A penas convencido definitivamente su entorno de que no habría posibilidades de acuerdo con Sergio Massa, Mauricio Macri tuvo contrapuntos con su sector de origen, el de sus pares empresarios, todavía descreídos del éxito de los consejos de Jaime Durán Barba sobre las ventajas de mantener la identidad de Pro para las elecciones. Son sus críticos más sutiles. "Ustedes le tienen miedo al cambio", les contestó días atrás a dos de ellos.
Van a discutir hasta octubre. Lo que incluso dentro del Frente para la Victoria fue considerado un gesto de autoridad y reafirmación de una construcción política que empezó con la imposición de Rodríguez Larreta como candidato porteño suscita todavía dudas en un establishment que viene soñando con el fin del kirchnerismo. Tanto, que un grupo de inversores entusiastas se acercó en estos días a Massa para disuadirlo, con éxito, de claudicar en su campaña presidencial: la primera vuelta está paga y él podría no sólo impedir un triunfo del Gobierno en primera vuelta, sino convertirse en árbitro en una eventual segunda. Massa tiene todavía un grupo de incondicionales que, de distintos modos, ha estado colaborando con él. Jorge Brito, Daniel Vila y la familia Eskenazi, entre los empresarios; Luis Barrionuevo y el petrolero Alberto Roberti, entre los sindicalistas.
Lo que el líder del Frente Renovador anunció el miércoles, que seguiría en carrera, sorprendió incluso al propio Macri. Si reina la sinceridad y la crudeza, algo poco frecuente en este tipo de encuentros, tal vez el candidato de Pro pueda intercambiar opiniones con el grupo empresarial que menos respaldo explícito le reporta, la Unión Industrial Argentina, y que lo recibirá el 30 de este mes como ya lo hizo con Massa y con Daniel Scioli. Hay recelos de ambos lados. Los dirigentes fabriles han visto históricamente al jefe de gobierno más como un constructor ligado al poder que como par, y éste tampoco los priva en charlas informales de reproches clásicos e hirientes: piensa que suelen ser acomodaticios, prebendarios y que, en general, no arriesgan. Se conocen demasiado.
En realidad, el recelo empresarial más hondo hacia Macri no es ni personal ni ideológico, sino más bien metodológico. De ahí que, incluso a sabiendas de que los obligue a convivir con el kirchnerismo algún tiempo más, algunos industriales se sientan más cómodos con las maneras de Scioli, un gobernante que por lo general jamás los sorprende. "Daniel te anticipa la medida", suelen repetir. Si formara parte de otro proyecto o si volviera a su rol de investigador del Cenda, Axel Kicillof bien podría definir al gobernador como el candidato de las corporaciones.
Pero lo más probable es que Scioli o Macri se topen, si llegan a presidentes, con dificultades similares. Y que el fin del kirchnerismo suponga, para cualquiera que tome la decisión de resolver las inconsistencias de la economía, un cambio drástico no exento de costos políticos. Aunque el ejército de técnicos que sueña con acompañarlos en la Casa Rosada haya tomado la decisión de no pronunciar conceptos prohibidos como "devaluación", "ajuste tarifario" o "negociación con los buitres".
Es inevitable que haya sacudones, algo que los empresarios detestan. La historia podría aquí dejar alguna enseñanza. Carlos Leyba, subsecretario de Programación y Coordinación del Ministerio de Economía durante el tercer gobierno del general Perón, es un economista que ha dedicado parte de su vida a desterrar lo que considera un mito: la gestión de quien entonces era su jefe, José Ber Gelbard, no resultó, como suele decirse, el caldo de cultivo para el Rodrigazo. En su libroEconomía y política en el tercer gobierno de Perón, Leyba dice que aquel programa sustentado en un acuerdo social necesitaba ser administrado y que tuvo una desgracia: renunciado Gelbard, cayó durante siete meses en manos de Alfredo Gómez Morales, un ortodoxo que despreciaba las herramientas de su antecesor, y después en las de Celestino Rodrigo, que pagó el costo. Esa ausencia de conducción heterodoxa para un sistema que lo requería, concluye Leyba, desencadenó la tragedia económica.
