Por Guillermo Kohan.

De pronto, el establishment político, judicial y económico de la Argentina encendió luces amarillas. Ya no están tan seguros de que las bases del modelo de poder que gobierna la Argentina bajo el mando de Cristina Kirchner vaya a terminar el próximo 10 de diciembre. La supuesta recuperación de la Presidenta en las encuestas y la percepción de que el Gobierno puede dar pelea en octubre si finalmente Daniel Scioli se convierte en el candidato del oficialismo para las presidenciales reanimaron este debate entre los hombres más influyentes del mundo de negocios.

Puede afirmarse que ha dado algún resultado la instalación mediática que intenta el oficialismo en las últimas semanas, augurando una Cristina invencible, capaz de controlar y dominar el futuro gobierno de Scioli; o aun perdiendo las elecciones, con la capacidad de condicionar al futuro Presidente hasta voltearlo para volver al poder lo antes posible. Los mercados tomaron nota: dejó de caer el dólar y las acciones y bonos argentinos perdieron entre 15% y 20% en los últimos 20 días.

Uno de los elementos que más preocupa es el copamiento que se profundiza en áreas del Estado y la Justicia por militantes kirchneristas. El caso de la Cancillería o los nuevos organismos de inteligencia han sido muy publicitados. También se publicó con nombres y apellidos la persecución a funcionarios de carrera que no aceptan las presiones políticas, una experiencia que se amplió a cantidad de reparticiones en estos años tras la intervención violenta del Indec en 2008. No solo persiguen a los funcionarios que no se allanan a las órdenes políticas del Gobierno, sino que se ocupan de presionar a las empresas o instituciones privadas que les dan trabajo una vez que son separados de la función pública.

A nivel de la Justicia, hombres de experiencia en los juzgados advierten que la puesta en marcha del nuevo código de procedimiento penal es el caballo de Troya para el copamiento de la Justicia por parte del kirchnerismo. "Lo que no pudieron con la ley de democratización de la Justicia, lo van a lograr ahora con la implementación del nuevo código de procedimientos penal", dicen los jueces. En principio, el nombramiento de unos 1600 abogados militantes de La Cámpora, Justicia Legítima y otras agrupaciones oficialistas, que pasaran a integrar de por vida la nómina de nuevos jueces, fiscales y jerárquicos del Poder Judicial. Un nuevo Poder Judicial militante. El problema, según relatan magistrados con años de experiencia en Tribunales, es que en estas horas avanza en la Comisión Bicameral del Congreso las leyes para la implementación del nuevo Código ya convertido en Ley, que les da plenos poderes a los fiscales para iniciar, manejar y cerrar causas prácticamente sin intervención de los jueces. Tal como trascendió en las últimas semanas, ese nuevo código se aplicará por ahora en la justicia ordinaria, aparentemente por un acuerdo político entre la justicia federal y el Ejecutivo para dejar a Comodoro Py afuera de esta reforma- Al menos por ahora. El punto es que la Justicia había frenado el nombramiento de una veintena de fiscales militantes para intervenir los juzgados, con el argumento de que el nuevo Código no estaba implementado. Al avanzar ahora en la implementación, aunque no sea para la Justicia Federal, se caerían los amparos en el fuero contencioso administrativo, y la Casa Rosada lograría la colonización de la justicia con los nuevos fiscales militantes. A la vez, las leyes para la implementación del nuevo código de procedimiento consagran súper poderes de por vida al jefe de los fiscales, en este caso para la ultra kirchnerista Alejandra Gils Carbó, que ya adelantó en tribunales que va a resistir en su cargo el cambio de Gobierno. Según explican jueces de distintos fueros, estos súper poderes que se le consagran a Gils Carbó la colocarían en una instancia incluso superior a los ministros de la Corte Suprema. Podrá nombrar y echar fiscales, moverlos de causas según su entender, utilizar fiscales de otras jurisdicciones digitando en que causas intervienen, abrir y cerrar causas judiciales a ciudadanos y empresas sin control de los jueces del proceso.

Para el mundo empresario y financiero, el copamiento K de la Justicia representa una pesadilla de final incierto. Sobre todo por la cantidad de herramientas regulatorias que ha diseñado el Gobierno para perseguir a personas o empresas. No solo la ley de abasteciemiento. Basta recordar que la nueva ley de inteligencia le permite al Estado intervenir en supuestos delitos económicos y financieros, que por otra parte también están incluidos en la nueva ley anti terrorista.

