Los encargados de campaña de Daniel Scioli andaban esta semana con el alma inquieta. Tenían una obsesión nueva, cualitativamente distinta de ésas a las que parecen habituados, como el rol que podría tener Axel Kicillof en un eventual próximo gobierno o cómo resistir a los sutiles hostigamientos de Cristina Kirchner. La gran tribulación bonaerense es, desde el miércoles, una foto más o menos reciente que ya deambula en las redes sociales y que exhibe al gobernador sentado a la mesa y comiendo medialunas con Luis Segura, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y Alejandro Burzaco, líder de Torneos, ejecutivo involucrado en el reciente escándalo de la FIFA por el pago de sobornos. No hay peor pesadilla que la generada por uno mismo: la imagen, que fue tomada el 24 de enero pasado y enviada enseguida a los medios por el propio equipo de prensa de la provincia de Buenos Aires, espanta ahora en La Plata, donde la imaginan publicada tamaño póster en todos los diarios o tapizando las calles en tiempo electoral.

Hay que decir que, por lo menos en esos escrúpulos, el kirchnerismo y Scioli se parecen bastante. No es casual que el candidato tenga en estos momentos 200 personas trabajando en cuestiones de comunicación. O que en algunos ámbitos del gobierno nacional estén pensando, por ejemplo, en intervenirle esa área a Julián Domínguez, el aspirante a gobernador que no consigue superar hasta ahora el 30% de nivel de conocimiento de los votantes. Imitar, más que innovar: intentan insuflarles a los equipos de Domínguez el profesionalismo y la sagacidad que sobran entre los marketineros bonaerenses.

Los alcances de la bomba que acaba de explotar en la FIFA son todavía incalculables en todo el mundo. Particularmente en la Argentina, país que no ha podido resolver todavía cuestiones de organización bastante más elementales como el ingreso del público visitante a los estadios, uno de nuestros récords mundiales: ése fue, entre otros, el tema de aquella reunión entre Scioli, Burzaco y Segura. "A partir de junio o julio comienzan a jugarse partidos de fútbol con hinchadas locales y visitantes, especialmente en los municipios que ya cuentan con policías locales", se entusiasmó el gobernador hace diez días. Mientras tanto, la sola posibilidad de nuevos reverberos del cimbronazo de la FIFA viene carcomiendo los nervios no sólo de funcionarios del Gobierno, sino de una porción importante de hombres de negocios. Desde ambos entornos admiten que lo que pasó esta semana en Suiza resultó, antes que nada, un hecho político que probablemente reconfigure muchas relaciones en múltiples sentidos.

Son suposiciones que van bastante más allá de si, con la investigación, la justicia de Estados Unidos podrá condicionar el futuro de naciones como Rusia o Qatar, sedes de los próximos mundiales: se trata de un salto cualitativo que acaparó aquí las conversaciones entre miembros del Grupo de los Seis, entidad que reúne a los sectores más representativos de la economía, y que consiste en el regreso de Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra, a una posición de administrador de justicia mundial que, para colmo, resulta creíble. Algo así como un homenaje en vida a Joseph Nye, el prestigioso profesor de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard que acuñó hace más de 20 años el concepto de soft power: el modo en que un Estado puede incidir en el mapa de relaciones internacionales a través de aspectos culturales e ideológicos. Nye propone esa alternativa -ejercer influencia a partir de valores como libertad, justicia o república- en contraposición a la tradicional utilización de la fuerza militar de los Estados Unidos (hard power).

La incógnita será ahora dilucidar si se trató de una iniciativa aislada o si, por el contrario, el gobierno de Barack Obama ha decidido posicionarse en ese estrado. "La gran pregunta es por qué Estados Unidos decidió meterse en una ONG Suiza", murmuraba anteayer ante este diario un ejecutivo vinculado con el mundo del fútbol. Si se entiende como estrategia, es natural entonces que la cuestión perturbe en cámaras empresariales argentinas poco acostumbradas a tratar con el Poder Judicial más implacable del mundo. O a funcionarios que pensaban que con Thomas Griesa bastaba y sobraba. Un miembro del Grupo de los Seis dibujaba esta semana castillos en el aire: reflexionaba, por ejemplo, sobre la investigación que la Securities Exchange Commission (SEC), Comisión de Valores de Estados Unidos, lleva adelante sobre la renegociación del contrato de concesión en el yacimiento Cerro Dragón, que opera Pan American Energy en Chubut, o las causas de supuesto lavado en el estado de Nevada que involucrarían a miembros del poder. "¿Usted cree que Bulgheroni y De Vido anoche durmieron bien?", preguntó.

