*Por Daniel G. Montamat
En el siglo XIX la disyuntiva era libre cambio o proteccionismo; en el siglo XX fue campo o industria. En el siglo XXI nuestra tradición dicotómica y maniquea, a la vez de retroalimentar las viejas disyuntivas, ha generado otras nuevas como fracking sí o fracking no; minería sí o minería no. Las o disyuntivas siempre han sido paralizantes de nuestro desarrollo económico y social. El nuevo modelo productivo debe superarlas.
Muchos dilemas se resuelven por reducción al absurdo. ¿Es imaginable una prohibición general a la actividad minera en todo el planeta por sus efectos contaminantes? Evaluemos las restricciones que se derivarían para el resto de los sectores, empezando por la construcción, el transporte y las distintas actividades productivas. Se paralizaría todo, incluso la posibilidad de desarrollar una estrategia sustentable para abordar los desafíos del cambio climático incorporando más energía renovable. En el caso de las turbinas eólicas, las torres utilizan bauxita, hierro, molibdeno y zinc para galvanización. Para los imanes y baterías, cobalto y cobre.
Los paneles solares requieren cadmio, cobre, galio, indio, molibdeno, selenio, sílice; telurio para la construcción de las células fotovoltaicas, arsénicos para los semiconductores, y dióxido de titanio para los paneles. También es sesgada la idea de que se prohíbe la minería en los países centrales para desplazarla a los periféricos.
Estados Unidos, Australia y Canadá figuran entre los cinco mayores productores y exportadores mundiales de casi todas las sustancias minerales comunes; desde cobre, plata, uranio, níquel, oro y hierro, hasta bauxita, aluminio, azufre y carbón. Entre ellos predomina la explotación a cielo abierto, la más cuestionada. Finlandia y Suecia están entre los 10 primeros países en inversión minera.
La producción minera parte de la existencia de una riqueza natural que no responde a categorías geográficas excluyentes. Los países con recursos mineros buscan explotarlos, y la diferencia la establece el régimen de explotación (instituciones) y la sustentabilidad de la misma (ambiental y social). El verdadero debate no es dicotómico minería sí, o minería no; es minería y respeto a las prácticas ambientales que le den sustentabilidad y promuevan el desarrollo económico y social de las respectivas comunidades.
En la Argentina siete provincias han prohibido la minería a cielo abierto con uso de cianuro (Chubut, Mendoza, Tucumán, La Pampa, San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego). Si esa prohibición se extendiera a toda la minería a cielo abierto que está en operación, una investigación estima que quedaría afectado el 70% del producto minero nacional (3430 millones de dólares con datos del 2013) y el 80% de las exportaciones del sector (3.280 MM$US con datos del 2013).
El superávit de u$s 2.336 de la MM de la balanza minera se convertiría en un déficit de casi u$s 1.000 millones. El estado resignaría ingresos por u$s 750 MM y se perderían cerca de 20.000 puestos de trabajo.
Peor, se frustrarían nuevos proyectos que involucran inversiones de capital por más de u$s 21.400 millones y divisas por exportaciones adicionales futuras por más de u$s 8.000 MM. Si, en cambio, el potencial minero argentino se suma a un proyecto de desarrollo superador de viejas dicotomías, la Argentina puede posicionarse en la próxima década entre los diez primeros productores de oro y plata del mundo, y décimo segundo en cobre.
El país posee el tercer reservorio mundial de litio (salar del Hombre Muerto) y ya es el cuarto productor luego de Australia, China y Chile. De reactivarse el proyecto Potasio de Río Colorado, agregaría al producto sectorial unos u$s 1.000 millones al año. Por supuesto, habrá que promover los encadenamientos para agregar valor, y el desarrollo de proveedores que genera empleos indirectos.
Cumplir con las mejores prácticas ambientales y mejorar la distribución de la renta en beneficio de las localidades productoras. Todo en un marco de políticas que aseguren previsibilidad y largo plazo.
*Ex secretario de Energía