Todos se preguntan qué harán Daniel Scioli, Sergio Massa o Mauricio Macri con esta herencia. Qué volumen de poder político podrán recomponer para enfrentar a un supuesto Estado militante, dentro del Estado. Las teorías abundan. Massa y Macri suponen que el manejo de la caja será suficiente como para contrarrestar esa resistencia. Scioli aparece más misterioso en ese rubro. Quienes lo conocen aseguran que no esperó 20 años para ser Presidente, para luego dejarse manejar por Cristina. Empresarios y banqueros escuchan a los analistas. Preguntan a los encuestadores. Pero de algo están cada vez más convencidos. Antes de arriesgar en serio una moneda, más vales esperar y observar. Son múltiples y muy complejos los cepos que se deberían desarmar con el nuevo Gobierno. No solo el financiero

Por Mariano Grondona.

Mientras el cristinismo procuró quedarse con todo el poder, la configuración de la política entre nosotros fue binaria: de un lado, la Presidenta trataba de consolidar un poder pretendidamente omnímodo y, del otro, la oposición la resistía. Pero ahora que el cristinismo ha iniciado, aunque de mala gana, una retirada al parecer inexorable, irrumpe otra configuración del poder que podríamos denominar "pluralista" porque son varios los partidos que aspiran simultáneamente a ocupar el lugar de Cristina. Esta súbita multiplicación de los protagonistas se registró, por ejemplo, en Mendoza, donde triunfó el radicalismo, en alianza con Pro y el Frente Renovador, y en Santa Fe, con la victoria de Pro.

Que el país haya pasado de una estructura binaria a otra pluralista es sin dudas un progreso de la democracia, porque será más difícil intentar, a partir de aquí, el retorno del autoritarismo que tanto nos ha tentado a los argentinos. El ideal sería en tal sentido un sistema político de dos, tres o a lo sumo cuatro partidos capaces de rotar en el poder, reflejando así las cambiantes preferencias de sus votantes.

Hay, de todos modos, una considerable distancia entre estos dos sistemas. En tanto uno de ellos se limita a una perspectiva bien limitada, de "A" o "B", digamos, el otro se abre a más alternativas. Pero si el pluralismo se excediera, también podría caer en el caos de la multiplicidad. La elaboración de un sistema de partidos ideal debiera equivaler a una fórmula de sentido común producto de una larga experiencia, en virtud de la cual, los protagonistas evitaran caer en los extremos contraproducentes del autoritarismo y de la dispersión.

La concreción de este ideal intermedio, a mitad de camino entre la gobernabilidad posible en un marco de moderación y de buen sentido, abriría las puertas de la eficacia de la gestión en un país como el nuestro, proclive a los excesos contrapuestos de un idealismo excesivo y de un pragmatismo que a veces linda con el cinismo. Pero, a la vista de nuestra experiencia en esta materia, que exhibe una curiosa mezcla de metas idealistas manchadas al mismo tiempo por el lodo de la corrupción, la prudencia debería guiar nuestros pasos.

Ciertas condiciones, también extraídas de la experiencia y del sentido común, deberían guiarnos. El legislador tendría que soslayar, por lo pronto, la ambición de convertirse en un nuevo Licurgo. Así como el juramento hipocrático prohíbe al médico, por lo pronto, hacer el mal, el legislador contemporáneo debiera esquivar, por su parte, los excesos idealistas. Mejor es lograr, en esta materia, avances mínimos pero seguros antes que saltar a la ansiosa búsqueda de una pretendida revolución. Quizá la guía segura en esta materia todavía sea la sabiduría de Dalmacio Vélez Sarsfield.

Este elogio de un pluralismo sensato tendría que incluir además lo que podría llamarse el minimalismo de una visión en cierto modo escéptica sobre las reformas posibles. Las naciones debieran preferir en esta materia los logros verificables a los encendidos discursos. Lo mejor, después de todo, es el paso bien medido y meditado, que el salto audaz. Estos consejos se parecen más bien a la inspiración de un viejo que a la aspiración de un joven. Pero ¿es que acaso los argentinos somos todavía una nación joven? ¿Qué es lo que distingue en todo caso la mentalidad de los viejos de la mentalidad de los jóvenes? ¿La experiencia? Un joven tiene menos experiencia. Pero ¿a lo mejor la ha aprovechado mejor? La energía juvenil desborda de vitalidad y sale en busca de vivencias aún no comprobadas. Vive al día. Mientras tanto acumula lo que experimenta. Se vuelve gradualmente más sabio. Tiene cada día más memoria.

