Por Carlos Pagni

El misterio Nisman está cambiando de significado. La pregunta inicial, ¿por qué se mató?, está dejando lugar a otra más inquietante: ¿quién lo mató? Las razones de esa mutación hay que buscarlas en las inconsistencias de las explicaciones y en la irregularidad de los procedimientos que caracterizan el trabajo para esclarecer esta muerte, macabra y estratégica. A medida que pasan los días, en vez de saberse más, se sabe menos. La perplejidad ante la mala praxis penal disimula y demora los interrogantes más dramáticos.

Son éstas: ¿existe en el seno de la democracia argentina un dispositivo criminal capaz de recurrir a la eliminación física para resolver los conflictos de poder? Una sociedad acostumbrada al asesinato mafioso presiente la irrupción del asesinato de Estado.

No hacía falta que Alberto Nisman denunciara a Cristina Kirchner por encubrimiento del ataque a la AMIA para que su deceso fuera de la máxima gravedad. Su muerte hubiera merecido los recaudos más extremos de la policía y los tribunales sólo porque era el responsable de la investigación de un atentado terrorista internacional ocurrido hace más de 20 años. Sin embargo, el protocolo con el que está siendo tratada esa desaparición registra el mismo nivel de chapucería que la administración energética, el combate de la inflación o la salud de la Presidenta.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue el primer funcionario que sostuvo que Nisman se había suicidado. Horas más tarde, en su disparatada carta del lunes, la señora de Kirchner escribió suicidio entre signos de interrogación. Esta discusión de entre casa en la cúpula del poder se alimenta con nuevos enigmas cada día. Ayer se supo que la puerta del departamento de Nisman no estaba cerrada. Y que la casa tenía un acceso adicional, no controlado. Estos interrogantes se agregan a los ya conocidos. El más importante es el papel de Diego Lagomarsino, el colaborador que, el día antes de su muerte, prestó al fiscal el revólver calibre 22 con el que, al parecer, se quitaría la vida.

Lagomarsino estaba muy vinculado con Nisman. Colaboraba con él en la fiscalía y facturaba por sus prestaciones 40.000 pesos mensuales. Figura como técnico informático. ¿Ofrecía también servicios en la Secretaría de Inteligencia (SI)? ¿Trabajaba para Antonio "Jaime" Stiusso? Son preguntas que trascienden de la pesquisa y que sería sencillo resolver. Alcanzaría con consultarlo a Stiusso. Hasta ahora, contra lo que indica el sentido común, nadie lo ha llamado. Fue hasta hace semanas el director de Operaciones de la SI y el hombre más próximo al fiscal en la investigación del atentado. A tal punto que según el juez Rodolfo Canicoba Corral era quien lo conducía. Además, el propio Stiusso denunció haber recibido amenazas, que están siendo analizadas por el fiscal Guillermo Marijuan. ¿Estarán relacionadas con el final de Nisman?

Alrededor del revólver 22 también hay acertijos. ¿Por qué el fiscal lo pidió si tenía un 38? La duda es más legítima si lo hizo para matarse. Un revólver 22 es menos letal que uno de mayor calibre. Respecto de esta intriga hay muchas fantasías. Se sabe por la literatura que el 22 es el arma preferida de muchos servicios de inteligencia: es silencioso y al no dar retroceso permite hacer dos tiros seguidos, lo que ofrece más garantías de dar en el blanco.

Hay más misterios. La mano de Nisman no tenía rastros de pólvora. "Lamentablemente", dijo la fiscal Viviana Fein. ¿Esperaba que los tuviera? Además, ¿por qué el secretario Berni pasó horas en el departamento antes de que llegara la Justicia? El SAME debió emitir un comunicado para aclarar que la ambulancia que envió al lugar fue rechazada en dos oportunidades. Y que se le informó de una muerte que todavía no había sido certificada por un médico.

Tampoco se ha precisado el momento de la muerte del fiscal. Los peritajes aventuran que fue alrededor de las 4 de la tarde. ¿Qué hizo hasta esa hora desde la noche anterior? Pasadas las 22 del sábado, Nisman mantuvo una última comunicación con algunos diputados que lo recibirían el lunes siguiente. El domingo a la mañana ya no contestaba llamadas. Ni siquiera retiró el diario del palier.

La Presidenta se preguntó, en su cuenta de Facebook, cómo es que Nisman pensó en defenderse con un revólver 22, si vivía en un edificio casi blindado, con 10 custodios personales. Si éste es el nivel de información con que ella se maneja, la situación es aún más preocupante.