Hasta ahora, más allá de los involucrados directamente y con nombre y apellido, los primeros perjuicios parecen políticos antes que jurídicos. Será difícil neutralizar el impacto sobre, por ejemplo, Aníbal Fernández, candidato a gobernador bonaerense, influyente en la AFA a través de Fútbol para todos y el funcionario que asumió desde un primer momento la defensa pública de ese programa. El jefe de Gabinete, que definió en 2010 el gasto para transmisiones de partidos como "una mera transferencia contable, como si uno dejara dinero en el cajón de la cómoda y se usara el que está en el cajón cocina", dijo anteayer que el Estado podía pedir la intervención de la firma Torneos. Lo venía analizando la Jefatura de Gabinete desde la tarde del día anterior.

El asunto interpela aquí en realidad a una generación entera de dirigentes que, en vida, jamás cuestionó seriamente a Julio Grondona. Y compromete sin dudas a lo que quedará del kirchnerismo en los próximos años. Alcanza con consultar a empresarios de cualquier rubro. Son ellos, los encargados de pagar y enriquecerse, quienes admiten en voz baja que, en montos y en metodología, la corrupción ha proliferado en los últimos años acaso como nunca en democracia. Usos y costumbres que le valieron al billete de 500 euros un sobrenombre en la plaza financiera regional: "El Argentino". Así lo bautizaron, dada su proliferación local, lejos de los escrúpulos por sospechas de lavado. ¿Cuántos Charles Gordon Blazer, ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA que decidió colaborar con la justicia norteamericana a cambio de una reducción de penas, podrían aparecer en la Argentina?, se preguntan en la plaza financiera local. "Imagine lo que podría ser ahora Boudou: ¡un Blazer azul con botones de oro!", sonrió el presidente de una cámara.

Hace diez años, cuando tuvo que lidiar con el caso Skanska, su primer gran escándalo de corrupción, la Casa Rosada contestó con una frase sugestiva: "Es un problema entre privados". La fórmula podría aplicarse calcada en todo el planeta futbolístico, con una excepción: la Argentina, único país del mundo donde este deporte es al mismo tiempo entretenimiento, negocio y panfleto propagandístico estat

La jueza federal María Servini de Cubría decidió acelerar la causa por supuesta malversación de los fondos de Fútbol Para Todos y por corrupción en el manejo de ese dinero por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.

La magistrada está esperando que la semana próxima concluya el trabajo de auditoría de todos los documentos confiscados y tomaría una determinación: avanzar en la investigación que involucra a la cúpula de la AFA y a tres jefes de Gabinete de la Presidenta.

Servini de Cubría no descarta comenzar a citar a dirigentes de la AFA y también a funcionarios de la Casa Rosada. Todo, como parte de la investigación que lleva adelante sobre irregularidades en el contrato de FPT por la que ya allanó oficinas de la AFA.

La decisión de activar la causa la adoptó ayer desde el exterior, después de concluir que el escándalo internacional de la FIFA obliga a tomar determinaciones inmediatas en la Argentina. Se comunicó con sus íntimos colaboradores y les informó que tendría resuelto anticipar de inmediato su regreso a la Argentina para avanzar en ciertos pasos a partir de la semana próxima.

El informe que espera Servini de Cubría lo redacta un cuerpo de peritos comandados por profesionales de la Auditoría General de la Nación.

En esos documentos ya estaría comprobado lo siguiente:

— Que existen mecanismos poco trasparentes en la utilización de los dineros de Fútbol para Todos.

