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DEBATE
Argentina "en Desacato". Escriben Alconada Mon, Oña y Dujovne
30/09/2014

Sin decisión política no cesará la corrupción

La Nación

Por Hugo Alconada Mon.

Primer acto. El juez y el periodista conversan en el despacho del juez. La secretaria del juez entra de improviso. Le informa que llama el operador. El juez, que estaba sentado, se pone de pie nada más que para atender esa llamada. Cual sargento ante la irrupción de su general.

Segundo acto. Semanas después, el operador y el periodista coinciden en la puerta del despacho del mismo juez. El operador sale; el periodista pensaba entrar, pero opta por dialogar con el operador. El operador le anticipa que en tres meses el juez cerrará "la" causa penal.

Tercer acto. Tres meses después, en efecto, el juez sobresee a los acusados. Los fiscales no apelan. Se cierra la causa -fina ironía- el Día de los Santos Inocentes.

Esto que cuento sucedió. Me sucedió. Es apenas una muestra de un amplio abanico similar, que resulta imposible denunciar sin más pruebas que los ojos y oídos del periodista. Conozco fiscales a los que, para apretarlos, les han enviado fotos suyas con alguna amante. Jueces que han llorado delante de mí. Testigos a los que les han puesto un revólver en el pecho para que callen.

Peritos que han firmado dictámenes falsos, por apriete o por dinero.

También conozco muchos funcionarios políticos honestos. Pero, acaso por cuestiones de mi trabajo, conozco muchos de los otros. De los que a la hora de pedir coimas ya calculan cuánto de ese dinero negro deberían destinar al abogado, al fiscal y al juez si el negociado saliera a la luz y afrontaran una investigación penal. Que más que investigación será, por tanto, una parodia.

Hay muchos jueces y fiscales probos y dignos. Pero también hay de los otros, de los que hasta mandan señales de complicidad a los acusados mediante el color de las corbatas que usan. O por la mano en que llevan el teléfono celular. O un prendedor en la solapa del saco. Todas señales preestablecidas por el enlace en las sombras para que el acusado al que le han pedido "que se ponga" sepa que el requirente no vende humo, sino que es, efectivamente, un emisario de Su Señoría.

Y así, mientras la Justicia es una dama vendada e inflexible para los ladrones de gallinas, se hinca ante los grandes tiburones. Sean funcionarios, empresarios o sindicalistas. O lo que fuere. Porque lo que importa es la billetera, rebosante, para comprar (o alquilar) voluntades.

Así las cosas, ¿no hay nada que hacer? ¿Bajamos la persiana y sálvese quien pueda o tenga los billetes? ¿Es acaso tan difícil revertir o corregir este panorama?

Por lo pronto, hay quienes incluso consideran necesario impulsar una Conadep de la corrupción post-2015. Hay varios grupos trabajando en esa línea desde hace meses. El desafío para quienes adscriben a esa idea es determinar si quienes vendrán después serán distintos, mejores que los que están, o si sólo utilizarán esa Conadep para lo que en verdad sería una cacería de brujas con fines partidarios.

Por mi parte, prefiero pensar en los actuales (y futuros) funcionarios como personas que sólo refrendan con sus acciones un aforismo. Ese que dice que "el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". Si es así, entonces el camino quizá pase por restablecer los contrapesos, filtros y controles que fiscalizan al poder.

Hay instituciones que hoy son apenas una sombra de lo que fueron o de lo que pueden y deben ser. Entre otras, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General, la Auditoría General, el Consejo de la Magistratura. Y no es necesario impulsar reformas legislativas. Basta con inyectarles a esos organismos personal y presupuesto, y refrendarlo luego con el ingrediente clave: decisión política.

Esa decisión, bien explicitada, daría una clara señal hacia adelante. ¿Cuál? Que la corporación político-empresaria (que excede a este gobierno) no degollará al juez, fiscal o funcionario de esos organismos de control que ose investigarlos. Porque durante los últimos 20 años sobraron las muestras en contrario.

La duda es obvia. ¿Querrán eso quienes asumirán en 2015? ¿O el próximo presidente preferirá beneficiarse del statu quo que pasará a acatar sus designios discrecionales -contra quien sea- en cuanto agarre el bastón de mando?