Cualquier vecino de Le Parc de Puerto Madero sabe que la seguridad de ese edificio deja tanto que desear que hace tres meses, después de varios robos, estuvieron a punto de cambiarla. Varias cámaras de seguridad están desactivadas, es habitual que los guardias abran el portón de ingreso sin preguntar quién es el que entra, las dos torres están comunicadas por el garaje y muchos departamentos se alquilan por mes o por semana.

La versión más extendida afirma que la custodia de Nisman había sido liberada de sus funciones el viernes por la noche. A pesar de eso, hay vecinos que creen haber visto a dos de los agentes tomando mate durante horas en las cocheras de cortesía del edificio "inteligente". Si fuera cierto, no se habrían dado cuenta de que al departamento del fiscal había entrado Lagomarsino con un arma.

Nada que sorprenda. Nisman estaba custodiado por el sistema de seguridad que protege a todos los argentinos. Un mecanismo tan deficiente que el Gobierno se enteró de su muerte mucho después de que ésta hubiera ocurrido. Por ejemplo: el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Dominguez, seguía negociando con sus pares de la oposición las características de una presentación que, mientras él hablaba, ya no se haría. A la luz de estos "detalles", es lógico que la jueza Fabiana Palmaghini haya convocado a la Metropolitana para sostener su investigación.

La desaparición de Nisman se produjo en un marco general que vuelve más denso el estado de sospecha. El fiscal había quedado atrapado en el centro de una guerra entre facciones del aparato estatal de Inteligencia, que está fuera de control.

A raíz de su denuncia sobre encubrimiento comenzaron a brotar nombres de agentes secretos que no se sabe si son falsos o son ñoquis. Uno de ellos se llamaría Ramón Bogado. Oscar Parrilli, el secretario de Inteligencia, dijo que Bogado no revista en su dependencia y que ya fue denunciado por hacerse pasar por espía. Sin embargo, el cabecilla de Quebracho, Fernando Esteche, dijo que él se reunió con Bogado, que le fue presentado como "Christian", en la oficina del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, con quien el supuesto informante colaboraba.

Como una nueva prueba de calidad institucional, Esteche dijo que las reuniones eran para "discutir la condena" que se le planteaba por algunos episodios de violencia. Esta vez Esteche tendrá menos poder de negociación. Por eso recurrió al costosísimo Fernando Burlando. ¿Quebracho pagará los honorarios?

La UCR pidió reunir a la Comisión Bicameral de Inteligencia para que Parrilli explique la situación de Bogado y del ex juez Héctor Yrimia, también acusado por Nisman de ser espía encubierto.

Es posible que Parrilli tenga poco que decir. Los legisladores de esa comisión, que han pasado estos años bajo los efectos de una rarísima anestesia, deberían pedir información al nuevo embajador en Venezuela, Héctor Icazuriaga, o a Francisco Larcher. Ellos estuvieron al frente de la SI mientras sucedían los hechos que señaló Nisman. Tal vez Larcher tenga más para decir: en las largas tertulias con Lucas Nejamkis, el segundo de Abal, en el café Rond Point, tal vez se enteró de la existencia de Bogado. También Stiusso podría aclarar algunas cosas. ¿No fue él quien proveyó al fiscal las intervenciones telefónicas con las que se fundó la denuncia?

La marea de incógnitas es impresionante. ¿Por qué regresó Nisman, interrumpiendo un viaje para celebrar los 15 años de su hija? En su entorno afirman que ya había dejado su demanda firmada antes de partir. El propio fiscal comentó el miércoles pasado que sospechaba que Alejandra Gils Cargó quería reemplazarlo. Una posibilidad que tal vez se trataría en esa reunión que la Presidenta iba a tener con Nisman, a instancias de Aníbal Fernández, antes de fin de año, y que se frustró por la maldita quebradura del tobillo.

El Gobierno entró en estado de estupor. No puede dar respuesta. La prueba más evidente fue aquella patética carta que Cristina Kirchner encabezó diciendo que "la muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos, y consternación en el resto". Un lugar común de quien no quiere dar el pésame. Más insólito es que dedicara más de la tercera parte del mensaje a contar un atentado que le hicieron en Santa Cruz -que por suerte no ocurrió- como si fuera un antecedente de la voladura de la AMIA. Pero lo que nadie esperaba es que la Presidenta improvisara, en medio de la consternación, el papel de una irresponsable Agatha Christie que comienza a desgranar hipótesis de sobremesa para insinuar que el Grupo Clarín también está detrás la muerte del fiscal.

