Por ALIETO ALDO GUADAGNI.

El año pasado fuimos alertados por la Prueba Pisa acerca de los problemas que enfrenta nuestra educación. Esta Prueba nos dejó tres mensajes: 1. Dos de cada tres adolescentes tienen bajos niveles de conocimiento en Matemática.

2. En Lectura ocupamos el lugar 61 entre 65 naciones, debajo de Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Colombia.

3. Desde la Prueba Pisa 2000 no hemos avanzado en Matemática, Ciencias y Lectura.

Señalemos que es positivo que el gasto en educación haya aumentado en los últimos años, por eso es mayor al de Brasil, Chile, México y Uruguay. Pero no existe una correlación directa entre este gasto y el nivel de conocimientos de los estudiantes, ya que en estos países que gastan menos que nosotros el nivel de conocimientos de sus alumnos es superior al de los nuestros.

Hay tres explicaciones posibles a esta falta de correlación entre gasto y calidad educativa. La primera se refiere a las pocas horas de clase en nuestra escuela primaria: Chile tiene 1083 horas anuales, Perú 900, México 800 y Paraguay 773, mientras nuestro calendario llega apenas a 720 horas anuales, por eso ocupamos el lugar 39 entre 44 naciones (según UNESCO).

Es cierto que más horas de clase no aseguran una buena enseñanza, pero menos horas aseguran una enseñanza deficiente.

La segunda explicación nos dice que este calendario es el legal, por eso no considera los días de clase perdidos por conflictos sindicales, ausentismo o feriados extraordinarios dispuestos por el gobierno. Esta salvedad es importante ya que hay una gran diferencia entre el calendario y su efectivo cumplimiento. En los últimos años fueron mayoría aquellos en los cuales el calendario de clases no se cumplió, por eso nuestro calendario efectivo es uno de los dos más cortos del mundo.

Tampoco nunca se cumplió, ni tampoco se piensa cumplir la Ley 25864 que establece: “Ante el eventual incumplimiento del ciclo lectivo normal (180 días) las autoridades educativas deberán adoptar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos hasta completar el mínimo establecido ”.

La tercer explicación es el incumplimiento de la ley 26.075 (2005) que determinaba, como meta obligatoria, que, “como mínimo, hacia el año 2010 el treinta por ciento de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas”. Estamos lejos de esta meta, ya que asisten a estas escuelas estatales primarias apenas el nueve por ciento de los niños.

La situación es preocupante en el Conurbano, donde está radicado el núcleo concentrado de la pobreza y la indigencia.

En los veinticuatro partidos del Conurbano asisten a estas escuelas estatales de jornada extendida apenas dos de cada cien alumnos, a pesar que la ley exige treinta.

Una de las principales tareas del próximo gobierno será recuperar nuestra escuela, y esto debe comenzar por lo elemental que es fortalecer la enseñanza con un incremento en las horas efectivas de clases.

La meta mínima deberá ser el respeto estricto al incumplido calendario escolar de 190 días, fijado por el Consejo Federal de Educación en el 2010.

Este objetivo de mínima deberá complementarse con el cumplimiento de la meta del treinta por ciento de la incumplida ley 26075. Esto exigirá extender los beneficios de la jornada extendida en una primera etapa a por lo menos 1,4 millones de niños, particularmente los más humildes y los habitantes de las áreas socialmente comprometidas.

Estamos en presencia de un gran desafío, ya que el compromiso que hemos asumido en la Cumbre Presidencial de Mar del Plata (2010) exige que en el 2021 la mitad de los niños del nivel primario gocen de los beneficios de la jornada extendida. Esto requerirá multiplicar cinco veces la cobertura de la jornada extendida (hoy apenas 480.000 sobre 4,8 millones de niños).

Con esto únicamente no lograremos necesariamente una gran mejora educativa, pero sin esto será muy difícil mejorar.

Cumplir estas metas exigirá un esfuerzo fiscal, por esta razón deberán ser encaradas desde ya por los candidatos presidenciales, en el marco de una política educativa nacional consensuada, ya que su cumplimiento llevara más de un mandato presidencial.