Porque el riesgo de impulsar la senda institucional, fortalecer los órganos de control y potenciar a jueces y fiscales es evidente. El próximo gobierno perdería la facultad de hacer y deshacer lo que le plazca, sin pruritos por ese estorbo llamado "ley" o "Constitución nacional". Seguir esa senda implicaría abrir una verdadera caja de Pandora: un Poder Judicial, al fin, independiente.

¿Por qué una caja de Pandora? Por que existiría la posibilidad, por ejemplo, de reabrir expedientes penales cerrados tras investigaciones que fueron una farsa. A eso apunta Cosa juzgada fraudulenta, el libro que acaban de publicar dos penalistas, Federico Morgenstern y Guillermo Orce.

"La sociedad verá los tribunales como sesgados, deshonestos y parciales si percibe que los juicios farsescos son inalterables, si se respeta la firmeza de las absoluciones obtenidas tras un procedimiento espurio y si, por la inacción deliberada de un funcionario judicial, no se logra condenar a quien se sabe que cometió un delito", argumenta uno de los autores para fundamentar que la Justicia logre al fin que ciertos sobreseimientos "truchos" sean revisados.

Morgenstern recurre al lenguaje futbolero para explicarlo: "Si la cancha está inclinada, el triunfo no es digno, pero si existió una simulación en la que el proceso judicial fue orientado al otorgamiento de un bill de indemnidad contrario a los principios del sistema republicano, entonces ni siquiera hubo un partido".

El libro promete levantar polvareda porque se mete con una de las vacas sagradas del derecho penal: ¿es posible relativizar el sacrosanto principio del non bis in idem (no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho), aun en investigaciones sospechadas de terminar en sobreseimientos debido a corrupción del juez o los aprietes del poder?

Eso es, sin vueltas, lo que ocurrió en varios expedientes que se cerraron durante las últimas décadas. Causas en las que ni siquiera llegó a jugarse el partido de la investigación, ni el de los controles previos ni posteriores, debido a la corrupción desenfrenada de funcionarios y empresarios.

Insisto: ¿estarán dispuestos quienes lleguen en 2015 a fortalecer las instituciones, los órganos de control y el Poder Judicial, lo que implicaría una verdadera (y muy concreta) política de Estado? ¿O se limitarán a repetir frases tan marketineras como vacías durante la campaña?

Como dijo el papa Francisco en una homilía reciente, hay que esperar contra toda esperanza. Pero dependerá de la sociedad. Porque el que no llora, no mama. Y si los ciudadanos no les exigimos a los candidatos terminar con la impunidad, ellos van a preferir seguir como hasta ahora, con la comodidad del statu quo. O, como máximo, les alcanzará con aplicar una dosis homeopática de gatopardismo.

Así, pues, de las respuestas que como sociedad demos a esas preguntas dependerá que post-2015 haya un cuarto acto en la farsesca no-investigación que enjuagaron aquel juez y aquel operador. Y para muchas, muchísimas otras no-investigaciones más.

El castigo, aunque simbólico, es un nuevo fracaso

La Nación

Por Nicolás Dujovne.

LA Argentina acaba de ser declarada en "desobediencia" o "desacato" por el juez Griesa en relación con el juicio en el que el fondo NML y otros pretenden cobrar bonos emitidos por el país bajo ley norteamericana, impagos desde el default de 2001. La desobediencia o desacato es un castigo simbólico contemplado por la justicia de Nueva York, a la que se sometió la Argentina en los años 90, pero también cuando emitió los bonos correspondientes a los canjes de 2005 y 2010, durante la "década ganada".

Un demandado ante ese fuero que desobedece un fallo puede ser obligado a pagar una multa diaria de un valor elevado para un particular, pero pequeño para un país. Es un castigo simbólico, cuyo único efecto es poner en cuestión la capacidad de los abogados norteamericanos de seguir asesorando al cliente "desacatado". Probablemente esto no sea un castigo para la Argentina porque se trata del estudio Cleary y Gottlieb, cuyos resultados están a la vista. Recordemos el memo interno de ese estudio del 3 de junio, que se filtró a la prensa, en el que recomendaba a la Argentina entrar en default. Se puede concluir que no sólo la extravagancia de la Presidenta y la de su ministro Kicillof están detrás de las penurias económicas que enfrenta hoy el país.