Este estado de colapso emocional y conceptual que se pone de manifiesto desde la máxima jerarquía del país no alcanza a ser atenuado con la reacción opositora. Las distintas fracciones que rivalizan con la señora de Kirchner no pudieron componer una foto común ni para una conferencia de prensa. Tampoco sus candidatos asistieron como un bloque a la marcha convocada ayer por las organizaciones de la comunidad judía. Una consagración del individualismo que obedece a los consejos de los asesores de imagen, que no terminan de incorporar el inesperado cadáver de Nisman a la estética de sus campañas. Los legisladores que se oponen al Gobierno se refugian en el papel de detectives. O multiplican los pedidos de informes. Enfrentan la desolación con micromanagement.

Para calibrar la dimensión de la crisis política parece más adecuada la distancia. Desde el exterior se atribuye al país un sistema institucional fallido. Diputados chilenos, del oficialismo y de la oposición, pidieron a su cancillería que exija una investigación internacional de la muerte de Nisman. Dijeron que genera suspicacias que no pueden ser despejadas por la justicia local. The New York Times reclamó que la causa AMIA pase a ser investigada por expertos de distintos países.

La percepción del exterior es angustiante, sobre todo para los que viven en el interior. El presidente de la DAIA, Julio Schlosser, ayer volvió a pedir justicia. Pero desde fuera del país se considera que la Argentina ya no está en condiciones de proveer justicia. Y ya no para emitir un bono. Para resolver un atentado. O un suicidio. El gobierno que había prometido todas las soberanías termina administrando la degradación de una republiqueta..

En marzo de 1924, el "delito Matteotti" conmovió a Italia. Giacomo Matteotti, jefe de la bancada socialista en el Parlamento, cuestionó duramente las recientes elecciones, que habían dado mayoría parlamentaria a Mussolini. Habló de las bandas de squadristi, el manganello -un garrote- y el aceite de ricino con los que intimidaban a los candidatos y alejaban a los opositores. También de robos de los documentos, empadronamiento de muertos, urnas vaciadas. En suma, de todo lo que legitimaba a Mussolini con un 65% de los votos.

 

En el Parlamento, los fascistas e incluso Mussolini lo interrumpían e insultaban. Fue golpeado por la ceka, la escuadra de elite. El periódico fascista Il Popolo le advirtió que si no se callaba, lo pasaría mal. Pero siguió adelante, acumulando pruebas sobre las tropelías del gobierno de Mussolini. El expediente sería enviado a Inglaterra y Bélgica, donde había gente lista para traducirlo y difundirlo. Afirmó que, pese a las amenazadas sobre su vida, tenía el deber de hacer saber al mundo que el fascismo existía sólo por el terrorismo y la corrupción.

No llegó a hacerlo. El 10 de marzo de 1924 desapareció. Los fascistas dijeron que se había escondido en el extranjero, pero días después su cadáver fue encontrado enterrado en un descampado. La conmoción fue tan grande que la justicia pudo hacer una investigación completa, y dos conocidos squadristi fueros condenados. Sin embargo, Mussolini no fue interrogado y en los cien tomos del expediente casi no se lo menciona. Il Duce sobrevivió a la tormenta y siguió adelante, hasta 1943.

El historiador tiene en el pasado el mejor manual para practicar su oficio, y a la vez el más peligroso, si se deja atrapar por la tontería de que la historia se repite. Nunca es así. Para él, cada episodio tiene circunstancias específicas, irreductibles a las generalizaciones que, en cambio, son comunes en la ciencia política. Pero su singularidad no podría ser entendida si no se la compara con otros casos, cercanos o lejanos, en parte para entender los mecanismos de la vida histórica, pero, sobre todo, para impulsar las preguntas que impulsan la investigación. José Luis Romero estudió las luchas políticas en Roma desde los Gracos hasta Julio César. Las ideas sobre la relación entre los conflictos sociales y políticos, las luchas de facciones o la confrontación entre instituciones y liderazgo personal lo ayudaron a construir una explicación sólida sobre el surgimiento del peronismo. Pero nunca confundió el mundo romano del siglo I a.C. con la sociedad argentina del siglo XX, cuyas claves él mismo había ayudado a comprender.

La experiencia del fascismo ha sido manoseada y manipulada, y el epíteto "fascista" se aplica imprecisamente a diestro y siniestro. Pero incluye procesos y formas de comportamiento que motivan preguntas hoy relevantes. ¿Cómo un gobierno que llega al poder por vías legales desarrolla los instrumentos para convertirse en una dictadura y transformar el Estado constitucional en otro totalitario? Lo hizo Mussolini entre 1922 y 1925, y también Hitler en la llamada "revolución silenciosa" entre 1933 y 1934. Son casos excepcionales y distantes, pero sus mecanismos nos ayudan a pensar.

