Por Eduardo van der Kooy

Cristina Fernández ha decidido recurrir a la estrategia de la guerra fría contra la Corte Suprema. La receta elegida tendría vínculo con las limitaciones objetivas que tiene su Gobierno en estos ocho meses finales de mandato: exhibe todavía, teniendo en cuenta esas condiciones, un respetable poder de fuego. Pero sin la capacidad para convertirlo en letal.

Aquella guerra fría también resulta posible por otra razón. Al Gobierno sólo le preocupa defenderse pensando en el futuro, aunque el recambio presidencial sea parcialmente propio, con Daniel Scioli y Florencio Randazzo. El kirchnerismo anclaría con uno o con el otro. A la oposición, en cambio, le va la vida en la campaña y en la construcción de una alternativa factible de poder. Esa obligación la distraería de otras cosas. Si no fuera así, resultaría difícil de explicar la escasez de opositores en la Comisión de Juicio Político de Diputados donde el oficialismo produjo una movida: colocó a Anabel Fernandez Sagasti, una camporista de Mendoza, discípula de Máximo Kirchner, a cargo de aquella comisión en reemplazo de Adela Zegarra. La diputada del Movimiento Evita había quedado sin estabilidad interna luego que el año pasado la oposición logró firmar en minoría un pedido de juicio político contra Amado Boudou.

La oposición tiene trece representantes en la Comisión de Juicio Político contra 19 del kirchnerismo. Pero ayer sólo se pudo ver a Laura Alonso y Pablo Tonelli (PRO) y Manuel Garrido (UCR). Sería injusto no señalar que dos presidenciables se ocuparon de la crisis K con los jueces de la Corte: las advertencias corrieron por cuenta de Sergio Massa y de Elisa Carrió.

La guerra fría de la Presidenta perseguiría varios objetivos. Primero: forzar una nueva vacante en el máximo Tribunal, tras la salida voluntaria de Raúl Zaffaroni. Segundo: debilitar ahora y para el futuro a su titular, Ricardo Lorenzetti. Tercero: lograr en el Congreso la ampliación de cinco a nueve el número de jueces. Cuarto: dejar una Corte diezmada y permeable a una posible negociación para el turno que viene.

Las baterías verbales del kirchnerismo apuntan sobre Carlos Fayt. El magistrado, de 97 años, nunca le regaló un voto a las urgencias políticas del Gobierno. Esa situación explica la ofensiva K cuya cara visible es Aníbal Fernández. El jefe de Gabinete trataba tiempo atrás al veterano juez con desprecio. Ahora comenzó a reconocer sus pergaminos aunque continúa echando sombras sobre su capacidad vital para ejercer el cargo. Las palabras de Aníbal se hilvanaron con la puesta en marcha de la Comisión de Juicio Político. No habría casualidades en esos movimientos.

El kirchnerismo dispone de mayoría en esa Comisión. Podría redactar un pedido de juicio para elevar a la Cámara. Allí se vislumbraría su obstáculo insalvable: carece de los dos tercios para intentar progresar con la maniobra. Pero no para algún operativo de desgaste. Aunque eso signifique, a lo mejor, asumir riesgos públicos: Alonso ya recordó las solicitudes de juicio político que la oposición tiene redactadas contra el vicepresidente, contra la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, por el irregular nombramiento de fiscales y contra Héctor Timerman, por el insólito Memorándum de Entendimiento suscripto con Irán. Pese a todo, valdría mas la cabeza de Fayt. Demandarían informes a la Corte sobre la situación del juez. Solicitarían la acción de juntas médicas para evaluar su salud mental. Nada determinante, aunque orientado a mellar su estado de ánimo.

Idéntica intención se agazaparía detrás de las presiones contra Lorenzetti. Cristina y Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, observan ahora al abogado de Rafaela como el enemigo mas temible. Alejado Zaffaroni, le adjudican haberse convertido en el hombre que unifica los criterios en el Tribunal con los fallos que el Gobierno considera perjudiciales. Entre los últimos, el dictado de la inconstitucionalidad por la lista de conjueces con los cuales el kirchnerismo soñaba fidelizar la Corte.

A la Presidenta le irritó además la referencia de Lorenzetti acerca de que los jueces están para ponerle límites “a los gobierno de turno”. Podría ser para los que vengan pero nunca para el de ella. Le replicó el lunes con las postales de Néstor Kirchner y Hugo Chávez: “El único control es el del pueblo”, aseguró. Una frase acorde con su concepción de democracia y con el carácter del acto que apuntó a homenajear a los ex presidentes fallecidos.

A Cristina le obsesiona también el despliegue habitual del titular de la Corte. Sus intervenciones en un foro del gremio metalúrgico. De los industriales azucareros. O, como anteanoche, en la Feria del Libro a la cual ella no concurre. Crease o no, desde la Casa Rosada auscultan diariamente la página web del CIJ (Centro de Información Judicial) donde creen advertir una supuesta plataforma adecuada a los intereses de Lorenzetti. La obsesión los lleva a indagar cuantos ingresos diarios posee aquella web. Siempre los atemoriza la llegada del jefe de la Corte con la dirigencia política. Tal vez, porque uno de sus conspicuos gestores es un antiguo ex senador K y amigo de Kirchner, Nicolás Fernández, a quien la Presidenta hace mucho excomulgó. Lo acusan, además, de haber sido uno de los consejeros de Massa cuando el diputado del Frente Renovador rompió con los K en el 2013 y los derrotó en las legislativas.

