Por Julio Blanck.

Parece que a los jueces ya no van a correrlos a fuerza de bravatas, promesas de beneficio mutuo o amagues de carpetazos. La gracia del fantasma es que asuste; cuando deja de meter miedo empieza a parecer apenas una sombra patética. Así están las cosas para la Presidenta y su muy investigada corte de ministros, socios (o personas con “vínculos comerciales” como definió Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP) y parientes. Son malas noticias y puede haber más. Y esto recién está empezando.

Es curioso cómo la Justicia, que suele ser ciega, equilibrada y sobre todo lenta, a veces se mueve con la velocidad del rayo.

Sin ir más lejos, ayer la sala II de la Cámara Federal que integran Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah rechazó una apelación de Amado Boudou y confirmó el dictamen fiscal de elevación a juicio oral de la causa en la que el todavía vicepresidente está procesado por falsear papeles del automóvil Honda Del Sol, color rojo, modelo 1992, que trató de escamotear del reparto de bienes en su divorcio.

Menos de una hora después el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral esa causa contra Boudou, que ha demostrado ser un malandrín de vieja data.

Suceden estos acontecimientos en simetría con el último capítulo de la apasionante saga del avance kirchnerista sobre la Justicia. Su eje principal es la reforma del Código Procesal Penal que da vía libre a la procuradora Alejandra Gils Carbó para crear lo que la familia judicial denomina, con la peor de las intenciones, una “fuerza de tareas” de fiscales especiales capaces de tomar el timón de las causas más sensibles al poder.

Dice un político que conoce bien a los jueces, tanto que ayudó a unos cuantos de ellos a llegar a sus sillones de magistrado: “Es tan torpe el Gobierno que metió la mano en los tribunales como si fuera a sacar una abeja de un panal. Lo único que consiguió es que todas las abejas se le vengan encima”.

La abeja a cazar esta vez es Bonadio, que tiene a la Presidenta, a su señor hijo y a su “vínculo comercial” Lázaro Báez, entre otros caracterizados ciudadanos, bajo investigación por algunos aspectos poco diáfanos de sus negocios hoteleros.

Ayer la titular de la empresa Hotesur, hija de Alicia Kirchner y sobrina presidencial, Romina Mercado, recusó a Bonadio y pidió que se aparte de la causa. De manual. Bonadio seguro rechazará la recusación. Deberá decidir una de las dos salas de la Cámara Federal.

La carátula de la causa 11352/14, siempre es bueno recordarlo, reza así: Fernández de Kirchner, Cristina y otros sobre abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Es la Presidenta en persona la que está involucrada.

Las abejas del panal se están defendiendo entre sí. Los jueces federales se juramentaron esta vez, después de tanto tiempo, no apartarse un milímetro de lo que marquen los expedientes. Los fiscales van en la misma dirección. Los camaristas pueden decir que ellos marcaron el camino. Irurzun y Cattani, dos de los que ayer le rechazaron la apelación a Boudou, se bancaron sin aflojar cuanta ofensiva les tiró encima el menemismo en los 90. Son muchachos curtidos, callados, difíciles de asustar y menos por fantasmas en inexorable retirada.

La abeja a cazar, hace dos años y medio, fue el juez Daniel Rafecas, el primero que le empezó a seguir los pasos a Boudou en el caso Ciccone. En la Semana Santa de 2012 el vicepresidente –con permiso e impulso de la Presidenta– le apuntó a la cabeza. Esa vez el panal se quedó quieto. Los que tiraban tenían un 54% de respaldo electoral flamante. El miedo no es zonzo.

Aquella vez Cristina y Boudou se llevaron puestos a Rafecas, al fiscal Carlos Rívolo y provocaron la renuncia del procurador Esteban Righi. Hoy la reedición de ese escenario es imposible aunque el Gobierno vuelva a actuar parecido. Pérdida del sentido de realidad, se llama.

Si todo sigue así, Boudou será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1. Eso sucedería a partir de marzo próximo. Es inocente de la truchada de papeles del Honda Del Sol hasta tanto se demuestra lo contrario. Pero si se demuestra lo contrario, hasta podría ir preso.

