Por Joaquín Morales Solá.
En la Corte Suprema de Justicia parecen existir dos sensaciones aparentemente contradictorias. Serenidad y preocupación. Sin embargo, ambas son perfectamente perceptibles. La muerte del juez Enrique Petracchi dejó al tribunal con el exacto número de miembros (cinco) que prevé la ley, pero el juez Eugenio Zaffaroni ratificó que se jubilará entre diciembre y enero; en este último mes cumplirá los 75 años que prevé la Constitución para la jubilación de los jueces de la Corte. Habrá una vacante. En despachos del máximo tribunal no se descarta que otro juez, Carlos Fayt, con 96 años de edad y no comprendido por la reforma constitucional de 1994, decida jubilarse en algún mes de 2015. Habría, en tal caso, dos vacantes potenciales.
Los ministros de la Corte y los funcionarios más importantes de esa institución debatieron en las últimas horas sobre el futuro del tribunal. La primera conclusión que sacaron es que pronto quedará expuesto lo que realmente ocurrió en los últimos siete años.
Todos los fallos importantes fueron trabajados en la vocalías del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y de los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. "Todos sabemos que las sentencias que hicieron conocida a la Corte en los últimos años fueron elaboradas por esos jueces", dijo uno de los más importantes funcionarios del cuerpo.
En muchos casos, la fallecida jueza Carmen Argibay y el propio Fayt escribieron sentencias en disidencia con la mayoría. Sólo adhirieron al voto mayoritario en un diez por ciento de los casos. Petracchi generalmente adhería con voto propio o directamente sumándose. El caso de Zaffaroni es especial : es un jurista que participa siempre de congresos, seminarios y conferencias en el exterior del país. Viaja con mucha frecuencia. No existe un solo expediente en el que la Corte haya resuelto según la posición inicial de Zaffaroni.
Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda están muy lejos de jubilarse. A Lorenzetti le quedan cerca de 15 años como juez; a Highton de Nolasco, cinco años más, y a Maqueda, 11 años. Esto quiere decir que no habrá ningún problema mientras la Corte cuente con cinco jueces. La mayoría es fácilmente alcanzable, porque se necesitarán sólo tres jueces. Podrían ser aquellos u otros los que construyan la mayoría, según los casos. La vacante que dejará Zaffaroni significará que la Corte tendrá cuatro miembros, pero de un tribunal de cinco. La mayoría necesaria seguirá siendo de tres. En caso de empate, dos contra dos, la Corte podrá convocar a presidentes de las cámaras federales para que hagan las veces de conjueces del tribunal. Lorenzetti se ha ocupado en los últimos años de cultivar una buena relación con esos jueces de las cámaras, con quienes se reúne una vez por mes.
Estos son los motivos que alimentan la serenidad. Sobrevive, a pesar de dos muertes recientes, el núcleo duro de jueces que le dieron una orientación definida a la Corte en los últimos años. La jubilación de Zaffaroni no obligará a un replanteo de la Corte porque ésta hasta podría recurrir a conjueces.
La preocupación comienza cuando voces del oficialismo plantean la necesidad de nombrar jueces para cubrir las futuras vacantes o cuando se anuncian posibles aumentos en el número de los miembros del tribunal. El diputado kirchnerista Carlos Kunkel, que suele expresar o inspirar los pensamientos de Cristina Kirchner, se apuró en las últimas horas para anunciar que el Gobierno propondrá un reemplazante para Zaffaroni. El viceministro de Justicia, Julián Álvarez, que también escucha a la Presidenta, dijo que la actual ley que fija el número de miembros de la Corte podría se modificada para ampliar la cantidad de jueces del máximo tribunal.
La ley actual fue una iniciativa de la entonces senadora Cristina Kirchner, en 2006, que promovió achicar el número de jueces de la Corte para diferenciarse del menemismo, que lo había ampliado hasta nueve miembros. La Presidenta se ha rectificado en los hechos de muchas cosas que hizo o dijo, pero, de todos modos, debería explicar ahora por qué se equivocó hace ocho años. El propio Zaffaroni, también de impecable acceso a la conducción del Gobierno, tiene un proyecto para ampliar el número de miembros a nueve. El proyecto se completa con la creación de tres salas, de tres miembros cada una, para agilizar la resolución de los casos que llegan a la Corte.
El radicalismo será un protagonista clave en los tiempos que vienen para la Corte Suprema. El bloque de senadores radicales tiene la llave para que el Senado consiga los dos tercios de los votos, mayoría indispensable para el acuerdo de los jueces de la Corte. Sin el radicalismo, el Senado no puede acceder a los dos tercios. Es improbable, casi imposible, que ese partido le abra la puerta a la designación de un reemplazante de Zaffaroni.
Una situación nueva podría producirse si Fayt decidiera jubilarse. La existencia de dos vacantes podría impulsar una negociación entre el Gobierno y el radicalismo para cubrir una vacante cada uno. Esta es la estrategia que Zaffaroni sugirió en conversaciones privadas. Sin embargo, una declaración pública de ayer del presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, precandidato presidencial, desalentó en principio esa posibilidad. "La Corte puede funcionar hasta con tres jueces", dijo, y promovió que la designación de los nuevos jueces sea postergada hasta el arribo de un nuevo gobierno. El radicalismo puede ejercer su implícito derecho a veto aun en el caso de una ampliación del número de miembros de la Corte. El tribunal podría tener más miembros, pero no podría nombrar a ninguno sin los radicales.
Vamos a lo que puede probarse. Si Fayt se jubilara, la Corte quedaría, en efecto, con tres jueces: Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda. Pero su integración sería de cinco. Es cierto que el tribunal podría funcionar con tres miembros, aunque debería recurrir a conjueces cuando no existiera unanimidad, el voto coincidente de los tres. Los conjueces son para la Corte, vale repetirlo, los presidentes de las cámaras federales, no los propuestos recientemente por el Gobierno.
Lo que sobresale del clima palpable en la Corte y de la propias declaraciones del senador Sanz es la preocupación generalizada por una nueva embestida del Gobierno para tomar el control de la Justicia. Nadie espera candidatos razonables de la administración de Cristina Kirchner, y todos aspiran a que los futuros jueces supremos del país sean designados por el gobierno que accederá al poder el 10 diciembre de 2015.
Los candidatos oficialistas que se conocieron para jueces de la Corte no dejan dudas de que se busca militancia y no solvencia jurídica. Se mencionan al secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, y al camarista Alejandro Slokar, integrante de Justicia Legítima. El Gobierno acaba de tropezar con un serio escollo electoral para tomar el control del Consejo de la Magistratura. Hizo lo que pudo, y también lo que no podía ni debía, para alcanzar los dos tercios del Consejo, mayoría que le hubiera permitido nombrar y destituir jueces.
No lo logró, pero la tragedia de dos muertes consecutivas entre los jueces de la Corte Suprema, y las posibles jubilaciones de otros dos, le permite la esperanza de hacerse con lugares cruciales en la cima misma del Poder Judicial. El radicalismo en el Senado será siempre, y en cualquier caso, la última frontera para impedir un nuevo disparate.
