Por Néstor O. Scibona.

Los presidenciables y sus asesores económicos enfrentan, en caso de ganar las elecciones, un desafío asimilable al que un viejo chiste imponía al último de los siete maridos de la actriz Liz Taylor: sabía qué debía hacer, pero el problema era cómo tornarlo atractivo, efectivo (y duradero).

Hace meses que esta tensión entre el qué y el cómo viene aumentando la ansiedad y los interrogantes de empresarios y economistas. Sobre todo desde que el gobierno de Cristina Kirchner reforzó el ancla cambiaria y tarifaria para aquietar la inflación, el racionamiento de divisas y apunta a seguir subiendo el gasto público y la emisión, mientras absorbe esos pesos con deuda del Banco Central a altas tasas de interés, a costa de deprimir el crédito al sector privado, el repunte de la economía y del empleo. Este menú acentúa los desequilibrios macroeconómicos de arrastre y el costo político de corregirlos, que CFK endosará a quien vaya a sucederla, sea oficialista u opositor.

Sin embargo, las respuestas a esos interrogantes tardarán en llegar. No sólo porque los candidatos con mayor intención de voto en las encuestas (Massa, Scioli, Macri) están en la etapa de diagnóstico o armado de equipos técnicos, sino porque todavía faltan tres meses para formalizar alianzas y precandidaturas; cinco para las PASO nacionales y algo más de siete para las elecciones presidenciales del 25 de octubre.

Es cierto que, en privado, los economistas que trabajan con los candidatos vienen garabateando, en borrador, probables políticas y medidas para aplicar apenas asuman, con la idea de generar un shock de confianza que revierta las expectativas a fin de 2015. Pero casi todos se cuidan de mostrar anticipadamente las cartas y prefieren ser generalistas. "Cualquier propuesta prematura nos expone a un feroz escrache kirchnerista", se escuda en privado un ex funcionario K, ahora opositor, con vasta experiencia política. Aún así nadie se presenta como ortodoxo, incluso en el equipo de Macri que enarbola ideas menos intervencionistas. Y en el de Scioli, quien alterna consultas permanentes con su contador Rafael Perelmiter y periódicas con los economistas Miguel Bein y Mario Blejer, sus funcionarios más cercanos optan por edulcorar los diagnósticos sobre la futura herencia económica ("estamos mejor que en otras transiciones"), para privilegiar el eslogan "lo mejor está por venir".

Con más pragmatismo que ideología, hay ciertos consensos implícitos que surgen de consultas off the record con asesores económicos de los presidenciables. Uno es la urgente necesidad de despolitizar y profesionalizar el Indec, para recuperar la confiabilidad en el sistema estadístico y de cuentas nacionales. Otro, la reducción gradual y selectiva de subsidios a las tarifas, especialmente en la Capital y el Gran Buenos Aires. Un tercero, más difuso en el cómo, es depurar de militantes rentados y "ñoquis" con altos sueldos a centenares de reparticiones y empresas públicas. Tal vez, con planes de retiro o exigencias de idoneidad. Incluso, en voz baja, hay quienes hablan de reglamentar la publicidad oficial y pautar mejoras de eficiencia en el gasto y la obra pública. Pero lejos de promover una ley de responsabilidad fiscal.

Aún sin las precisiones que espera el sector productivo, los mercados financieros ya se anticiparon. La escalada en las cotizaciones de acciones y títulos argentinos refleja el "efecto Cotterill" (el periodista del Financial Times que enmendó por tuit el primer párrafo del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa): descuentan que en 2016, sin CFK, habrá un giro en la política económica, fin del default parcial de la deuda, del cepo cambiario y mejores perspectivas de negocios. De ahí la escalada de acciones en sectores más controlados (eléctricas, bancos); de los cupones PBI, aunque haya que esperar para cobrarlos a 2017 si la economía vuelve a crecer, o aún de los bonos ajustables por CER. Todo activo barato tiene hoy alta demanda. Incluso el dólar ahorro y el dólar turista, con recargos de la AFIP. Mientras tanto, muchos inversores aprovechan las altas tasas de interés en pesos. No tanto porque le ganen a la inflación, sino porque (mientras el tipo de cambio siga reptando por debajo de ambas variables) tendrán un alto rendimiento en dólares cuando decidan capitalizar la diferencia antes de un probable sinceramiento cambiario. Difícil que esto ocurra durante la gestión de Kicillof, incluso pese a la fuerte devaluación del real brasileño.

