Francisco Olivera
Las ironías más hirientes hacia la medida que acaba de tomar Axel Kicillof, que obligó a los Fondos Comunes de Inversión a contabilizar al dólar oficial sus tenencias en bonos, no se oían ayer tanto en la plaza financiera como en el entorno de Daniel Scioli. Esos aspirantes a herederos del kirchnerismo mostraban sarcasmo por la pérdida diaria que la iniciativa de un gobierno presuntamente progresista acababa de reportarles a títulos que, a través de la Anses, pertenecen en última instancia a los jubilados.
Pero tanto estupor moría allí, en confines sciolistas. No aparecieron, contra lo que indicaría la lógica en un cambio de administración que se presenta como "continuidad", reproches directos ni hacia el Palacio de Hacienda ni hacia la Comisión Nacional de Valores (CNV), autora de la resolución. La explicación a tanto silencio es insólita: en la provincia de Buenos Aires temen que cualquier encontronazo con la facción más radicalizada del Gobierno provoque mayor empecinamiento en decisiones de corte ideológico. Como si Kicillof contestara a críticas conservadoras con caprichos revolucionarios. Es un poco el abordaje psíquico que hacen quienes conocen a Cristina Kirchner: con ella, mucho más que con su marido, toda conversación se corta en el momento en que emerge una disidencia.
Las implicancias de esta dialéctica multiplican las perturbaciones de empresarios que, desde hace tiempo, creen que aquí toda extravagancia es posible. Y más a pocas semanas de la despedida, cuando la militancia podría sobreactuar su combate a las corporaciones. Sería una especie de reivindicación final para que, cuando aflore la pelea de fondo, acaso el año próximo, haya quedado claro quién comulgó y quién no con elestablishment. Si es cierto que el candidato del Frente para la Victoria pretende acordar con los fondos buitre para salir al mercado a mejores tasas y, así, evitar devaluar, es indudable que los pibes para la liberación necesitarán mantener en alto al menos algún estandarte simbólico.
No habría que pensar sólo en esta regulación de la CNV para, como dicen en La Cámpora, "seguir transformando la Argentina". Algunas oportunidades han quedado servidas en bandeja. La más inmediata: el plazo que la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros tiene para presentar el informe sobre cuentas presuntamente no declaradas vence el próximo miércoles. De ahí que algunos empresarios hayan decidido prestarle una especial atención a Roberto Feletti, diputado del Frente para la Victoria y presidente de esa comisión, que anteayer parecía estar dando anticipos.
Durante un panel que compartió con el gobernador Juan Manuel Urtubey en un seminario sobre institucionalidad que la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, en inglés) organizó en la Universidad Católica Argentina (UCA), Feletti recordó que el capitalismo sólo era capaz de atender ganancias individuales, no colectivas, y agregó que los mismos que hablaban de institucionalidad eran los que habían intentado imponerla por la fuerza el 16 de junio de 1955 bombardeando la Plaza de Mayo.
La continuidad de parte de estas ensoñaciones se jugará seguramente en el Banco Central. Ayer, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la aprobación del Congreso para designar en el directorio a Alejandro Formento, Mariano Beltrani y Bárbara Emilia Domatto Conti, tres funcionarios afines a Kicillof que hasta ahora se desempeñaban en comisión y que tendrán estabilidad hasta el 27 de abril de 2021.
Alejandro Vanoli, presidente del ente monetario, la tiene hasta 2019, pero viene además apuntalándose a sí mismo mediante cartas manuscritas que le escribe a Scioli. Allí le expresa alineamiento. Es entendible: si el candidato ganara en primera vuelta, como imaginan los kirchneristas, Vanoli entrará al día siguiente en encrucijadas de disciplina interna. A este ritmo de pérdida neta diaria de reservas, si nada cambia, en la plaza financiera calculan que el país podría perder otros 4000 millones de dólares de aquí al 10 de diciembre. ¿Las órdenes de quién deberá escuchar en ese mes y medio de transición? ¿Las de Kicillof? ¿O las de asesores sciolistas como Mario Blejer o Miguel Bein? No son todas rosas en el menosprecio de la autarquía del Central.
En rigor, más allá del cargo, Vanoli no es el hombre a quien bancos, financieras y cuevas dicen dedicarle la mayor consideración. El que más pavor les merece es en cambio otro director, Pedro Biscay, un abogado que viene de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que saltó a la fama hace un año, cuando convocó por Twitter a escrachar a huevazos a Domingo Cavallo en un seminario de la UCA. "Cavallo vendepatria, endeudador sistemático, el miércoles te escrachamos públicamente", escribió horas antes de la protesta que organizó el Colectivo por la Justicia Social.
Esta cosmovisión interpela a Scioli, que deberá convencer a Biscay de las bondades de un acuerdo con los holdouts. ¿Seguirá el candidato, si gana las elecciones, enemistado con el Citibank, al que la CNV le tiene todavía suspendida la licencia para operar en el negocio de bonos y le quitó la custodia de una serie de títulos soberanos, al mismo tiempo en que el Banco Central le revocaba a Gabriel Ribisich la idoneidad para operar como CEO? ¿Continuará Scioli la investigación sobre el HSBC por las cuentas presuntamente no declaradas en Suiza?
