Aunque los pronósticos meteorológicos no ayudan, rezar para que ceda la intensa ola de calor en buena parte del país parece ser una de las pocas salidas que tiene el gobierno de Cristina Kirchner para enfrentar los cortes de electricidad en grandes centros urbanos, con el área metropolitana de Buenos Aires a la cabeza. También trata de desconcentrar la demanda eléctrica sin que se note demasiado: no por casualidad amplió el número de asuetos administrativos y bancarios de aquí a fin de año.
Como ocurre siempre en esta época, las altas temperaturas volvieron a hacerse presentes junto con una sensación térmica insoportable. Y, como ocurre últimamente, con súbitos apagones en muchos barrios, cacerolazos espontáneos y piquetes de vecinos en esquinas con semáforos apagados. Nadie que haya terminado la escuela primaria podría sorprenderse por esta puntual ola de calor: sin ir más lejos, en la Nochebuena de 2012 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires trepó a un récord de 46º, con idéntica secuela de cortes de luz y malhumor social. Y los especialistas en energía saben que el sistema ingresa en zona de riesgo cuando las temperaturas mínimas se ubican en 26º y las máximas en 33º.
La novedad, en todo caso, ha sido el manejo político de esta reedición de la crisis eléctrica, que el gobierno de CFK sigue negando al atribuirla a la demanda récord por el calor y a culpas ajenas.
El Jefe de Gabinete fue quien llegó más lejos con la amenaza de reestatizar las dos distribuidoras de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Edenor y Edesur). Omitió admitir que estas concesionarias hace meses están al borde de la quiebra a raíz del congelamiento tarifario que lleva 11 años y hasta debieron pagar ajustes de sueldos con ayuda estatal, con lo cual esa eventual decisión no resolvería nada a corto plazo. Sin embargo, Jorge Capitanich trató así de enmendar el sacrilegio político de haber sugerido la aplicación de cortes programados y rotativos para aliviar al sobrecargado sistema eléctrico si el consumo no afloja. Para el kirchnerismo esos cortes remiten a la crisis energética de fines de los '80 que - aunque obedeció a causas muy diferentes-, tanto CFK como el ministro Julio de Vido han venido utilizando para desautorizar a los especialistas (entre ellos los 8 ex Secretarios de Energía de los últimos gobiernos) que pronosticaban un desenlace similar si el Gobierno no corregía la disparatada política energética de la última década.
Como en materia económica –y también energética- se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias, se produce ahora una previsible parábola. No sólo se repiten los cortes de hace 25 años sino que el propio De Vido, que increíblemente lleva más de diez en el cargo junto con su secretario de Energía (Daniel Cameron), no puede adjudicar el problema a otra herencia que no sea la propia. Incluso, cuando habló de la alternativa de cortes "preventivos", no hizo más que repetir otro eufemismo típico de la era K: significa interrumpir la energía eléctrica a las industrias sin la certeza de evitar mayores problemas a los hogares.
Con el sistema eléctrico ocurre el mismo problema que en otros sectores de infraestructura (vial, portuaria, ferroviaria, telefonía celular, etc.). No acompañó el fuerte crecimiento de la economía en el período 2003/2011 debido a la insuficiencia de inversiones y por eso luce con varios talles menos.
En el caso de la energía, el resultado es más desolador si se considera que durante la era K se vienen destinando millonarios subsidios (unos $80.000 millones sólo en 2013) para cubrir la diferencia entre los crecientes costos de generar, transportar y distribuir electricidad y las tarifas congeladas que hace más de una década paga la gran mayoría de usuarios del área metropolitana. Allí la tarifa promedio no llega a $70 por bimestre e implica un subsidio indirecto y cruzado desde otras provincias con valores hasta tres y cuatro veces más altos.
Esta política, al igual que lo que ocurrió con el gas natural, impulsó un fuerte incremento (60%) del consumo en la última década. Pero a medida en que se batían récords de venta de acondicionadores de aire (cuyo consumo diario equivale al de 6 heladeras) y otros electrodomésticos en cuotas sin interés, así como en la construcción de edificios, se deterioraban los ingresos reales de las distribuidoras para invertir en ampliar y mejorar las redes (hoy con un mantenimiento mínimo), que colapsan ante los picos de demanda. La mayoría de los cortes son aleatorios cuando se sobrecargan cables y transformadores subterráneos, ya que automáticamente se activan los sistemas de protección (algo similar a que "salte la térmica" en las casas).
De ahí que los cortes programados, de los que se arrepintió Capitanich, ya no tengan la eficacia del pasado para capear la crisis. Si bien otorgan cierta previsibilidad a los afectados, se convierten en una virtual lotería: nadie puede asegurar que en los barrios que tienen luz no se produzcan cortes imprevistos por el alto consumo en días de calor.
Esta solución de emergencia tenía más sentido cuando el problema era de escasez de generación. Y en este primer eslabón de la cadena tampoco está todo bien. Si bien De Vido aseguró que no hay problemas ya que la potencia instalada supera a la demanda, los especialistas advierten que el ministro omite la generación que no está disponible. Por caso, la central nuclear de Atucha II, que se inauguró simbólicamente en la campaña electoral de 2011 y aún no entró en servicio. O la hidroeléctrica Yacyretá, que opera al 75% de su capacidad por problemas técnicos pese a la elevación de la cota para producir más. Pero, además, el apuro del Gobierno por correr detrás de la demanda lo llevó desde 2007 a instalar centrales térmicas de ciclo combinado que consumen gas (pese a que la Argentina ya importa más de 25% de lo que consume, a precios altísimos) o pequeñas turbinas (plan Energía Delivery) con altos costos de generación por kilovatio hora. Aún así, se estima que la reserva del sistema no llega al 1%, cuando en la década del '90 era de 20% para evitar estos sobresaltos veraniegos.
Como resultado de esta política, más del 75% de la matriz energética depende de fuentes térmicas no renovables y menos de 15% de hidroelectricidad. Todo un contrasentido si se considera que la creciente y costosa importación de gas natural y combustibles líquidos insumirá este año unos 13.000 millones de dólares que se queman en las centrales térmicas, mientras una cuarta parte de la población paga precios casi regalados por esa electricidad. Y más aún cuando las inversiones necesarias para aumentar la oferta de energías renovables no deberían bajar de los 5000 millones de dólares anuales de aquí a 2020.