La "democracia" incluye formas y tipos diferentes. Una distinción útil separa a las democracias republicanas liberales y las democracias autoritarias de líder. En la Argentina, en 1983 se construyó una democracia republicana, que desde 1989 se fue deslizando a la segunda variante. Es un tránsito posible, pues ambas formas son como dos carriles de una autopista; se puede pasar de uno a otro gradualmente, y también se puede retornar al primero, que es lo que muchos esperamos que ocurra.

Pero en la autopista hay también una bifurcación, con la que se cambia de destino. Así se puede pasar de la democracia a un gobierno dictatorial, que comienza a dar forma a un nuevo tipo de Estado, lejano de sus fundamentos republicanos. Para quien circula por la autopista, se trata de un pequeño giro en el volante; no se necesita un golpe de Estado ni un gran manifiesto para tomar el desvío. Esto queda para los outsiders, como Lenin. Para quien ha llegado al gobierno por la vía constitucional -como Mussolini y Hitler-, se puede ir paso a paso: obtener facultades extraordinarias, extremar la interpretación de leyes, dictar otras nuevas, usar un poco de violencia paraestatal, domesticar a la Justicia, intimidar a los opositores, monopolizar la voz pública. Un día, el Estado Nuevo está construido, con su Duce o su Führer. Y empieza una historia nueva.

Algunas de estas circunstancias sirven para inquirir sobre el reciente derrotero del régimen kirchnerista. No tanto a lo ocurrido en vida de Néstor Kirchner, sino a lo sucedido luego de su muerte. No sólo sus capacidades políticas eran diferentes de las de Cristina Kirchner. Su muerte suprimió la posibilidad de la alternancia indefinida en la sucesión. En 2011, la frase "vamos por todo" adquirió un nuevo sentido. La continuidad sólo era posible con Cristina, pues los líderes peronistas no tienen fieles herederos, sino seguros traidores. Con un 54% de los votos podía aspirarse a una conquista de todo el poder del Estado. Lo que le basta a un gobierno autoritario es insuficiente para quien aspira a la totalidad del poder. Cada una de las leyes encierra una cláusula que contribuye a la construcción del poder excepcional. En el mismo sentido puede entenderse el ataque al periodismo independiente y más recientemente a la Justicia. En los mismos términos puede analizarse la exaltación de un liderazgo presidencial, a un nivel que Néstor Kirchner sólo alcanzó después de su muerte.

Aunque este intento viene acumulando fracaso tras fracaso, esto no ha hecho mella en el empeño por llevarlo adelante. A medida que se acercan las elecciones de octubre se combina con otro intento, igualmente radical, de conservar porciones de poder que permitan, al menos, proteger a sus principales dirigentes. En la cúpula del poder, se mantiene el obstinado propósito de luchar hasta el final, pese al acoso de algunos periodistas, jueces y fiscales. Ése es el contexto del caso Nisman, su todavía confusa muerte y su clarísima denuncia, que en sí misma constituye un golpe de nocaut.

Esta dura obstinación en un momento comenzó a chocar con la resistencia de una sociedad civil hasta entonces adormecida. La parte opositora de la sociedad creció, ganó adeptos y avanzó gradualmente, tanteando el terreno y creando el ambiente que hoy respalda al periodismo de investigación y anima a los jueces. Los grandes medios y la Justicia son, en sentido lato, grupos corporativos, en una sociedad donde los hay de todo tipo. Pero como señaló a mediados del siglo XIX Tocqueville, la prensa, los jueces y las asociaciones de la sociedad civil suelen ser las torres capaces de frenar los intentos autoritarios de los gobiernos.

Las líneas de defensa de la institucionalidad republicana están tendidas, pero el combate no ha terminado. El "caso Nisman" evoca, por su magnitud y sus posibles implicaciones, al "delito Matteotti". En su momento, pudo ser el punto de inflexión del fascismo. Mussolini dijo "si salimos de esto, todos sobreviviremos; de otro modo, todos juntos nos hundiremos". Pero el "delito Matteotti" no se esclareció hasta 1946, y Mussolini se mantuvo en el poder hasta que en 1943 la invasión estadounidense acabó con él.

Quizás hoy estemos en uno de esos momentos de inflexión. La resolución depende también de nosotros. En parte, de que se puedan aclarar las circunstancias de la muerte de Nisman. Pero sobre todo dependerá de que se lleve adelante la investigación sobre su denuncia. No se trata sólo de encontrar a los culpables -podría ocurrir que la denuncia no se sostenga-, sino de que el resultado convenza a la sociedad de que la Justicia funciona y de que vivimos aún en un Estado de Derecho. Lo que se está jugando no es simplemente una sucesión presidencial, sino la posibilidad de que la Argentina pueda volver a ser una República.

El autor, historiador, es miembro de la Universidad de San Andrés y del Club Político Argentino..