– Que del total de los cuantiosos fondos girados a la AFA, la Casa Rosada abonó cifras sin documentación oficial y en negro. En solo tres años de contrato (hasta 2012) esos giros anormales de fondos alcanzaron unos 179 millones de pesos, que recibieron los dirigentes sin ningún tipo de documentación que lo justifique. Se trata de 30 millones de dólares, al valor del tipo de cambio de la fecha. Una cifra en su medida similar a las coimas que investiga el FBI.

– Hubo anomalías serias cuando se vendieron, al inicio de FPT, espacios publicitarios .

– El contrato con el actual sponsor oficial tiene irregularidades: incluye pagos decrecientes a pesar de la inflación creciente y nadie sabe dónde están los camiones que la compañía entregó para abonar los contratos.

– Está a estudio si existen irregularidades en la relación de la AFA con la contratación de productoras para la trasmisión de los partidos.

– También se analiza el pago que hizo Futbol Para Todos por 26 millones de dólares para obtener los derechos de trasmisión de la Copa América 2011 y 2015. En la denuncia de EE. UU. se habla de pago de sobornos, precisamente por la Copa de Chile de este año.

Servini de Cubría trabaja con un cuerpo de peritos recomendados por el titular de la Auditoría, Leandro Despouy. Son los técnicos que ya redactaron un informe lapidario sobre la forma como la Casa Rosada y la AFA administran los fondos para televisar el fútbol.

El documento tenía total consenso radical y kirchnerista en el directorio de la AGN e iba a ser aprobado por unanimidad. Pero un pedido de la Presidenta frenó su difusión: a último momento exigió que los cuatro directores oficialistas cambiaran el voto y así el duro documento fue archivado. También operó Máximo Kirchner sobre algunos auditores peronistas de la AGN. La presión evitó lo peor para la Casa Rosada: dejar expuestos por maniobras poco transparentes a Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, los tres últimos jefes de Gabinete.

Pero Servini de Cubría cree en la veracidad en esos documentos de la AGN y estaría dispuesta, ahora, a citar a funcionarios y dirigentes de la AFA implicados en las incongruencias financieras de Fútbol Para Todos.

La noticia circuló en todos los ambientes empresarios. Existe preocupación entre los sponsor de la selección nacional, todas compañías líderes y multinacionales.

La cuestión se evaluó en UIA, la COPAL, las asociaciones de bancos y entidades que aglutinan a las “multis”, como Amcham, la Cámara de Comercio de EE. UU. en la Argentina.

En la UIA ocurrió después del encuentro con Daniel Scioli. El candidato presidencial aprobó el examen y su paso no tuvo contratiempos en la central fabril.

La reunión la preparó Cristian Breitenstein, el ministro de la Producción con excelente llegada a la UIA. Scioli tuteó a los dirigentes y se dio el lujo de reprender amistosamente a Juan Sacco: “Juan Carlos, yo no voy hacer ajustes.”

El gobernador también utilizó el encuentro para instalar la idea de continuidad de Axel Kicillof. Como adelantó Clarín el viernes pasado, Scioli tuvo un encuentro con Cristina para hablar del tema. Fue el martes 19, en la Quinta de Olivos. Allí se habría acordado blanquear la continuidad de Kicillof en un eventual gabinete, si triunfa Scioli. No se habló de lugar, ni de ministerio.

Pero entre los colaboradores inmediatos del gobernador se interpreta que así Scioli elimina la intención de ubicar a Kicillof como compañero de fórmula. En el sciolismo sostienen que Kicillof mide mal y puede afectar sus chances electorales. Sucede que el ministro tiene pésima imagen, fruto de la sucesión de fracasos que acumula su gestión.

En la UIA ahora sostienen que el sindicalismo le torció el brazo a Kicillof: tres de los grandes acuerdos salariales se hicieron por un aumento total del 30% y no del 27%, como publicita el ministro.

Así ocurrió en los pactos de la UOM, la UOCRA y Mercantiles. Los gremialistas aceptaron hacerle el juego al “relato” de Kicillof, pero incluyeron formas de liquidación que garantizan otra cosa: un incremento real del 30% que cubre la inflación del Congreso.