Ahora la Argentina luce una doble cucarda en medio de su gesta contra el resto del mundo. Ya no sólo está en default, junto a nadie. Ahora también está en desacato, también junto a nadie.

Con ánimos de ser un poco constructivos podríamos recordar que en los últimos 20 años existieron otros dos casos de países en desacato ante las cortes norteamericanas: Rusia y Congo, peripecia por la cual debieron abonar multas diarias de entre 10.000 y 150.000 dólares por día.

En el caso de la Argentina, la multa, cuyo valor aún no ha sido determinado, tendrá un carácter doblemente simbólico. En primer lugar, porque su costo en términos macroeconómicos será seguramente insignificante comparado con la megarrecesión en la que nos ha sumergido el default. En segundo lugar, porque obviamente el Gobierno no la pagará. El default del default. Una mamushka de fracasos.

Kevin Sullivan, el funcionario a cargo de la embajada de Estados Unidos, fue reprendido por el canciller Héctor Timerman por sugerir que sería beneficioso para la Argentina salir del default. Cómo salir de un lugar en el que no se está, fue la réplica. Y en la presentación que la Argentina efectuó ante el juzgado de Griesa, para la audiencia de ayer, el Gobierno rechazó la figura del desacato soberano en razón de que está "prohibida por las legislaciones de Canadá, Reino Unido, Israel y Australia, y por la Carta de las Naciones Unidas".

Pero, lamentablemente, la Argentina no emitió sus bonos bajo ley de las Naciones Unidas, sino que lo hizo bajo ley de Nueva York. La dificultad del Gobierno para lidiar con el default en el plano de lo concreto es cada vez más notoria y aumenta la tendencia a la negación. "No estamos en default, no estamos en desacato."

La declaración de Griesa provocará seguramente una nueva escalada retórica del gobierno argentino, lo que constituirá sin duda una dificultad adicional para imaginarse un probable escenario de negociación dentro de unos meses. Cada vez será más difícil pegar un giro, como se hizo en el caso de YPF, donde se pasó de los pasivos ambientales reclamados por el ministro Axel Kicillof a pagarle no menos de 5000 millones de dólares a Repsol por la confiscación de sus acciones en la petrolera.

Convertir a Paul Singer de buitre en acreedor recalcitrante requerirá una voltereta discursiva que sólo el devenir de una macroeconomía muy deteriorada podría generar. Esa macroeconomía deteriorada ya está con nosotros.

La economía tendrá en el cuarto trimestre de este año la peor contracción respecto de un trimestre precedente desde el hiperrrecesivo 2001. Si el Gobierno iba a negociar como producto de la necesidad, todavía no se nota..

Diez datos económicos con el sello de Kicillof

Clarín

Por Alcadio Oña.

Nunca será por pura casualidad que por lo menos diez indicadores clave de la economía real caigan simultáneamente, ni que al mismo tiempo suban otros que mejor hubiese sido que no subieran. Y como nada ha sucedido de repente, no hay manera de ocultar que todo forma parte de un proceso de deterioro creciente y crecientemente peligroso en sus consecuencias.

Medido según datos privados y aún por alguno oficial, agosto fue un mes bastante semejante a un agosto negro: –El índice de producción industrial de FIEL cayó 9,7%. Hoy se conocerá el del INDEC, pero ya acumula diez meses seguidos en baja.

–La construcción anotó un retroceso del 3,2% de acuerdo con el índice privado Construya, que se proyectó en otro del 7% para la producción de cemento –Sin freno, la fabricación de autos siguió hundiéndose: esta vez, 34,5%.

–Las ventas del comercio minorista relevadas por CAME marcaron un registro negativo del 9,3% y las de electrodomésticos nada menos que 16%. En los supermercados crecieron diez puntos menos que la inflación, o sea, también bajaron.

–Arrastradas por la recesión y sobre todo por el límite que impone la falta de divisas, las importaciones se desplomaron 20%. A las exportaciones les tocó perder otro 10%.

–Los préstamos para consumo aumentaron 20%, aunque si se los contrasta con la inflación real descendieron alrededor de 10%.

