(Por FRANCISCO OLIVERA) La inquietud surgió en reuniones de las que participó Máximo Kirchner. Es medular al proyecto nacional y popular y tiene que ver con el futuro inmediato: tarde pero seguro, en La Cámpora acaban de percatarse de que, si el objetivo es convertirse en una estructura de poder que trascienda para, como pretenden, manejar los destinos del país, será necesario tender algunos puntos de contacto con empresarios de peso. La estudiantina puede ser útil para recabar votos, pero convertirse en un actor relevante de poder siempre requiere otras destrezas y alianzas. Hasta ahora, la corriente que conduce el candidato a diputado por Santa Cruz viene funcionando adherida al liderazgo de la Presidenta y a los fondos públicos.

Vicisitudes del cambio de escenario y de roles. No sólo Daniel Scioli se está preparando internamente para lo que podría ser, si triunfa en octubre, una convivencia con fuerzas que siempre lo han despreciado. El kirchnerismo delibera también sobre el modo de permanecer y convertirse, en un contexto diferente del actual, en una fuerza más allá del Estado.

No es una meta sencilla porque, hasta el momento, empresarios y militantes han manejado lenguajes y cosmovisiones distintos. Pero hay un rasgo relevante que puede haber pasado inadvertido en estos días: las últimas reuniones que Daniel Novegil, con el aval de Paolo Rocca, dueño de Techint, le organizó a Axel Kicillof con empresarios de primera línea fueron por pedido del ministro de Economía, no por iniciativa del grupo siderúrgico.

El problema es que algunas señales son todavía ambiguas. Es natural, por lo tanto, que hombres de negocios afectos a lo concreto y demandantes de lo predecible queden completamente desconcertados. Tal vez porque, más allá de las intenciones, la dialéctica no esté siquiera resuelta dentro del Gobierno, donde proliferan los prejuicios.

En público, como cuando Jorge Capitanich rompía ante las cámaras de televisión un ejemplar de Clarín, el kirchnerismo le sigue hablando a la jefa. Lo hizo Kicillof el miércoles, durante el almuerzo en el Alvear con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que conduce Eduardo Eurnekian. "Vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo", prometió, mientras crecían en las mesas el murmullo y la reprobación. Una puesta en escena: le estaba haciendo, para que se enterara Cristina Kirchner, una advertencia a Scioli.

Era, de todos modos, el Kicillof más espontáneo: no hay auditorio que al ministro le merezca tanta desconfianza como el de las grandes empresas. "¿Y vos qué hacés acá?", le preguntó al cruzarse con el textil José Ignacio de Mendiguren. La sorpresa era real. Kicillof no miente y, en algún punto, sigue razonando con categorías universitarias: considera a Mendiguren un heterodoxo y sabía, al mismo tiempo, que el público que tenía adelante lo desprecia y está influido por lo que él llama "recetario neoliberal". "¿Ahora sos macrista? Vos eras kirchnerista", había bromeado frente a Héctor Méndez en el 5° piso, antes de bajar al almuerzo. "Ni lo uno ni lo otro", contestó el líder de la Unión Industrial Argentina (UIA).

¿Podrían algunos de estos desencuentros atenuarse una vez que Cristina Kirchner deje el cargo? ¿Habrá una convivencia menos adolescente entre el poder y el capital? Difícil saberlo antes de octubre. Aunque, por alguna razón, tal vez porque creen como dogmas en las encuestas, los empresarios vienen depositando mayoritariamente la atención sobre Scioli.

El dueño de un grupo nacional se lo recordó días atrás al propio Mauricio Macri, a quien le explicó que el establishmentnecesitaba también señales claras para respaldar a un candidato. El jefe de gobierno porteño pareció no darle importancia. "Ustedes saben que soy empresario: no voy a caer en delirios", contestó. Es cierto que la histeria sobre Scioli puede tener razones más sutiles. "Si públicamente salgo a apoyar a Macri y no gana, el PJ me destroza. Si es al revés, no imagino a Macri tomando una represalia", explicó uno de estos hijos del rigor.

De ahí el esmero en auscultar lo que está pasando en el Frente para la Victoria. ¿Cuál es el verdadero Scioli? ¿El que prometió el martes en el Mercado de Valores que el suyo sería "un gobierno con un gran mercado de capitales" o el que vapuleó a la UIA hace una semana, delante de empresarios pyme peleados con esa central? La crítica no fue aún digerida por los dirigentes fabriles. Méndez llamó al día siguiente al gobernador para reprochárselo, pero no consiguió que lo atendiera. Y el martes, después de recibir a Macri y difundir por correo electrónico su malestar entre varios pares, decidió provocar en público: "Macri es más preciso y sólido; Scioli es más discursivo: puro voluntarismo", dijo.