No es el único escarmiento judicial que le llueve al vicepresidente por sus muchas trapacerías. Con el escudo protector político resquebrajado, la docena de causas en las que está embarrado no permitían augurarle otro presente, ni otro futuro del que le espera.

El juez Ariel Lijo, que tomó la posta de Rafecas en 2012 y siguió adelante hasta procesar a Boudou por el escándalo Ciccone, también está husmeando en el patrimonio del buen Amado. La causa es por enriquecimiento ilícito, un delito en el cual se invierte la carga de la prueba: el acusado debe demostrar su inocencia, en lugar de tener el fiscal y el juez que demostrar su culpabilidad.

Lijo, un tipo tranquilo y determinado, muy cuidadoso de su carrera, con muchos amigos en el peronismo y varios de ellos en el Gobierno, mandó esta semana a la Gendarmería al Ministerio de Economía para obtener documentación sobre los viáticos que se pagaba a sí mismo Boudou cuando encabezaba esa cartera. Parece que hay algunos numeritos que a Su Señoría no le cierran.

Boudou era ministro cuando se armó el grueso del escándalo Ciccone. Sucedió entre la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, y su consagración como vicepresidente de Cristina, exactamente un año después. Por lo visto, la maniobra para quedarse con la fábrica de billetes no fue su única aventura de ese tiempo.

Por descuido, negligencia o solidaridad con Boudou, desde Economía no le habían enviado a Lijo la información completa. Le dieron detalle de los viáticos de Amado cuando viajó al interior del país. Pero se olvidaron de los viajes internacionales. El juez mandó a los gendarmes con una orden de presentación, paso previo al allanamiento. Menuda gracia le haría a Axel Kicillof ver su ministerio allanado por retacear información sobre Boudou.

Las casualidades empiezan a abundar. Mientras Lijo aprieta el paso en la causa por enriquecimiento ilícito de Boudou, en los tribunales se presume que muy pronto la Cámara Federal –sala I, con Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y el ya mencionado Farah– podría confirmar el procesamiento del vicepresidente y la otra media docena de involucrados en el caso Ciccone.
Según circula en ese ambiente, los camaristas además le dirían al juez que amplíe el radio de su investigación, tal como en su momento solicitó Jorge Di Lello, el fiscal que sucedió a Rívolo en esa causa. Si esto ocurre, quizás algunos funcionarios importantes, y alguna gente del mundo del dinero y las finanzas, empiece a tener cierta dificultad para conciliar el sueño.

Ya hay una lista de los potenciales insomnes a causa de los avances, tardíos quizás pero ahora firmes, de la Justicia.

El ministro de Justicia, Julio Alak, está citado a indagatoria la semana próxima por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Es por presuntas irregularidades en su anterior desempeño como director de Aerolíneas Argentinas. Por ejemplo, no advertirle en su momento al Gobierno que la empresa que estaba por estatizar se encontraba en una situación calamitosa.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y sus dos antecesores inmediatos, Juan Manuel Abal Medina y el hoy senador Aníbal Fernández, están imputados en el expediente que sustancia la doctora María Servini de Cubría por aparentes destinos erráticos, inadecuados, de una porción de los caudalosos fondos de Fútbol para Todos.

En fin, que de Julio De Vido y Axel Kicillof para abajo, no hay ministro al que se le niegue una denuncia aquí, una causa abierta allá.

Nótese la odiosa acumulación de desasosiegos para la señora Presidenta, que así y todo, con el relato un tanto cascado, se apresta a celebrarse a sí misma mañana en Plaza de Mayo, en la titulada Fiesta de la Democracia.

Por Fernando Laborda.

Nadie puede considerar como un dato menor que, por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente de la Nación deba ser sometido a juicio oral o que afronte una decena de causas judiciales, vinculadas con hechos de corrupción, negocios incompatibles con la función pública y falsificación de documentos públicos.

