Ministro de Energía aseguró que muchas empresas estudian devolver sus derechos de agua no utilizados, como lo hiciera Endesa. Además rechazó la conclusión de la comisión investigadora del proyecto Polpaico-Cardones que lo acusó de exceder sus facultades.
El sector eléctrico es uno de los que mira con más atención las modificaciones al Código de Aguas actualmente en trámite.
Varias voces de la industria critican la iniciativa, como los desarrolladores de pequeñas hidroeléctricas o minihidro, que estiman que la modificación impactará en la meta del gobierno de construir 100 nuevas centrales de este tipo durante el mandato de la Presidenta Bachelet.
Visión diferente a la que tiene el ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien sostuvo que la reforma propuesta arregla una “distorsión” del mercado eléctrico, que es la posesión de derechos de aprovechamiento de agua que hoy no están siendo utilizados.
“Estamos perfeccionando el funcionamiento de este mercado, terminando con una distorsión que existe, y con una forma de acaparamiento que le hace mucho daño al sector eléctrico”, señaló.
El secretario de Estado agregó que la reforma tiene una buena orientación, la que a su juicio se justifica con las devoluciones de derechos de aguas que han realizado algunas empresas, como el reciente caso de Endesa Chile. “Y van a venir más, anticipo que muchas empresas están discutiendo seriamente cuando van a devolver los derechos de agua”, señaló.
El ministro hizo un llamado a que la discusión en torno a la tramitación del proyecto de ley no se transforme en un debate “ideológico ni político”. Además, afirmó que si el Estado le concede derechos a personas o empresas son para satisfacer los intereses del país “y no corresponde que el Estado le entregue derechos de agua a las empresas y éstas no los utilicen. Eso en buen castellano se llama hacer la del perro del hortelano, que no come ni deja comer”.
Respecto de la meta de construcción de 100 centrales minihidro, Pacheco comentó que esta cifra no está en riesgo por la reforma al Código de Aguas. “Somos un gobierno que hemos mantenido una permanente relación de cooperación y de diálogo con el sector gremial. Vamos a cumplir la meta”, dijo.
Pese a ello, en el gremio no están muy convencidos. Rafael Loyola, director de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), apuntó que el gremio cree que el plan del ministerio “se ve directamente afectado” con la modificación al Código de Aguas. “La reforma sin duda tendrá efecto sobre la reactivación de la economía, en un rubro como el hidroeléctrico que es la tecnología de generación que implica más inversión de carácter local”, agregó.
El jueves, en tanto, la comisión investigadora que indaga sobre los procesos de aprobación de los proyectos Doña Alicia (centra hidroeléctrica en la comuna de Curacautín), y la línea de transmisión Cardones Polpaico, acusó directamente al ministro Pacheco de una “intervención más allá de sus facultades” en ambos casos.
Al respecto, la diputada UDI Andrea Molina señaló que Pacheco “pasó más allá de lo que él tiene de responsabilidad en su cargo”, acusación que Pacheco desacredita.
Según el ministro, la propia diputada Molina envió un oficio al Contralor General de la República pidiéndole su opinión acerca de si el secretario de Estado había excedido sus facultades legales. “El contralor concluyó que no se advierte la concurrencia de ilegalidades en la participación del ministro de Energía, argumentó Pacheco, quien además resaltó el caracter estratégico de la línea de transmisión.
“Es un mal proyecto de ley y, a nuestro juicio, inconstitucional”. Tajante es el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), Ian Nelson. Para el directivo, los cambios que plantea la iniciativa a las mediciones de caudal ecológico, terminará por afectar a la totalidad de los proyectos que están en marcha y en evaluación, los cuales se traducen en una cartera que bordea los US$ 1.200 millones”.
A juicio del gremio, la reforma se traduce en que el derecho de agua pasa a ser una concesión por plazos acotados, los que no se condice con la realidad de ejecución de un desarrollo eléctrico.
El proyecto establece que el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será por 30 años de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda. De hecho en el texto legal se lee que: “en caso que la autoridad considere que la concesión debe otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos”.
Esta excepcionalidad en la caducidad de los derechos de agua es justamente lo que genera resquemor en la industria hidroeléctrica. Y no son pocos los que prevén un enfrentamiento entre el gobierno y las generadoras en el Tribunal Constitucional, según informó Pulso.
Así al menos lo cree el timonel de Apemec que ante el propio ministro de Energía, Máximo Pacheco, advirtió las consecuencias asegurando que el cambio no tiene sentido. “El camino que señala el borrador de la citada reforma en este tema es borrascoso, con tintes de inconstitucionalidad, al afectar el derecho de propiedad”, advirtió el presidente del gremio, Ian Nelson, en aquella oportunidad.
Sin embargo, el Director General de Aguas, Carlos Estévez, rebate este argumento, ya que puntualiza que los derechos que son perpetuos, mantendrán esa característica si es que se aprueba la reforma. “Ese atributo persigue al derecho no al titular, es decir, si lo vendó el 2020 seguirá siendo un derecho por su fecha de constitución”, refuerza Estevez.
Para el gremio, no obstante, la cirugía del gobierno a la norma que reglamenta las aguas comenzó mucho antes. Esto, al introducir un mecanismo de pago de patentes por no uso de aguas, que según Apemec, en la práctica se ha traducido en que se están dejando de pagar dichos derechos.
Según explica el presidente de Apemec, en base a información de la Dirección General de Aguas, en 2013 se pagó 95% de lo cobrado por la autoridad. La cifra bajó a 82% en 2014, y, un año después, se redujo aún más, llegando a 80%. A la fecha, según el gremio, sólo habrían pagado 55% de los derechos de agua cobrados.
El director de Aguas, sin embargo, rechaza que los pagos estén cayendo.