Biscay es un soldado de Kicillof. Y cumple con lo que hasta hace unos años era norma irrevocable en agrupaciones como La Cámpora: no atender los llamados de ejecutivos. En sus pocos encuentros con banqueros, últimamente, recita una letanía militante: "Los bancos son un servicio público".
Es natural que cerca de Scioli se burlen en voz baja de estas estratagemas, que en la otra orilla ocurra lo mismo a la inversa y que ni en un lado ni en otro se atrevan siquiera a conversarlo.
El desprecio mutuo vuelve breve cualquier tipo de convivencia.
Nestor Scibona
Daniel Scioli no será protagonista del acontecimiento que prometía ser histórico: el primer debate en la Argentina entre todos los candidatos presidenciales, acordado en conjunto para el próximo domingo. Ya sea por presión del kirchnerismo duro o decisión propia, el candidato oficialista que más reivindicó el diálogo político optó por el monólogo. No sólo reedita la "silla vacía" de Carlos Menem (1989) y la lógica aliado-enemigo de Cristina Kirchner, sino que rehúye al salto de calidad democrática que significa un debate abierto y televisado, que ahora convierte en un espacio exclusivo para el arco opositor. Sólo restaría que la TV Pública no lo transmita y lo reemplace por 6,7,8 o Fútbol para Todos.
Las demás son excusas sin asidero: no es necesaria una ley para el debate, cuyas reglas ya fueron definidas y aceptadas por todos los candidatos, incluyendo a representantes del gobernador bonaerense que habían participado de una docena de reu-niones preparatorias. En ellas se sorteó incluso el orden de aparición de cada uno para abordar cuatro ejes temáticos (desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático), más dos bloques abiertos y las preguntas específicas que se cruzarán uno con otro. Los periodistas actuarán básicamente como presentadores y moderadores.
Precisamente en materia económica, los anuncios formulados días atrás por Scioli y Massa se encuadran en el denominado "teorema de Baglini" (enunciado hace años por el ex legislador radical), según el cual las propuestas electorales de los candidatos son más cautelosas cuanto más cerca están de alcanzar el poder y más audaces a la inversa.
Más pragmático, Massa apuntó al universo de los jubilados (7 millones de personas, en su mayoría sin voto obligatorio), con sus promesas de pago del 82% móvil y de sentencias pendientes. Pero también a los asalariados (con la corrección de Ganancias, salvo para altos ingresos) y los productores agrícolas (con la eliminación de retenciones, salvo una baja gradual para la soja, y la eliminación de los ROE). Además prometió levantar el cepo cambiario en 100 días, bajar 30% la presión tributaria, una regla fiscal (no gastar más de lo que se recauda) y subsidios orientados a la demanda y no a la oferta de energía y transporte. Sus asesores aseguran que los números cierran con el crecimiento del PBI al 5% anual durante cuatro años y la creación de empleos que promete el candidato.
Sin presentación teatral, Macri optó por repetir en sus giras por el país la apuesta a un shock de confianza, a partir de la promesa de levantar el cepo y liberar el mercado cambiario para provocar un ingreso de crédito externo que permita moderar la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, reducir y reorientar los subsidios estatales y hacer lo propio con la presión tributaria. También, de eliminar retenciones y las medidas intervencionistas sobre la producción y la exportación para impulsar inversiones y empleo privado.
No obstante, los principales candidatos todavía están lejos de configurar un programa económico integral y consistente que reduzca la incertidumbre poselectoral. Por cierto que, en plena campaña, están obligados a transmitir optimismo. De ahí que enfaticen qué habrá en la otra orilla, sin explicar demasiado la solidez del puente que planean para alcanzarla. Tampoco se extienden demasiado con la pesada herencia macroeconómica que dejará el kirchnerismo y que reduce el margen de maniobra para enfrentar el viento de frente que sopla desde el cuadrante externo. Un debate más realista contribuiría a sincerar el punto de partida.
Si Scioli estuviera el próximo domingo en la Facultad de Derecho podría despejar otras incógnitas. Entre ellas, su propia autonomía política ante el carácter de presidente de transición que le asigna el kirchnerismo. O cuánto tiempo planea mantener la ley de emergencia económica que rige desde hace 12 años; qué piensa hacer con el Indec y el BCRA manejado por Kicillof; o si su apoyo a las regulaciones estatales justifica medidas como el sorpresivo cambio de reglas de la CNV, que derrumbó al mercado de capitales y desconcertó al mismo sciolismo.
En última instancia, el debate pendiente en la Argentina tiene que ver con el rol de un Estado que gasta sin límite, interviene donde no es necesario, falta donde debe estar y no puede financiarse pese la presión tributaria récord. Y que desalienta el aumento de la oferta en múltiples sectores, que podrían aportar más inversiones, empleo y divisas genuinas.
