(Por Felipe Marlow)
La reapertura del diálogo entre provincias petroleras referenciadas por Chubut y Neuquén frente a Nación, para debatir un nuevo borrador de la ley de Hidrocarburos y los nuevos pasos en falso dados por algunos funcionarios provinciales en torno a uno de los procesos judiciales abiertos por denuncias de la oposición, en torno a los buques de la empresa Alpesca afectados por un temporal, fueron los hechos salientes de una semana que tuvo además el impacto del paro nacional contra el impuesto a las ganancias como cabal reflejo de un conflicto que dominará lo que queda del año en materia de reclamos al gobierno nacional.
Más allá de las discusiones en torno a la legitimidad del reclamo por el paro motorizado por gremios que a nivel nacional responden a la figura del camionero Hugo Moyano y en a la CTA de Pablo Micheli, los indicadores de un mercado laboral en baja empiezan a sumar argumentos de descontento, si bien la inflación y el impuesto a las ganancias siguen siendo el principal erosionador del poder adquisitivo de los salarios e ingresos de trabajadores autónomos en general.
Indicadores económicos negativos
Un trabajo realizado por el Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas, coordinado por los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo y divulgado en Comodoro Rivadavia por dirigentes gremiales de la CTA, muestra claros indicadores sobre la contracción de la actividad económica: en lo que va del año, la actividad se redujo en promedio 0,2 por ciento, siendo los sectores más afectados el agropecuario (-7,3%), el comercio (-3,1%), la construcción (-2,1%) y la industria (-0,8%).
“Durante los primeros seis meses del año operó una caída del 3% de la tasa de empleo, llevando a una destrucción de 404 mil puestos de trabajo de los cuales una parte significativa, 176 mil personas, pasaron a ser desocupados, aumentando la tasa de desempleo del 6,4% al 7,5%, es decir un aumento del 17,2%”, sostiene el informe. Y añade:
“En los últimos cuatro trimestres, es decir desde junio del año pasado, se ha generado una destrucción sistemática de puestos de trabajo, que acumulan los 482 mil empleos menos siendo que el 83% de esa destrucción de puestos de trabajo se generó en lo que va del 2014, período en el cual la cantidad de desocupados se incrementó sostenidamente sumando poco más de 176 mil personas a la fila de desocupados”.
En el informe se destaca además que una de las causales del estancamiento económico está dado por la caída de la inversión, que representó en promedio “sólo el 18,3% del PBI, teniendo su pico máximo en el año 2007 (20,1%) para luego mostrar una tendencia hacia la baja hasta llegar al año 2013 a representar apenas el 17%. La composición de la misma profundiza los límites siendo que alrededor del 60% de la misma ha sido destinada a la construcción, dentro de la cual tiene una incidencia significativa el peso de la construcción residencial. Por su parte, la inversión destinada al equipo durable de producción apenas ha representado en promedio un 7% del PBI, encontrándose en el 2013 en un nivel incluso inferior, en torno al 6,7%. Asimismo, casi el 50% de la inversión en equipos durables proviene de componentes importados”.
En ese contexto, en la medida que los indicadores económicos sigan reportando datos negativos, resulta casi una anécdota si el dirigente camionero local Jorge Taboada anunció o no su intención de ser candidato a diputado nacional en las elecciones del año próximo, en el marco de su alianza con el dasnevismo –que fue ratificada desde el gremio tras el acto del jueves y con el fin de aclarar interpretaciones de distanciamiento que se hicieron sobre su vínculo con el exgobernador y actual diputado nacional-.
Los enredos de Alpesca
Mientras tanto la política provincial tuvo un nuevo capítulo con la orden de captura que debió librar la juez de la causa para los integrantes del comité de administración de la empresa Alpesca, en el marco de la investigación abierta por la denuncia que en su oportunidad presentó el diputado dasnevista Jerónimo García a la rotura de buques de la empresa durante un temporal ocurrido en Puerto Madryn. La no concurrencia de Omar Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda motivó que se los llamara a comparecer mediante uso de la fuerza pública, en una causa en la que la nueva estrategia de la defensa apuntaría a dejar de lado los cuestionamientos formales y evasivas planteadas hasta ahora, para atacar el fondo de la cuestión, es decir para ir a discutir si la imprevisión por la que se rompieron los barcos puede encuadrarse como administración fraudulenta. “Pueden ser torpes e inoperantes, negligentes, pero es difícil probar el tipo de delito con el que ahora está encuadrada la causa”, se sinceró una fuente cercana a la fiscalía, admitiendo que el daño hubiera sido mucho menor para la imagen del gobierno si los funcionarios se hubieran presentado desde un primer momento, evitando los titulares con los que adornaron los diarios de mitad de semana. “El gobierno no se quiere prestar a una foto de funcionarios en tribunales, cuando son causas que tienen un claro origen político”, dicen en cercanías de Fontana 50. Como prueba de ese razonamiento añaden un ejemplo, vinculado a otra causa judicial abierta en torno a Alpesca, también por denuncia de diputados de Chubut somos Todos, que es la investigación abierta por el préstamo inicial de 10 millones de pesos a través de Corfo, para cubrir los subsidios a los trabajadores: “por ese préstamo que dio la provincia a la empresa para pagar salarios le quieren hacer un juicio al gobernador, pero por otro lado viene Ricardo Sastre a pedir plata para pagar sueldos en el municipio de Madryn, que él es responsable de administrar: como el gobierno se niega a seguir poniendo plata para cubrir la mala administración, lo acusan de no atender los problemas sociales. Es una clara contradicción del dasnevismo”.
