Entre los 22 acuerdos que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó en China, hay uno de ellos que perjudicaría a la provincia de La Pampa y que es el financiamiento de la obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento y que esta provincia se niega a aprobar. En plena disputa con la provincia de Mendoza por el Río Atuel, la presidenta no titubeó ni un segundo en firmar este acuerdo por 650 millones de dólares para su ejecución, sin hacerse eco del reclamo pampeano que ya se trasladó al ámbito de la justicia.

El dique Portezuelo del Viento nunca fue a licitación y no respetaría el tratado del Río Colorado, donde la provincia de La Pampa debería aprobar la ejecución de las obras El Proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica que se construirá sobre el Río Grande, en el sur de la provincia de Mendoza, Argentina.

El secretario de Recursos Hídricos pampeano, Néstor Lastiri, expresó tiempo atrás en relación a la inclusión en el Presupuesto 2015 de la obra Portezuelo del Viento, manifestó que "Aunque la obra sea incluida en el presupuesto no quiere decir que se vaya a hacer, porque es un proyecto condicionado a la aprobación del Comité Interjurisdiccional de Río Colorado. A la obra le faltan tres puntos muy importantes, quien va a manejar la represa desde el punto de vista del caudal y la adaptación del mismo a las necesidades de su uso, el impacto ambiental que produce aguas abajo y como se desembalsa".

El inicio de esta obra fue incluida en el Presupuesto 2015, pero la provincia de La Pampa se opone e insiste en que primero debe ser aprobada por el COIRCO.

Este es el informe del diario Perfil en relación a los acuerdos:

Este es sólo uno de los 22 convenios que se firmaron esta semana en Beijing y que en el global sumaron US$ 20 mil millones, pero que contemplan en buena medida una parte de lo que se había firmado en julio de este año durante la visita del presidente chino,Xi Jinping. En esa oportunidad, ya se habían anunciando algunos de estos mismos acuerdos, como el financiamiento para Atucha III y las represas del Sur.

El “mecanismo de cooperación” que firmó Kicillof incluye US$ 530 millones para la interconexión eléctrica entre Mendoza y Buenos Aires, la represa hidroeléctica El Tambolar en San Juan, con un costo de US$ 400 millones, y el proyecto de Portezuelo del Viento, también una hidroeléctrica en Mendoza, por US$ 650 millones.
Esas obras, marcadas como prioritarias y presentadas en el plan para 2015, están bajo la órbita del Ministerio de Planificación.

En el caso de las represas de San Juan y Mendoza, los proyectos fueron denunciados por diputados opositores provinciales y entes bipartitos porque no se licitaron las obras.

En el caso de El Tambolar, en San Juan, no fue a licitación y terminó siendo una adjudicación directa. La primera parte de la obra, por un monto menor de $ 60 millones, se adjudicó a un consorcio formado por Techint mientras que la segunda parte, por US$ 400 millones, es la que tendrá financiamiento chino.

En Mendoza, el dique El Portezuelo del Viento tampoco fue a licitación. El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa señaló a los medios locales que con la adjuficación directa “no se respeta el tratado del Río Colorado” a través del que La Pampa debería aprobar la ejecución de las obras. El salto está vinculado, según sostuvo, a la disponibilidad de financiamiento.

Varias de estas obras fueron incluidas en el Presupuesto 2015 para que se aprobaran la contrataciones, por lo que el Gobierno ya consiguió aprobación del Parlamento nacional. Además, la confirmación de la concesión directa en Mendoza se conoce en medio de rumores de que una empresa china estaría detrás del proyecto minero de potasio que abandonó la brasileña Vale.

Morisoli destacó que antes de construir la presa, Mendoza debe tener el visto bueno de las provincias que integran el Comité. Dijo que el calentamiento global está afectando seriamente la cuenca del Colorado. 

El escritor pampeano, y una de los voces más autorizadas a la hora de debatir las cuestiones hídricas de la provincia, dialogó ayer con un cronista de LA ARENA sobre los convenios que se firmaron en China para la construcción de las represas Portezuelo del Viento en Mendoza y Tambolar en San Juan, obras que afectarían a las cuencas de ríos que atraviesan La Pampa. 

"Las noticias difundidas por el periódico Perfil acerca de los convenios firmados por el Ministro de Planificación Julio de Vido, traen aparejadas dos noticias de las cuales La Pampa debe ocuparse con prioridad y que son graves: La posibilidad de que China financie las presas de Portezuelo del Viento -sobre el río Grande, que afecta al río Colorado- y de Tambolar -sobre el río San Juan, que afecta el Chadileuvú", dijo Morisoli. 