El desafío, en todo caso, no es tanto para Amado Boudou , un funcionario a quien nadie escucha y cuya muerte política ha sido decretada hace bastante tiempo por la realidad. El verdadero desafío es para los senadores oficialistas, que mayoritariamente desearían que el vicepresidente se tomara una justificada licencia, y para la presidenta Cristina Kirchner, a quien los tiempos de la Justicia le empiezan a jugar una mala pasada.

La jefa del Estado seguía creyendo hasta ayer que entregar a Boudou constituiría una fuerte señal de debilidad, sobre todo en momentos en que venía avanzando su campaña discursiva contra los principales enemigos que imagina, que no son otros que las denominadas corporaciones judicial y mediática.

A Cristina Kirchner puede inquietarla un descenso de su imagen en la opinión pública por no soltarle la mano a su vicepresidente. Pero mucho más le preocupa que se perciba una disminución de su poder para controlar la agenda política o que se la vea cediendo a supuestas presiones de sus presuntos enemigos.

Mantendría la Presidenta, entonces, su postura de jugadora compulsiva, llamada a doblar su apuesta ante cualquier contingencia. Mientras tanto, en el kirchnerismo se esperará que el juicio oral dispuesto contra Boudou por el juez Claudio Bonadio por el falseamiento en la documentación de un automóvil se demore lo suficiente como para que no influya en las elecciones.

En el oficialismo hay quienes piensan que el desgaste que le causó Boudou al Gobierno no debería ser mayor que el ya producido. Claro que, en la misma vereda, están quienes consideran que la Presidenta cometió un grave error al no apartar hace tiempo al vicepresidente, esto es, cuando sus escándalos comenzaban a aflorar.

Aquí es donde entran a jugar las hipótesis acerca de por qué Cristina Kirchner desafió el sentido común y no forzó a su compañero de fórmula a pedir licencia y ahorrarse así los fallidos trucos de magia con los cuales el oficialismo intentó esconder al vicepresidente.

Las especulaciones son varias. Una es que la Presidenta no quiso dar el brazo a torcer, deshaciéndose de un funcionario que ella eligió personalmente; en otras palabras, la soberbia presidencial se impuso sobre el sentido común.

Otra explicación es que detrás del negocio con la calcográfica Ciccone habría estado el propio Néstor Kirchner, quien le habría encargado a Boudou la tarea de impedir que otro grupo empresario, como Boldt, al que el ex presidente asociaba en aquel momento con Eduardo Duhalde, pudiera quedarse con la imprenta.

Pero hoy la principal razón que advertiría Cristina Kirchner para seguir respaldando a Boudou en su cargo sería su convicción personal de que no hacerlo constituiría una derrota ante las imaginarias corporaciones que ella dice combatir.

Llamativamente, la cerrada defensa del vicepresidente contrasta con actitudes muy diferentes que tuvo Néstor Kirchner cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, el despido de la ministra de Economía Felisa Miceli luego de que se descubriera una bolsa con dinero en el baño de su despacho, o de funcionarios involucrados en el caso Skanska.

Claro que el colmo de las contradicciones se advierte si se recuerdan los argumentos que se esgrimieron desde el kirchnerismo para suspender en sus funciones al fiscal José María Campagnoli, por el presunto delito de excederse en sus funciones para investigar hechos ilícitos atribuidos a Lázaro Báez y al poder político.

Con la presentación judicial por la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento, los empresarios dan por cerrada la agenda 2014. La del año próximo comenzará en un asado, a mediados de enero, en la coqueta chacra Mamá Ganso, que es propiedad del banquero Jorge Brito (también titular del Banco Macro y presidente de ADEBA). Si bien ese encuentro es un clásico de cada verano esteño donde se reúnen los principales referentes, CEOs y directivos de las empresas que más facturan y emplean en el país, la edición 2015 promete más pimienta que en las últimas ocasiones. Será la reunión en la que el empresariado punteará los principales ejes económicos del último año de gestión de la presidenta Cristina Kirchner.