El cauteloso silencio de los candidatos se advierte en ésta y otras cuestiones. Por caso, en el entorno de Massa, algunos economistas ven con buenos ojos que el juez Griesa haya incluido a los me too en los alcances de su controvertido fallo. Lo consideran un paso adelante para una reestructuración de la deuda con todos los bonistas que no aceptaron los canjes, que permitiría en 2016 salir del default y reducir sustancialmente el costo de financiamiento externo para la Argentina. Pero no lo dicen en público.

Más evidente, como se escuchó en Expoagro, es la intención de eliminar las retenciones para estimular la producción y las exportaciones de granos y productos regionales, junto con el desmantelamiento de los permisos previos (ROE). La novedad, en este caso, es que comenzaron a estudiar además una reducción limitada para la soja, ante la caída de 35% en el precio internacional.

En su último ciclo mensual, el economista Miguel Ángel Broda calculó cómo se redujo la participación de las retenciones como porcentaje de la recaudación tributaria total. En 2014 representaron apenas 0,1% en el caso del trigo; 0,5%, en maíz, y 0,3%, en las economías regionales, mientras las del complejo sojero sumaron 4,5%. Así, el ingreso por retenciones en éstos y otros rubros agrícolas ascendió al equivalente de 10.350 millones de dólares (7,2% de la recaudación total). Poco que ver con el sacrificio fiscal de otras épocas.

También sintetizó el resultado de una reciente ronda propia de consultas con economistas de los principales candidatos. Lo que todos piensan hacer: levantar el control de cambios; devaluar (¿a $ 11/12 por dólar?); eliminar los ROE; sustituir la emisión de moneda por colocación de deuda en los mercados; ajustar gradualmente las tarifas de servicios públicos; reconstruir el Indec (sin revisar las estadísticas hacia atrás), y cumplir con el artículo IV del FMI. De lo que nadie habla -agrega- es de pedir asistencia al FMI; maxidevaluar; un shock tarifario; modificar la carta orgánica del BCRA o poner en marcha un programa monetario de metas de inflación.

De todos estos esbozos no surge, por ahora, en la oposición la necesidad de una alianza legislativa que respalde futuros cambios económicos. En cambio, la gran tentación es volver a colocar deuda en los mercados, aprovechando el bajo endeudamiento en dólares del sector público en relación con el PBI. Pero, como ya se señaló en esta columna, no es lo mismo endeudarse para atenuar el costo político de corregir los problemas que hacerlo para postergar soluciones. Al igual que para el último marido de Liz Taylor, el qué y el cómo son inseparables.

Por Carlos Pagni.

La marcha del 18 de febrero demostró en qué medida la muerte del fiscal Alberto Nisman ha impactado sobre la política. Es menos evidente el modo en que la política está influyendo sobre la investigación de esa muerte. Sin embargo, si se corre el velo de los procedimientos judiciales asoma una descomunal disputa de poder. En ella se juegan posiciones electorales, presiones corporativas y extorsiones mafiosas.

El campo de batalla es extensísimo: atraviesa el Poder Ejecutivo, los tribunales y hasta roza a la Universidad de Buenos Aires. Es un ajedrez incomprensible, salvo que se advierta que las dos causas de las que es sujeto Nisman, la de su denuncia y la de su muerte, están entrelazadas.