"Vale aquí hacer una primera observación en el manejo periodístico: en los diarios de Buenos Aires se está diciendo 'La Pampa se opone', pero no es así. No solo La Pampa se opone, sino también otros tres integrantes de la cuenca -Neuquén, Río Negro, Buenos Aires", expresó.

Embalse.
El escritor señaló que el proyecto de embalse del río Grande forma parte del Tratado del Colorado y que está en consideración en Coirco. Sin embargo -agregó-, "el comité está muy lejos de haberle prestado aprobación" y "Mendoza no parece dispuesta a aceptar que una futura presa instalada en su territorio, sea manejada por un organismo interprovincial". 

Asimismo Morisoli destacó que antes de iniciar cualquier tipo de obra, el Coirco debe contar con un estudio de impacto ambiental y llegar a un acuerdo sobre la operación de la presa. "A Mendoza le están faltando estos dos detalles insalvables para la construcción de la obra de una forma inmediata. Para poderse construirla necesita superar en Coirco estos dos escollos", relató. 

Un buen ejemplo sobre el manejo conjunto de una represa es Casa de Piedra, donde las consignas de operación están a cargo del organismo interprovincial. "En Casa de Piedra -construida con aporte de tres de las cinco provincias que integran el comité- ninguna de ellas manejan la presa, la maneja el Coirco". 

Crisis. 
Por otra parte, Morisoli dijo que la cuenca del Colorado está viviendo una crisis hídrica muy grave desde hace 6 años. "Todos los ríos del frente andino, del Barrancas para arriba -que son de régimen exclusivamente nival- han disminuido su caudal. Eso es porque disminuyeron las nevadas en los inviernos y por ende los deshielos. A esos ríos no los alimenta otra cosa que la nieve al derretirse, son exclusivamente nieve derretida. Fruto del calentamiento térmico global hay un proceso de retroceso de lo que se llama la 'altura de las nieves eternas', aquellas que no se derriten nunca. En algunos lugares los valores son muy importantes, y hay casos en que se evidencia la desaparición de ciertos los glaciares", explicó. 

Al finalizar el verano, se presentarán los resultados del relevamiento de glaciares que está realizando el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales -Ianiglia-. Ahí, indica Morisoli, podría tenerse alguna certeza -quizás lamentable- del estado de los hielos argentinos, fuente principal de los ríos pampeanos. 

Pérdidas.
En el caso del río Colorado -agregó Morisoli-, "esa crisis ha llevado a Coirco a tener que dictar consignas de manejo para Casa de Piedra, lo que significó para algunas provincias -las que hacen cultivos anuales- algunas pérdidas". 
El año pasado, la provincia de Buenos Aires, el área de riego más importante de toda la cuenca del Colorado, tuvo reducir en un 10 por ciento la superficie de siembra. El resultado: al sur de la provincia de Buenos Aires se sembraron 10.000 hectáreas menos de cebolla y ajo. 

"Eso fue una decisión del Coirco. Eso quiere decir que quien fija las consignas de operación, debe tener en cuenta la realidad de las provincias además de las cuestiones ambientales", concluyó. 

Los litigios por el derecho al uso del agua se ventilan hoy en los tribunales del país y envuelven a cuatro provincias. En el más reciente se discute sobre el aprovechamiento de un acueducto de más de 160 kilómetros de recorrido, que atiende necesidades vitales de 450.000 pobladores distribuidos entre el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz. La escasez de agua en la región ocupada por las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia se ha hecho sentir hasta por más de cinco días continuados.

El otro es un conflicto de vieja data. Se remonta a 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, formado en el departamento San Rafael, en el sur de Mendoza, con aguas del río Atuel, que se destinan a regadío y generación de electricidad. La provincia de La Pampa ha vuelto a demandar a Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que una parte de su población ha sido privada de un derecho humano: el derecho al uso del agua, y se ha incumplido una decisión judicial.

Por tratarse de una cuestión interprovincial, el más alto tribunal tiene en la materia la competencia originaria que le asigna la Constitución Nacional. Es el mismo conflicto que enfrentó a La Pampa con Mendoza hace más de cuarenta años y que terminó resolviendo, en 1987, la Corte de tiempos del presidente Raúl Alfonsín.

Han cambiado algunos factores desde aquellos años: por un lado, Mendoza misma se encuentra afectada por una sequía considerable; por el otro, la política exterior argentina está libre de la gravedad inmediata de un debate que tensionó, hacia 1970, en extremo las relaciones entre la Argentina y Brasil, y que La Pampa invocó, como anillo al dedo, en los debates de la época con Mendoza.

