EL GOBIERNO, a través del ministro de Economía, fijó su posición ante el fallo del Tribunal de la Libre Competencia por colusión de empresas avícolas: “Es el delito más grande de la competencia en Chile”, dijo en una entrevista tras conocerse la noticia. “Estamos en presencia de prácticas inaceptables que han generado un enorme daño a las familias chilenas”, añadió el vocero del Ejecutivo.
A ninguna de las autoridades mencionadas le pareció necesario advertir que restan procesos judiciales, que las empresas multadas ya hicieron pública su intención de apelar, y que, por lo mismo, el resultado de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica bien podría ser confirmado o modificado en el marco de estas instancias pendientes. Sí lo reconocieron algunos dirigentes empresariales, aunque ello no les impidió calificar el hecho como “de la más alta gravedad” o recomendar a los gremios “hacer todas las cosas para que esto nunca más vuelva a ocurrir”, como dijo el presidente de una entidad.
No se trata de exculpar a las empresas involucradas en eventuales infracciones colusorias -el término “delito” utilizado por las autoridades también es impropio-, ni menos restar importancia al daño que supone para la sustentabilidad del sistema económico la presencia de comportamientos anticompetitivos. El problema se presenta cuando representantes políticos o gremiales ocupan su tiempo en comentar fallos judiciales o de organismos autónomos, sin los necesarios cuidados tanto en relación a los derechos de los involucrados como en el efecto de sus declaraciones sobre la percepción general de la opinión pública respecto de la actividad empresarial.
Pareciera también que el afán de justificar procesos de reforma motiva que cuando se detectan conductas indebidas ellas sean llevadas a la palestra pública con lenguaje y contextos que generalizan y extrapolan el rechazo a todo un sector o actividad. Por eso, el perjuicio se agrava en la medida en que estos cuestionamientos encuentran eco en propuestas y reformas que tienen en común una visión ideológica y descalificatoria hacia las utilidades corporativas, el emprendimiento y, en definitiva, la efectividad del mercado como agente para asignar recursos. Las críticas al lucro, a los sostenedores de colegios subvencionados, a las AFP, a las isapres, a las empresas concesionarias de obras públicas y a los bancos, entre otros, terminan generando un cuadro que desgasta la imagen del sector privado y desincentiva el apetito emprendedor.
Por cierto que el sistema debe velar por el cumplimiento de normas y rechazar conductas ilícitas, pero eso no justifica omitir que el desarrollo alcanzado por nuestra economía se debe al desempeño y al aporte empresarial, el mismo que -por su dinámica y volumen- no podría ser sustituido ni por el mejor esquema estatal. Aquel no sólo tiene en la generación de actividad y empleo su más evidente contribución al país, sino también en la provisión de bienes públicos es donde ha realizado aportes fundamentales, como en la educación, la salud y la cultura.
Incluso la actividad política, clave para el fortalecimiento de la democracia y sus organismos, es otro ámbito donde el mundo privado ha hecho una valiosa contribución, aportando libremente al financiamiento de dicha actividad y de las campañas electorales dentro del marco vigente, permitiendo así que los ciudadanos tengan la posibilidad de decidir más informadamente. Pero, otra vez, las conductas indebidas no deben motivar una deslegitimación general de toda esa contribución de las empresas, elemento que debe tener particularmente en consideración el fiscal que optó por abrir una investigación por financiamiento de campañas, lo que ha terminado por desviar la atención del fraude tributario realizado por funcionarios del SII que originó la causa.
Para fortalecer la cooperación entre los sectores público y privado, como espera el Ejecutivo, es importante generar un clima de confianza mutua que se exprese no sólo en la generación de un diagnóstico común de la coyuntura y necesidades del país, sino también en el debido cuidado de las formas y la imagen de un sector que hoy aparece reiteradamente cuestionado.
