El actual directorio se mantendrá tras la promulgación de la ley que modifica la estructura de la mesa, pero sólo hasta que se definan los nuevos integrantes.

Dentro de las próximas semanas está previsto que se promulgue el ansiado proyecto que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Desde la administración trabajan a todo motor para comenzar a aplicar los cambios.

El proyecto -que fue aprobado a principios de julio- tuvo una tramitación cercana a un año y medio. Dentro de sus lineamientos, se incluye la reducción del número de directores de ocho a siete, al tiempo que se obliga al ministro de Energía a abandonar la mesa, para pasar a ser sólo partícipe de las juntas de accionistas.

Del total de la mesa, dos de los directores serán designados directamente por el Presidente, cuatro por el Sistema de Alta Dirección Pública, y uno será propuesto por los trabajadores de la empresa.

Desde la administración esperan que la ley se promulgue hacia fines de mes. De hecho, se ha puesto como fecha tentativa el 27 de julio y se proyecta su publicación en el Diario Oficial en agosto. Sin embargo, el nuevo directorio se conformaría recién hacia fines de año.

La nueva mesa debería estar constituido de manera total el primer día del mes siguiente a aquel en que se cumplen 90 días desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. Sin embargo, si a esa fecha no están nombrados los siete directores, se mantendrá la composición de la mesa, pero sin la presencia del ministro de Energía.

Se estima que el proceso de selección tomará unos tres meses, comenzando en septiembre, por lo que hacia fines de año se instauraría oficialmente el directorio con los nuevos lineamientos constituidos por ley.

Respecto a la capitalización de hasta US$400 millones comprometida para que la estatal lleve adelante su ambicioso plan de inversiones, esta se debería hacer efectiva en un plazo de 12 meses. En ese lapso de tiempo se efectuarán los aportes de capital en una o más cuotas.

Dentro de los otros puntos clave que incluye la ley está el requerimiento de que la empresa cuente con un plan quinquenal de negocios y desarrollo. Este deberá actualizarse anualmente y ser elaborado por los organismos de dirección y ejecución, para ser presentado a la junta de accionistas.

Además, se instala un conjunto de principios y normas de estándar internacional, estableciendo límites claros para el actuar como empresa pública; al tiempo que la ley consagra el principio que cuando la empresa asuma roles de política pública, no lo hará a costa de su patrimonio. Esto, con el fin de evitar situaciones como la vivida durante la crisis del gas con Argentina, donde la empresa registró millonarias pérdidas para hacer frente al desabastecimiento.