Los reclamos pampeanos de entonces coincidían casi al pie de la letra con una salvedad capital de la diplomacia argentina respecto de las decisiones que Brasil tomaba en relación con la represa de Itaipú: cuando los recursos naturales son compartidos, los países ubicados aguas arriba de un río sobre el que existen intereses comunes deben consultar con los vecinos de aguas abajo. Ésa es la relación, respecto del Atuel, entre La Pampa y Mendoza.

Los pampeanos alegan que el Atuel llega sin suficiente agua a la provincia porque los mendocinos extraen más de lo que es justo y admisible; los mendocinos contestaron, en el litigio anterior, que en realidad el Atuel, por un fenómeno topográfico, ya no es río cuando penetra en La Pampa: allí pierde, según la opinión de sus voceros, el cauce, condición geográfica sin la cual se carece del carácter de río. En 1987, la Corte dictó un fallo bastante salomónico.

El más alto tribunal otorgó la razón a La Pampa, al considerar al Atuel un río "interprovincial" y señalar que las partes debían negociar y celebrar de buena fe convenios para regular los usos de sus aguas. Compensó a Mendoza diciendo que podía retener en su jurisdicción las aguas suficientes para regar 75.000 hectáreas.

En la situación de sequía actual, Mendoza retiene menos de esa cantidad, pues el Atuel se halla sin aguas suficientes para ello, mientras en La Pampa los recursos no alcanzan para provocar más que algún charco, pero sí perjuicios que los pampeanos estiman en más de 100 millones de pesos al año, y mantener en la desolación una zona geográfica en la que habían tenido un desarrollo relativo las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. La Corte ha dado traslado a Mendoza de una demanda en la que La Pampa enjuicia no sólo a su vecina, sino también al Estado nacional. Le imputa el incumplimiento de los deberes de suscitar un desarrollo armónico entre las provincias y los territorios nacionales que estaban a su cargo desde la organización constitucional del país.

Como se ve, se trata de un conflicto cuya resolución irá para largo. Desde el punto de vista jurídico, ofrece a la Corte la oportunidad de lucirse como un poder arbitral, a raíz de que las características del caso permiten al tribunal actuar con una elasticidad que trascienda el ordenamiento legal en vigor e invite a que se trabaje en favor de la legitimidad de los derechos que las partes invoquen.

Habrá que estudiar a fondo qué obras se han realizado mal o de forma incompleta, y cuáles nuevas se requiere encarar a fin de que haya una solución armoniosa y, por así decirlo, definitiva, para las dos provincias involucradas en la controversia.

¿Acaso una solución de fondo, que abarque tanto al río Grande y al Atuel como al río Colorado? En todo caso, parecería que habrá que volver a insistir en la necesidad de concretar obras que resulten eficaces en el sentido en que la Corte exhortó a los gobernantes en el fallo de 1987.

De nada de esto, por cierto, podrá sentirse ajeno el gobierno federal, sea cual fuere la fuerza política que se halle a su cargo cuando llegue el momento de un nuevo fallo. Así lo demanda en éste como en otros delicados asuntos de Estado el espíritu de unidad nacional y reconciliación que debe primar sobre toda controversia entre argentinos.

A poco de conocida la información sobre los acuerdos que permitirían que China financie las obras de construcción de la esperada represa Portezuelo del Viento, fruto de las negociaciones llevadas a cabo por la misión oficial argentina en el gigante asiático, las repercusiones en la vecina provincia no se hicieron esperar.

El primero que salió a cuestionar las obras fue el secretario de Recursos Hídricos de esa provincia, Néstor Lastiri, quien advirtió que Mendoza necesita el acuerdo del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) para avanzar. El funcionario dijo que "es una obra resistida en La Pampa porque quitará caudal al Colorado, afectará su salinidad, y porque Mendoza quiere usarla como puntapié para el futuro trasvase de caudales desde el Grande hasta el Atuel". 

De todos modos, estas obras están contempladas en el Presupuesto Nacional 2015, con lo cual el gobierno nacional ya tiene la aprobación para avanzar con ellas. Esto ya había sido resistido, en ocasión de aprobarse el presupuesto, por el senador pampeano Carlos Verna, aunque sin éxito, quien adujo que "este hecho representa una clara señal de que el gobierno nacional está dispuesto a favorecer a Mendoza en este tema al concederle a la provincia cuyana plenas potestades sobre una represa que, una vez construida, tendrá un impacto de alcance regional". 

El artículo 64 del presupuesto "autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros a iniciar el proceso de contratación de las obras de infraestructura hidroeléctrica, a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, a efectos de comprometer la ejecución de los mencionados proyectos, así como propiciar su inclusión en ejercicios hasta su finalización", por lo que las negociaciones realizadas con China para el financiamiento cuentan con un aval legal indiscutible.

