Es el momento de empezar un sinceramiento sistemático y ordenado de tarifas, porque el margen para posponer la medida se acabó. Esto se evidencia tanto en la presión que ejerce la distorsión del mercado energético en la balanza comercial, como en la emisión monetaria que financia el enorme caudal de los subsidios.

Es claro que la tarea no es fácil, porque requiere de al menos tres etapas: 1) El restablecimiento de los marcos regulatorios y en especial los mecanismos de formación de precios; 2) La revisión tarifaria integral, postergada desde que se congelaron las tarifas en 2002 y necesaria para determinar los futuros senderos de actualización; 3) La búsqueda de financiamiento para amortiguar el impacto en las boletas energéticas en el corto plazo y el impulso de inversiones que permitan alcanzar la seguridad de abastecimiento en el mediano plazo a un costo razonable.

El problema no es el subsidio en sí, sino su magnitud y su distribución.

Y en este sentido es que los grandes números marcan las principales inconsistencias. Actualmente, los subsidios del Tesoro financian el 80% del costo real de la energía en el mercado mayorista: eso marca la magnitud. Y en promedio, un 85% de los usuarios a nivel país paga una tarifa subsidiada: eso refleja el derroche.

Los números hablan claro: las distribuidoras venían pagando a CAMMESA un precio de 56 pesos por Megawatts ($/MW) promedio por la energía eléctrica que distribuían a sus usuarios subsidiados. Luego de la quita selectiva de 2011, comenzaron a pagar un precio diferencial por la energía que entregan a los usuarios “no subsidiados”, que hoy se encuentra en 318 $/MW. ¿Cuál es el resultado de esto? Las distribuidoras hoy pagan 95 $/MW en promedio por la energía que adquieren en el Mercado Eléctrico Mayorista, pero el verdadero costo promedio de la energía eléctrica es de 650 $/MW.

A este número se llega al calcular que el precio real reconocido por CAMMESA promedió los 375 $/MW en 2013, y si se agregan los subsidios que se canalizan por ENARSA (de los cuales el 30% se dirige a las generación eléctrica) y otros que financian a empresas de generación pública (Yacyretá, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otros), el costo real de la generación llega a los mencionados 650 $ por cada MW.

Un sinceramiento de máxima en el mercado mayorista – es decir, que las distribuidoras paguen 650 $/MW en vez de 95 $/MW por la energía que adquieren a CAMMESA – se haría sentir en todo el territorio nacional, con grandes heterogeneidades y con una mayor incidencia en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la tarifa final se mantuvo más planchada que en otras jurisdicciones.

¿Cuál sería el impacto en los hogares?

Para el caso de un consumo residencial de 600 kw por bimestre implicaría multiplicar por dos u ocho veces la factura dependiendo de la jurisdicción.

De este modo, la factura bimestral de un hogar en el AMBA pasaría de $67 subsidiada a una de $550 no subsidiada.

Mientras que para Córdoba y Santa Fe, se pasaría de un promedio de $400 a una factura bimestral de $900 no subsidiada. Y esto sin contemplar lo que aún falta corregir en cuanto a la tarifa de distribución.

Sin dudas el impacto de máxima es sustancial, lo que adelanta la necesidad de: 1) Plantear un sendero de actualización tarifaria; 2) Determinar una tarifa social; 3) Conseguir financiamiento; 4) Coordinar medidas que apunten a la eficiencia energética.

Se calcula que hay 2,2 millones de hogares que dependen de una jubilación mínima o de un plan social, tienen al jefe de hogar desocupado o viven en una vivienda precaria.

Mantener el subsidio actual en la tarifa eléctrica a dicho universo tendría un costo fiscal inferior al 0,3% del PBI, lejos de los 2,8% que actualmente se llevan los subsidios energéticos.

Plantear un sendero de actualización tarifaria para el universo restante podría darse aun en un escenario fiscal acotado mediante la obtención de financiamiento internacional. Pero para ello es necesario fortalecer el marco regulatorio y los mecanismos de formación y actualización de precios a lo largo de toda la cadena. Detrás, estaría la apuesta de invertir en Vaca Muerta a fin de aumentar la producción local de gas natural, lo que debería ejercer una presión a la baja en el costo de generación eléctrica a futuro.

Además, una política integral debe encarar el desafío de la eficiencia energética.

¿Cómo reducir la presión de la demanda creciente sobre la oferta?

Con una participación activa de los gobiernos locales en materia de habilitaciones, la promoción de tecnología que permita un consumo más eficiente (ya sea electrodomésticos o sistemas de monitoreo que permitan tomar mejores decisiones de consumo, siempre en función del costo horario de la energía) y un sistema de beneficios que premie un consumo más eficiente.

Solucionar el problema energético es más que un sinceramiento de tarifas.

Tenemos que ser conscientes de que es una tarea de largo plazo que requiere consenso de los actores políticos para convertirla en una política de Estado.

La conclusión a la que podemos llegar es que el desafío para este gobierno no es el impacto en la opinión pública sino la capacidad de gestión para encarar una solución de manera ordenada que beneficie a todos.

Porque está claro que los cortes en abastecimiento crearon conciencia en la sociedad sobre la necesidad de hacer algo para solucionar el caos energético.