Nadie sabe cuanta de toda esa presión del poder influye de verdad en Lorenzetti. Si se conoce que algún efecto surte. El titular de la Corte cometió un error cuando el lunes dejó trascender que luego de diciembre no continuaría comandando el Tribunal, como sus integrantes, por unanimidad, habían resuelto semanas atrás. La acordada de ayer a la mañana habría desnudado el malestar de sus colegas. Se supo que volaron durante la cita algunas palabras ásperas. La Corte ratificó, al final, la reelección de Lorenzetti, que tomó un avión y viajó a Roma.

Quizás la Presidenta no mensure adecuadamente la onda expansiva que va generado su guerra fría. Se advertiría un abroquelamiento de la justicia tradicional en torno a la figura del jefe de la Corte. Incluso de jueces federales que manejan causas sensibles de corrupción en el Gobierno. Cristina cuenta, en ese aspecto, con una ventaja: en poco tiempo mas será candidata y tendrá la protección inexpugnable en la Argentina de los fueros.

Esa impunidad le posibilitaría progresar con el proyecto para ampliar el número de magistrados –de cinco a nueve– en el Tribunal. Sucederá en las próximas semanas con una garantía: el kirchnerismo posee mayoría simple –lo que necesita– para sancionar la iniciativa en Diputados y el Senado. La disputa por el llenado de la vacantes sería posterior, con el advenimiento del nuevo Gobierno.

Para ese plan sería importante el desplazamiento de Fayt. De ese modo la Corte quedaría restringida a tres jueces. Con seis sillones vacíos a cubrir. Quedaría a la vista un Tribunal evidentemente debilitado.

Con la esperanza de conservar la primera minoría en Diputados y el Senado, aún en el caso de una caída, el kirchnerismo quedaría en buena postura para entablar una negociación sobre los cortesanos con el Gobierno que llegue. Una repartija razonable podría consistir en tres para cada bando. Sería la última pieza para completar el blindaje judicial que persiguen desde hace rato Cristina y el kirchnerismo. Apenas un anticipo de las desventuras políticas que le aguardan al próximo presidente y a la democracia.

Por Joaquín Morales Solá.

La extrema tensión en la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia estuvo a punto de dejar al tribunal sin su actual presidente, Ricardo Lorenzetti. Finalmente, Lorenzetti aceptó la ratificación de su reelección y la confianza que le brindaron ayer los tres miembros restantes de la Corte. Sin embargo, la escalada vivida en la cumbre del poder institucional merece que se formulen algunas preguntas. ¿Era realmente la renuncia de Lorenzetti el objetivo del Gobierno? ¿Qué motivó esta nueva y atropellada fase en la guerra declarada hace mucho contra el máximo tribunal de justicia del país?

Primero deben verificarse los hechos. Es cierto que en la mañana del lunes pasado Lorenzetti visitó en sus despachos a los jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, y que les manifestó su deseo de renunciar a la reelección, que sólo entrará en vigencia a partir de diciembre próximo. Los jueces habían estado reunidos antes en sesión de acuerdos, pero el tema no se trató colectivamente. La sesión de acuerdos, que se hace habitualmente los días martes, se adelantó un día porque Lorenzetti tenía previsto viajar ayer a Italia para participar en una presentación del nuevo Código Civil argentino. La crisis lo obligó a cancelar ese viaje a último momento.

La versión que Lorenzetti les dio a los otros jueces es que estaba moralmente agobiado por la insistente campaña del Gobierno contra la Corte y contra él. La nueva embestida del oficialismo estalló después de que la Corte declarara nula e inconstitucional la designación de los conjueces de la Corte y de que el propio Lorenzetti recordara la semana pasada, en un discurso público, que "la Corte no gobierna, pero está para poner límites". Esa definición del juez enfureció de tal manera a Cristina Kirchner que ésta aprovechó anteayer un acto en la Casa de Gobierno para contestarle. "Sólo la Constitución y las elecciones nos ponen límites a los gobernantes elegidos", disparó en una clara respuesta a Lorenzetti. La Corte interpreta precisamente a la Constitución cuando destaca su función de poner límites a los otros poderes del Estado. Las palabras y la escenografía fueron coherentes en Cristina Kirchner: sólo la pérdida total del sentido de los límites pudo permitirle a la Presidenta colocar el retrato de su marido muerto en el Salón de los Patriotas de la Casa de Gobierno. Una versión sudamericana de Corea del Norte.