¿Es posible transferir estas emociones de lo individual a lo colectivo? Cada uno de nosotros, ¿cuánto sabe de sí mismo? Supongamos que vamos a comparar a un francés de cuarenta años con un argentino de setenta años. ¿Quién es más viejo? En la cuenta del francés, ¿cuánto pesan los años de Francia, cuando él, todavía, no había nacido?

A estos temblorosos interrogantes habría que sumar además los que surgirían de la inmensa variedad de los destinos individuales, incluidas las idas y venidas de nuestros sentimientos personales. En última instancia, ¿la vida de cada uno resulta inabarcable? Las personas, las referencias sobre lo que cada uno dijo y pensó en todos sus años de vida, ¿quizá quedan ocultas tras un velo de misterio? Ante todas estas dudas e interrogantes, ¿con cuál de ellas nos quedaremos? Y, sin embargo, nos queda la sensación de que, para bien o para mal, hemos sido los responsables de lo que nos pasó..

Por Luis Rappoport.

Tras estos doce años, la gestión económica argentina acumula un nuevo fracaso para el país. Así como el gobierno de Alfonsín terminó en hiperinflación y el final del ciclo de convertibilidad de Menem-De la Rúa terminó con la crisis de 2001/2002, la actual gestión termina con una múltiple acumulación de desequilibrios.

La decisión de Néstor Kirchner de "inflacionar" la economía es una de las peores marcas que deja el período. Se suma a un dólar corroído por esa misma inflación, la traba a las exportaciones de la industria y de las economías regionales, las restricciones a la importación que limitan esas mismas exportaciones y restringen la producción al mismo mercado interno. Tenemos un déficit insostenible financiado con emisión y un Banco Central que absorbe con tasas -también insostenibles- los pesos de esa emisión. La Argentina no crece y está cada vez más encerrada sin poder integrarse en las cadenas globales de producción, distribución y desarrollo tecnológico.

Para ponderar el tamaño de la mala praxis de este último período, un ejemplo interesante es el de la política energética: la idea de desacoplar los precios de la energía respecto de los precios internacionales impidió que el país viviese el extraordinario boom de inversión petrolera de la década; en ese período -pese a que el precio del petróleo en el mercado mayorista interno fue sustancialmente inferior al precio internacional- nuestros productores agropecuarios pagaban el gasoil al mismo precio que un productor de los Estados Unidos. Ahora que los precios del petróleo bajaron, un nuevo desacople remunera a las petroleras por encima del precio internacional, pero esta vez los productores agropecuarios deben pagar el gasoil a un precio sustancialmente mayor que el de sus competidores en los Estados Unidos y, encima, los nuestros reciben un precio 35% menor por las retenciones.

En síntesis: un país que necesita divisas se da el lujo de perder áreas sembradas y reducir sus exportaciones. Entretanto remunera por demás a productores petroleros que no van a usar ese dinero para invertir porque no tienen señales de política pública de largo plazo: un regalo del campo a los petroleros que no subsana la pérdida de inversiones pasada, pero limita la expansión agrícola. Toda una genialidad.

Este botón de muestra se suma a muchos más que tienen un correlato en el mercado de trabajo: hoy, el sistema productivo argentino no genera puestos de trabajo. Y la gente ocupada en empleos formales privados no alcanza para sostener a un Estado que se convirtió en un "improductivo empleador de última instancia". Y algo peor aún: buena parte de la población -presente y futura- no es empleable en trabajos de razonable productividad porque no puede hacer cuentas simples o interpretar un manual de operaciones sencillo. El deterioro de la educación y del capital humano es quizá la peor deuda de esta década.

Ahora estamos completando el ciclo con una tablita a lo Martínez de Hoz para agradar a la "patria financiera", con endeudamiento chino y con contratos tan secretos que no los conocen ni siquiera los candidatos a presidente que serán los que deberán honrarlos (o renegociarlos).

