Francisco Olivera
Casi nadie conoce tanto los secretos del juego bonaerense como Jorge Rodríguez. Jefe del Instituto Provincial de Lotería y Casino durante el último tramo de la gestión de Scioli, este aficionado al turf acaba de ser confirmado allí como vicepresidente, cargo desde donde deberá convivir con Eugenio López Melitón, el ex compañero de la UCA que la gobernadora María Eugenia Vidal eligió para presidir el organismo. Rodríguez es desde hace años un referente del sector a pesar de llevar en los hombros un sobrenombre poco aconsejable en la rueda de la fortuna: "Piedrita". Así le dicen, cuenta la leyenda, porque aprendió los secretos de las apuestas desde muy chico, levantando piedras de la pista del hipódromo de La Plata para evitar accidentes.
Como viene de confeccionar este año afiches de campaña sciolista firmados por "Los piedrita boys", su sobrevivencia en el instituto supone una sorpresa que será, además, acompañada por la continuidad de otros históricos en varias líneas, como Héctor "Loro" Biagioni (Departamento de Intendencia) o Fernando Gianzanti (Expediciones). Rodríguez debe ahora armonizar con una conducción que llega desde universos afines: el fútbol y la política. López Melitón, el ungido de Vidal para encabezar el proceso, es un empresario que nació en Maquinista Savio, provincia de Buenos Aires, que se gana la vida como intermediario de pases de jugadores y que llegó en 2013 a ser candidato a concejal en Escobar por el espacio de Francisco de Narváez.
De esa relación entre lo nuevo y lo viejo dependerá el éxito del ambicioso objetivo que la gobernadora se trazó para el juego. López Melitón lo repite como un mantra: ordenar el sistema, erradicar la corrupción y que los fondos vayan a obras públicas. Es probable que para conseguirlo tengan que apuntalarse en las propias internas del instituto: semanas antes de que Vidal asumiera en la provincia, y todavía con Rodríguez como presidente, parte de la línea media del organismo se negó a firmar cheques para retribuciones y convenios con bingos por 28 millones de pesos, una iniciativa que, de haberse concretado, habría tenido que pagar la nueva administración.
El trabajo no está exento de algunas ironías. Como regulador, López Melitón deberá controlar a conocidos del fútbol, como Daniel Angelici, presidente de Boca, dueño de bingos bonaerenses y operador macrista.
Para Vidal supone entonces un desafío hacia fuera y hacia dentro de Cambiemos. En ese sentido, la aventura es equiparable a otras incluso más osadas en la provincia. Por ejemplo, la batalla contra la inseguridad, marcada por un sistema de relaciones enquistadas desde hace décadas entre el poder, la policía bonaerense y el mundo de la delincuencia. Algunos de estos vínculos, que Vidal decidió delegar en su ministro Cristian Ritondo, parecen imposibles de desarticular. Hay que escuchar a los comisarios. En una departamental bonaerense que nuclea a diez comisarías admiten una vieja costumbre: la obligación de reunir por año 1,2 millones de dólares provenientes del narcotráfico y divididos en dos cuotas semestrales de 600.000. Un aporte hacia arriba que lleva años y que es independiente de los 80.000 pesos mensuales que surgen de la otra gran fuente de financiamiento, que es la prostitución y la trata de personas.
Desde esta perspectiva, haber recibido una provincia "quebrada", como definió Vidal en la asunción, parece un detalle administrativo frente a la cuestión medular. No sólo hay que sanar la economía, sino también la política y la sociedad. Para hacerlo, la gobernadora contará seguramente con el respaldo del sacerdote José Di Paola, con quien se contactaba ya desde la campaña electoral. Es el famoso "padre Pepe", testigo privilegiado de estos asuntos desde una de las zonas más calientes: la villa La Cárcova, en la localidad de San Martín. Es cierto que los especialistas son al respecto bastante escépticos. Mientras no se considere el narcotráfico como un verdadero enemigo y no se extingan todas las complicidades, dicen, a lo máximo que un gobernante puede aspirar es a controlar la distribución de la droga, pero nunca a combatirla. Los intendentes suelen darle a este módico éxito una definición cínica: tener el monopolio de un solo cartel.
