Por Joaquín Morales Solá.

Tal vez la Argentina de Cristina Kirchner haya perdido la oportunidad de hacer algo en serio. El "caso argentino", como se llama en el exterior a un default innecesario provocado por la sentencia de un juez, despertó tanta curiosidad como preocupación. Una minoría casi insignificante de bonistas rebeldes consiguió que trastabillara casi el 93 por ciento de una deuda reestructurada, que estaba siendo puntualmente pagada. Lo que sucedió en el despacho del juez Thomas Griesa es un peligroso precedente internacional, que podría poner en riesgo otras reestructuraciones de deudas, actuales y futuras. Éste es el antecedente que inquieta en el mundo a importantes sectores políticos y financieros.

Pero el gobierno de Cristina Kirchner se empeña en perder la razón hasta cuando la tiene. Tiene razón cuando dice que el sistema internacional carece de una legislación para ordenar la quiebra de los países. Todas las naciones cuentan con una legislación interna que establece en qué condiciones se reestructurará la deuda de una empresa quebrada. En la Argentina, por ejemplo, una mayoría de dos tercios (66,66 por ciento) a favor de una propuesta de pago obliga al acatamiento del total de los acreedores. Eso sucede en el plano privado y en el interior del país. No hay leyes ni reglas, en cambio, para las deudas que se resuelven en el sistema internacional.

Hay, en efecto, un vacío legal en el mundo. Existe también una palpable desconfianza en el sistema institucional y judicial argentino. Intentando remediar la omisión y la sospecha, los gobiernos locales eligieron ofrecer a los acreedores la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. Lo hicieron todos los gobiernos. La última colocación de deuda en el exterior por parte de la estatizada YPF, hace pocos meses, repitió la fórmula de someterse a la justicia neoyorquina. También Néstor Kirchner, en 2005, y Cristina, en 2010, cuando gestionaron los dos canjes de la deuda en default que hubo en la última década, prorrogaron la antigua jurisdicción de Nueva York. Los tribunales norteamericanos deciden de acuerdo con la ley norteamericana, mucho más inclinada que la argentina a comprender las razones de los acreedores por sobre las de los deudores.

El viernes, una organización internacional, la International Capital Market Association, que representa a bancos muy importantes del mundo, anunció que hará recomendaciones sobre las reestructuraciones futuras de deudas soberanas para que no se repita el "caso argentino". Aconsejará que en las propuestas de pago se incluya una "cláusula de acción colectiva", que significa, precisamente, la obligatoriedad de todos de aceptar la decisión de una mayoría calificada. Esa mayoría, estimó, podría oscilar entre el 66 y el 75 por ciento de los acreedores. En cualquier caso, la suma de las dos reestructuraciones argentinas hubiera superado esos porcentajes. El propio Fondo Monetario Internacional podría pronunciarse próximamente en un sentido parecido al de aquella asociación de bancos.

Recién despabilados, los ministros Axel Kicillof y Héctor Timerman corrieron poco después a anunciar que irían con una propuesta similar a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tarde y mal. La primera certeza es que ninguna modificación al sistema internacional de resolución de deudas soberanas comprenderá al caso sobre el que ya decidió el juez Griesa. Esa clase de legislaciones nunca tiene alcance sobre lo que ya se ha hecho. Y lo que se ha hecho no es sólo la sentencia de Griesa y la voracidad de los fondos buitre, sino también la desidia y la inoperancia del gobierno argentino.

La segunda constatación es que la puerta elegida por el gobierno argentino no conduce a ninguna parte. Difícilmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas o el propio Consejo de Seguridad de ese organismo (que es de seguridad y no de cuestiones financieras) puedan resolver el conflicto. Tampoco lo hará la OEA ni la Unasur ni el Mercosur ni el G-77 más China. Los únicos dos foros con poder suficiente como para cambiar el orden de las cosas son el G-20 y el FMI. La Argentina tiene sillas propias en los dos lugares, que descuidó inexplicablemente durante los gobiernos de los dos Kirchner. Peor: estuvo a punto de perder la condición de miembro del G-20 cuando le confiscó YPF a Repsol.