El Gobierno necesita que la Cámara Federal respalde al juez Rafecas y desestime la denuncia del fiscal. Si la acusación fuera consistente, Cristina Kirchner estaría imputada por un crimen de lesa humanidad. La Cámara de Casación estableció, en el caso Galeano, que cualquier delito ligado a la investigación del atentado contra la AMIA reviste esa gravedad.

Es una discusión crucial porque, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces no pueden negarse a investigar un crimen imprescriptible, como hizo Rafecas. Se entiende, entonces, que la Casa Rosada esté buscando un armisticio con el frente judicial. Hasta ahora sólo consiguió fisurarlo. Basta dar dos ejemplos: el fiscal Pollicita enfrentó a Rafecas por haber rechazado su escrito, y Rodolfo Canicoba Corral se trenzó con Pollicita por haber apelado ese rechazo. Magistrados más o menos imparciales ven detrás de estas peleas alineamientos con Scioli, Massa o Macri.

La tenaza kirchnerista avanza sobre el fiscal Moldes, al que se quiere recusar por haber homenajeado a Nisman, algo que también hizo Rafecas en su fallo. Además, habrá "gestiones" ante la Cámara Federal que decidirá si se sigue o no investigando. ¿Quiénes la integrarán? Eduardo Farah y Jorge Ballestero podrían excusarse porque, en su momento, declararon inconstitucional el acuerdo con Irán, aun cuando elogiaron las intenciones del Gobierno.

La señora de Kirchner necesita que la presentación de Nisman sea rechazada por un motivo más urgente. Para quedar desligada del fallecimiento del fiscal conviene desmerecer la denuncia. Si era inofensiva, ¿para qué matarlo? Al revés: Nisman, abochornado, pudo pensar en suicidarse. Éste es uno de los cruces de ambas causas.

En medio de esta controversia irrumpieron Sandra Arroyo Salgado y la tesis del asesinato, ahora basada en la crítica que sus peritos realizaron de la autopsia. Esos expertos dijeron que "resulta poco probable dentro de lo posible que la modalidad sea suicida". Arroyo Salgado enfatiza el "poco probable". El Gobierno prefiere el "dentro de lo posible". Florencio Randazzo aprovechó el diferendo para abrir otra brecha en el Poder Judicial. Dijo que, si la querellante está disconforme con la autopsia, debe quejarse ante el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de quien dependen los forenses que la realizaron.

Este debate enmascara otro conflicto: Arroyo Salgado disputa con el Gobierno el fuero donde debe investigarse la muerte del fiscal. Si lo de Nisman fue un asesinato, debería ser la justicia federal. Es lo que pretende Arroyo Salgado, quien desde el primer momento descartó el suicidio y objetó a la jueza Fabiana Palmaghini y a la fiscal Viviana Fein. Para denunciar la presunta intimidación que habría recibido Nisman en un ejemplar de la revista Noticias, recurrió al juez federal Luis Rodríguez, quien tramita un expediente donde aparecen, además de amenazas, informaciones inconvenientes para ella y para el ex espía Antonio Stiuso.

La obsesividad de la ex mujer de Nisman está justificada: actúa en nombre de sus hijas. Sin embargo, en el entorno de la señora de Kirchner creen que, además de expresar a la familia, ella representa a Stiuso. Para explicar esta dependencia el kirchnerismo es capaz de autoincriminarse. Los gestores tribunalicios de Olivos explican que Arroyo llegó a jueza federal de San Isidro por recomendación del ex espía. Omiten que el pedido fue aceptado por Néstor Kirchner, que desairó al intendente Gustavo Posse, con quien había pactado la cobertura del juzgado. Para ese entonces, Kirchner ya estaba seducido por Stiuso. El espía lo fascinó el 1° de abril de 2004, cuando consiguió desviar hacia el Congreso la marcha que Juan Carlos Blumberg dirigía hacia la Casa Rosada. Stiuso había intimado con Blumberg durante la investigación del asesinato de su hijo. Cuando, tres meses después, Gustavo Beliz lo describió como un agente tenebroso, Kirchner ya tenía decidido por quién se inclinaría.