Aníbal Fernández no perdió una mañana sin atacar a la Corte, sobre todo por la reelección de Lorenzetti y por la avanzada edad del juez Carlos Fayt. A la ofensiva oficial se le sumó Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte hasta hace cuatro meses. Zaffaroni, que parece haber extraviado el sentido de la lealtad a sus antiguos colegas, criticó a Lorenzetti y al resto de los jueces supremos por haberlo reelegido como presidente. La más grosera e inhumana agresión estuvo dirigida a Fayt, a quien le reprochan airadamente que tiene 97 años. La vejez como un delito, según el Gobierno, que habla de los derechos humanos como una bandera propia y de nadie más. Fayt es un reconocido maestro del derecho por jueces y abogados. La insultante operación oficial tuvo también otros voceros no tan directos.

A Lorenzetti le hacían dos objeciones. Su reelección y el voto de Fayt, que presuntamente lo firmó en su casa y no en la sala de acuerdos. Lorenzetti cumplirá en diciembre nueve años como presidente de la Corte. Fue reelegido por tres años más, hasta 2019. El criterio de la Corte, en realidad, es volver al principio, cuando sus presidentes duraban mucho tiempo y trascendían a los gobiernos. Cree que esa permanencia mejora la percepción de la sociedad sobre la independencia de la Justicia. En efecto, los jueces argentinos miran el caso de los Estados Unidos, donde las cortes supremas son conocidas por el nombre de su presidente ("La Corte de Warren", por ejemplo), mientras que aquí se las conoce por el nombre del presidente de la Nación (la Corte de Menem o de Alfonsín).

En la Argentina, hay también ejemplos de presidentes de la Corte que duraron mucho tiempo: desde Antonio Bermejo, a principios del siglo pasado, que estuvo 24 años como titular del máximo tribunal, hasta Roberto Repetto, en las décadas del 30 y el 40, que conservó el cargo durante 14 años. Otros, como José Gorostiaga y Benjamín Paz, duraron diez años. Julio Nazareno, el presidente de la Corte menemista, estuvo nueve años. El caso de Lorenzetti, en resumen, no inaugura nada nuevo en la instancia más alta de la Justicia.

Con todo, no puede ignorarse que la decisión de adelantar ocho meses la elección de Lorenzetti fue también un acto de autodefensa de la Corte. El tribunal venía de anular la designación de los conjueces y esperaba fuertes empellones oficialistas. Si bien fue presentada como una decisión necesaria para alejar al tribunal de las turbulencias electorales del segundo semestre del año (y esto también influyó), lo cierto es que pesó más la necesidad de presentar un cuerpo unido y un presidente respaldado por el resto de los jueces. La brutalidad de las estrategias del cristinismo termina, al final, provocando el efecto contrario.

Las referencias al voto de Fayt son directamente una manipulación humillante de datos supuestos. Aun cuando Fayt haya firmado el acta en su casa, la Corte tiene muchos precedentes de jueces que, por razones de salud o por necesidad de tiempo, han hecho lo mismo en muchas ocasiones. Los jueces conocen los casos, los conversan con sus colegas y, a veces, la resolución que acuerdan la firman en sus domicilios particulares. Enrique Petracchi firmó, cinco días antes de morir, el último acuerdo en su casa, donde ya agonizaba. Fayt tiene los achaques de la edad, pero ha conservado una envidiable lucidez para interpretar las leyes.

La Corte adelantó ayer dramáticamente el calendario que se había impuesto: ratificar el próximo martes la reelección de Lorenzetti para después de diciembre. ¿Por qué lo hizo? Fundamentalmente porque consideró que no hubiera sido conveniente que la presidencia de la Corte estuviera en discusión o en duda durante una semana.

La ratificación de Lorenzetti no estuvo nunca en duda. Tanto Maqueda como Highton de Nolasco sabían que ellos habrían vivido el mismo tormento de Lorenzetti si lo hubieran reemplazado. El objetivo del Gobierno no es Lorenzetti, a pesar del especial enfado que hay con él en el cristinismo, sino Fayt. La cruel persecución de Fayt, y su eventual renuncia, le daría al Gobierno una nueva vacante en la Corte. El oficialismo creyó siempre que dos vacantes, la que ya existe y una más, le permitirían negociar con la oposición, sobre todo con el radicalismo, el nombramiento de dos jueces.

El segundo objetivo del Gobierno es la creación de un clima propicio para ampliar el número de miembros de la Corte. La certeza de que ese proyecto existe en el Gobierno es lo que impulsó a los jueces supremos a revisar la designación de los conjueces. Cristina Kirchner está, a su vez, precalentando a sus legisladores para votar la ley que ampliaría el tribunal. El Gobierno quiere llevar de cinco a nueve los miembros de la Corte. Como actualmente hay cuatro jueces en la Corte, una integración de nueve dejaría en minoría al tribunal actual. No podría tomar decisiones, porque naufragó la idea de llenar la Corte de conjueces cercanos al cristinismo. Invadidos o maniatados. Así quiere el Gobierno a los jueces actuales de la Corte. Todos los autoritarismos terminan por destruir cualquier noción de la división de poderes. El único e insalvable obstáculo de Cristina Kirchner para consumar su cometido es que el tiempo se le ha ido.