El gobierno argentino podría hablar en esos dos recintos con la autoridad que le confiere el hecho de haber sido víctima de un vacío legal en el sistema internacional. Podría argumentar, como lo está haciendo, que poco más del 1 por ciento de sus acreedores colocó en riesgo de cesación de pagos a casi el 93 por ciento de los bonistas que aceptaron las propuestas argentinas. Pero paralelamente debería acordar con Griesa la forma de pago de la sentencia que ya es inmodificable. No necesita pagar todo en efectivo; podría hacer una propuesta para entregar bonos pagaderos en varios años. Sólo el respeto a la ley consolidaría su autoridad moral para promover cambios ostensiblemente necesarios en el sistema financiero mundial. Si hubiera elegido ese camino, quizás habría estampado un nuevo trazo en la historia de las finanzas internacionales.

Pero eligió caminar a contramano. La actitud de la administración cristinista se parece mucho a una provocación constante al juez Griesa. El juez se resiste a ejecutar su sentencia, que es lo que hacen todos los jueces cuando tienen un fallo firme y definitivo. Es probable que sea consciente de que tal ejecución condenará a un país a un default inmerecido. Quizás entrevé que detrás de su sentencia se esconde el desmesurado interés de fondos especulativos. Sea como fuere, lo cierto es que su resolución fue ratificada por una Cámara de Apelación y que la Corte Suprema de Estados Unidos no encontró nada objetable como para tenerlo en cuenta. Así son la letra y el espíritu de la ley norteamericana. Por eso son necesarios el G-20 y el FMI. Cualquier reforma debería pasar por el Congreso norteamericano, que tendría que legislar sobre cómo actuaría la justicia de su país en los casos de las deudas soberanas.

Kicillof no deja pasar ninguna ocasión para insultar al juez, ya sea cuando habla ante los periodistas o cuando lo ofende ante los senadores argentinos. Sus discursos sobre el sistema judicial norteamericano son lo más parecido a las arengas de estudiantes cuando protestan por los comedores universitarios. Ya no tiene edad para eso.

Por presión del ministro de Economía, la Superintendencia de Bancos del Banco Central revocó también la representación local del Bank of New York, que es el banco al que el gobierno argentino le había confiado el pago a sus acreedores. No cerró la cuenta que ese banco norteamericano tiene en el Banco Central. No lo hizo, que se sepa al menos. El presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, había asegurado que no la cerraría. Griesa tomó nota, de todos modos, de que al gobierno argentino no le interesa ni siquiera conservar al agente de pago de sus deudas. ¿Qué es eso sino una incitación para que declare el default?

Todo, no obstante, podría ser peor. En círculos económicos hay una insistente versión de que Kicillof expulsaría de la Argentina al Citibank, que es el banco que consiguió una audiencia en la Cámara de Apelaciones norteamericana para el 18 de septiembre. El banco apeló una decisión de Griesa, que lo autorizó por "única vez" a pagar los bonos bajo legislación argentina que se liquidan en dólares en el exterior. ¿Qué significa esa amenaza? Un apriete. El banco debería desobedecer al juez para quedarse en el país. Ésa es la clase de decisiones que le restan autoridad moral al gobierno de Cristina Kirchner, cuando avanza más allá de la ley y, lo que es peor, de la razón.

Por Néstor O. Scibona.

El título de la exitosa película de Damián Szifron bien podría aplicarse a las inverosímiles declaraciones matinales de Jorge Capitanich, donde siempre chocan el relato y la realidad. Pero, salvando las distancias, también el contenido de sus perturbadores episodios podría asimilarse al manejo de la política económica: allí predominan las reacciones impulsivas, agresivas, poco racionales o desproporcionadas de los protagonistas frente a errores propios o problemas manejables con sentido común y, al no medir las relaciones de causa-efecto ni de costo-beneficio, conducen a desenlaces imprevisibles o desastrosos.

Por improvisación, ideologización de diagnósticos o mala praxis, el gobierno de Cristina Kirchner también se enfrenta ahora a las consecuencias de sus errores, pasados y recientes. Pero en lugar de corregirlos, tiende a agravarlos, buscar chivos expiatorios y/o a desviar la atención de la opinión pública menos informada.

Una prueba es la reacción ante la actual escalada del dólar paralelo, que en cuatro semanas lo llevó a superar las marcas de los 13 y los 14 pesos y a acumular una suba de casi 15% (y de 63% en un año). Primero fue la poco feliz comparación de Capitanich con el precio de la cocaína, para remarcar la ilegalidad de ese mercado. Sin embargo, la tendencia es similar en operaciones legales mediante el dólar Bolsa o contado con liquidación. Más extravagante aún fue haber acusado luego a los medios de ser pagados por las "cuevas" para difundir cotizaciones alarmistas. No sólo por la reminiscencia chavista de suponer que si se oculta el precio desaparece la demanda. También porque el gobierno de CFK se desentendió del dólar paralelo mientras se mantuvo estable. Hasta que pateó el tablero al incumplir la sentencia en firme de Griesa, detonó el default y sepultó su estrategia de buscar dólares frescos en los mercados externos.

