Una bomba. La detonación la realizó la British Petroleum en la Bolsa de Valores de Estados Unidos al asegurar que la operadora Pan American Energy -su socia en Argentina comandada por los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni- pagó sobornos para obtener la extensión del contrato de explotación de Cerro Dragón durante el Gobierno de Mario Das Neves. La explosión se registró en Chubut, donde las consecuencias de la autodenuncia de la compañía inglesa aún son insospechadas.

En este momento está muy claro que sólo existieron sombras durante las negociaciones que concluyeron con la prórroga de ese contrato por 40 años. Ya en aquel entonces hubo sospechas sobre los motivos que llevaron a la acelerada renegociación habilitada por la denominada Ley Corta. Siete años después, asoma un indicio que puede abrir el camino para llegar al fondo de la cuestión.

La pregunta, entonces, es: ¿existe voluntad política para desentrañar lo cocinado en 2007? Y, además: ¿la Justicia provincial está dispuesta a encauzar una investigación seria y sostenida sobre el tema? ¿Hay en Chubut capacidad para llegar al fondo del entramado?

Es prematuro arriesgar respuestas a los interrogantes, pero los primeros indicios llevan a esperar que el Gobierno provincial y el Poder Judicial avancen en esa dirección. El gobernador Martín Buzzi instruyó a la Fiscalía de Estado para iniciar la causa penal. Y dirigentes de la Unión Cívica Radical anunciaron que insistirán con la investigación paralizada hace siete años y que podrían recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

Pero, más allá de las acciones que se implementen de aquí en más sobre este tema, es necesario preguntar: ¿no será éste el momento de que este recurso estratégico –uno de los más preciados por los habitantes de la región– sea utilizado geopolíticamente por el Estado provincial?

El poder político de Chubut tiene frente a sí un escenario que podría asemejarse al de los días previos a la renacionalización de YPF. En ese momento desde el Estado se avanzó con la idea de revertir áreas petroleras en las que Repsol no invertía lo suficiente. El planteo de Chubut se hizo carne en la Ofephi y de allí en adelante ocurrió lo que todos conocemos: el Gobierno nacional determinó la expropiación del 51% de YPF y retomó el control de la histórica compañía enajenada durante la gestión presidencial de Carlos Menem.

“Si se comprueba la existencia de coimas, por supuesto que el contrato pierde total legitimidad. No se puede sostener un contrato legal y formal a partir de hechos reñidos con las buenas prácticas. No se puede explicar públicamente un contrato que se sostiene en coimas”, sentenció Buzzi ante Diario Patagónico. Si hubo sobornos, el contrato con Pan American Energy quedaría anulado. En este caso, por lo tanto, y para decirlo llanamente, el Estado no debería pagar indemnización alguna e inmediatamente podría convocar a otra operadora para que se haga cargo del manejo de Cerro Dragón.
Ante este panorama, entonces, es necesario reiterar interrogantes. ¿No será este el momento indicado para que el Estado recupere el manejo de un recurso tan valioso como estratégico y profundizar su soberanía hidrocarburífera? ¿Podrán en corto plazo los chubutenses ser verdaderos beneficiarios de la renta que sus recursos producen?