Por Francisco Olivera

Eduardo de Pedro y Axel Kicillof vienen asumiendo una tarea que históricamente correspondía a Julio De Vido, que es hablar con empresarios. Ha sido una de las transmutaciones más imperceptibles de la generación de funcionarios que cobró vuelo desde que Cristina Kirchner asumió el 100% de las decisiones en el país. Hasta la muerte de su marido, era común que ningún miembro de La Cámpora se dignara a tomar contacto con ese mundo de lobbying. Pero ya no sorprende que, como ocurrió en estos días, De Pedro o Kicillof se comuniquen por teléfono con altos jefes de la Unión Industrial Argentina (UIA). Para los empresarios es incluso mejor, porque les ahorra el esfuerzo de constatar al mensajero: ahora sí se sienten en línea directa con la Presidenta.

Además de inapelables, los encargos, que fueron dos, denotaron esta vez cierta minuciosidad. El verdadero kirchnerismo se esconde en los detalles. Primero: pidieron que la unción de Adrián Kaufmann, directivo de Arcor, como nuevo presidente de la UIA no fuera durante este gobierno, sino después de que asumiera el próximo. "Que se corra un poquito la fecha", transmitió Kicillof, que se explayó en una ironía: "Va a ser más tranquilo para ustedes, porque no saben siquiera quién va a ganar las elecciones. Yo sí sé quién las va a ganar".

El segundo requerimiento también es de agenda: el Gobierno pretende que la UIA cancele el festejo íntimo que, antes de la gran celebración que encabezará Cristina Kirchner en Tecnópolis, tiene previsto hacer en su sede el 2 de septiembre, Día de la Industria. "Confunde", fue la explicación. La UIA evaluará la respuesta, que incluye también la posibilidad de asistir o no a Tecnópolis.

 

En el fondo de la discusión, hay una demostración de poder. Mientras proliferan en silencio tironeos con Daniel Scioli, el kirchnerismo parece decidido a emitir señales de que nada cambiará con la salida de Cristina Kirchner. El candidato es el proyecto. Es lo que Augusto Costa, secretario de Comercio, intentó transmitirles anteayer a empresarios de la alimentación a quienes exhortó a cumplir con acuerdos de precios que, al parecer, vienen más laxos de lo que se pensaba.

Costa les dijo no sólo que en los próximos años continuaría la "administración del comercio", sino que él tenía "toda la intención" de quedarse. Al contrario de lo que pregona el viejo hit de Hernán Lorenzino, estos funcionarios del Palacio de Hacienda se quieren quedar. Por eso sus últimos pasos, y acaso los próximos, esconden más una sobreactuación que verdaderos actos de gobierno. "El Cenda vuelve a LinkedIn", sonrió un operador que no quiere a los integrantes del instituto fundado por Kicillof. Es la letra chica de la orden de Olivos que el sciolismo agradece: las listas son del proyecto; el Gabinete, del próximo presidente.

Más allá de los remisos del Ministerio de Economía, la tensión en el Frente para la Victoria parece saldada: mientras Scioli anhela el gobierno, que supone punto de partida del poder, el kirchnerismo prefiere estructuras que permitirán la consolidación de la fuerza política y acaso un eventual regreso al poder.

En esa lógica hay que interpretar el proyecto de ley que acaba de anunciar Cristina Kirchner, que consiste en la creación de una Agencia Nacional de Participaciones Estatales de Empresas que maneje, con miembros del Poder Legislativo, la parte que la Anses tiene en los directorios de las firmas privadas.

Para la militancia supone el último hito del avance contra las corporaciones: los cargos de los directores de la agencia duran cuatro años y la venta de las acciones de una empresa requerirá de una mayoría especial para ser aprobada. Si todo prospera, a esos efectos, el próximo gobierno tendrá que sentarse a negociar con un kirchnerismo parlamentario que tendrá un protagonista estelar: Kicillof. El círculo perfecto.