Con el fracaso no admitido de esta estrategia (la única que justificaba la devaluación sin plan de enero) la ficha oficial retrocedió, como en un Juego de la Oca, hasta el casillero inicial. La brecha cambiaria volvió a ampliarse a 70% entre el paralelo y el dólar oficial, que está a punto de perder a manos de la inflación toda la mejora real lograda con ese salto devaluatorio. Pero la mayor brecha -además de ser un regalo para los turistas extranjeros dispuestos a aprovecharla- frena la liquidación de exportaciones, a la espera de un mayor ritmo de devaluación por la renovada caída de reservas del Banco Central (2000 millones de dólares en lo que va de 2014). En el ínterin, la inexplicable baja de un punto en la tasa de interés para luego subirla, sólo sirvió para reflejar las diferencias entre Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega por el manejo cambiario y monetario. Ahora hay menos poder de fuego: el BCRA no puede vender demasiados dólares para frenar una corrida sin afectar las reservas; ni absorber muchos pesos con tasas más altas sin agudizar la recesión. Un dólar oficial más caro empujaría la inflación, como ocurrió en el verano. Pero será difícil sostenerlo cuando se prevé para los próximos meses una emisión aluvional de pesos (más de $ 110.000 millones) para atender el desborde fiscal y tratar de sostener la demanda interna. Hasta las ineficaces minidevaluaciones de 2013 lucen hoy como un mal menor frente al deterioro cambiario y la caída de reservas, más allá del retoque cosmético que podría aportar una módica dolarización del swap chino en yuanes.

La cruzada "Patria o Buitres" no resuelve estas restricciones. La próxima sanción de la ley de "Pago soberano local", sin apoyo opositor, es otra apuesta que por ahora sólo aumenta la incertidumbre. Si fracasa el incierto canje voluntario ofrecido a los bonistas, crecerá el riesgo de extender y ampliar el default. Un escenario no incluido en la arenga de Kicillof al Congreso para justificar la ley, bajo la misma lógica política de aliados o enemigos que siempre aplicó el kirchnerismo. Sólo que fue planteada en términos de "escribanía de la Casa Rosada" o "escribanía de Griesa". Más relato salvaje. Claro que sin admitir que, cuanto más se extienda y complique el default, más problemas tendrá la economía y más hipotecas dejará de herencia al futuro gobierno.

Otra variante es que ahora el gobierno de CFK patentó la categoría de "buitres internos" para etiquetar arbitrariamente a todos los que cuestionan o rechazan sus diagnósticos y decisiones. Sin ruborizarse, Capitanich llegó a afirmar insólitamente que los fondos buitre financian a sindicalistas, empresarios, banqueros y medios opositores.

Pero no menos insólito es que un gobierno que dice proteger a los consumidores y a los más pobres siga negando toda responsabilidad sobre la inflación, cuando ésta apunta por encima de 40% anual para fin de año. Así, quedará desactualizado de antemano el ajuste (de 30/35%) del salario mínimo vital que CFK prevé anunciar para subir el piso de ingreso de los trabajadores en negro. Y otro tanto ocurrirá prematuramente con la suba que regirá a partir de mañana para los jubilados, que acumularán en febrero de 2015 una baja (real) de haberes equivalente a la mitad de la quita (nominal) que aplicó De la Rúa en 2001. También se acentuará la caída del salario real de los trabajadores que tuvieron ajustes de 30% -por lo general fraccionados- en las últimas paritarias, que el Gobierno descarta revisar al igual que el piso no imponible de Ganancias.

La caída del consumo a raíz del deterioro de la masa salarial real (sueldos y empleos) inquieta a muchos empresarios, tanto como la ofensiva oficial para aggiornar la ley de abastecimiento y controlar precios y márgenes en todos los sectores de la economía. Para colmo, el kirchnerismo no tuvo mejor idea que invitar a Nicolás Maduro (hijo), para que les explique a legisladores oficialistas el sistema venezolano, que ahora anuncia un control biométrico (huellas digitales) para fiscalizar el abastecimiento de productos al público.