Todo es más enrevesado de lo que parece. Algunos industriales acaban de percatarse de una posibilidad que, si se concretara, ubicaría a varios de ellos en un infierno corporativo: que Osvaldo Rial, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y con quien muchos están desde hace tiempo enfrentados, ocupe un cargo en el área de Industria y pase de enemigo a interlocutor. "Sería una tragedia", exageraron en la cima de la UIA.

Hay algo en lo que, de todos modos, coinciden críticos y oficialistas: Cristina Kirchner no trabajará en los próximos cuatro años para apuntalar a Macri o reelegir a Scioli, sino sólo para su propio regreso. Por eso suponen que los encontronazos, independientemente del resultado de octubre, serán inevitables. Imaginan, por ejemplo, que la decisión presidencial de no entorpecerle al gobernador el diseño del gabinete no obedece tanto a altruismo político como al anhelo de despegarse de medidas que, desde el principio, resultarán antipáticas.

Scioli toma estas contingencias como desvelo poselectoral. Ya aceptó cederle al kirchnerismo las injerencias en el Poder Judicial, donde reposan las principales amenazas para Máximo y Cristina Kirchner, y deberá hacer equilibrio con obsesiones de las que a la Presidenta le costará desprenderse, como la política exterior. Los destinos de la gira que, con ayuda de Rafael Follonier, y siempre y cuando resulte triunfador, el candidato imagina para después de las elecciones primarias anticipan una impronta conciliadora: China, Rusia, Estados Unidos.

Será una negociación ardua y, en el mejor de los casos, silenciosa. El gobernador prepara un manual sciolista más allá de las fronteras: cree que podrá encabezar sutil pero personalmente las relaciones con un mundo que intuye próximo a cambiar, porque asumiría con una Venezuela caótica, un Brasil con recesión y PT en crisis, una Cuba con embajada en los Estados Unidos y una Rusia con producción petrolera atenuada. Como si la nueva configuración del planeta le estuviera advirtiendo, por caminos distintos, exactamente lo mismo que a la jerarquía de La Cámpora: ya no hay tanto margen para ensoñaciones..

Aunque Cristina Kirchner haya recomendado "ver lo que pasa en el mundo (en alusión a la crisis griega) en vez de mirarnos el ombligo", una investigación realizada por dos especialistas locales aconsejaría lo contrario. Máxime cuando Axel Kicillof acaba de pronosticar "más de lo mismo" si el oficialismo gana las elecciones, mientras el déficit fiscal y cuasi fiscal en 2015 se aproxima a 10% del PBI.

El trabajo de los economistas Lisandro Barry y Carlos Quaglio (ex secretario y subsecretario de Finanzas en 2002), hace el inventario de los pasivos del Estado que denominan "deuda en penumbras" y revela que alcanzan a unos 60.000 millones de dólares (12% del PBI). Una cifra que compromete al futuro gobierno, al imponer limitaciones al acceso al financiamiento externo y también a futuras inversiones. En una apretada síntesis, sus datos hablan por sí mismos:

Deuda con los holdouts. Un cálculo más ajustado que el oficial la ubica en US$ 16.441 millones, incluyendo capital e intereses. De ese total, 1626 millones corresponden al juicio ganado por NML y otros fondos buitre; 8546 millones, a los denominados me too; 6190 millones, a acreedores europeos (incluyendo una demanda colectiva ante el Ciadi), y 78 millones, a japoneses.

Demandas pendientes en el Ciadi. Aunque Kicillof concretó en 2013 el pago de cinco sentencias a favor de compañías extranjeras, todavía existen 47 juicios pendientes por US$ 11.700 millones. Se desglosan en 4 con fallos en firme; 16 a la espera de sentencia, 17 en trámite y 10 en estado latente o suspendidos. Entre ellos se incluye una demanda de acción colectiva promovida por 75.000 acreedores con títulos públicos en default por US$ 1500 millones, que fueron deducidos del total e incluidos (junto con los intereses estimados) en el punto anterior.