Olvidados de aquella designación de Kirchner, los colaboradores de la Presidenta ven en Arroyo Salgado a una autómata de Stiuso. Por eso creen que pretende llevar la investigación al juzgado de Rodríguez, a quien también suponen leal al ex director de Inteligencia. Quieren evitarlo, porque sospechan que Rodríguez involucraría en la muerte de Nisman a los enemigos del espía despedido: Fernando Pocino, director de la ex Side; César Milani, jefe del Ejército, y, por supuesto, la señora de Kirchner. Elisa Carrió marcó ese derrotero cuando dijo: "Milani, no me mate". Le contestó Carlos Zannini: "Trabaja para Stiuso".

Cristina tiene razones para fantasear este calvario: ella y su esposo se sirvieron de mecanismos similares en contra de otros. ¿O no celebraban cuando Arroyo Salgado, con el auxilio de Stiuso, acosaba a Ernestina Herrera de Noble por la falsa apropiación de dos hijos de desaparecidos? El temor a que el caso Nisman aterrice en el juzgado de Rodríguez hace que el kirchnerismo vapulee a la jueza de San Isidro por sostener lo que su jefa afirmó desde un comienzo: que el fiscal fue asesinado. Como si la muerte de Nisman fuese un acordeón, ahora conviene la teoría del suicidio.

Henry Kissinger sostuvo que "también los paranoicos tienen derecho a tener enemigos". Tal vez a Arroyo Salgado y a Stiuso les convenga que el deceso del fiscal sea examinado en un fuero más confortable. Delante de la fiscal Fein ya declararon Stiuso y quien fue director de Análisis de la ex SIDE, Alberto Massino. La aparición de Massino plantea varios interrogantes. Este agente era el responsable político del espionaje. Además de examinar la información, solía derivar a los medios oficialistas, sobre todo a Página 12 y Tiempo Argentino, las campañas contra dirigentes opositores o periodistas críticos. También ordenaba seguimientos para grabar conversaciones. ¿Qué tenía que ver todo esto con el trabajo de Nisman? Massino dijo que el fiscal lo llamó la tarde anterior a su muerte para localizar a Stiuso. ¿Hablaron sólo de eso durante 12 minutos?

Lo más importante de la declaración de este ex funcionario es que, igual que Stiuso, dijo que Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, los dos "pingüinos" que dirigían la ex SIDE, conocían las escuchas que Nisman analizaba. Además de ponerse a salvo de un reproche por deslealtad a la Presidenta, Stiuso y Massino sugirieron que el Gobierno estaba en condiciones de saber que el fiscal preparaba una denuncia. Por lo tanto, podría tener interés en reemplazarlo. Y Nisman habría precipitado su presentación para evitarlo. Stiuso debe estar interesado en desmentir a Cristina Kirchner, que lo culpó de haber instigado a Nisman a acusarla, en represalia por su despido de la ex Side. Stiuso declaró ante Fein que él no había colaborado, ni estaba de acuerdo con la denuncia de Nisman. Allegados a él quieren hacer creer que cuando le dijo a Noticias: "Hay alguien que tiene mi teléfono, pero prefirió no usarlo", se refirió al fiscal, de quien se habría distanciado.

Stiuso pretendería demostrar que no fue el motor sino la víctima de la imputación contra la Presidente. Simple: él habría pactado con Oscar Parrilli una salida pacífica de la ex SIDE, pero la denuncia del fiscal habría enardecido a Cristina Kirchner, que ordenó investigarlo por presunto contrabando. Stiuso está inquieto y permanece fuera del país. Santiago Blanco Bermúdez, su abogado, se pregunta por qué la SIDE, que no es parte en la causa Nisman, obtiene información de Migraciones sobre los movimientos de su cliente. Sencillo: a Stiuso le están aplicando el método Stiuso. Sólo que para espiar este jubilado movía menos la ligustrina.