La marcha atrás del Gobierno con algunos de los puntos más conflictivos del proyecto solo sirvió para dividir al frente empresario. Festejaron las pymes, porque quedan al margen de sus alcances. Pero a costa de una mayor inquietud de las grandes compañías que las tienen como proveedoras de insumos. En este grupo están las que descreen que la ley llegue a aplicarse porque no resistiría un test de constitucionalidad. Pero otras, en especial las multinacionales, toman el texto al pie de la letra y ven que el escenario empeora al legalizarse métodos discrecionales que el inefable Guillermo Moreno aplicaba sin normas escritas. La ley puede convertirse en una caja de Pandora con una inflación de 40%, precios relativos distorsionados, subsidios insostenibles y proliferación de ofertas y promociones en grandes supermercados que impiden establecer el precio final de un producto. Otra incógnita es si alcanzará a YPF, que vino aumentando los precios de los combustibles por encima de la inflación para financiar sus inversiones a falta de crédito externo, pero cuyo impacto en los fletes afecta a casi todas las cadenas de valor. La paradoja es que, mientras el Gobierno se queja de la falta de inversión privada, con esta ley sólo contribuirá a ahuyentarla..

Por Carlos Pagni.

La consultora Management & Fit realizó una encuesta sobre el papel de los empresarios y el rol del mercado. El 30% de los consultados votó al kirchnerismo. Si bien se aplaude la formación de grupos como el Foro Empresarial, el estudio confirmó el antiguo conflicto entre la opinión pública y la cultura capitalista. Aunque se les asigna autoridad en temas económicos, los empresarios son vistos, en todos los niveles, como cómplices de la corrupción.

Entre los desamparados, la propiedad privada carece de importancia. Y los más acomodados la defienden en casos de inseguridad o por la prohibición de comprar dólares. Los sectores de menor nivel socioeconómico desprecian el mercado y defienden los controles de precios. Los de mayores ingresos tienen frente al mercado posiciones divididas y creen que el Estado debe regular la canasta familiar.

La encuesta enuncia lo evidente. Frente al agravamiento de la crisis, Cristina Kirchner estimula estas creencias. Y no aparece un líder opositor que, más allá de criticar sus malas prestaciones, proponga una concepción alternativa..

Dos sombras que agudizan la crisis

Por Carlos Pagni.

Cristina Kirchner y su gurú Axel Kicillof les alcanzaron siete meses para recrear las condiciones que provocaron la devaluación de la semana del 20 de enero de este año. La manifestación más evidente de la crisis sigue siendo la misma: faltan dólares.

El Gobierno no dio señal alguna de que vaya a reducir el déficit fiscal. Al contrario. El gasto público está descontrolado: en junio subió 56% respecto del mismo mes del año pasado. Y el método para solventarlo sigue siendo el mismo: más emisión. La escalada inflacionaria está, entonces, garantizada. Y, con ella, un mayor retraso cambiario. De modo que el mercado prevé una nueva devaluación. Por lo tanto, apuesta a ella. La percepción generalizada es la de un caprichoso volver a vivir.

Sin embargo, es una falsa percepción. La escena actual se está cubriendo con dos sombras que no estaban a comienzos de año. Son dos problemas internacionales que reducen el margen de maniobra de la administración para manejarse en la tormenta.

El primer límite es la caída en el nivel de actividad de Brasil. El viernes, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) informó que la economía del país había ingresado en recesión técnica, ya que por segundo trimestre consecutivo se había verificado una contracción. A la caída de 0,2% de los primeros tres meses hay que agregarle otra de 0,6%.

Para la Argentina, la novedad cobija dos mensajes. Uno es institucional. Falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales y la continuidad de Dilma Rousseff está amenazada por el ascenso de la ambientalista Marina Silva. Sin embargo, el IBGE, un organismo público equivalente al Indec, no ocultó la mala noticia.

El otro dato es ostensible. Las ventas a Brasil van a disminuir. Por lo tanto, el ingreso de dólares será menor.

Según Dante Sica, un especialista en esa relación bilateral, cada vez que el PBI brasileño cae un punto, las exportaciones argentinas a ese mercado se reducen entre 2,3 y 3,1%.

