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ANÁLISIS
Giulani: Petroleras y la rentabilidad que nunca alcanzan
26/09/2015

La rentabilidad que nunca alcanza

Rio Negro.com

Adriana Giuliani*

La ley 26741 que determinó la recuperación del control estatal de YPF expresa además la búsqueda del autoabastecimiento energético y la reafirmación de la soberanía hidrocarburífera. El objetivo planteado por la conducción de la empresa de bandera a partir de entonces fue sustituir las importaciones de energía, correlato directo de la caída de la extracción interna.

Ante la madurez de los sobrexplotados yacimientos convencionales, las expectativas se centraron en el petróleo y el gas de la formación geológica Vaca Muerta, localizada en la Cuenca Neuquina.

En el 2013 el gobierno nacional emitió los decretos 927 y 929, que contemplan una serie de estímulos tendientes a atraer inversiones y a satisfacer reclamos que venían solicitando las operadoras. En particular, aquellos referidos a la posibilidad de exportar hidrocarburos y a la remisión de utilidades a las casas matrices. Este fue el marco normativo en el que se celebró el acuerdo entre YPF y Chevron para explotar Loma Campana.

En octubre del 2014 fue sancionada la ley 27007, que reformula la ley 17319, vigente desde 1967 y considerada la "ley madre" de la actividad. La nueva legislación incorpora los incentivos de los decretos 927 y 929 e inclusive los amplía a proyectos que superen los 250 millones de dólares, importe menor al establecido en los primeros planes de estímulo.

Con el argumento de tener en cuenta el horizonte del negocio del shale, se extendieron los plazos de las concesiones, por lo que una operadora que presente un proyecto para incursionar en la extracción no convencional podrá ser titular de un área en principio durante 70 años: 25 años más diez de prórroga de la concesión actual, con los 35 de la concesión no convencional. Más aún, si aprueba las verificaciones, la nueva legislación habilita el otorgamiento de prórrogas por tiempo indefinido.

Por otra parte se eliminó el límite al número de concesiones que podía tener una compañía, teóricamente cinco, aunque en la práctica no se cumplía.

En cuanto a la captación de renta, las regalías se mantienen en la alícuota del 12%, con la posibilidad de aumentar un 3% en la primera prórroga, hasta un tope del 18% para las siguientes extensiones. Inclusive, contempla la posibilidad de reducir en un 25% el monto que deban ingresar en concepto de regalías. La reducción puede llegar al 50% en el caso de proyectos de recuperación terciaria, petróleos ultrapesados y offshore.

Otro beneficio es que las provincias y los municipios se comprometen a no gravar la actividad con nuevos tributos.

RENTABILIDAD

Quiere decir que quedaron legalmente garantizadas importantes ventajas tendientes a maximizar la rentabilidad de un negocio millonario. De acuerdo a estudios oficiales, mueve alrededor de 180 millones de pesos por día, aunque sólo una mínima parte queda para empresas locales.

De todas maneras, los estímulos parecen no ser suficientes. Durante el seminario que se realizó en el espacio Duam de Neuquén a principios de septiembre –simultáneo al encuentro de los gobernadores integrantes de la Ofephi con Scioli y otros funcionarios nacionales–, los directivos de las grandes compañías especificaron sus requerimientos: "seguridad jurídica, libre mercado, productividad laboral y libre disponibilidad de utilidades", además de una jornada de trabajo "más flexible" y la eliminación de "los tiempos no productivos", con el propósito de conseguir menores costos ante la baja del precio internacional.

Es preciso recordar que estos actores –junto a Repsol– eran los mismos que formulaban exigencias similares, al tiempo que se configuraba una delicada combinación de déficit energético, pérdida de reservas y récord de ganancias de las operadoras.

(*) Economista de la UNC


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