Por Marcelo Bonelli.

Una fuerte interna política se reavivó en la cúpula de la AFIP a causa de la manipulación de expedientes para favorecer la situación de la familia presidencial en la delicada investigación de Hotesur.

Existen reproches cruzados entre Ricardo Etchegaray y el titular de la DGI, Angel Toninelli, por la forma cómo se avanza para “emprolijar” la documentación que complica el investigado negocio hotelero de Cristina.

Etchegaray no está de acuerdo con la brutal metodología del Jefe de la DGI, pero Toninelli decidió rechazar las sugerencias del titular de la AFIP.

Así, en las últimas semanas, ambos profundizaron un conflicto interno en la AFIP, donde hay un fuerte malestar entre el personal jerárquico de carrera por las arbitrariedades adoptadas para ayudar a la Presidenta.

Las urgencias para tratar de cubrir las desprolijidades fiscales de Hotesur se aceleraron en función de la investigación judicial sobre el negocio de la familia presidencial.

En sede judicial se confirmaron irregularidades y ahora se analiza la participación conjunta de Lázaro Báez y Cristóbal López en las maniobras que se investigan para encubrir ilícitos.

Toninelli no le responde a Etchegaray y se cortó solo porque aduce que actúa cumpliendo instrucciones directas de Carlos Zannini.

Como anticipó Clarín, el titular de la DGI – y segundo de Etchegaray — recibió la directiva del secretario Legal de la Presidencia para “ordenar” y “mejorar” los expedientes fiscales de Hotesur.

Para eso puso a su hijo, Federico, como asesor impositivo de Lázaro Báez y forzó las conclusiones de una investigación interna por el uso de facturas truchas que involucran a la firma Hotesur. A causa de esto renunció a su cargo el director de la región Metropolitana, zona centro de la DGI. Se trata de Exequiel Lebed, que fue invitado a firmar un dictamen elaborado por la cúpula de la DGI que beneficia a Hotesur. Lebed firmó y renunció.

Entre Etchegaray y Toninelli existe una histórica pelea descarnada por espacios de poder. Toninelli responde a Zannini y a Julio de Vido.

Etchegaray armó su propia estructura y jaquea la tarea de Toninelli a través de Guillermo Michel. Este contador y subdirector Técnico es el encargado de un grupo de tareas en la DGI para lanzar inspecciones a políticos, periodistas y jueces que opinen distinto que la Casa Rosada. Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte — entre otros — fue víctima de su gestión.

Etchegaray cuestiona a Toninelli por su falta de ductilidad y porque su accionar provoca mucho ruido en la propia AFIP. Etchegaray está dispuesto a favorecer las empresas de la Presidenta, pero preservando su figura.

El titular de la AFIP sueña con un difícil proyecto político propio: permanecer en la AFIP cuando cambie el gobierno y haya otro presidente en la Casa Rosada

Para eso quiere “cuidarse” y evitar que nuevos hechos de corrupción salpiquen su ya cuestionada gestión. Etchegaray actuó de la misma manera en el caso Boudou, pero ahora la Cámara Federal ordenó investigar su participación en el “caso Ciccone.”.

Etchegaray mantiene vínculos con varios candidatos a la presidencia e incluso le contó a uno de la oposición los detalles de las maniobras que lleva adelante Toninelli. Forma parte de su estrategia política para cumplir el sueño de quedarse en la AFIP.

Miguel Galuccio tiene igual intención de trascender la gestión de Cristina, pero utilizaría otros métodos: el titular de YPF ofreció aportes económicos a la campaña de dos candidatos a la presidencia, si le aseguran su continuidad en la petrolera. Galuccio pretende mantener ese puesto clave, para revertir los fracasos que acumula en la gestión desde que asumió en YPF. También pretende mantener poder para enfrentar las investigaciones por compras irregulares durante su gestión en la petrolera.

El juez Bonadio avanza en una denuncia contra YPF por sobreprecios en la compra de gas. Galuccio habría pagado valores por encima del mercado, violando la ley de creación de ENARSA.

La cúpula de la Unión Industrial teme por el impacto político que tienen estas investigaciones de corrupción. En la UIA coinciden en que el tema que más preocupa a la Presidenta es Hotesur, porque podría quedar implicado Máximo.