El jueves pasado Kicillof viajó a San Pablo para entrevistarse con su colega Guido Mantega. Antes de hacerlo habló ante el capítulo local del Council of the Americas. Sostuvo que las dificultades de la economía argentina se explican, en buena medida, por el enfriamiento de la economía de Brasil. El viernes, cuando se conocieron los datos del IBGE, Mantega atribuyó el enfriamiento de la economía de Brasil, en buena medida, a las dificultades de la economía argentina. Kicillof y Mantega tienen, por lo tanto, una coincidencia: el culpable es el otro.

La segunda contrariedad externa es la caída en el precio de la soja. Los productores de los Estados Unidos están por obtener la cosecha más grande de su historia, lo que determinó que la tonelada de ese "yuyo" se derrumbara en julio un 11%. Los expertos prevén que este año podría llegar a costar US$ 360 en el mercado de Chicago. Quiere decir que, descontadas las retenciones, los agricultores argentinos recibirían unos US$ 234 por tonelada. Con el maíz sucede algo parecido. El año pasado la tonelada cotizaba en el mercado local a US$ 155 y hoy lo hace a US$ 119. La perspectiva del quebranto es muy visible, porque a este deterioro en los ingresos hay que agregar el aumento de los costos y el retraso en el tipo de cambio. Las consecuencias ya pueden advertirse: la liquidación semanal de divisas del sector sojero, que era de más de US$ 600 millones hasta julio, en agosto no llegó a US$ 400 millones.

A pesar de poseer una fe en su propia voluntad cercana al fundamentalismo, el kirchnerismo atribuye los sinsabores de la economía a conspiraciones internas o a la meteorología internacional. Por ejemplo, en la reunión del Council, Kicillof dijo que una suba en la tasa de interés de los Estados Unidos podría afectar el tipo de cambio. Cuando él hacía esa broma el dólar blue ya superaba los $ 14 y la brecha con el oficial llegaba a 70%.

En rigor, la recesión brasileña o la caída en el precio de las commodities agrícolas serían manejables si no fuera porque las patologías de la política económica están fuera de control. Las exportaciones argentinas ya se habían derrumbado cuando se presentaron esas dos adversidades. Durante el primer semestre cayeron 10% respecto del mismo período del año anterior. Ese deterioro se debe a la baja competitividad, pero también a las restricciones a la importación. El 80% de lo que la Argentina compra en el exterior corresponde a insumos o maquinarias para la industria exportadora.

La retracción en las exportaciones es más dramática a la luz de la crisis cambiaria y monetaria que el kirchnerismo ha provocado. La escasez de dólares se agravó. Y los remedios para resolverla resultan más costosos. Como el Gobierno se niega a endeudarse en el mercado y tampoco acepta depreciar más la moneda, queda sólo una salida: reducir más las importaciones. Es decir, profundizar la recesión. Dado que el límite político de esta estrategia es evidente, el mercado especula que aquellas resistencias comenzarán a reblandecerse. Por eso aumenta la expectativa de una devaluación y vuelve a especularse con algún acuerdo con los holdouts.

Como sucede siempre que el blue se acelera, la Presidenta confronta los extravagantes consejos de Kicillof con las convencionales prevenciones de Juan Carlos Fábrega , el presidente del Banco Central. El lunes volvió a reunirlos en Olivos.

El vínculo de Fábrega con Kicillof había empeorado por la ruptura con los holdouts. Fábrega cuenta a sus íntimos que él, Kicillof y Miguel Galuccio , el presidente de YPF, recomendaban un acuerdo. En las oficinas de Galuccio se realizaron varias conversaciones con banqueros, de las que participó Kicillof. Pero el 29 de julio la Presidenta viajó con el ministro a Caracas y, desde allí, envuelto en la bandera bolivariana, lo envió a Nueva York para dinamitar cualquier conciliación. Fábrega reprocha a Kicillof una deslealtad. Como si él fuera más rebelde frente a las instrucciones de su jefa.

El presidente del Central está angustiado por el deterioro de las reservas. Hace una semana, en Olivos, se lo notó exaltado frente a la señora de Kirchner y a Kicillof. Uno de sus íntimos informa que se desahogó de esta manera: "Axel, ¿vos le explicás a la Presidenta lo que está pasando con el sector automotor, que ya no tiene dólares para importar insumos? ¿Le explicás las consecuencias de la pelea con los buitres? ¿Le explicás lo que vamos a tener que emitir para cubrir el gasto?". Frente al acoso, al gurú Kicillof sólo le quedaba el recurso de volver a Marx y, dirigiéndose a la Presidenta, repetir el chiste de Chico, el mayor de los célebres hermanos: "¿A quién le vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos?".

