley 2405 de residuos peligrosos, según estableció el informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.
