Por Carlos Pagni.
En su flamante libro Cosa juzgada fraudulenta, el penalista Federico Morgenstern abrió un inquietante debate: sostiene que el concepto de "cosa juzgada", por el que un proceso judicial fue clausurado, debe relativizarse en casos especiales. Por ejemplo, cuando es evidente que el juez cometió irregularidades o no quiso investigar. La revisión está prevista en el artículo 479 del Código Procesal Penal y en la jurisprudencia sobre derechos humanos.
Isabel Perón fue víctima de este criterio en el célebre caso del cobro de un cheque de la Cruzada de la Solidaridad. Juan José Galeano también podría serlo por su desempeño como juez del caso AMIA. Sin embargo, cada vez que expone su teoría, Morgenstern debe aclarar que no fue pensada para el sobreseimiento con que el juez Norberto Oyarbide benefició a los Kirchner, sospechados de enriquecimiento ilícito.
En el artículo 5 del nuevo proyecto de Código Procesal se advierte que la Presidenta está alarmada con esta discusión: estableció que sólo se pueden revisar sentencias a favor del condenado
Por Carlos Pagni.
El deterioro de la situación socioeconómica y la perspectiva de un cambio de gobierno están modificando un rasgo sobresaliente del paisaje político de los últimos cuatro años: los grandes sindicatos están por volver a reunirse en una sola CGT.
Las negociaciones para esa unificación llevarán tiempo. Tal vez concluyan en marzo. Pero la novedad relevante es que, con una economía en recesión, el Gobierno deberá enfrentar a un sindicalismo cada vez más coordinado en sus reclamos. Una mutación inquietante si se la lee contra el telón de fondo de un fenómeno más general, la indisciplina del empresariado, tal como apareció en el Coloquio de IDEA.
El puente para un acuerdo sindical fue construido por dos grupos.
Los representantes de la CGT disidente son Hugo Moyano (camioneros), Guillermo Pereyra (petroleros privados), Amadeo Genta (municipales), Gerónimo Venegas (rurales), Juan Carlos Schmidt (dragado) y Oscar Mangone (gas). Por la CGT Balcarce intervienen Gerardo Martínez (construcción), Andrés "Centauro" Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri, "Mr. Cloro" (AySA). El gran ausente: Antonio Caló (UOM), el secretario general de esta última central, sobre cuya cabeza se discute la nueva configuración.
Estos dirigentes realizaron hace diez días su tercera reunión. Para mantener la reserva prefieren encontrarse en casas particulares. Las primeras aproximaciones fueron terapéuticas. Es lógico. Hay que sentar a la mesa a personas que se odian entre sí. Por eso fue risueña la premisa propuesta por uno de los asistentes para el primer encuentro: "Antes de unirnos, intentemos tolerarnos. Es decir, no decirnos todo lo que pensamos unos de otros".
Que estos caciques estén dialogando es la medida más expresiva de la amenaza que perciben en la economía. Axel Kicillof fue, sin saberlo, un desencadenante decisivo de la unidad sindical. El 14 de septiembre pasado, Cristina Kirchner le ordenó reunirse con Martínez, Rodríguez, Lingeri, Caló y Omar Viviani (taxistas) para intentar seducirlos.
Pero, en vez de dar respuestas razonables a esos prosaicos interlocutores, Kicillof intentó subirlos a su nave intergaláctica, para visitar la historia de la concentración de la riqueza, las maquinaciones del imperialismo y las ventajas de la planificación centralizada. Fue la última evidencia que estaban esperando los gremialistas para tomar distancia del Gobierno. En los sindicatos analizan otras señales contundentes. Por ejemplo, en septiembre el consumo con tarjeta de crédito cambió su composición: cayeron las compras en shoppings y aumentaron las de supermercados. El Banco Central registró también una estadística alarmante: la cantidad de cheques rechazados llegó al 6%. Es el nivel más alto desde enero de 2002, cuando había tocado el 12%.
El humor social coincide con ese paisaje. La consultora Isonomía acaba de realizar un estudio sobre cómo el público percibe el deterioro económico. Según esa investigación, el 41% de los consultados cree que su situación personal es peor que la de un año atrás. El 44% cree que está igual. Y sólo el 15% se siente mejor. Pero cuando se pregunta por la situación del país, el 66% cree que está peor. Hubo trances más difíciles: en febrero, después de la devaluación, esa impresión dominaba al 75%.
El sondeo tiene bastante coherencia interna. El 67% tiene poca confianza en que en los próximos 12 meses tendrá el dinero suficiente como para pagar los gastos de la casa. Sólo el 30% tiene mucha confianza en que lo logrará.
El 32% de los consultados atribuye a la economía los problemas principales del país. El 12% cree que el más grave es la inflación. Sin embargo, la inseguridad sigue liderando las angustias de la sociedad: 42% cree que es el peor de los males.