Fábrega expuso una de sus principales pesadillas. Este año deberá girar adelantos transitorios al Tesoro por alrededor de $ 120.000 millones. Esa suma ignora el límite que establece la Carta Orgánica del Banco. ¿ Cristina Kirchner pedirá una reforma en plena crisis o buscará una alternativa? El viernes pasado circuló el rumor de que el Gobierno analizaría financiarse con un bono que adquirirían los bancos. Las habladurías se desataron, al parecer, por una consulta informal de un funcionario del Central a otro del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La versión es brumosa. Pero entraña una paradoja. La Presidenta estaría aceptando que el Estado se apropie de fondos de los ahorristas, algo que rechazó cuando el prócer Jorge Brito, subido a su caballo, estuvo por alcanzar un acuerdo con los holdouts.

Tal vez sea tarde para esperar, además de soluciones, coherencia. Fábrega está alarmado porque la emisión descontrolada financiará la compra de dólares en el mercado paralelo. Además, la caída de las exportaciones producirá una mayor baja en las reservas. El auxilio que tiene a mano es inasible: que un ignoto burócrata de Pekín active el swap de monedas con China. Es la razón por la que Kicillof viajó ayer a esa capital.

La amenaza sobre las reservas alimentó otra versión: que Kicillof pediría ayuda al gobierno de Dilma Rousseff para resolver el conflicto con los holdouts. El sábado, Mantega desmintió que fuera a hacerlo. Pero no que se lo hubieran pedido. ¿La disparada del dólar conseguirá que la Presidenta revise su consigna "patria o buitres"? ¿Justo ahora, cuando se pide al Congreso que se sume a la cruzada? El temor a la corrida ya logró que devaluara y elevara la tasa de interés a 28%.

Esas soluciones son ahora más mortificantes. Los dólares por exportaciones serán mucho más escasos. La caída en el nivel de actividad haría más traumática otra suba en el costo del dinero. Y la inflación impide seguir aumentando el gasto público. Imaginar que se va a reproducir una crisis como la de enero es, frente a esta agenda de problemas, un pronóstico optimista.

Por Francisco Olivera.

Parecía una charla técnica antes del suplementario. Es decir, frente al tiempo adicional para intentar lo que se debió resolver antes. Ahí estaba Axel Kicillof, rodeado de hombres de negocios que lo escuchaban con un respeto pasmoso y alguna cabeza gacha. Era el mediodía de anteayer en el hotel Alvear, momentos antes de que el ministro de Economía cerrara el Consejo de las Américas. La conversación era en voz muy baja. Hablaban Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina; Eduardo Eurnekian, de Corporación América; Carlos de la Vega, de la Cámara de Comercio; Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción; Adelmo Gabbi, de la Bolsa, y después se sumó algún otro. El tema: la deuda en default.

La amabilidad de la charla no se condecía con las quejas que se oyen en las empresas por el proyecto de la nueva ley de abastecimiento, ni con la medida de fuerza gremial que paralizaba parte del país, ni con las certezas de Kicillof, que momentos después atribuiría la caída en la inversión a "las usinas del malhumor" -es decir, los pronósticos de analistas y medios de comunicación- y no a los problemas que vienen poblando la agenda de los hombres de negocios.

Uno de ellos soltó la propuesta. Estaban dispuestos a volver a ensayar un aporte patriótico para comprar parte de la deuda impaga, pero querían planteárselo esta vez a él, el hombre no sólo más influyente del gabinete, sino el que, suponen, derribó una oferta similar de los bancos hace un mes.

No hay por ahora entidades financieras involucradas: sólo se pensó en un banco de capitales nacionales de primera línea como negociador. "No puede ser uno extranjero", concluyeron. Momentos antes, el propio Lobby Bar del Alvear había sido una maqueta de esa iniciativa confeccionada entre varios: en una mesa apartada junto a la pared, se ubicaba el Grupo de los Seis, que nuclea a los sectores más representativos de la economía, y cerca, tomando otro café, Daniel Marx, ex secretario de Finanzas y uno de los que fueron consultados para la nueva propuesta. Iban y venían Gustavo Cinosi -empresario enviado por Carlos Zannini a la frustrada reunión de los bancos en Nueva York por el mismo tema y hombre de inmejorable relación con la embajada de Estados Unidos- y Luis Rivaya, directivo del Banco Galicia.