Sobre la orden de captura librada hacia los responsables del comité de administración, fue el secretario general del sindicato que representa a los trabajadores de la firma, Luis Núñez, quien también acusó a los funcionarios de negligencia, pero despegó al gobierno de la imputación dolosa: “Puede haber negligencia o inoperancia, pero no creo que haya habido una intención dolosa de provocar daños; creo que actuaron con desconocimiento y desidia. Puede haber una responsabilidad de la ministra Dufour en nombrar a funcionarios que no estaban a la altura de lo que significa la empresa, porque no hicieron caso cuando se les advirtió que se debía cambiar los cabos y poner combustible a los buques para moverlos a rada en caso de temporal”, añadió el titular del STIA, quien además indicó que de su gremio hay alrededor de 170 trabajadores que estarían en condiciones de acogerse a los retiros voluntarios y jubilaciones especiales, quedando un total de 530 operarios en la empresa expropiada, para la que se busca atraer inversores ligados a capitales de Estados Unidos. La última cuestión mencionada por el dirigente pone la mira en otro de los temas pendientes de tratamiento en la Legislatura, vinculado al pedido de autorización para afectar 12 millones de pesos, a ser erogados por el Estado provincial, para cubrir dichos retiros, aunque con las cifras de trabajadores en condiciones de irse de la empresa, dicha suma resultaría insuficiente.
El tema Alpesca seguirá resultando uno de los carriles escabrosos para el gobierno, teniendo en cuenta que la mencionada ministra Gabriela Dufour deberá responder por el viaje realizado a Estados Unidos –en el que según se argumentó oficialmente fue a reunirse con representantes de los citados capitales interesados en invertir-, pero teniendo en cuenta además que también ha sido declarada “en rebeldía” por la jueza que investiga la causa, aunque en este caso no hubo pedido de captura por encontrarse cubierta por los fueros del cargo que ocupa.
El tema Alpesca deparará más movimientos, ya que el juez Fabio Monti rechazó un planteo de la defensa de los exfuncionarios involucrados en el préstamo concedido a través de Corfo - Gustavo Simon, Claudia Mundet, Víctor Diego Hernández, Enzo Omar Romero Belastin, Ernesto Siguero, Carlos Tomás Eliceche y Pedro Arturo Zudaire-, que rechazó la posibilidad de suspender el proceso hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia resuelva si el gobernador y la ministra Dufour pueden mantenerse al margen del mismo en base a la inmunidad que les brinda el cargo.
Asfalto con petróleo
En Comodoro Rivadavia se abrió en la semana una licitación para pavimentar 280 cuadras, en el marco del programa que abarca un total de 1.000. El presupuesto asignado de 125 millones de pesos y la modalidad de obra sin redeterminación de precios hace prever que la misma pueda concretarse en plazos cortos, a fin de seguir avanzando en el proyecto. En ese contexto, no pasó desapercibido el hecho de que el proyecto puede financiarse con fondos provenientes de los mayores ingresos aportados por las renegociaciones petroleras, ítem por el que al municipio ingresaron hasta agosto último un total del orden de los 236 millones de pesos, previéndose que al finalizar el año la cifra supere los 300 millones de pesos. La proyección es que dicho ingreso –que representa hoy aproximadamente 30 por ciento del presupuesto municipal- podrá sostenerse en el tiempo en base al bono de compensación que implica regalías adicionales, mientras que a valores actuales el programa de mil cuadras significa alrededor de 450 millones de pesos. En ese marco, el debate abierto para incrementar la masa de coparticipación de impuestos nacionales pareció otra posibilidad para que el intendente Néstor Di Pierro volviera a mostrarse en las antípodas del gobernador Buzzi y cada vez más cercano a posiciones de Mario Das Neves, como lo evidenció la convocatoria del diputado provincial Rody Ingram para trasladar el proyecto que apunta a sumar entre 3 y 5 puntos adicionales a la masa de recursos a distribuir entre las provincias. “Cuando Das Neves era gobernador, los recursos llegaban en tiempo y forma a los municipios y por eso no era necesario dar esta discusión”, argumentó Ingram ante la consulta de por qué en su momento el propio Das Neves negó la posibilidad de abrir esta discusión. Desde el radicalismo, tanto Roberto Risso como Carlos Lorenzo salieron a rechazar la discusión en los términos actuales, convencidos de que se trata más de una disputa interna del justicialismo que de un real interés por llevar más cantidad de recursos a los municipios: “es una propuesta engañosa porque detrás de sus aparentes propósitos beneficiosos, se apunta únicamente a atender la calamitosa administración de sus intendentes amigos de Puerto Madryn y Trelew, utilizando al resto de los municipios de la provincia en una cuestión ajena a sus verdaderos intereses”, dijo Lorenzo, candidato a gobernador por Frente Progresista-UNEN. “Ese argumento se cae porque la ley no sería aplicable para este año, sino para el próximo”, refutó Ingram.