En las empresas cundía ayer la preocupación, aunque suponen que la iniciativa terminará bloqueada en la Justicia. "Es insostenible", dicen. El argumento se basa en que, salvo excepciones especificadas como un juicio político, la remoción de un legislador, la reforma constitucional o el nombramiento de jueces de la Corte, la Constitución fija la aprobación de leyes en una mayoría simple. Existe, por lo tanto, una contradicción: mientras el proyecto del ley exige una mayoría especial para autorizar la venta de acciones, aprobar la iniciativa requiere de una mayoría simple.

Estas ensoñaciones militantes se superponen a urgencias menos idealistas: la situación judicial de la Presidenta, un desvelo que quedó claro anteayer durante la cadena nacional, con las referencias de Cristina Kirchner a la causa que involucra a Lázaro Báez por lavado de dinero. ¿Qué otra razón que no fuera una orden de la jefa habría llevado a Julio De Vido a ofrecer la inmolación pública de sus empresarios más fieles, que son los contratistas de la obra pública? El ministro confeccionó a las apuradas una lista que tuvo que corregir al día siguiente con dos miembros más, y que admitía por primera vez que Electroingeniería, constructora de inmejorable relación con Carlos Zannini, una pyme que cuadruplicó su facturación desde que el kirchnerismo está en el poder, es la segunda adjudicataria de la obra pública en todo el país.

De Vido desmintió a lo De Vido: molesto con la información de que Austral Construcciones había recibido más de 8000 millones de pesos del Estado nacional, no negó el número, sino que se limitó a difundir la nómina de todas las contratistas de estos años. Como si hacer obra pública fuera sospechoso.

La defensa tuvo otras inconsistencias. Según De Vido, los contratos federales con la constructora de Báez suman 1019 millones, lo que ubica a Austral Construcciones en el puesto 40° del ranking, aunque hay que agregar 7847 millones de las obras provinciales, la modalidad más extendida en estos años en el sector.

Una investigación del periodista Hugo Alconada Mon afirma que, si se contabilizan los fondos provinciales y otras empresas de propiedad o cercanas a Lázaro Báez como Gotti Hnos., Epelco y Badial, la suma total orilla los 17.000 millones de pesos, cifra que volvería a ubicar a Austral Construcciones como puntero absoluto. Con todo, la irregularidad investigada en la causa no es el monto, sino las prácticas: además de proveedor del Gobierno y de haber constituido su empresa siete semanas antes de que Kirchner asumiera en la Casa Rosada, Lázaro Báez les alquiló a hoteles de la familia presidencial inmuebles y habitaciones y oficinas que no usó, y comparte con Cristina Kirchner un condominio de casi nueve hectáreas en El Calafate.

Ese escándalo es el talón de Aquiles del proyecto. Y el punto que disocia los objetivos de los militantes y la jefa: allí donde la continuidad política y la libertad personal comienzan a ser obsesiones de intensidades diferentes..

Por Marcelo Bonelli

La decisiones están tomadas y ya se ventila en el movimiento empresario quiénes estarían a cargo de la conducción económica del Presidente que reemplace a Cristina.

Daniel Scioli habría bendecido a Miguel Bein, que ganó hasta ahora la pulseada dentro del espacio oficialista.

Mauricio Macri también se habría definido y ungió a Carlos Melconián como el potencial futuro mandamás del Palacio de Hacienda. 

Sergio Massa entregaría el manejo económico a Roberto Lavagna, quien ocuparía la estratégica Jefatura de Gabinete.

Uno de los tres –Bein, Melconián o Lavagna– conducirá la economía y recibirá la terrible herencia que deja Cristina. Nadie los designó oficialmente, pero Clarín confirmó que los presidenciales los bendijeron para trabajar en el armado de equipos y de los principales lineamientos económicos a instrumentar desde diciembre.

Scioli ya no lo oculta. El fin de semana, en medio de los cruces con Macri por la liberación cambiaria, dijo en público cuando habló del dólar: “Vean lo que dijo Bein sobre lo que vamos hacer.” Mario Blejer –por ahora– perdió esa pulseada. Hubo pasos en falso de su íntimo colaborador: no le gusta al candidato oficialista que Eduardo Levy Yeyati se promocione como consultor tanto de Scioli como de Macri. 

Blejer utiliza para sus propuestas los trabajos técnicos de Elypsis, la consultora de Yeyati. 