Kicillof no tiene en el mano a mano el modo encendido y enojado que suele insuflarles a sus presentaciones públicas. Es cierto que tampoco exhibe la sencillez del cura de Ars, pero está muy lejos, incluso delante de periodistas, del trato que en ese mismo escenario han empleado otros convencidos del modelo, como Amado Boudou. "Me parece bien que lo hagan por su cuenta -contestó por fin-, pero sáquennos a nosotros del medio, porque nos meten en líos." Aludía a la cláusula RUFO, que les permite a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 reclamar si otros reciben una oferta mejor. Su segunda apreciación fue una advertencia: "Además, sepan que nos les vamos a pagar más de 30 centavos por dólar".

Ese punto es decisivo, porque la oferta de los empresarios espera encontrar una contraparte: si ellos compran los bonos al valor del mercado y el Gobierno les paga ahora sólo 30 centavos por dólar, la idea es que en enero, una vez que venza la cláusula RUFO, se les reconozca el resto, monto que imaginan parte al contado y parte financiado.

Kicillof no ha dicho públicamente nada sobre esa posibilidad de completar la suma, pero hay razones para pensar que los hombres de negocios se lanzan a la aventura de acreedores del kirchnerismo porque alguien les ha por lo menos insinuado una promesa. De ahí la necesidad de hablar directamente con Kicillof y evitar el traspié del 30 de julio. Aquella tarde, en el Banco Central ya estaba dada la orden para autorizar la transferencia de una garantía que resultaba vital para el acuerdo con los bancos. Lo que siguió a ese segundo de euforia es conocido: Kicillof terminó la reunión con el mediador Daniel Pollack y, en una conferencia de prensa incendiaria, dilapidó el pacto. Cristina Kirchner reforzó la embestida horas después en un discurso.

¿Será distinto esta vez? ¿No habría estado Kicillof al tanto de aquella operación y eso lo llevó a sepultarla? ¿O se había arrepentido a último momento? Estas dudas persisten entre los empresarios que jugaban su última carta en tiempo suplementario. La más significativa: el actual valor de los bonos que ya entraron en default, que pondrá el precio real al aporte. Esta semana, el Discount incumplido cotizaba a unos 80 centavos por dólar, precio que en el mercado juzgan todavía alto para una cesación de pagos.

¿Por qué no se ha desplomado todavía? La incógnita fue planteada ese mediodía a Kicillof: "¿Qué hay acá que nosotros no sepamos?", preguntaron. Como no hubo respuesta convincente del funcionario, las sospechas persisten. ¿Hay fondos buitre reacios a desprenderse de la deuda para sostener el precio de los bonos y forzar una negociación? ¿Se trata de intervenciones de agentes cercanos a la Casa Rosada?

El universo de la especulación es vasto y no excluye a los propios kirchneristas. Todo buen buitre anida incluso en rincones leales. Una pequeña pluma como prueba: la semana pasada, un empleado raso del Banco Central estaba de vacaciones en el Caribe, viaje posible gracias al hobby que ejerce puertas adentro de la entidad: compraventa de dólar blue, cotización que Kicillof llama "ilegal".

Con tantos cabos sueltos, ¿qué convencería esta vez a la Casa Rosada de aceptar una propuesta que los empresarios, para no volver a quedar expuestos, han decidido canalizar institucionalmente a través del Grupo de los Seis? La desconfianza está en el ADN del kirchnerismo. Cuando Débora Giorgi advierte, como ese mismo jueves en el Consejo de las Américas, las terribles consecuencias de "volver a 2001", año en que trabajaba como funcionaria de la Alianza, no está haciendo un mea culpa, sino una simple certificación de lealtad. La ministra de Industria fustigó en ese discurso a los fondos buitre con una comparación zoológica: "Con nuestra presidenta tenemos vuelo alto porque somos tierra de cóndores".

La sobreactuación no habría pasado un auditorio de entendidos que supieran que al cóndor se lo llama "buitre americano", pero podría equipararse con la benevolencia de hombres de negocios a quienes, como mínimo, les quedará haber entablado lo más difícil: diálogo fluido con el Palacio de Hacienda.

En todo caso, incluso si volviera a fracasar, el amago de aporte patriótico habrá alcanzado para atenuar parte de los recelos y prejuicios de una administración sobre la que los empresarios pronostican todo menos éxito económico, pero de indudable capacidad para seguir provocándoles dolores de cabeza.