Los trabajos destinados a preservar el medio ambiente, para superar las imposiciones gubernamentales que llevaron a paralizar en Chile el emprendimiento minero binacional de Pascua-Lama, hacen prever una reactivación de los planes de la compañía multinacional si a mediados de este año las autoridades trasandinas otorgan los exigentes permisos ambientales, según informes difundidos en el vecino país.

El optimismo que apunta a levantar la paralización dispuesta en octubre de 2013 por la Justicia chilena por las denuncias de violaciones a las normas ambientales en la construcción del complejo minero, es el resultado del consenso logrado entre las comunidades afectadas, las autoridades del área y la empresa, al superarse desinteligencias que parecían irreversibles. Las buenas relaciones entre estos sectores permiten vislumbrar que a mediados de este año la empresa Barrick obtendrá los permisos ambientales para retomar el proyecto, e iniciar una segunda etapa de manera que a partir de entonces Pascua Lama avance en la infraestructura para la extracción de oro y plata en ambos lados de la cordillera, ya que en el lado sanjuanino no existen los impedimientos que se presentaron en Chile. 

Es así que la firma canadiense informó en febrero en Santiago que en breve podrá ingresar al sistema de evaluación ambiental, ya que solicitará nuevos permisos para la construcción definitiva del manejo de las aguas cercanas al yacimiento. Los problemas en este mecanismo causaron la paralización de la iniciativa hace casi dos años y dio lugar a una multa de 16 millones de dólares, considerada histórica por la Superintendencia de Medio Ambiente, que observó un conjunto de irregularidades en su Resolución de Calificación Ambiental.

Pascua-Lama, que contempla una inversión de 8.500 millones de dólares, de los cuales ya gastó 5.500 millones, debió replantarse en Chile para superar ciertas exigencias y así poder seguir adelante. Parece que lo logró gracias al entendimiento alcanzado por las partes y, en particular, con las comunidades que se sentían afectadas y nunca habían sido parte de las negociaciones para aprobar el proyecto.

A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Chile se impone el sentido común en resguardo de los intereses generales, con equidad, sin interferencias del ambientalismo ideológico.