El desasosiego material amenaza con convertirse en un factor de movilización social. En las redes sociales se está convocando a un cacerolazo para la tarde del 13 de noviembre. Las razones ya no son sólo de carácter institucional: por primera vez el malestar de la economía está entre las primeras consignas de los organizadores. Uno de ellos lo explica así: "Queremos plantear un límite, porque el kirchnerismo toma decisiones como si se fuera a quedar otros cuatro años, y la oposición actúa como si las elecciones fueran dentro de cuatro semanas". No debería extrañar que algunos gremios enfrentados al Gobierno se sumen a la aventura.
El panorama económico tiene alarmados a todos los sindicalistas. Llega diciembre y comienza a advertirse la insuficiencia de los ingresos. Los asalariados han perdido, promedio, entre 6 y 10% de su poder adquisitivo. Es la diferencia entre los ajustes pactados en las paritarias y el nivel de la inflación, que todos ubican en 40%. Por esta razón, la nueva etapa de coordinación sindical se inaugura con el pedido de un bono de fin de año de 4000 a 6000 pesos. Algunas organizaciones presionarán para reabrir la discusión salarial con los empleadores.
La reconciliación sindical debe superar varios inconvenientes. Entre ellos está una evaluación distinta del kirchnerismo. Actividades como la construcción, por ejemplo, se habían contraído hasta tener sólo 50.000 empleados en blanco. La recuperación económica llevó esa cifra a 450.000. Pero la crisis actual puede destruir 100.000 puestos de trabajo. Entre los metalúrgicos de Caló y los mecánicos de Ricardo Pignanelli la secuencia es parecida: les fue muy bien durante la bonanza, pero ahora son los más castigados por la recesión.
Los negociadores pretenden resolver divergencias políticas aislando las demandas gremiales del alineamiento electoral de cada dirigente. Algunos tienen compromisos con Massa. Moyano y varios independientes, como el "Centauro" Rodríguez, dialogan con Macri. Caló y Pignanelli esperan instrucciones de "la Señora".
También hay querellas personales difíciles de superar. ¿Cuánto tiempo le llevará al taxista Viviani olvidar que su antiguo mejor amigo, Moyano, lo trató de "enano traidor"? Ni siquiera se sabe cuál de las dos descalificaciones le molestó más.
Otro inconveniente por resolver es el formato de la nueva CGT. Nadie quiere que se repita la experiencia de Moyano, que aprovechó el poder delegado para negociar en su beneficio. Hasta ahora la receta más probable es la de un triunvirato del que queden excluidos los dirigentes más subordinados a Cristina Kirchner. También los más enfrentados. Allí podrían figurar Sergio Palazzo (Bancaria), Héctor Daer (Sanidad) o Schmidt.
El nuevo artefacto debe controlar a un electrón loco: Luis Barrionuevo. Martínez, de Uocra, señaló, arriesgando su amistad con la Presidenta, que Barrionuevo "es un dirigente relevante que no debe quedar fuera de la nueva organización". Pero el gastronómico no acepta integrarse a una CGT que no tenga como programa la confrontación con el Gobierno. El jueves pasado volvió a decírselo a Moyano: "Nuestro programa debe ser mínimo no imponible de Ganancias, inflación e inseguridad".
El reacercamiento sindical es el resultado de dos movimientos. Así como para la CGT oficial llegó el tiempo de endurecer los reclamos, Moyano se ha vuelto pacifista por culpa de varias tribulaciones personales. Una de ellas es la causa judicial por adulteración de troqueles medicinales, que tiene como imputada a Liliana Zulet, su esposa, convertida ahora en aliada de la Presidenta en la preservación de la paz social.
En las últimas semanas Moyano sufre otra pesadilla. El derrumbe del Grupo Rhuo, que comanda Patricio Farcuh, el otro yo de Pablo Moyano. Farcuh ya presentó en convocatoria las empresas Guía Laboral, de personal temporario, y Pertenecer, de arreglos urbanos. La situación más comprometida es la de Guía Laboral, ya que, según comentan amigos de Moyano, podría arrastrar a la compañía de correo OCA. Es otra firma del grupo, comandada por Jorge González, quien representaba a Moyano como segundo de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transportes. Un paraíso perdido.
El problema de OCA es que, aun cuando sigue concursada, habría financiado a Guía Laboral durante meses a cambio de cheques que, ahora, serían incobrables. Moyano, que gravita en OCA como si fuera el dueño, ya comentó con varios allegados el problema y su intención de salvar lo que se pueda del conglomerado dirigido por Farcuh.
Este desbarajuste empresarial figura en un informe que Cristina Kirchner tiene sobre la mesa. En el dossier aparece un gráfico que consigna las compañías allegadas a Moyano y los parientes que trabajan en ellas. Lo elaboró un equipo que trabaja en la Superintendencia de Salud.
Hoy se cumplen cuatro años de la ruptura virtual con el camionero. El 27 de octubre de 2010 Néstor Kirchner tenía previsto comer con Oscar Lescano para pactar su defenestración de la CGT. Kirchner no llegó a esa noche. El organizador del encuentro frustrado fue Juan Carlos Fábrega. Lescano falleció en septiembre del año pasado. Antes, reconciliado con Moyano, impulsó la unificación que hoy está en marcha. Todo fluye.