Discutible o no, el argumento podría interpelar al futuro. ¿Quién será por ejemplo, durante el próximo gobierno, el encargado de llamar, como lo hace ahora el subsecretario Roberto Baratta, a las fábricas para que dejen de consumir gas o electricidad en momentos de alta demanda energética? ¿O se supone que la inversión del sector llegará antes del verano? En medio de la escasez de dólares, ¿qué funcionario les frenará, como Kicillof, a las multinacionales repatriar utilidades, una prohibición no escrita en ninguna norma? ¿O la lluvia de divisas será inmediata? Hace algunas semanas, quienes integran el equipo económico que asesora a Macri evaluaban terminar con lo que creen un engendro de ineficiencia y corrupción: la estatal Enarsa. Fue un análisis breve, porque hallaron enseguida una dificultad: Enarsa no sólo controla todas las importaciones de combustible y el alquiler de equipos de generación eléctrica, sino que es socia en áreas petroleras offshore y tiene incluso participación societaria en empresas privadas como Transener.
Son nudos regulatorios de una década. ¿Cómo arbitrar, por ejemplo, las discusiones por el valor agregado entre manufactureros y productores de materia prima en sectores que tendrían otra configuración con una economía abierta? Hace dos jueves, apenas la ministra Débora Giorgi se retiró de una reunión con fabricantes de cuero, Horacio Cepeda, secretario de Planeamiento Estratégico Industrial, quedó a cargo del encuentro y fue testigo de los lamentos a uno y otro lado de la cadena de valor. Sebastián Berbech, de Prüne, comentó allí que estaba importando cuero de Brasil porque no conseguía volumen y calidad. "No nos podemos dar el lujo de no tener materia prima", resumió. Sorprendido, Cepeda interpeló a los curtidores, que contestaron que lo que se estaba importando era cuero de oveja. Intervino entonces Daniel Donikian, de la Cámara de Marroquinería: se importaron 12 millones de dólares en el primer trimestre, dijo, y sólo dos son de oveja. "Cuero de chancho dicen que es", corrigió otro curtidor. "En el mundo, hay producción en baja y también bajó la demanda de productos", completó Eduardo Widler, líder de la Cámara de Curtidores. Cepeda les propuso seguir el tema en el Observatorio de Precios que coordina Augusto Costa. Averías del Plan Industrial 2020: hace tres años Giorgi proyectó un alza en las exportaciones de cuero con valor agregado; ahora caen.
Es la letra chica de la sucesión que alarma a empresarios y que tendrá que atender el próximo gobierno. Ya lo aprendió Kicillof: la política argentina tiene razones que no caben en un libro.
(Por Nestor Scibona) Con su discrecional política salarial y de ingresos, el gobierno de Cristina Kirchner viene aplicando el mismo criterio que muchos personajes televisivos en busca de fama: aparecer en los medios y tratar de hacer creíble lo que no es cierto.
Hace un mes, cuando anunció los controvertidos parches en el impuesto a las ganancias, el ministro Axel Kicillof aseguró que las paritarias eran libres y no tenían pisos ni techos. La primera parte de esa afirmación ya no era creíble. A lo largo de la era K la intervención oficial en las paritarias del sector privado fue una constante. Dos semanas después se vino abajo la segunda parte: la Casa Rosada anunció un "acuerdo" para imponer un techo de 27%, fraccionado en dos tramos, en los aumentos salariales de metalúrgicos, mercantiles, obreros de la construcción, encargados de edificios y empleados públicos (UPCN). Todos gremios agrupados en la CGT oficialista.
Con esa movida, el gobierno de CFK perseguía varios objetivos. Uno, que los ajustes de salarios tuvieran un porcentaje que comenzara con 2 y no con 3, para desactivar expectativas inflacionarias. Otro, poner más plata en los bolsillo de los trabajadores antes de las PASO nacionales. De ahí que el primer tramo (de 15,5/17%) fue retroactivo a abril (para reforzar los ingresos de este mes, antes del pago del medio aguinaldo, que se cobrará con eventuales reintegros en cuotas de Ganancias) y el segundo (de 10/10,4%), precisamente a partir de agosto. El tercer objetivo fue reducir las adhesiones al paro de los gremios del transporte de la semana anterior con el apoyo de las CGT y la CTA opositoras, Claro, que todo esto suponía para el gremialismo oficialista aceptar el trago amargo de no recuperar la pérdida de salario real sufrida en 2014, cuando las aumentos giraron en torno de 30% versus una inflación de 35/37% anual (salvo para el Indec, que midió un inverosímil 23,9%).
