Por Joaquín Morales Solá.

No hay nada mejor que una barra brava, sea cual sea, para empezar una campaña electoral sucia y tramposa. El kirchnerismo tiene, además, una larga experiencia en esta lamentable práctica durante los años electorales. Los últimos datos que se conocen sobre los estragos del jueves pasado en el estadio de Boca señalan que la autoría intelectual de esos hechos recaerían en sectores del club afines al gobierno nacional. Desde ya, el objetivo final no es el presidente de Boca, Daniel Angelici, sino el jefe del gobierno porteño y candidato presidencial Mauricio Macri. Macri dejó de ser presidente de Boca hace ocho años, pero Angelici pertenece a su línea interna, es su amigo personal y suele hacer algunas gestiones políticas para el macrismo. La incómoda situación actual de Angelici podría ser fácilmente transferible al propio Macri.

Un escándalo político se superpone con un escándalo deportivo. El autor de la agresión a los jugadores de River, Adrián "Panadero" Napolitano, tiene relación con Roberto Digón, un viejo sindicalista peronista (actualmente cercano al cristinismo) que siempre lideró la oposición a Macri en Boca. Digón aclaró que esa relación se terminó hace algunos años, pero ayer se supo que Napolitano figuraba hasta hace poco como miembro de Nuevo Boca, la organización interna que creó Digón, un viejo dirigente sindical de los tabacaleros.

También se vinculó a Napolitano con Juan Carlos Crespi, un miembro de la actual comisión directiva de Boca, que jugó alternativamente a favor de Macri y en contra de Macri. Crespi es también sindicalista, de los petroleros en este caso, y participó activamente tanto de la privatización de YPF, en los años 90, como de la confiscación de la empresa petrolera dispuesta por Cristina Kirchner en 2012. Su vieja militancia peronista lo coloca más cerca del gobierno nacional que de cualquier otra cosa.

El grupo de Digón en Boca se integra con el ex presidente del club Jorge Amor Ameal (que aspira a suceder a Angelici y que tiene un hijo en las filas de La Cámpora); con Víctor Santamaría (un kirchnerista de la primera hora, presidente del peronismo porteño, patrón del sindicato de porteros y titular del club Sportivo Barracas); Santiago Carreras (un camporista que es senador provincial de Buenos Aires por el Frente para la Victoria), y Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas y candidato a jefe de gobierno porteño en las elecciones del próximo 5 de julio.

Detrás de Napolitano se esconde, entonces, una densa trama de intereses políticos cuando falta apenas un mes y medio para las elecciones de la Capital, cruciales para Macri. Napolitano hizo declaraciones ayer en las que contó su delito como la travesura de un niño inconsciente (ver suplemento Deportes). No aclaró, sin embargo, cómo pudo ingresar el envase del gas pimienta al estadio a pesar de la supuesta revisación de la policía en la entrada (¿lo revisaron realmente?) ni cómo pudo salir disfrazado, guiado y protegido por dirigentes del club. No se trata sólo de Napolitano, sino de varios barrabravas más, todos inscriptos en los sectores opositores a la actual conducción de Boca. Más allá de la responsabilidad que le toca al propio Angelici (que también existe), está claro que se trató de una vasta operación con intereses más poderosos que un atentado a la estabilidad del presidente de Boca.

El propio Angelici contó públicamente que los barrabravas llegan a los estadios, los días de partidos, custodiados por la Policía Federal, que dispone sus vehículos delante y detrás de los colectivos que trasladan a los violentos hinchas de cualquier club. Llegan más custodiados que los equipos que van a jugar el partido. En los estadios tienen asignado un lugar privilegiado que nadie se atreve a tocar. Los barrabravas cometen delitos no sólo dentro de los estadios, sino también, y sobre todo, fuera de ellos. Crímenes, tráfico de drogas, reventa millonaria de entradas y violencia sin límite ni medida son algunas de sus comunes depredaciones.

