El hecho de que varios buques que transportan gas natural licuado hayan sufrido en las últimas semanas largas demoras para descargar en dos puertos de nuestro país es otra muestra del cortoplacismo y de la mala praxis con que nuestras autoridades asumen los problemas del país y encaran sus compromisos. Cuatro barcos han estado esperando en Bahía Blanca y tres, en Escobar. Por cada cargamento el Gobierno paga unos 50 millones de dólares. Si no los descarga, las multas oscilan entre 50.000 y 75.000 dólares por cada día de retraso.
Una de las versiones en la que coinciden importadores y fuentes consultadas en ambos puertos es que la demora en descargar fue consecuencia de que Energía Argentina SA (Enarsa) -responsable de las compras de gas- no podía obtener los dólares suficientes para pagar ese combustible. Lo que ya no resulta curioso -pues casi todas las importaciones que realiza nuestro país están pasando por esta penosa y deliberada situación de falta de divisas- no puede dejar de resultar alarmante. La Argentina importa gas para abastecer el consumo interno desde 2008. Iba a ser una medida provisoria. Sin embargo, seis años después seguimos importando y pagando mucho más de lo que abonan otros países, con el perjuicio de que ya no quedarían dólares para hacer frente a esos compromisos.
De los barcos afectados por esta situación, el primero había llegado al país el 22 de septiembre. Según un comunicado del Ministerio de Planificación, "por la alta marea no fue posible durante cinco días el ingreso de ningún buque a los puertos de Bahía Blanca y Escobar, debido a fuertes vientos". Sin embargo, esa explicación - de ser cierta- es a todas luces insuficiente, pues no detalla la razón por la cual algunos estaban allí desde fines del mes pasado sin poder descargar. En tanto, para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, la cuestión se debió a "problemas logísticos".
Cabe imaginar otra razón no explicitada o tal vez insinuada en los "problemas logísticos". Las temperaturas benignas de este invierno, la recesión y los aumentos tarifarios produjeron una disminución de la demanda que las autoridades responsables no fueron capaces de proyectar. No habiendo posibilidades de almacenar en tierra el gas en estado líquido ni gaseoso, se lo mantiene a altísimo costo en los mismos barcos que lo han transportado.
Cualquiera que sea el motivo, escasez de dólares o impericia para prevenir y organizar, el Gobierno resulta culpable de lo que, a todas luces, es un costosísimo desatino. Que el proceso de regasificación que se realiza en los puertos se reanude no significa que el problema esté subsanado. Nada garantiza que no haya nuevos errores, imposibilidad de pago, demoras y más multas y sobrecostos.
La incertidumbre que generan estas políticas cortoplacistas, el cepo cambiario y el cambio de reglas de juego nos ponen en una desventaja insalvable respecto de otros países con necesidades similares de importación, además de la vergüenza que, como argentinos, nos produce esta situación.
Hoy son los buques metaneros, pero todos los días faltan insumos importados en infinidad de áreas de nuestro país, entre ellas, una de las más delicadas es la de la salud. El Gobierno, en tanto, se sigue resistiendo a tomar nota de los daños que ha venido provocando. Y sin sinceramiento es imposible que haya soluciones de fondo.
