Por Jorge Oviedo.

Fue el hoy ministro Axel Kicillof quien, con ánimo combativo, dijo en público y ante las cámaras que en su opinión la Argentina no debería pagarle nada a Repsol por la expropiación de casi toda su participación en YPF. El ahora ministro dijo que, en cambio, Repsol debería pagar por daños ambientales que habría causado la empresa.

Ya en el cargo que hoy ocupa decidió pagarle generosamente a Repsol y salir rápido del conflicto. Pero YPF tiene demandas por pasivos ambientales, y no sólo en la Argentina, sino también en Estados Unidos. Y está llevando adelante trabajos de remediación -en La Plata-, por ejemplo. Todo lo cual suma costos.

La compañía paga y los accionistas tendrán, si los hay, menos beneficios. El accionista mayoritario, con el 51%, es el Estado argentino. Eso luego de que Kicillof acordó que, en vez de cobrar, entregaría 5000 millones de dólares en bonos de deuda argentina a Repsol. Nada de cobrar por daños ambientales y mucho menos de desendeudar.

El último informe rutinario de YPF presentado el lunes pasado a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC son las siglas en inglés) dice lo contrario de lo que Kicillof dijo en su momento. La compañía de propiedad estatal mayoritaria enfrenta compensaciones por daños ambientales. Algunas ya están en ejecución.

Kicillof, que es miembro del directorio de la empresa en nombre del Estado nacional, no puede no conocer el documento, que en algún párrafo hasta desliza un crítica a la política de importaciones. "Los criterios para aprobar o rechazar las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) no están legalmente definidos", dice en inglés (la traducción no es oficial).

Pero si iba a expropiar la mayor petrolera del país, Kicillof podría haber tenido mejor información respecto de las cuestiones ambientales. Su antecesor en el directorio en representación del Estado, Roberto Baratta (hombre de Julio De Vido), tal vez se lo podría haber explicado.

En 2005 la compañía había sido demandada por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, en Estados Unidos, por contaminaciones causadas por la operación de Maxus, una empresa norteamericana que YPF adquirió en tiempos de José Estenssoro.

El informe también recuerda que la empresa hizo en 2011 un acuerdo con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de Buenos Aires para remediar la contaminación en el canal adyacente a la destilería de La Plata.

También dice que la empresa ha sido notificada de una demanda hecha por 37 personas por los daños causados en 1988 por las fugas en tuberías a raíz de operaciones de robo de combustible, un caso famoso que probablemente no muchos recuerden. El reclamo es por 47 millones de pesos, pero la empresa dice que como fue en tiempos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, antes de las privatizaciones, la responsabilidad es del Estado, que hoy es su principal accionista. ¿Otra novedad para Kicillof?

El Estado nacional se negó a establecer una indemnidad judicial a la compañía por esta causa, por medio de una decisión administrativa. "Consecuentemente, hemos demandado judicialmente al Estado para que se declare la nulidad de esa decisión administrativa". A la fecha del informe, la decisión judicial estaba aún pendiente.

A esa demanda se sumaron en diciembre pasado otras 19 por aproximadamente 19 millones. "A la fecha del presente informe un plan de remediación está siendo desarrollado en el área afectada bajo la supervisión de la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires."

También revela que ha recibido varios reclamos de la AFIP y de autoridades fiscales provinciales por cuestiones impositivas que no precisa, pero afirma que no son "individualmente significativas".

Recuerda además que existen demandas de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa) y recuerda que la Corte Suprema rechazó el pedido de incorporar como terceros involucrados a Repsol y a los directores que estuvieron en servicio hasta 2012. ¿Otro error de pronóstico de Kicillof?

Otras cosas se prometieron con la ley de reestatización parcial de la compañía, como la incoporación como accionistas de las provincias de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), lo cual requiere un acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional, aún pendiente.

Pareciera que al ministro conviene más escucharlo cuando reporta a Washington que cuando lo hace en la Argentina. Suele ser mucho más preciso..