Por Ricardo Carpena.
Los principales candidatos presidenciales les prometen a las cúpulas del sindicalismo peronista lo que ellas quieren escuchar. Es lógico: el próximo presidente necesitará del poder sindical para garantizar la gobernabilidad, mientras la dirigencia gremial precisa que el nuevo jefe del Estado la reconozca como interlocutora social y no la trate con indiferencia como Cristina Kirchner. Pero ya existen algunas señales de que puede haber cortocircuitos en esa relación de conveniencia.
No es una buena noticia para la vieja guardia del movimiento obrero, por ejemplo, que Daniel Scioli quiera atraer a los jóvenes camporistas, sus enemigos íntimos de la última década, que dejarán un campo minado en el Estado a través de la contratación de cientos de militantes. Tampoco, que los presidenciables piensen en un pacto social: eso implicará la suspensión de las paritarias para buscar acuerdos anuales de salarios y de precios como receta antiinflacionaria.
Pero, ¿qué es lo que quiere el sindicalismo peronista? Todos buscan recuperar el poder perdido y volver a ser privilegiados por el gobierno de turno. Hay mensajes latentes para el heredero de Cristina, como lo transparentó Armando Cavalieri la semana pasada, en un congreso de seguridad social: “El movimiento obrero tiene cosas muy importantes. La ley sindical, es decir, el unicato siempre atacado por la izquierda y por la derecha; el convenio colectivo por actividad y el gran monumento que son las obras sociales”. El próximo Presidente no podrá desconocerlo.
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El poder gremial atraviesa una inédita crisis de identidad, con muchas conducciones vitalicias y deslegitimadas, segundas líneas que presionan por ascender y una base de trabajadores jóvenes, imprevisibles, cuestionadores de las jerarquías y sin lazos firmes de pertenencia al peronismo. En mucho ayudaron a esa crisis no sólo los últimos fallos laborales de la Corte, que agrietaron al viejo modelo sindical, sino también la forma en que Cristina dejó de reconocer a los gremios como los necesarios intermediarios entre el poder político y los trabajadores. Para un sindicalismo que creció asegurando la paz social a los sucesivos gobiernos a cambio de ciertos privilegios, el giro copernicano de la Presidenta fue un arma letal. Sin un proyecto propio, autónomo del Estado, y sin debate interno, ni el sector sindical dialoguista ni el opositor lograron cambiar la realidad.
Uno de los tantos cambios que se produjeron es la neutralización de esa estrategia clásica acuñada por el líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor: golpear para negociar. El sindicalismo opositor y parte del oficialista golpearon con el paro del 31M, pero Cristina Kirchner no abrió ninguna negociación sobre el Impuesto a las Ganancias. Por eso se producen situaciones tan extrañas como, por ejemplo, que los duros como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo dispongan una tregua sin medidas de fuerza y que un dialoguista como Antonio Caló presione con un paro de 36 horas.
En realidad, si Moyano y Barrionuevo no avanzaron con el plan de lucha fue porque la semana pasada se consolidó un nuevo eje de poder sindical basado en el transporte, que avanza sobre las tres CGT. Y el ratificado líder de ese sector, Juan Carlos Schmid, está compensando la debilidad de su gremio pequeño, el de Dragado y Balizamiento, con su capacidad de dialogar con todos y de haber consensuado con Moyano un compás de espera antes de concretar otro paro, con el fin de dejar expuesta a la Presidenta en su inflexibilidad. Ese fue su primer éxito, aunque será una misión imposible convencer a Cristina de modificar Ganancias cuanto antes. Por eso a mediados de mayo habrá una nueva huelga general, que, desde la óptica K, confirmará lo que dijo Florencio Randazzo (y lo que piensa la Presidenta): “Los dirigentes sindicales son parte del problema de la Argentina”.
¿Lo será también un moderado como Caló que se endureció? El congreso metalúrgico lanzó un paro de 36 horas, que mañana tendrá fecha si fracasa una crucial audiencia en el Ministerio de Trabajo (aunque al instante se dictaría la conciliación obligatoria). El gremio reclama un 32% y el sector patronal ofrece un 22%, aunque se estiraría al 24%, más la incorporación a los básicos del bono de 2.000 pesos. Así, llegaría a un 33% en los sueldos más bajos. ¿Lo firmará la UOM?
La Casa Rosada necesita dar señales de que las paritarias están encarriladas, pero es difícil sin resolver antes Ganancias. Les pasa a los bancarios, que exigen un 33% y la compensación del impuesto, y también a Luz y Fuerza, que lanzó otra huelga para el 13 de mayo en contra del tributo. Para colmo, la Presidenta habría frenado el acuerdo que se perfilaba en Comercio: un 30% en dos cuotas, más dos sumas fijas de 1.200 pesos. ¿Es muy elevado para el Gobierno? Ahora se duda sobre la homologación del convenio de los obreros del Tabaco, que fue de un 33% y 8.000 pesos no remunerativos. Algo que confirmaría que, más allá de que los sindicalistas sean o no parte del problema de la Argentina, la mayor porción la aportaría la tozudez de Cristina.