Esta perspectiva de salarios bajo techo duró poco, ya que no permitía resolver otros conflictos laborales en los que el gobierno de CFK decidió ser juez y parte. No tanto para contener reclamos salariales superiores al 30%, sino para convalidarlos. Pero presentándolos como "acuerdos" por 27,8%, más adicionales que, de hecho, elevan entre 7 y casi 10 puntos porcentuales los sueldos de bolsillo.
Así se puso fin al paro de aceiteros que durante más de tres semanas mantuvo paralizados los embarques del complejo oleaginoso y ponía en riesgo las liquidaciones de divisas. En el caso de los bancarios, que pedían un aumento de 33% más compensación por el pago del impuesto a las ganancias (como las que ya aplican el Bapro y el Banco Ciudad), la negociación de hecho fue bilateral entre Kicillof y el gremio, que paralizó sus actividades a fin de mayo pero no adhirió al paro del 9 de junio. Aquí se impuso a la banca privada la misma la misma fórmula que para la banca pública: el consabido ajuste salarial de 27,8%, más un "premio" por el Día del Bancario (de $ 7029); un plus en compensación de Ganancias atado al índice de rentabilidad promedio del sistema financiero sobre patrimonio (ROE) y la incorporación de los empleados de los call centers bancarios al mismo régimen. Si bien fue presentado como un inédito sistema de participación de trabajadores en las ganancias, el complejo sistema del plus por ROE (según escalas de sueldos) es asimilable a una gratificación supeditada a un indicador que difunde semestralmente el Banco Central. Por lo tanto, no contempla la situación de cada entidad y no está claro si exime a los empleados del pago de Ganancias. Sin ir más lejos, los casos de salarios brutos superiores a $ 25.000 (en 2013) y aumentos de 27,8% como la pauta oficial, implican una quita directa de 5% con el nuevo sistema de deducciones diferenciadas.
Aún así, estos acuerdos bilaterales para frenar conflictos pusieron en pie de alerta a varias seccionales de la UOM (entre ellas, la de Córdoba), que piden una reapertura de la paritaria. Obviamente, en desacuerdo con el acuerdo firmado por Antonio Caló, quien solo obtuvo como concesión un básico garantizado de $ 8160 mensuales como sueldo inicial (31% más).
Mientras tanto, otros conflictos en ciernes preocupan al Gobierno porque no serán fáciles de resolver. Uno es el del gremio de la alimentación, que reclama 42% de aumento (bajo la presión de comisiones internas de la izquierda combativa en varias fábricas) y complica la intención oficial de ajustar los "precios cuidados" no más de 4/5% en julio. Otro es el de camioneros, donde la familia Moyano reclama un 35%, que tendría impacto no sólo en los costos logísticos, sino también en los de muchas municipalidades (por recolección de residuos), que se resisten a subir tasas antes de las elecciones.
También será complicado imponer un techo salarial de 27% en las paritarias de varios gremios donde el pago de sueldos depende directamente del Estado como empleador (maquinistas ferroviarios, gremios de Aerolíneas) o indirectamente vía subsidios. Todos ellos están alcanzados por Ganancias. Por caso, Luz y Fuerza reclama 46% de incremento, pese a haber recibido este año tres refuerzos de $ 4000. En 2014, la paritaria se zanjó con un plus de 2,14% por año de antigüedad.
De todos modos, en peor situación están los trabajadores autónomos y profesionales no sindicalizados, cuyos ingresos son golpeados de lleno por la desactualización del mínimo, deducciones y escalas de Ganancias. Según un informe del Iaraf, los solteros que perciben más de $ 2592 mensuales y los casados con familia tipo que cobran $ 5472. ya quedan alcanzados por el impuesto. Y si cobran $ 10.000 mensuales más que esos mínimos, deben tributar la alícuota máxima del 35% sobre los excedentes. Si sus ingresos suben 25% este año, pagan de impuesto 65% y 29% más, respectivamente, que en 2014.
Tanto o más desconcertante es que desde hace 13 meses no se ajusta la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se mantiene en $ 644 mensuales. Una de dos: o CFK cree realmente que la pobreza bajó a menos de 5% o espera que se acerquen las PASO para anunciar un resonante ajuste de 35/40% para mejorar la intención de voto por el oficialismo. Aunque sólo mantenga la AUH en términos reales igual que en mayo de 2014.