Hasta aquí van diez indicadores. Podría agregarse que en agosto y por primera vez en el año retrocedió la demanda de electricidad; que en términos reales han empezado a bajar los depósitos a plazo fijo, desalentados por tasas de interés que pierden contra la inflación, y que el uso del colectivo en el área metropolitana, una muestra de la situación laboral, viene en declive desde 2013.

Entre lo que sube y mejor hubiese sido que no subiera resalta el 49% que desde comienzos de agosto acumula el contado con liqui, también llamado dólar fuga. Frente a semejante incremento, luce modesto el 12% del blue. También a contramano de lo que vendría bien, cálculos privados revelan que en agosto la cantidad de cheques rechazados creció un 67% contra el mismo mes de 2013 y que el grueso proviene de las pequeñas y medianas empresas.

Tanto número junto abruma hasta al más tolerante, pero así son la cosas en una economía real cada vez más fría, dominada por la incertidumbre y la inestabilidad.

Aunque nadie piense en una crisis terminal, lo que hay ya resulta suficiente como para que el temor a perder el empleo haya escalado al segundo lugar entre las preocupaciones de la gente. Sólo superado por la inseguridad, ha desplazado al tercer puesto a la caída de los ingresos provocada por el avance de los precios.

El Gobierno ha pedido a las empresas que extremen las medidas para evitar despidos, aunque en verdad los hay fuertes en el interior del país y larvadamente en los sectores más visibles a la luz pública. En cambio, abunda todo lo demás: retiros voluntarios, suspensiones, eliminación de turnos y de horas extras, cierres temporarios de plantas y una notoria retracción en la demanda de trabajadores. El saldo arroja, obviamente, menos plata en los bolsillos a fin de mes.

Habría que agregar el impacto de una inflación que le ha recortado unos cinco puntos a los salarios registrados. Sumada al efecto del Impuesto a las Ganancias, la poda llega hasta ocho puntos para sueldos considerados medios y altos.

Todo se proyecta sobre las estructuras gremiales, en las que la conducción vertical comienza a dejar de ser sinónimo del modelo sindical. Ahora existen líneas intermedias que pugnan por desplazar a las antiguas cúpulas y organizaciones de base que cuestionan a unas y a otras.

Es de este cuadro crecientemente complicado el riesgo de que, a medida que el tiempo pasa, empiece a aumentar la conflictividad laboral y social, tal como figura en la agenda de varios gobernadores kirchneristas y en la del propio Daniel Scioli. La inquietud cruza, naturalmente, su futuro político y, de seguido, el de los armados que los sostienen.

Hasta ahora ninguno se ha atrevido a llegar hasta la Presidenta, pero la mayoría, si no todos, ponen la mira en el ministro de Economía. Axel Kicillof ya lleva diez meses en el cargo y unos cuantos más influyendo en las decisiones de Cristina Kirchner: la realidad misma prueba que muchas de las medidas que ha ensayado sólo consiguieron empeorar problemas que pretendían resolver. Aún así, cada vez recibe más poder.

El desacato dictado ayer por el juez Thomas Griesa seguramente alimentará el discurso Patria o Buitres y la confrontación con Estados Unidos y la justicia norteamericana. Pero empeora el panorama exterior y aleja la perspectiva de apelar al crédito internacional, lo cual no parece poco para un país cuyo stock de reservas viene flaqueando sin pausa: en lo que va del año se han perdido cerca de US$ 2.600 millones y 19.000 millones desde que fue implantado el cepo cambiario.

Juan Carlos Fábrega, el jefe del Banco Central, deberá redoblar esfuerzos para contener la sangría. Habrá denuncias y presiones oficiales a la orden del día, aunque si la urgencia impone seguir apretando importaciones, el resultado previsible sacudirá todavía más la actividad económica y el empleo.

Agosto fue un mes bravo para la economía real, los temblores en continuado muestran que septiembre no ha sido mejor y nada presagia un cambio a corto plazo.

No sobran ni oxígeno ni tiempo en el camino al fin de ciclo. Es posible que en algún momento las necesidades políticas le impongan corregir el rumbo y pagar los costos consiguientes, pero así como va, el cristinismo kirchnerismo puede cerrar su paso por la Casa Rosada con un ajuste hecho y derecho provocado por desaciertos de su propia cocina. Bien o mal, el resto mundo seguirá andando.


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