Los barrabravas son la mano de obra necesaria de la peor política. En el caso de Macri, el objetivo es doble si lo afectara un escándalo. Por un lado, el jefe porteño quedaría mal parado frente a las primarias presidenciales de agosto si hiciera una mala elección en julio en la Capital. El Gobierno necesita, además, ganar en primera vuelta en las elecciones presidenciales generales de octubre, porque una segunda vuelta sería muy riesgosa para el oficialismo. Cierto o no, el kirchnerismo está convencido de que Macri es el único candidato opositor con envergadura para hurtarle el poder nacional. Es común escuchar a los funcionarios nacionales decir que las posibilidades de Sergio Massa se encogieron ya de una manera irremediable.

El kirchnerismo es un viejo artesano para idear operaciones electorales mediante la divulgación de información falsa. En 2005, poco antes de las elecciones legislativas, el kirchnerista Daniel Bravo denunció que el entonces candidato del ARI Enrique Olivera tenía dos cuentas no declaradas en el exterior. La elección se hizo, a pesar de la enérgica desmentida de Olivera, con ese manto de sospecha sobre él. El banco informó el lunes siguiente a las elecciones que Olivera no tenía ni había tenido cuentas en esa entidad. Cuatro años después, en 2009, Francisco de Narváez fue denunciado por presuntas vinculaciones con el tráfico de efedrina, que complicaba más a los funcionarios kirchneristas que a cualquier otro. No obstante, De Narváez le ganó a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas de ese año. Poco después, la causa abierta contra De Narváez fue archivada por la Justicia por falta de pruebas.

El problema irresuelto del kirchnerismo en la Capital (donde está su primer objetivo) es que en las primarias salió tercero y no segundo. Si la situación se repitiera, y si hubiera segunda vuelta, el candidato de la oposición a Macri sería Martín Lousteau y no Mariano Recalde. El obstáculo del kirchnerismo, el primero al menos, es Lousteau y no Macri. Sin embargo, el oficialismo preferiría un triunfo de Lousteau antes que la consolidación de Macri como candidato presidencial. "La Capital podría quedar en manos de Lousteau. La Presidencia no puede quedar en manos de Macri", señalaba un alto funcionario nacional la semana pasada, apenas un día antes de la devastación en Boca.

Macri necesita ganar en primera vuelta en la Capital, porque una segunda vuelta entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau podría ser riesgosa. Un triunfo ajustado no lo ayudaría a Macri en su carrera presidencial. Antes de viajar a Europa, Elisa Carrió dejó una frase de ayuda electoral a su nuevo aliado, Macri: "No conozco a Lousteau. No me interesa lo que sucederá en la Capital; sólo me interesa la campaña nacional", dijo. Lousteau nunca le agradeció a Carrió la campaña que ésta hizo por él en la última semana antes de las primarias capitalinas.

Con todo, el enemigo de Macri no está en el espacio no peronista; su adversario desenfrenado se oculta detrás de un barrabrava dispuesto a arruinar un partido para mezclar de la peor manera la política y el fútbol..

Por JULIAN A. DE DIEGO*

En mi camino entre los tribunales y mi oficina debía cruzar la Plaza de la República, donde había una batucada organizada que blandía pancartas, repartía folletos, y tenía una banda propia de bombos, tambores y cornetas. Eran unas cien personas, claramente divididas entre los que hacían mero acto de presencia, la banda, y los que acompañaban con cánticos alusivos. Pregunté si alguien dirigía a los manifestantes, y rápidamente señalaron a su líder. Inventé una excusa para saber si el servicio de ‘batucada’ que ellos prestaban se podía contratar. Ante mi sorpresa me entregó una tarjeta con un número de celular, y me anticipó con un folleto alguna de las tarifas. Allí se detallaban el valor por persona, tanto de los que hacían número como ellos los llamaban, como los que tenían funciones como llevar las pancartas, los que repartían panfletos. Los más caros eran los que tocaban los bombos y los tamboriles. Su anfitrión me anticipó que podían lanzar bombas de estruendo, y que tenían morteros para ese propósito. Me anticipó que estaban dispuestos a bloquear una calle o avenida, pero que no se exponían a actos de violencia, salvo que se tuvieran que defender de alguna agresión externa. Finalmente me confesó espontáneamente que el grupo formaba parte de la barra brava de un destacado club de fútbol. Pregunté cómo actuaban si la prensa o la policía les requería su identificación, y me respondieron, que los líderes y sus adláteres reales del reclamo los debían acompañar en todo momento, y ante esos requerimientos ellos eran los que ‘daban la cara’.