Macri ha puesto el eje de su estrategia electoral para los próximos años en la provincia. Esa predilección, sumada a las urgencias de diciembre, puede explicar la decisión de haber dispuesto, para disgusto del sector industrial, que el dólar oscilara los 13 pesos desde la apertura del cepo. Para algunos empresarios fue una desilusión: pretendían que una cotización de 15 pesos les permitiera recuperar, de golpe, toda la competitividad que les viene erosionando la inflación. Pero es probable que el Gobierno haya optado por privilegiar una Navidad bonaerense sin disturbios, algo difícil de cumplir con una devaluación mayor. Hacia la sociedad, el mensaje logrado tampoco es desdeñable: se pudo abrir el cepo sin traumas ni feriado cambiario.
Insuficiente, de todos modos, para aplacar la ansiedad del hombre de negocios. Algunos de ellos la expusieron el martes, durante un almuerzo que referentes del grupo Industriales, corriente interna de la Unión Industrial Argentina, tuvieron en el restaurante El Imparcial. "Para controlar el dólar llevaron la tasa a la nubes -se inquietó el textil José Ignacio de Mendiguren-. Si el Central pagó por Lebac 38%, una pyme de Rafaela descuenta cheques por el 80%."
Las quejas de ese almuerzo merecen en realidad una interpretación ambivalente. Porque, por lo pronto, llevaban implícito un reconocimiento a los primeros pasos de Alfonso Prat-Gay: como se asume que el Gobierno controló el dólar y que probablemente reciba un flujo importante de fondos en los próximos meses, ¿qué presidente se resistiría a la tentación de un dólar bajo a expensas de la industria? Es lo que Roberto Lavagna, referente y baluarte de todos ellos, llamaba "El club del retraso cambiario".
Héctor Cañete, dueño de Tubaplas, fabricante de pomos de aluminio, planteó además reparos sobre que una apertura de la economía fuera aplicada en simultáneo con la crisis de Brasil, país al que le sobra mercadería y podría exportarla hacia aquí. Es una inquietud que asalta a los industriales desde el último viaje de Macri a San Pablo, cuando el Presidente insinuó la idea de un comercio más fluido y recibió el aplauso de la federación fabril local.
La respuesta a esa catarsis llegó al día siguiente, cuando el Gobierno anunció la continuidad de la protección industrial y aplacó parte de las tribulaciones. Pero el tipo de cambio será siempre motivo de discusión. Sobre todo mientras haya que empezar a abordar la quita de subsidios al sector energético. El ajuste que requiere el desastre perpetrado allí desde 2002 no podrá atenuarse ni siquiera suavizando palabras, desvelo macrista que, con los aplausos en las conferencias de prensa, habrá que incluir entre los legados culturales del ciclo de los Kirchner. Pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde el drama del conurbano, eterna caricatura de los fracasos nacionales, excede cualquier eufemismo. Pobreza, corrupción y narcotráfico son enemigos invictos. Parte del éxito de una gestión depende siempre del lugar en que el Gobierno ubica sus obsesiones.
Néstor O. Scibona
Después de las Fiestas (y de los ya clásicos cortes de luz heredados) de fin de año, enero se perfila como el mes clave para las cuestiones pendientes del programa económico que el gobierno de Mauricio Macri aplicará en 2016. Un primer año de gestión que -si pudiera graficarlo con letras- dibujaría con una "n" minúscula la trayectoria esperada de la inflación y con una "u" la del PBI.
Para apuntar a este doble objetivo, la política de metas decrecientes de inflación anunciada -aún sin fecha- por el ministro Alfonso Prat-Gay será la herramienta más importante. Tanto o más que el fin del cepo, las retenciones y trabas al comercio exterior; la unificación cambiaria, con la consecuente devaluación del peso, y la sintonía fina con las tasas de interés. O sea, todas las medidas adoptadas vertiginosamente en veinte días para normalizar la economía y recomponer el "poder de fuego" y el balance del Banco Central, que fueron mucho menos traumáticas de lo esperado, salvo por el subibaja en la remarcación preventiva de precios. Antes de completar la nueva hoja de ruta, el equipo económico deberá encarar otras complejas correcciones para transitar por el "campo minado" que sembró la gestión de Cristina Kirchner.
Para el próximo jueves prevé difundir la nueva lista de Precios Cuidados que acordarán empresas proveedoras y cadenas de supermercados. La idea es estabilizarlos hasta abril para una canasta de unos 300 productos básicos de consumo masivo, muchos de los cuales quedaron raleados o desaparecieron de las góndolas en las últimas semanas. Será una forma de contrarrestar las subas -justificadas o no- por el precipitado fin de los controles de la era K y la corrección del atraso cambiario. El resto quedará libre, aunque no tanto: la retracción de las ventas ya motivó rebajas y descuentos por cantidad, que reaparecieron en vísperas de la Navidad y de Año Nuevo.