Pero Scioli separa los tantos. Por eso, Blejer ocuparía también un lugar destacado en caso de que el gobernador venza en la elección.

A diferencia de Yeyati, tanto Bein como Blejer cultivan la prudencia y no utilizan el acceso al candidato oficialista para promocionarse. 

Bein hace tres años colabora en silencio con Scioli y fue quien trabajó para el armado de la propuesta de “desarrollo” que el gobernador repite como eje de su discurso de campaña. También bendijo la idea de Scioli de convocar a Miguel Peirano y propone una corrección gradual del desaguisado económico que deja Axel Kicillof. En la intimidad, habla de un leve ajuste cambiario.

Su aparición eclipsó a colaboradores tradicionales del sciolismo. Ahora muchos –también políticos– hablan en nombre de Scioli y no tienen ni idea de lo que quiere el candidato.

Bein es su actual referente económico. Está resuelto que no ocupará el ministerio de Economia, pero podría ser designado en un importante cargo: titular del BCRA o Jefe de Asesores Económicos. Scioli emulará a la Casa Blanca y armará ese comité de notables.

Bein –igual– cree que el principal cargo de la futura administración no está en Buenos Aires: el puesto más relevante será el de embajador argentino en EE. UU., para recomponer la relación con los mercados y la Casa Blanca.

Carlos Melconián es la contracara de Bein, aunque hoy se constituyó en el referente económico predilecto de Macri.

El líder del PRO no lo dijo públicamente como Scioli con Bein. Pero sus señales fueron inequívocas hacia adentro del equipo económico mixto que integran radicales y miembros de su partido. Macri lo blanqueó a su manera. Hace una semana fue a hablar al Cicyp y para enfrentar al establishment lo acompañó un solo referente económico: Carlos Melconián. Melconián tiene una larga relación con Macri y perfecta sintonía con el influyente Nicolás Caputo. Nicki, el empresario, es el principal asesor y consultor de Macri.

El extrovertido Melconián participa de la reunión de “los jueves”. Ahí, bajo la coordinación de Francisco Cabrera, se reúnen economistas del Pro como Federico Sturzenegger y Rogelio Frigerio, empresarios como Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Juan José Aranguren y economistas radicales como Alfonso Prat Gay y Nicolás Dujovne.

Melconián trata de mantener el bajo perfil. Es el mentor de la idea que expuso Macri de la flotación cambiaria y ahora propone algo novedoso: crear un comité de 20 especialistas multipartidarios para que auditen y diagnostiquen la verdadera herencia económica que deja Cristina. Un informe que se llevaría al Congreso.

Roberto Lavagna será el Jefe de Gabinete en caso de que triunfe Massa en las elecciones. Desde ahí controlaría la política económica. Massa proyecta hacerlo a través de un cambio fuerte en los ministerios: Planificación se dividirá en Obras Publicas por un lado y Energía por otro. Economía sería una cartera de presupuesto y deuda, mientras que AFIP y ANSES dependerían de la propia Jefatura de Ministros.

En todos los casos, Miguel Galuccio sería desplazado de YPF. Scioli trabaja en Energía con Jorge Sapag, que está enfrentado con el empresario. Macri con Aranguren, quien califica como pésima la gestión de Galuccio.

Pero la preocupación de todos los candidatos está centrada en el deterioro económico, que se acelera de la mano de Axel Kicillof. Macri y Massa temen por la herencia que podrían recibir. Hoy el Banco Central pierde 100 millones de dólares por día para tratar de sostener la cotización del dólar. Un ritmo insostenible hasta la entrega del gobierno, salvo que Kicillof seque las reservas de libre disponibilidad. Por eso el entorno de Scioli está inquieto por la política cambiaria de Axel Kicillof. 

El ministro no deja de emitir señales a favor de una futura devaluación y el gobernador no sabe si detrás de esa política está el objetivo de perjudicarlo o es solo fruto de la inoperancia. El frío entre Cristina y Scioli volvió el 9 de agosto, mientras Kicillof no deja de superar récords de cotizaciones en el dólar blue. El temor de Scioli es que esta situación genere lo peor para su proyecto: espantar los votos de clase media que necesita para ganar en octubre sin ballotage.