También se objeta el futuro manejo. "Quién manejará Portezuelo del Viento. Mendoza quiere hacerlo ella misma; el comité de cuenca y el resto de las provincias de la región -La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires- resisten esa posibilidad porque saben que Mendoza intentará hacer con las aguas embalsadas del río Grande lo mismo que hace con los diques sobre el río Atuel y los otros tributarios del Desaguadero: manejar la apertura y cierre de las compuertas de acuerdo a sus necesidades puntuales, sin hacerlo con una visión regional y compartida del recurso, como es lo que corresponde", concluyó Verna. 

El gobernador Francisco "Paco" Pérez realizó fuertes declaraciones al diario San Rafael, que se imprime en la ciudad del mismo nombre, en el sur mendocino. Durante una visita a esa ciudad cuyana, en el marco de la Fiesta de la Vendimia y el Labriego, el mandatario mendocino fue consultado por el conflicto que su provincia y La Pampa mantienen por el uso del río Atuel.
"En la problemática hay dos demandas, en una no hemos sido notificados todavía, y la otra estamos trabajándola con la Asesoría de Gobierno para presentarla al momento del vencimiento", dijo. Cabe recordar que la primera demanda que comenzó a analizarse fue la presentada por el abogado pampeano Miguel Palazani y la segunda, la que formalizó el gobierno de La Pampa. 

Respecto a las autoridades de nuestra provincia, Pérez se despachó a gusto: "Mienten porque están con grandes problemas políticos y se niegan a invertir en el norte. Nosotros hemos invertido 400 millones de dólares en impermeabilización de cauces, pero si no llueve, y estamos en el quinto año de crisis hídrica, no es un problema de un gobierno o de los productores, es de la naturaleza. No entendemos esta ofensiva, porque además, violentan al pueblo de La Pampa. Se resuelve con tecnología y con inversión, nosotros hemos invertido 400 millones de dólares, La Pampa cero".

"Asustados".
Hace algunos días, en el marco de la apertura de una exposición en el Centro Cultural Provincial, Jorge había reiterado que Mendoza no iba a poder decir nunca que desde La Pampa no se había intentado negociar hasta último momento. Además, había afirmado que la demanda pampeana había causado impacto entre los mendocinos y llegó a decir que estaban asustados.

La denuncia radicada desde el Centro Cívico contra la provincia cuyana fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por ahora, está a la espera del descargo que realice el gobierno mendocino. La Pampa reclama la reparación histórica del daño ambiental, económico, cultural y social causado por el corte unilateral del río Atuel, a mediados del siglo pasado, y la liberación de un caudal de agua suficiente que permita que el río vuelva a correr por nuestro territorio.

Portezuelo.
El enfrentamiento político entre las dos provincias se reavivó la semana pasada tras conocerse el acuerdo que el gobierno argentino firmó con su par de China por el financiamiento de una serie de obras de infraestructura, entre las que se cuenta la represa Portezuelo del Viento. Esa obra es largamente demandada por Mendoza pero La Pampa se opone.

"Esta obra irá emplazada sobre un río Interprovincial (río Grande, afluente del Colorado) y cualquier decisión relativa a la ejecución de la represa requiere de la expresa conformidad exteriorizada por parte de todas las provincias condóminas de esos cursos de agua, a saber: La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires", sostienen los diputados provinciales del Frepam. Esa postura es coincidente con la del gobierno provincial.

En ese sentido, ayer, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, aclaró que si Portezuelo del Viento se lleva a cabo, el manejo de esa represa debería quedar en manos del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) y no de Mendoza. 

Coirco.
La obra está proyectada construirse sobre el río Grande en territorio mendocino, principal tributario del Colorado y tiene como objeto la generación hidroeléctrica, la regulación del caudal del río, y también la posibilidad de concretar el trasvase de agua a la cuenca del río Atuel.

Estas dos últimas funciones, la regulación y el trasvase, son las que preocupan a las provincias condóminas del río Colorado que integran Coirco. Mendoza no parece dispuesta a aceptar que la cuenca del Colorado sea manejada en forma conjunta por todas las provincias y su preocupación por la obra solo obedece a la posibilidad de trasvasar agua hacia el Atuel para paliar la crisis hídrica de los últimos años.

Lastiri recordó que el Coirco tiene funciones de autoridad de cuenca merced a cinco leyes provinciales (incluida una ley mendocina) y una ley nacional que creó el comité. En esas leyes está fijado con claridad que es la autoridad de cuenca la única capaz de autorizar una obra tal y, además, de manejarla.