Otra cuestión pendiente es el precio de las naftas y el gasoil. Aquí el ministro Juan José Aranguren negocia una baja de 10% en el precio en dólares del crudo que las petroleras venden a las destilerías. La reducción de 75 a 68 dólares del denominado "barril criollo" (casi el doble que la cotización internacional) implica sin embargo una suba de 23% de los precios en pesos de los combustibles, debido al salto del tipo de cambio oficial con que fueron ajustados en 2015. Aún no se acordó la fecha del traslado a los surtidores, pero sí el fraccionamiento en dos o tres meses, a cambio de un recorte impositivo y sin restar ingresos por regalías a las provincias petroleras.
Más compleja de instrumentar es la reducción de subsidios y recomposición de tarifas de electricidad, que Aranguren prevé ahora para febrero, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde están virtualmente congeladas a valores irrisorios desde hace 12 años, a diferencia del resto del país. No sólo hubiera sido socialmente intolerable en medio de los apagones de fin de año, ante el recalentamiento de la demanda eléctrica en la zona más poblada del país y que se atenuará en las vacaciones. También porque se prevé el entrecruzamiento de datos de la Anses y la AFIP para determinar una tarifa social gratuita (de 150 kwh mensuales) y facturar por mes.
Simultáneamente se simplificará el cuadro tarifario del gas natural, que en el AMBA es kafkiano, con dos docenas de precios diferentes por metro cúbico según categorías y niveles de consumo o ahorro, junto con subsidios diferenciales o nulos. Estas medidas a resolver son además la antesala del "acuerdo social" convocado por el Gobierno para mediados de mes, a fin de armonizar la prometida reforma del impuesto a las ganancias (retroactiva a enero) y los futuros aumentos salariales en paritarias, que aspira a fraccionar en porcentajes decrecientes a lo largo del año. Para colmo, todo el proceso deberá manejarse con índices de precios provisorios (pero más confiables, basados en las estadísticas de la CABA y San Luis), mientras se trabaja en la indispensable profesionalización del Indec.
Con este marco, la política de metas fiscales y monetarias anticipada por Prat-Gay se perfila como la nueva "ancla" macroeconómica para alinear las expectativas cambiarias, inflacionarias y salariales, tras el atraso cambiario y tarifario que dejó la insostenible política populista de CFK, a costa de dilapidar las reservas del BCRA y el déficit energético, además de catapultar el déficit fiscal de 2015 (7% del PBI) y la emisión (la base monetaria creció más de 40%).
En el nuevo esquema, la reducción (o reorientación) de los subsidios energéticos (que pasaron de 1,5 a 12,3% del gasto primario entre 2005 y 2014), será la vía para achicar gradualmente el déficit fiscal heredado. Y, por lo tanto, una pieza clave para definir no sólo la política fiscal de 2016 (ajustes de salarios estatales y jubilaciones, etcétera) frente a un presupuesto de fantasía y menores ingresos por las recientes bajas de impuestos, sino también la política monetaria, que acaba de absorber parte del aluvión de pesos de fines de 2015 con un sendero decreciente de tasas de interés. El financiamiento del déficit presupuestario incluiría una mezcla de menor emisión monetaria y mayor endeudamiento interno y externo, por ahora sin cuantificar.
A mediados de enero también se iniciará formalmente la negociación con los holdouts, con la incorporación de un nuevo estudio jurídico en Nueva York y el objetivo final de colocar deuda en el exterior a tasas más razonables y sin riesgos de embargo. El primer paso es negociar que el juez Griesa reponga el stay (no innovar) que dejó sin efecto hace 18 meses. Quizás por eso los fondos buitre se apresuraron a embarrar la cancha para el préstamo que otorgará un grupo de bancos extranjeros. De esos recursos podría surgir un depósito a cuenta de la negociación. Si logra reabrir el acceso al financiamiento en los mercados externos, el Palacio de Hacienda tendrá así más margen para eliminar el déficit fiscal primario en un plazo de cuatro años.
Otras cartas que el Gobierno se apresta a usar en el plano interno son el pago parcial de la deuda del Estado con las obras sociales sindicales y la reactivación de los proyectos de inversión ya decididos por varias empresas con mayor impacto sobre el empleo, a cargo de la agencia que creó el Ministerio de Producción. En definitiva, el desafío que Macri no podrá eludir es cómo convencer a los agentes económicos -y a la sociedad- de que los beneficios de una política económica más racional y productiva serán a más largo plazo, a la inversa de sus costos.
