Por Ricardo Alfonsín.
El Ejecutivo acaba de enviar al Congreso una reforma al régimen de los hidrocarburos, que apunta a recuperar el autoabastecimiento energético. Se trata de un objetivo estratégico que trasciende una administración y, como tal, reclama una ley con el suficiente consenso para asegurar su estabilidad en el largo plazo. Es imprescindible la búsqueda de acuerdos que den sustento a una política de Estado en materia de hidrocarburos. Ello sólo será posible si el Gobierno habilita su debate en el Congreso, cuyo rol no puede reducirse a ratificar el proyecto del Ejecutivo.
Las políticas implementadas durante los últimos años desincentivaron la inversión e hicieron perder la soberanía energética. El proyecto de ley parece querer reparar el daño cometiendo el error inverso: pretende promover la inversión estableciendo condiciones e incentivos que resultan excesivos. Las prórrogas automáticas de las actuales concesiones y la extensión sin licitación de permisos para explotar hidrocarburos no convencionales en las áreas ya adjudicadas, tal como las que prevé el proyecto, constituyen privilegios irritantes y atentan contra un proceso de inversión que favorezca la competencia sobre reglas de juego claras y transparentes. El camino más seguro para revertir la actual situación es la sanción de normas de largo lazo que brinden a los inversores las certezas propias de las políticas de Estado.
El país necesita una política única, que respetando la Constitución, permita al Estado recuperar sus roles indelegables de planificación y coordinación. Para ello es preciso acordar una ley capaz de garantizar la estabilidad de normas que promuevan las inversiones necesarias.
El reto que supone desarrollar una política nacional de hidrocarburos implica no solo concentrar el esfuerzo en los no convencionales (recursos prospectivos cuya declaración de comercialidad requiere de inversión y de estrictas regulaciones ambientales), también hay que tener presente que el 90% de las cuencas sedimentarias del país se hallan inexploradas, especialmente el mar hasta el talud oceánico. Dicha ley deberá, además: contemplar el financiamiento para la diversificación de nuestra matriz energética, altamente dependiente de recursos no renovables; preservar los intereses de futuras generaciones; promover el desarrollo de una industria nacional proveedora de bienes y servicios petroleros; y establecer presupuestos mínimos ambientales conforme el art. 41 de la Constitución.
Exitosas experiencias internacionales -como las de Brasil y ahora México, y nuestra propia experiencia con el Plan Houston, que posibilitó un copioso proceso de inversión, con reglas de juego favorables a los intereses del país que permitieron recuperar el autoabastecimiento- son los espejos donde debemos mirarnos.
No sólo es indispensable contar con una política de Estado en esta materia, es también posible en la medida en que el Gobierno entienda que la permanente confrontación y la imposición unilateral de una mayoría circunstancial no hacen sino empobrecer la democracia y empequeñecer nuestro futuro.
