Producto de una excepcional ola de calor a lo largo y ancho del país, vivimos la situación más traumática del servicio eléctrico durante los últimos 25 años: en las últimas 2 semanas de 2013 se sucedieron cortes de distinta duración que afectaron a cientos de miles de usuarios en todo el país. El Gobierno nacional se desligó del tema, culpando a la excepcionalidad climática y a la falta de inversiones de las empresas distribuidoras.
Sin embargo, varios hechos lo desmienten:
1. A fines de 2004 también hubo una ola de calor similar (algo más breve) sin que se registraran cortes anormales: entonces las inversiones de los 90 eran suficientes para atender un evento extraordinario, pero ahora ya no.
2. La situación parece haber sido peor en GBA, donde la distribución eléctrica es regulada por el ENRE, desde el Gobierno nacional. Los datos disponibles no permiten comparar la magnitud de los cortes en distintas jurisdicciones, ni su evolución en el tiempo, pero por ahora alcanzan los reportes periodísticos y la observación de los reclamos callejeros (recordando que históricamente el servicio fue mejor en GBA que en el interior del país, de manera que incluso si los cortes fueran iguales el deterioro sería menor en el interior).
3. No es cierto que exista capacidad de generación suficiente: hasta aquí alcanzó precisamente porque las fallas en las redes de distribución ayudaron a cercenar la demanda potencial que habría provocado la insuficiencia: estos cortes afectaron aproximadamente a un 10% de los usuarios residenciales en GBA durante varios días, pero la reserva de capacidad durante los días de mayor demanda de diciembre rondó el 6% (una capacidad efectiva inferior a 25.000 MW ante picos de demanda en torno a los 23.500 MW).
4. El deterioro tarifario en general, y en la distribución eléctrica en GBA en particular, ha sido muy marcado. Las tarifas residenciales en GBA tuvieron por lejos el menor aumento porcentual desde 2001. Dado que los cambios en los costos de generación y transporte volcados a las tarifas han sido similares en todo el país (más allá de que los primeros han sido artificialmente bajos debido a los subsidios aplicados por el Gobierno nacional), las diferencias corresponden casi exclusivamente a distintos ajustes en los márgenes de distribución. En tal sentido, puede verse en el cuadro que en el caso intermedio de un consumidor de 300 kwh/mes las tarifas finales subieron nominalmente 102% en GBA pero 295% en el resto de las distribuidoras privadas y 193% en las públicas, lo cual en ningún caso evitó una fuerte caída en términos reales teniendo en cuenta que la inflación minorista acumuló casi un 600% en dicho período. Más aún, estas reducciones tarifarias reales (del 71% en el caso de GBA, un 43% promedio en el resto de las distribuidoras privadas, y un 61% promedio en las distribuidoras públicas) implican porcentajes de reducción aún mayores en los márgenes de distribución ya que los mayores aumentos obedecen al precio de la energía y no al pago por los servicios de red.
5. Finalmente, no hay espacio para que el Gobierno se haga el sorprendido: el deterioro en la calidad del servicio eléctrico en GBA -más allá de que el ENRE deje de publicar las estadísticas desde mediados de 2011- es marcado desde al menos el año 2006, según lo muestra el caso de Edenor que incluyen el año 2012.
Mirando hacia adelante, resulta imprescindible que el manejo del sector eléctrico recaiga en profesionales con libertad para reconocer lo obvio: los precios son señales útiles para asignar recursos escasos (no sólo para transferir rentas) y las inversiones no se convocan de manera efectiva sin reglas que permitan suficiente certeza y rentabilidad.