Recién cuando Larcher declare ante Fein se sabrá si la señora de Kirchner conocía que Nisman preparaba una denuncia. Según un diputado opositor de su confianza, Larcher está aterrorizado. Ya no cuenta con la solidaridad de Stiuso, a cuyo abogado visitó hace una semana. Tampoco lo protege la Presidenta, que lo considera poco menos que un traidor. Además, tendrá que exponer su rostro ante la prensa, ya que no ha sido funcionario de carrera. Lo único que falta es que, como en el caso de Stiuso, el Gobierno decida investigar su patrimonio.

La pesquisa de la muerte de Nisman lleva en sus pliegues otra investigación involuntaria sobre la muerte de la ex SIDE. Hasta el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Darío Richarte, abogado de funcionarios con problemas, decidió pedir licencia por sus vinculaciones con Stiuso, que la izquierda ha comenzado a denunciar. Este entramado inspira otra pregunta: ¿cuántos secretos de ese submundo donde se ligan Justicia y espionaje guardan los teléfonos y las computadoras del fiscal, que Arroyo Salgado se resiste a analizar?

Por: Pablo Wende.

El agujero fiscal es de tal magnitud que el Tesoro precisa cada vez mayor financiamiento por parte del Banco Central. Los números divulgados por la propia entidad que preside Alejandro Vanoli son contundentes: sólo en el primer bimestre el BCRA giró $ 22.000 millones para financiar las necesidades fiscales, contra sólo $ 5.100 millones que se habían emitido con ese fin en el mismo período del año pasado. Conclusión: la emisión con fines fiscales se aceleró más de cuatro veces de un año a otro.

Los números son alarmantes cuando se proyecta para adelante. El año pasado, la emisión del Central para financiar al Tesoro había llegado a $ 161.000 millones. A esta altura del año, se estima que ese monto no bajará de los $ 300.000 millones.

Semejante cantidad de dinero que se volcará en el mercado hace temer por el efecto que esto generará sobre la inflación y sobre el tipo de cambio. Por el momento no ha sucedido ninguno de estos dos efectos, ya que los precios se vienen desacelerando gradualmente y el "blue", lejos de seguir subiendo, cayó de los $ 13 la semana pasada.

Pero no será fácil mantener dicha estabilidad en los próximos meses. La expansión de pesos para financiar al sector público generó un fuerte salto de la base monetaria, que pasó de crecer a un ritmo del 20% anual en septiembre, previo a la asunción de Vanoli en el Central, a nada menos que el 34% interanual según el último dato divulgado. La circulación monetaria también creció sustancialmente y ya se ubica en el 27%, cuando recién pasaron dos meses de 2015.

¿Por qué no se nota por el momento un efecto de la expansión de dinero en la inflación o en el dólar? Hay por lo menos tres motivos:

• En cualquier economía del mundo existe un rezago entre el efecto que la política monetaria genera en los precios y también en el tipo de cambio.

Así, la fuerte contracción de la base monetaria que llevó adelante Juan Carlos Fábrega recién comenzó a tener efecto en el último trimestre del año pasado (coincidiendo con la asunción de Vanoli). Ahora podría producirse el efecto contrario. El aumento casi descontrolado de pesos se notaría en la segunda parte del año.

• El fuerte ritmo de ventas de "dólar ahorro" por parte del Central contiene la eventual demanda que puede existir sobre el "blue", aunque a un alto costo de casi u$s 500 millones al mes. Una buena porción de esas divisas que se venden por el mercado oficial se ofrecen en el paralelo y explica la presión bajista de estos meses.

• La caída de la economía también explica por qué se calmó la inflación, que igual se mantiene en una velocidad "crucero" del 2% mensual (27% anual). Las menores ventas impiden remarcaciones exageradas.