Por Sergio Serrichio.

El revuelo que ha causado la decisión de Axel Kicillof de poner tope a las negociaciones salariales paritarias y la difusión de los recientes aumentos otorgados al directorio de YPF, la petrolera de mayoría estatal “recuperada” por el kirchnerismo en abril de 2012, constituyen un buen eje para analizar otra fenomenal estafa política e ideológica consumada en los últimos años por el kirchnerismo. 

Esa estafa fue perpetrada, además, a un costo relativamente bajo. Al fin y al cabo, la popularidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), recuperada tras el caso Nisman y cercana hoy a 40%, es muy superior a la de sus pares sudamericanas Dilma Rousseff, cuya imagen cayó en Brasil por debajo de 15%, y la presidenta chilena Michelle Bachelet, que decidió cambiar nueve ministros para intentar revertir la imagen de su gobierno y el daño de un caso de corrupción que involucra a su hijo y su nuera. 

El tope de 24/25% de aumento salarial que impuso Kicillof con la venia presidencial y que se encarga de aplicar el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, está detrás del malestar sindical y de una serie de huelgas y movilizaciones que podrían derivar en un nuevo paro general (el último fue hace menos de dos meses, el 31 de marzo) o en un paro escalonado y acumulativo de los diferentes gremios del transporte, que podría frenar gradualmente la actividad económica hasta llegar, en el tercer día, a paralizarla por completo. 

El cepo propuesto por Kicillof es entre 6 y 10 puntos inferior a la tasa de inflación que los gremialistas toman como referencia para negociar los salarios. El ministro intentó arreglar las cosas con unos retoques al impuesto a las Ganancias, de modo de satisfacer los reclamos de algunos gremios, pero sólo logró irritarlos.

Por lo confuso de las medidas más allá de los rebuscadas modificaciones que debió introducir el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray (nuevo enemigo de Kicillof en la interna del Gobierno), todo fue un artilugio para preservar lo esencial: que la presión del impuesto, una vez vigentes los aumentos salariales, sea igual o mayor que antes. 

Mientras el Gobierno aplica esa presión sobre los salarios (y se siguen conociendo historias del menefreguismo K a la hora de gastar el dinero de los contribuyentes) se difundió que YPF aprobó aumentos a sus 30 directores (titulares y suplentes) que lleva el promedio de sus remuneraciones por arriba de los 400.000 pesos mensuales. Mucho más en el caso del presidente de la petrolera, el “mago” Miguel Galuccio, y tal vez también en los de los directores estatales Nicolás Arceo, un amigo de Kicillof, y el propio ministro.

Con todo, la principal estafa de YPF no son las remuneraciones de sus directores sino sus resultados y la política energética oficial. Hace más de tres años, el Gobierno reestatizó la empresa confiscando la mayoría de las acciones de la española Repsol, a la que resarció en un acuerdo posterior, que pagaremos durante varios años los próximos gobiernos y todos los argentinos.

Lo hizo en nombre de la “soberanía hidrocarburífera” que el propio kirchnerismo había perdido en los 9 años previos (en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno, la Argentina no sólo se autoabastecía, sino que tenía un superávit energético de 6.000 millones de dólares.

En 2012, cuando reestatizó YPF, el país importaba casi 10.000 millones de dólares anuales de energía y la balanza comercial del sector registraba un déficit de 3.000 millones de dólares). 

Pues bien, “mago” Galuccio de por medio, la producción de gas y petróleo de la Argentina es, hoy, 4% inferior a lo que era en 2012. Es cierto, la producción de YPF aumentó, pero menos de lo que declinó la del resto de las empresas del sector. 

Con todo, lo más relevante es que, tras la reestatización, el gobierno revirtió por completo su política de precios. Después de mantener durante 9 años los precios locales de la energía por debajo de los internacionales (lo que llevó a la parálisis de inversiones, a la baja de la producción y a la consiguiente necesidad de importar, que a su vez prohijó el déficit comercial), concedió a la YPF estatal y a todas las firmas del sector precios superiores a los internacionales.

Durante nueve años sostuvo que la energía debía ser barata porque era “local” y favorecía la “producción” y desde hace tres practica que debe ser más cara, porque se necesitan inversiones. Por primera vez en décadas, el precio del crudo “Medanito” es superior al “West Texas Intermediate (WTI)”, uno de los referentes internacionales. 

El volantazo no fue sólo de precios. Además, el Gobierno aprobó una nueva ley de hidrocarburos a pedir de boca de las petroleras extranjeras e YPF firmó un acuerdo con la norteamericana Chevron del que se niega a difundir el contenido. Todo, vale repetirlo, para que tres años después el sector muestre una producción de gas y petróleo inferior a la de 2012.

En 2013, Carlos Alfonsi, director de downstream de YPF, había dicho que la Argentina recuperaría el autoabastecimiento “entre 2014 y 2015”. Hace unos días su jefe, Galuccio, dijo que llevaría “entre cinco y diez años” más. 

Con la política salarial, el kirchnerismo realizó una cabriola parecida. Durante casi doce años, el presidente Néstor Kirchner, la presidenta CFK y sus ministros repitieron hasta el hartazgo que “los salarios no generan inflación”. Ahora, en cambio, parece que sí. En algo, en cambio, son obstinados.

Según Kicillof, el ministro de Economía más poderoso desde Domingo Cavallo, el gasto público y el déficit fiscal, que este año orillará los 300.000 millones de pesos, a financiarse fundamentalmente con emisión monetaria y algunas dosis de nueva deuda, no tienen nada que ver. Como tampoco los precios de la energía. 

¿No es una estafa?