Cualquier proyecto humano tiene tres preguntas: ¿quién?, ¿qué? y ¿cómo? En los tres fracasos de la gestión macroeconómica hubo una pregunta que no fue formulada. Los argentinos debatimos mucho el "quién", poco el "qué" y nada el "cómo". El "quién" lo responde rápidamente el presidente al elegir a un ministro de Economía. En buena parte del ciclo Kirchner -más grotesco- ni siquiera contó con ministros: éstos fueron decorativos y la gestión quedó en manos de dos presidentes sin condiciones ni capacidad para esa tarea. El resultado está a la vista. Mientras la soja subía de precio, las irresponsabilidades e ineptitudes no se notaban tanto; ahora estamos frente a la evidencia del fracaso. En ambos casos -con ministro o sin ministro- la concentración de poder y la sujeción sin control a prioridades políticas de corto plazo limitaron la posibilidad de un horizonte de planeamiento suficiente.

El "qué" responde a la coyuntura del estrecho horizonte de gestión. No hay políticas de largo plazo porque las urgencias del circunstancial "quién" presidencial lo impiden.

El "cómo" -el ausente en nuestro debate- refiere a los límites consensuados de los "quién", refiere a la organización de la gestión, refiere a definir (y respetar) a los distintos actores involucrados en las decisiones, refiere a definir la misión y el sistema de incentivos de cada uno de esos actores, refiere a la evaluación del impacto de las distintas políticas y al control posterior de los resultados. Más generalmente, el "cómo" define el "proceso de decisión" de las políticas. La gestión del matrimonio Kirchner desplegó un "cómo" grotesco inédito: al destruir el sistema estadístico nacional, la misma Presidenta y su gobierno ignoran la información que les permitiría evaluar su propia gestión.

Deberíamos abrir el debate sobre las principales instituciones necesarias para el "cómo" de la gestión económica. La Argentina necesita una oficina de presupuesto en dependencia del Congreso. El proceso de selección de sus funcionarios debería ser tan riguroso como el de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Su función: asistir a los parlamentarios en la evaluación de la propuesta de presupuesto nacional y realizar el control presupuestario para informar al Congreso y a la población sobre la ejecución del gasto público.

También necesitamos un consejo de asesores económicos, cuyo proceso de selección sea predefinido y extraordinariamente riguroso para evitar favoritismos políticos. El consejo debería ser un ámbito técnico -y plural- de evaluación de impacto de las políticas económicas y debería disponer de recursos para la contratación de universidades y centros de estudios. Su principal misión: darle racionalidad y comprobación empírica al debate económico "antes", "durante" y "después" de la ejecución de las políticas.

El país no aguanta más tiempo con gobernadores clientelizados cuyo mejor ejercicio de federalismo es aplaudir al circunstancial dueño de la caja y su mejor ejercicio de gestión es replicar ese mismo clientelismo haciendo crecer el empleo público. La coparticipación debe estar atada lo más posible a la masa salarial privada formal, no vinculada a compras públicas. De esa forma, cualquier gobernador que se precie se verá obligado a gestionar el desarrollo de su provincia con más y mejor empleo privado.

Y, desde luego, en la medida en que el "cómo" sea parte de la agenda argentina, habrá más y mejores normas que ordenen la gestión económica y social. Pautas de este tipo no evitan el error, eso es parte de la condición humana, pero acotarían sustancialmente la arbitrariedad en la toma de decisiones, permitirían un debate racional sobre el "qué". Ese debate podrá responder a los grandes desafíos argentinos y no a la pequeña política de la próxima elección.

El autor es economista, miembro del Club Político Argentino

Por Daniel Fernández Canedo.

El Gobierno consiguió US$ 1.415 millones por medio de la colocación de bonos Bonar 2024 y festeja a nombre de la cuenta que deberá pagar el próximo gobierno.

El festejo oficial responde a que habían salido a buscar modestos US$ 500 millones y lograron casi el triple en un contexto difícil, amenazado por la acción de los fondos buitre.

Esos fondos le pidieron al juez neoyorquino Thomas Griesa un bloqueo de la operación por considerar que, a pesar de ser una emisión en dólares pero en la Argentina, en algún momento requeriría que las divisas pasen por algún banco internacional.

En una primera opinión, Griesa les dijo que no había objeciones a menos que presentaran pruebas que justifiquen un bloqueo y les dio tiempo hasta hoy para que lo hiciesen.