La inflación, la inversión y el nivel de empleo serán los platos fuertes de ese coqueto convite que, hasta ahora, promete batir record de asistentes. Concurrirán muchos ejecutivos que en otros años gambeteaban excusas insólitas para eludir esa foto; pero, esta vez con clima de final de ciclo, nadie quiere quedarse afuera. Incluso fuentes cercanas a esa reunión pronostican que también asistirían algunos pre-candidatos a la Presidencia.

Mientras tanto, los empresarios rescatan el canje de bonos más por su lectura política que por el efecto técnico que pudiera tener. Es que más allá del resultado del canje de bonos los hombres de negocios destacan que el Gobierno en general y este equipo económico en particular decidió salir al mercado por primera vez en 10 años. (Es decir, como dice el refrán popular ‘le torcieron el brazo’). Es cierto que el momento que se eligió para esa movida no es el mejor, ya que lanzaron la oferta durante las 48 horas de mayor caída en las bolsas de todo el mundo en los últimos meses y cuando el precio internacional del crudo está en su cotización más baja de los últimos 5 años.

En el sector privado se valora más el gesto político que el impacto técnico o económico que podría tener el canje de bonos en sí. Fuentes del sector financiero descuentan que este lanzamiento fue resultado de una negociación previa con fondos extranjeros que garantizarían los u$s 3000 millones que el Gobierno pretende obtener para, entre otras cuestiones, fortalecer las Reservas del Banco Central. Claro que, una vez más, esas supuestas discusiones deben haberse dado previamente al derrumbe en las bolsas de todo el mundo, el de la porteña en particular y de las acciones nacionales dentro y fuera del país.
Están en juego las expectativas sobre los próximos seis meses. Como se señaló en el almuerzo del Cycip, que preside Eduardo Eunerkian, en el coqueto Hotel Alvear en los últimos días: si hubiera una exitosa colocación el horizonte de inicio de las conversaciones con los bonistas se aleja mientras que en el caso contrario se acercaría. Allí disertaron ante una atenta audiencia los economistas Guillermo Nielsen, Daniel Marx y Miguel Kiguel quienes con matices coincideron en que el costo del financiamiento para la Argentina seguirá siendo caro hasta que no haya concretas señales de cambio de rumbo en la economía. Los especialistas además coindicieron en que el crecimiento económico 2015 estará ausente con el consecuente impacto en los puestos de trabajo.

Entre las urgencias, hay sectores preocupados por los avances inesperados de algunos proyectos legislativos en las maratónicas sesiones de fin de año. Los laboratorios observan atentos uno que defiende la producción de genéricos en manos del Estado. Sobre un total de 109 laboratorios que producen medicamentos en el país, 94 son de capital nacional y allí sostienen que es "un ataque injustificado" que apunta a morder "la caja del sector". Le atribuyen la redacción de esta iniciativa al viceministro de Salud, Daniel Gollán, referente de La Cámpora y quien, por estas horas, contaría con el respaldo de la Presidenta (quien no le atendería el teléfono al otrora su preferido, el ministro Juan Luis Manzur).

Entre los comercios los ánimos tampoco están calmos. En la mesa chica de la Cámara de Comercio, que preside Carlos de la Vega, analizan el impacto sobre el empleo que tendría una iniciativa del diputado oficialista Héctor Recalde. Insiste en que los comercios cierren sus puertas al público los sábados a las 13 hs. Esto se reactivó justo cuando en el sector denunciaron un crecimiento de 45,5% en la venta ilegal en el último año.

Por último, las eléctricas no parecen plantear un verano tranquilo para los hogares argentinos. Mientras que el Gobierno insiste en que aplicará multas por los cortes de luz (que, en estos últimos días volvieron a sentirse) ningún funcionario garantiza que el suministro eléctrico no vuelva a colapsar. Así se plasmó claramente en una reunión que se realizó el miércoles en la Comisión de Defensa del Consumidor que preside la diputada radical, Patricia de Ferrari. "Hablan de avances en el último año, evidenciando que el Gobierno se activó para dar alguna respuesta en materia energética después de la crisis del verano pasado, tarde y mal, porque no llegarán a atender la necesidad del verano que empieza", sintetizó la legisladora.