En la central fabril están aterrados por la inacción de Axel Kicillof frente a la devaluación de Brasil. La conjunción es la peor de todas: Kicillof atrasa el tipo de cambio y Brasil devalúa. Una situación similar se vivió al final del gobierno de Carlos Menem: la disparidad cambiaria provocó una brutal recesión y tensiones para el futuro Presidente.

Un “paper” reservado de la UIA sostiene lo siguiente: la pérdida de competitividad de la industria argentina va a profundizar el estancamiento.

La información que existe entre los bancos de Wall Street indica dos cuestiones:

— Que Dilma insistirá en corregir sus desfasajes, para mejorar en el futuro la competitividad de Brasil.

— Pero que la crisis política que existe fruto de la corrupción de Petrobras – y otras empresas – pueden volatilizar el poder de Dilma y hacer mas difícil el ajuste económico.

Ambas cuestiones, no son buenas para Argentina, que acumula ya fuertes desequilibrios macroeconómicos. La noticia obligó a encuentros reservados de la cúpula de la UIA. En esas reuniones los máximos directivos tomaron una decisión trascendente: postergar la elección de un nuevo jefe de los industriales.

La UIA va a cumplir todos los plazos legales. Pero ya está definido: Héctor Mendez seguirá hasta que las PASO despejen el panorama electoral y político.

Por Joaquín Morales Solá.

Sucedió justo cuando el oficialismo trataba de infamar y degradar al fiscal Alberto Nisman. Ese propósito perverso ya era una causa perdida ante la opinión pública: ésta siempre se pone del lado de un muerto, sobre todo cuando esa muerte es violenta y política.

Voceros oficiales o cercanos al oficialismo habían tratado en las últimas horas al fiscal muerto de loco y de borracho. Sólo un loco, en efecto, podría firmar dos documentos totalmente contradictorios sobre el papel que cumplió el gobierno argentino frente a Irán, como lo dijo la propia Presidenta y como lo repitieron sus voceros oficiales u oficiosos. Una secretaria de Nisman debió aclarar que el contexto era distinto entre un documento y otro. Un sitio de Internet oficial del Ministerio de Justicia confundió (¿por error?) la cantidad de alcohol que tenía en sangre con la que tenía en el estómago. Son dos cosas absolutamente distintas.

Sandra Arroyo Salgado, jueza y ex esposa de Nisman, activó ayer un nuevo y dramático giro en la política y en la sociedad cuando afirmó que su ex marido no se suicidó. Su teoría (o su certeza) coincide con la opinión de una importante mayoría social, que siempre sostuvo que a Nisman lo mataron. Hasta ahora el "magnicidio" era una hipótesis de la política y de vastos sectores sociales que carecía de respaldo técnico. Arroyo Salgado proporcionó a esa teoría argumentos científicos.

Pase lo que pasare en adelante en la Justicia, es probable que tanto la política como esas franjas sociales hayan hecho suya definitivamente la hipótesis de la jueza. Esto es: a Nisman lo mataron cuatro días después de hacer la denuncia política más explosiva que recibió el kirchnerismo y un día antes de exponer las pruebas de esa denuncia ante el Congreso.

Los supuestos criminales de Nisman se encontraron con un complicado obstáculo: la madre de las hijas de Nisman es abogada y jueza.

Sabe, por lo tanto, cuáles son los caminos que pueden conducir a esclarecer una extraña muerte. Arroyo Salgado colocó a la Presidenta, además, en la peor de las situaciones: explicar qué pasó para que muriera violentamente el fiscal que acababa de acusarla.

Nadie está culpando directamente a Cristina Kirchner de esa muerte, pero su responsabilidad política sería innegable si realmente fuera un crimen. Nisman fue metódicamente calumniado y difamado durante los cuatro días que transcurrieron entre su denuncia y su muerte.

Nadie en el Estado se tomó el trabajo de reforzar su custodia después de que hizo graves imputaciones a los gobiernos argentino e iraní. Al revés, hubo una sospechosa ausencia de su custodia durante las posibles 24 horas en las que Nisman estuvo herido y muerto, según la aseveración de su ex esposa, hasta que lo encontraron su madre y un cerrajero de ocasión. ¿Diez custodios para semejante ausencia de custodia? El cuadro describe más que nada a una zona liberada por la policía.

Servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo el israelí, atribuyeron desde el primer momento a sicarios iraníes, con colaboración local, la muerte del fiscal. Nisman fue hallado muerto, además, en medio de un escándalo de luchas internas entre los inescrutables servicios de inteligencia locales.

Podrían haber sido agentes extranjeros, pero también podrían haber intervenido sectores locales dispuestos a hacerle un supuesto favor al gobierno argentino. Todo es posible, o cualquier inferencia es posible, porque la investigación de la justicia local camina demasiado cansinamente.

El informe de los peritos nombrados por Arroyo Salgado parece disentir del de los peritos oficiales. La disidencia existe en algunos aspectos técnicos. Sin embargo, la conclusión del departamento forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, difiere en el tono y en la repercusión pública, pero no en la esencia.

De hecho, el informe que recibieron los jueces de la Corte señaló siempre que el caso de Nisman sería un suicidio único en la historia, si es que fue un suicidio.

Esos forenses subrayaron, en sus informes verbales, que la muerte de Nisman no siguió ninguno de los protocolos establecidos por la historia de los suicidas. Dicen más o menos lo mismo, aunque los peritos oficiales nunca escribieron lo que dijeron.

La teoría del asesinato de Nisman es también la teoría de una porción mayoritaria de la Justicia. La marcha de los fiscales fue una prueba de esa sospecha o de esa certeza. ¿Se marcha por las calles y se convoca a la sociedad sólo para rendir homenaje a una persona que decidió poner punta final a su vida? No, seguramente. Arroyo Salgado es también una exponente cabal de ese cuerpo profesional que integran jueces y fiscales. La hipótesis del suicidio común se encierra en un círculo cada vez más pequeño.

El caso se inscribe, además, en un cuadro donde sobra desidia y falta eficacia. ¿O no es raro, acaso, que la Justicia no haya podido establecer ni siquiera si fue suicidio o crimen un mes y medio después de la muerte de Nisman? ¿No es escandaloso que la fiscal Viviana Fein haya dicho, hace muy pocos días, que no tiene una hipótesis cierta sobre esa muerte? ¿No es más escandaloso aún que la propia fiscal Fein haya admitido ayer que hubo un tiempo largo de tres horas entre cuando lo encontraron muerto a Nisman y cuando ella llegó, y que no sabe qué paso en esas horas interminables? No sabe ni siquiera si movieron el cuerpo inerte de Nisman; es decir, no sabe si cambiaron la escena de un supuesto crimen. Ese dato es clave en cualquier pesquisa.

La hipótesis de Arroyo Salgado podría tener otras consecuencias. La primera de ellas es que el caso de la muerte de Nisman debería pasar, si fueran ciertas todas las afirmaciones de la jueza, a la justicia federal y abandonar la justicia de instrucción.

De hecho, ya debió pasar a la justicia federal. Muerte dudosa (según la carátula de la causa) de un fiscal federal. Suficiente para ser un caso federal. Arroyo Salgado ya hizo una primera presentación ante la justicia federal, cuando denunció un mensaje implícito en un ejemplar de la revista Noticias que mostraba la cara de Nisman con una mancha en la cabeza. La denuncia está en manos del juez federal Luis Rodríguez, con fuertes lazos con la conducción desplazada de la ex SIDE.

No será ésa la única secuela. Aun cuando es cierto que los jueces deben resolver sobre lo que está en el expediente que analizan, también es verdadero que los condiciona el contexto en el que se mueven.

La denuncia de Nisman, que desestimó el juez Daniel Rafecas, cayó ahora en la Sala I de la Cámara Federal, que deberá resolver sobre la apelación del fiscal Gerardo Pollicita. Es la sala más cuestionada de la Cámara Federal por su antigua cercanía con el oficialismo, aunque últimamente resolvió casos contra los intereses del Gobierno.

Si la denuncia de Nisman fue la obra de un trastornado, como se deslizó en el oficialismo y en algunos, pocos, despachos judiciales, ¿por qué, entonces, alguien estuvo interesado en matarlo, como asegura su ex esposa? Ése es el peso simbólico que caerá sobre los jueces de la Cámara Federal.

La denuncia y la muerte de Nisman rompieron la placidez del verano. Y serán, tal vez, las únicas compañías seguras que tendrá Cristina Kirchner hasta el último día de su poder. Haga lo que haga, diga lo que diga..