Pero, a pesar de las dificultades, el Gobierno demostró que puede conseguir dólares (los mencionados US$ 1.415 millones) para fortalecer las reservas del Banco Central (el objetivo del plan de vivienda vendrá después...), pero debe pagar la elevadísima tasa de 8,956% de la que, obviamente, deberán hacerse cargo otras administraciones.

Es decir, los dólares entrarían ahora y el costo de la carga financiera que implica asumir el pago de una de las tasas de interés más altas del mundo será materia de otros.

Siempre es bueno recordar que el costo financiero para Uruguay o Bolivia es la mitad y que México acaba de colocar un bono a 100 años de plazo a 4,5% anual.

En un mundo desarrollado de tasas cercanas a cero, el dinero sobra, pero a la Argentina, por una política poco eficiente para con los acreedores, se lo cobran caro.

Mientras tanto, con esos dólares y los que están comenzando a entrar por la soja, tanto Axel Kicillof como Miguel Bein, el economista más escuchado por el oficialismo en estos días, creen que el “escenario de estabilidad financiera” ganó espacio y tiempo.

Además, anoche, el directorio de YPF decidía si ampliaba una emisión de bonos a 10 años de plazo a una tasa que podría rondar 8,75% anual debido a la gran demanda que había encontrado en el mercado.

La petrolera argentina salió a buscar US$ 500 millones y le ofrecieron más de US$ 4.000 millones, por lo que analizaba subir la emisión hasta US$ 1.000 millones para aprovechar y pasar el rastrillo lo antes posible aunque la tasa fuese, como en el caso del Gobierno, muy alta.

Esos casi US$ 2.500 millones que sumarían las reservas dejan en claro que, en los mercados, la avaricia vence al miedo y más en esta oportunidad en la que los operadores compran bonos baratos de un gobierno que se va, con la expectativa de que el que venga hará mejor las cosas y, por tanto, ya no pagará las elevadas tasas que promete el actual.

Los mercados buscan ganancias apostando a una Argentina menos riesgosa en materia financiera y con la seguridad que pagará por el bajo nivel de deuda que hoy tiene flotando en los mercados.

Para el Gobierno, conseguir divisas implica la vía de consolidación del actual esquema de dólar atrasado en la búsqueda de aquietar la inflación.

Eso se complementa ofreciéndole a los ahorristas tasas de interés en pesos superiores a la expectativa de devaluación. Hoy, los bancos le ofrecen a los ahorristas plazos fijos a 20/21% contra una supuesta suba del dólar oficial que no superaría 15% durante este.

Así, por lo menos hasta agosto o septiembre, pareciera que la tasa le puede ganar al dólar o que, por lo menos, ese es el juego de muchos tenedores de pesos que conocen el atraso del dólar pero que, como los funcionarios, apuestan a que por el cepo y las mayores reservas del Banco Central, el corto plazo en materia cambiaria seguirá despejado.

El atraso del dólar es una realidad que ni siquiera las estadísticas oficiales logran ocultar y que los cálculos más moderados ubican en el orden del 50% respecto del tipo de cambio real promedio de toda la era kirchnerista.
Pero, como en otras ocasiones de la historia económica argentina, los mercados, y también los ahorristas, apuestan a hacer una diferencia en la carrera dólar-tasa y después salir. Claro que el momento de la salida es incierto.

Las finanzas ya se mueven al ritmo del gobierno que vendrá mientras que el costado comercial responde al que está de salida.

La liquidación de divisas del sector agropecuario registra una baja de 30% (unos US$ 2.000 millones menos) en la primera parte del año respecto del anterior.

La caída de las exportaciones se consolida como una realidad de una economía que lleva más de tres años estancada, con una inflación muy alta y en la que el sector privado hace tiempo que dejó de crear puestos de trabajo.
Ahora, llegó el tiempo de la entrada de los dólares de la soja y, junto a los aumentos salariales, se iría gestando un “veranito” de consumo que el Gobierno y las empresas tratarán de aprovechar para salvar el año.

La Argentina no se terminará con las elecciones de octubre y la necesidad de correcciones en materia económica se podrán postergar a fuerza de dólares caros, emisión y aumento del gasto público, pero la historia indica que en algún momento las medidas se harán indispensables.