En la semana legislativa habrá especial atención sobre la discusión en torno a los PASO, habida cuenta de que según anticipó el diputado Anselmo Montes a Crónica, el diputado Oscar Petersen (quien entre otras condiciones ha fijado su posición a favor del sistema de boleta única) termine dando el voto 21 que se requiere para aprobar el nuevo sistema. Respecto de las versiones que dan cuenta del posible pase de diputados del interbloque hacia el dasnevismo –bloque que no avalará las primarias abiertas, salvo que se garantice el desdoblamiento de elecciones provinciales para despegarlas de las nacionales, según ha planteado su presidente de bloque- pone un punto de atención en torno a lo que depararán las próximas sesiones de la casa de leyes de la provincia.
Ley de Hidrocarburos: un gol que nadie se atreve a gritar…
En el gobierno provincial celebran con mesurado optimismo la reapertura del diálogo con Nación en torno a la ley de Hidrocarburos. El hecho de que se haya aceptado discutir un nuevo borrador, que tuvo alta incidencia del trabajo realizado desde Chubut con aportes de Neuquén, es una pequeña victoria frente a la maquinaria kirchnerista, pero por las dudas nadie saldrá a decirlo abiertamente ni a mostrar festejos para no herir susceptibilidades ni volver a fojas cero lo que tanto trabajo costó forjar. Desde aquel planteo altisonante, con reto incluido –a propósito: la causa judicial abierta por la AFIP contra el gobernador Buzzi por presunta evasión impositiva cambiará de juez, a partir de que se ha inhibido de seguir actuando el juez Hugo Sastre y ahora la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia debería designar un nuevo magistrado o conjuez- por parte de la presidenta de la Nación, a esta posibilidad de reabrir la discusión, hay un puente que se construyó por dos motivos principales. Uno sería el hecho de que el gobierno nacional pudo constatar que no contaba con los votos necesarios para presentar el proyecto en el Congreso, como intentó y sondeó en la semana que concluyó, mientras que el segundo y no menos importante es la necesidad de que la nueva norma posibilite desde el año próximo atraer las inversiones necesarias para incrementar, sobre todo, la producción de gas y reducir así la cuenta de los subsidios energéticos.
El nuevo borrador contiene muchos de los reclamos que plantearon las provincias que lideran la OFEPHI, es decir la posibilidad de sostener las regalías adicionales en los casos de renegociaciones, los cánones de prórroga de concesiones y la preeminencia de las provincias a la hora de resolver las adjudicaciones de área. A cambio se acepta la posibilidad de consensuar los pliegos licitatorios, para que haya uniformidad de criterios en todo el país, pero con el poder de ratificación de adjudicaciones de contratos en manos de las Legislaturas provinciales, sosteniendo la decisión en manos de las provincias y en cumplimiento de la jurisdicción de estas, según lo establecido por la Constitución de 1994 y la llamada ley corta 26.197. Queda por discutir qué pasará con el sistema de acarreo o “carry” para posibilitar la asociación de las empresas provinciales, en su carácter de propietarias del recurso, con las operadoras que ingresen para explotar un área, pero ello abrirá otro capítulo o sería un aspecto a discutir puntualmente en cada contrato. Por otra parte, la uniformidad de criterios para adjudicar áreas va de suyo con la necesidad que tienen las provincias de contar con el aval de Nación, cuya jurisdicción es la que puede aplicar el plan de incentivos (precios internacionales para un 20% de la producción y mayor disponibilidad de divisas, en forma incremental para recursos no convencionales y aquellos que sean explotados en áreas offshore) que sí o sí necesitan las provincias para atraer inversores. Lo que se dice, se trata de una cuestión de necesidades mutuas.
En la esfera provincial no pasó desapercibido además un dato que, a entender de algunos sectores, posibilitó empezar a transitar el camino de distensión, que tuvo su primer capítulo el miércoles 27 de agosto en la reunión mantenida entre De Vido y Buzzi: en el escenario de los últimos días no dejó de notarse la ausencia del CEO de YPF, Miguel Galuccio, acaso como “prenda” de Nación para barajar y dar de nuevo en una discusión que amenazaba con desbordarse indefinidamente.
“No está nada cerrado, pero al menos hoy estamos mejor que hace una semana, cuando era impensado reabrir la discusión”, definió un observador de esos encuentros. “Es como hacer un gol, en un partido chivo, de visitante y en una cancha muy complicada: mejor no gritarlo mucho, pongamos la pelota al piso y vamos tocando hasta que termine el partido”, dijo otro conocedor de las hostilidades de altas esferas, apelando a una infaltable metáfora futbolera.
En ese marco, el encuentro con la presidente Cristina Fernández volvería a darse en un lapso no inferior a 10 días, luego de que los gobernadores hayan avanzado junto a técnicos nacionales en la elaboración definitiva del nuevo proyecto.