Diez años han pasado desde aquella experiencia, y sabemos por vía de los medios de difusión, que es frecuente el empleo de los grupos ‘de apoyo’ en las medidas de fuerza, en protestas o bloqueos, siempre recurriendo a la mano de obra organizada desde las barras bravas de fútbol.

Todo se terceriza cuando una organización no está especializada en la actividad desarrollada por la empresa, cuando se trata de servicios que no están dispuestos a realizar por razones operativas o técnicas, o cuando la contratación se refiere a una prestación muy especializada. El fenómeno de los conflictos se ha modernizado acorde con las demandas y también con las limitaciones de los últimos tiempos. Se ha involucionado al punto de emplear a terceros en los piquetes, barricadas y bloqueos, y en actos de resistencia violencia psicológica y violencia física que los mismos trabajadores en conflicto no estarían dispuestos a concretar por sí mismos.
En general, la jurisprudencia ya ha establecido algunos principios que determinan que una medida de fuerza promovida por el sindicato, pero operada por terceros es intrínsecamente ilegal.

En efecto, se estableció que resultan ilegítimas las huelgas adoptadas por un grupo de trabajadores que no constituyan una organización gremial, como así también las medidas de fuerza consistentes en trabajo a desgano, pues, la exclusividad del derecho de huelga cae está en cabeza de las asociaciones sindicales con personería gremial; (CNacApTr, sala IV o 28/12/2012 o Brindisi, Ricardo Gabriel c. Correo Oficial de la República Argentina S.A. o o DT 2013 (mayo), 1025 o AR/JUR/75569/2012).

En otro caso, se estableció que el art. 5 inc. d) de la ley 23.551 incluye como derecho de todas las asociaciones sindicales –sin circunscribirlo a las que cuentan con personería gremial– el derecho de huelga y de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical y el art. 31 al describir los ‘derechos exclusivos’ de los sindicatos con personería gremial no menciona el derecho de huelga, por lo tanto no podría entenderse que las medidas de acción directa son exclusivas de la asociación con personería gremial; (CNacApTr, sala I o 28/12/2012 o Orellano, Francisco Daniel c. Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/juicio sumarísimo o DT 2013 (mayo) , 1022 o AR/JUR/74970/2012).

De ambos fallos se extrae que las entidades sindicales están habilitadas para promover medidas de fuerza, pero los terceros son ajenos, y carecen de legitimidad para participar. La contratación de estos grupos de choque por vía de un sindicato invalida la medida y la transforma en una acción ilegal, con todos sus efectos penales por los delitos que se cometan, civiles por los daños y perjuicios ocasionados, y laborales por las posibles sanciones de multa o la eventual suspensión o pérdida de la representación que ostenta.

Al respecto se ha resuelto en la Justicia del Trabajo es competente para entender en una acción incoada por una empresa a raíz de los daños y perjuicios causados por uno de sus empleados en el desarrollo de una huelga, ello debido a que se ha invocado la existencia de una relación laboral entre las partes y en virtud de lo establecido por el art. 20 de la ley 18.345. (CNacAp Civil, sala E o 31/03/2011 o Jumbo Retail Argentina S.A. c. Romero, Héctor Daniel o LA LEY 12/04/2011 , 8 LA LEY 2011-B , 468 , DJ 22/06/2011 , 81 R/JUR/6384/2011).

En efecto, corresponde confirmar la sentencia de grado que fijó una multa diferente para cada día en que el gremio demandado incumpliera la medida cautelar por la cual se lo obligó a desistir de una huelga, pues, dicho aspecto de la resolución quedó firme. (CAp Civil, Comercial y Minería de San Juan, sala I o 06/04/2009, Provincia de San Juan c. Unión Docentes Agremiados Provinciales (U.D.A.P.), La Ley Online o AR/JUR/10387/2009).

La violencia, el autoritarismo, la imposición por el uso de la fuerza, son actos ilegales, incompatibles con los principios más elementales de la democracia y del estado de derecho. Sin dudas, es imprescindible regresar a las fuentes, y volver a recrear el derecho de huelga dentro de las reglas naturales de un conflicto, sin la participación de agentes totalmente ajenos provenientes de organizaciones ilegales.

* Director de Posgrado en Recursos Humanos U.C.A