Juicios en la Uncitral. En esta Comisión de las Naciones Unidas para Leyes de Comercio Internacional se tramitan 7 juicios por US$ 2850 millones contra el Estado argentino, promovidos por compañías internacionales a raíz de incumplimientos contractuales.

Juicios en la CCI. En la Cámara de Comercio Internacional existen reclamos del orden de US$ 450 millones, originados también en incumplimientos y diferendos contractuales.

Deuda flotante del BCRA con importadores. Según información divulgada por la Cámara de Importadores (CIRA), la deuda acumulada al mes de junio último asciende a unos US$ 5500 millones. Esta suerte de financiamiento compulsivo contribuyó al estancamiento económico de los últimos años.

Deuda acumulada del BCRA por utilidades, dividendos y regalías. Según la información recogida por los autores, el BCRA no llevaría actualmente registros debido a que, salvo contadas excepciones, tampoco acepta solicitudes de giros al exterior por estos conceptos desde el cepo cambiario. De ahí que hayan realizado una estimación sobre la base de los pagos concretados en los cinco años anteriores a 2012, que llevaría el total acumulado a US$ 14.700 millones. Dado que muchas firmas impedidas de girar divisas optaron por efectuar inversiones -especialmente inmobiliarias-, se estima de manera oficiosa una deuda de alrededor de US$ 10.000 millones. Esta deuda compulsiva también contribuye a explicar el magro desempeño de la inversión externa durante los últimos años.

Juicio contra YPF y el Estado. Fue promovido en Nueva York por el fondo Burford Capital Ltd. por incumplimiento de los estatutos de YPF al ser reestatizada en abril de 2012. El planteo es que cualquier adquisición de una porción de control de la petrolera (como la que tomó el Estado, de 51%) obliga a hacer una oferta por todas las acciones y dicha cláusula no se respetó. Aun cuando no está cuantificada, la demanda oscilaría entre US$ 1800 y 2500 millones, pero podría elevarse si otros accionistas adhirieran al reclamo judicial.

Deuda del Estado con empresas petroleras. Supera actualmente los 600 millones de dólares y se afecta a compañías beneficiarias del programa Petróleo Plus, lanzado en 2008 para incentivar el aumento de la producción y reservas de crudo y derivados. El programa, consistente en la entrega de certificados de crédito fiscal aplicables al pago de retenciones, fue suspendido por el Gobierno a principios de 2013 y posteriormente se redujo la alícuota de derechos de exportación. Como consecuencia, las empresas que habían acumulado acreencias previas a favor no pudieron canjear esos certificados. Posteriormente, la fuerte caída del precio del petróleo tornó más complejo el escenario, ya que las retenciones virtualmente desaparecieron. Aunque el Gobierno anunció su intención de ampliar la emisión del Bonar 24 para cancelar la deuda, el conflicto con los holdouts la mantiene frenada.

Además de estos pasivos y reclamos judiciales en dólares, que potencialmente suman US$ 47.000 millones, el trabajo incluye además la cuantiosa deuda estatal en pesos también pendiente y que superaría los $ 114.000 millones (equivalentes a US$ 12.500 millones de dólares al actual tipo de cambio oficial):

Deuda previsional. Actualmente existen unos 620.000 juicios previsionales contra el Estado nacional, de los cuales más de 214.000 tienen sentencia a favor pero no han sido liquidados. Como el valor medio de esas sentencias es de $ 278.000, la deuda ascendería a unos $ 59.500 millones. Entre los 406.000 casos restantes hay juicios que no llegaron a la instancia final y otros en los que ya nadie promueve el cobro. Pero unos 100.000 en proceso de sentencia agregarían otros $ 28.000 millones y elevarían el total de deuda a unos $ 87.800 millones. Una cifra que torna exiguos los recursos incluidos anualmente en el presupuesto para cancelar esas obligaciones y amplifica el problema ético de demorar pagos a jubilados en edad avanzada.

Deuda con obras sociales sindicales. Los atrasos del Estado en el giro de recursos que integran el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para atender prestaciones de salud de alta complejidad y costo, así como auxiliar a obras sociales de bajo ingreso promedio, ascenderían a $ 26.000 millones a valor nominal, sin incluir actualizaciones ni intereses.

Deuda con exportadores por devolución o recupero del IVA. Con atrasos en los pagos por intervenciones de la AFIP, que promedian entre 8 y 9 meses sin ningún tipo de ajuste, no existen datos oficiales sobre la magnitud de esta deuda que, junto con el atraso cambiario, encarece las exportaciones y les resta competitividad.