Por Marcelo Bonelli

Cristina Kirchner dio la orden a los gritos : “Quiero que me saquen a Bonadio de encima.” La Presidente trasmitió la directiva a sus propios operadores judiciales. Los reproches los recibieron Carlos Zannini, Julián Alvarez y varios dirigentes de La Cámpora que ahora avanzan para apartar –de momento sin éxito– al juez que investiga cómo se enriqueció la Presidenta.

Romina Mercado, la sobrina y confidente de Cristina, dio otro zarpazo: ayer recusó a Bonadio.

La furia contra el magistrado obedece a un temor: que Bonadio cumpla con su promesa de extender la investigación a la evolución patrimonial de Máximo y Florencia. La Presidenta no admite que se pase ese límite y lo considera personal y políticamente inaceptable.

La cuestión se trató en varias herméticas reuniones de negocios. En las cúpulas de la Unión Industrial, la Asociación de Bancos y la Asociación Empresaria existe una idéntica información. Los directivos liderados por Héctor Méndez, Jorge Brito y Jaime Campos manejan datos confidenciales sobre el temor presidencial por la marcha de la causa.

En esos encuentros insisten que la investigación afectó emocionalmente a Cristina, porque hay muchas desprolijidades que probarían que las cuentas no cierran con el crecimiento de los ingresos de la Presidenta.

Así lo dijo Brito en la intimidad del Grupo de los 6 : “El caso pega en la línea de flotación de Cristina”. Adelmo Gabbi insiste en lo mismo.

También, porque trascendió que Bonadio habría confirmado que otro empresario de la construcción realizó tareas idénticas a las de Lázaro Báez: alquiló por cifras millonarias habitaciones en los hoteles presidenciales que nunca se ocuparon. Se trataría del fallecido hotelero Juan Carlos Relatz.

El asunto fue tratado en una cerrada reunión de jueces federales. La piloteó el equipo de Ariel Lijo y estuvo a punto de concurrir Ricardo Lorenzetti.

El cónclave se hizo en el departamento de un familiar de los magistrados y ahí los jueces manifestaron estar cansados del maltrato político y de la ofensiva de la Casa Rosada para colonizar el Poder Judicial.

Hablaron de estrategia y para eso coincidieron en dos cuestiones claves. Primero van a acelerar todas las investigaciones de corrupción y eso se refleja en la intensa actividad que tuvieron los jueces en los últimos días.

Ayer Bonadio respondió a los ataques elevando a juicio oral a Amado Boudou. Ariel Lijo allanó el Palacio de Hacienda y Rodolfo Canicoba Corral –después de mucho tiempo de parálisis– va a enviar un exhorto a la Securities and Exchange Commission para conocer detalles de la investigación que en la SEC roza a Julio de Vido y a Mario Das Neves.

Pero los magistrados también acordaron otro punto: ser extremadamente profesionales en las causas que involucran a funcionarios de alto nivel político y solo avanzar si hay pruebas concretas para evitar dar pasos en falso. Coinciden en que fue desprolija la citación a Julio Alak.

La información sensible obliga a los caciques fabriles a ser prudentes.

La gente de Héctor Méndez está preocupada por el impacto de la baja del precio del petróleo. La caída podría afectar a varios sectores fabriles. El propio Paolo Rocca, el industrial más importante de la Argentina, advirtió sobre las limitaciones que enfrenta Vaca Muerta con el desplome del precio del crudo.

En la Casa Blanca estiman que la economía internacional convivirá con estos valores por un par de años. La movida formaría parte de un acuerdo estratégico entre Arabia Saudita y EE.UU. para golpear a Rusia y su ayuda a Irán y Siria.

La situación internacional también afecta a YPF. Hasta ahora, Miguel Galuccio fracasó en sus promocionados planes de producción local y el actual bajón hiere su principal promesa: un boom de inversiones por Vaca Muerta. Hoy YPF vale solo 11.000 millones de dólares, cerca de lo que la Casa Rosada le pagó a Repsol por el 50% de paquete accionario.

Pero ahora Galuccio estaría ocupado en tapar un escándalo en la compañía: tuvo que desplazar a un íntimo funcionario para ocultar la firma de contratos supuestamente irregulares en los Estados Unidos. En las últimas semanas se fue de la filial de YPF en Texas su titular, Guillermo Jalfin. Era un hombre de máxima confianza de Galuccio. Jalfin fue ubicado en ese estratégico cargo por el propio Galuccio y ambos trabajaron juntos en la consultora Schlumberger.

La información sacudió el mercado petrolero y obligó a Galuccio a tratar de apagar los ruidos: Doris Capurro comunicó informalmente a medios especializados que el amigo de su jefe dejó el cargo por problemas de salud. En verdad, al ex titular de YPF Holding lo habrían desplazado porque lo acusaron de firmar contratos de servicios muy poco claros y por cifras importantes con la firma Karlin Pacific. Es una práctica que, sin demasiados controles, también se haría en Buenos Aires. La sospecha surgió a mediados de año, pero Jalfin se resistía a dejar el cargo y habría amenazado con blanquear otras operaciones que comprometerían a la conducción de YPF. Galuccio tuvo que enviar a Dallas al vicepresidente de Recursos Humanos, Fernando Dasso, para negociar una salida pactada del ejecutivo. Se inventó el tema de la salud.

La cuestión explotó en Neuquén. La empresa que YPF Holdings Inc. benefició en Estados Unidos aparece vinculada a una extraña concesión en Vaca Muerta.

El tema provocó otro choque entre el gobernador Jorge Sapag y la conducción de Galuccio. Y ya se cobró una víctima política: la semana pasada renunció el ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.