CARLOS PAGNI
Al cabo de un mes de permanencia en el poder, Mauricio Macri encuentra a diario su principal contradicción: el electorado le dio un mandato, pero él carece de los recursos institucionales para satisfacer esa demanda. No sólo carece de mayoría en ambas cámaras. El encargo que le dieron los votantes consiste en desmontar una política cuyos autores, los peronistas liderados por Cristina Kirchner, controlan el Senado y constituyen el bloque más numeroso en Diputados. Esta discordancia tiene un agravante: Cambiemos recibió como un presente griego la endiablada provincia de Buenos Aires. Allí, con un instrumental también insuficiente, debe hacer reformas aun más desafiantes.
Macri tiene una sola salida en este laberinto: inducir al peronismo a desobedecer a la ex presidenta. Es decir: llevar al máximo la tensión de las bancadas parlamentarias de esa fuerza hasta romperlas.
Ese experimento se está poniendo a prueba en la legislatura bonaerense. María Eugenia Vidal espera que la Cámara de Diputados apruebe con dos tercios el endeudamiento que impone el exorbitante déficit que dejó Daniel Scioli. Esa operación será, en una escala reducida, un adelanto para la principal incógnita política de Macri. Su invitación a Sergio Massa para viajar a Davos se inscribe en este cuadro de problemas. Si el Frente para la Victoria se sigue mostrando monolítico, su dependencia con Massa será inexorable.
Que Scioli haya sido suspendido como acompañante delata una revisión: el acuerdo inicial que se esbozó con él en Buenos Aires fue un fracaso por donde se lo mire. Vidal fue generosa con su antecesor. La cercanía con Scioli no fue motivo de veto para quienes, como Gustavo Ferrari o Fabián Perechodnik, quisieron sumarse a su equipo. Avanzó más: pactó la continuidad en áreas donde la administración anterior merecía más reproches. En el Servicio Penitenciario mantuvo al alter ego del ministro Ricardo Casal, César Albarracín. Y en Seguridad, a Fernando Jantus, quien, como mano derecha del ministro Alejandro Granados, fue el responsable de exponer a miles de jóvenes que, con seis meses de instrucción, enfrentan a la delincuencia como policías municipales. Vidal optó, eso sí, por reemplazar al jefe de la bonaerense, Hugo Matzkin. Eligió a un miembro de su conducción, Pablo Bressi, quien estaba al frente de la lucha contra el narcotráfico. En el ascenso de Bressi influyó la recomendación de la DEA.
Hoy Matzkin se sumó al gabinete de Granados, en Ezeiza. Y rodea a Bressi con su gente: Jorge Figini en Investigaciones y Alejandro Moreno en Operaciones.
Vidal se encadenó a la gestión previa después de escuchar a varios ex funcionarios del Frente Renovador que le recomendaron lo contrario. Quizá no percibió un fenómeno crucial: su gobernación significa el fin de 25 años de falta de alternancia. Es decir, el desmoronamiento de muchísimos pactos subterráneos preexistentes. Dicho de otro modo: la salida de un PRI, en miniatura.
El acuerdo con Scioli tuvo resultados catastróficos antes de que los Lanatta y Schillaci se escaparan del penal. Apenas asumió, Vidal descubrió que la provincia estaba quebrada. Después la fuga puso en evidencia una herencia más tenebrosa. Ayer Gendarmería detectó que el trío podría haberse trasladado en un taxi a Paraguay. Ridículo, pero no sorprendente. La desidia de policías y carceleros obligó a Eugenio Burzaco a solicitar la captura a Interpol 10 horas más tarde de que huyeran. La hipótesis de la salida del país refuerza la sospecha de que quienes dispararon contra dos vigilantes en Ranchos no eran los Lanatta y Schillaci. El episodio pudo haber sido montado por los "investigadores". Quizá la búsqueda por Quilmes haya sido una farsa. Lo que no quiere decir que el viaje en largo taxi sea verídico.
Scioli demostró también que no puede ser solidario con Vidal. Dejó una provincia desquiciada y sólo puede mostrarse disfrazar con un conflicto político la condena sobre su desempeño. Lo curioso es que el gobierno bonaerense no le formula reproche alguno. Prefiere como contradictor a Aníbal Fernández, identificado como "la Morsa". Razonable: esa pelea zoológico-policial merecería, de tan taquillera, animar Mundo Marino.
La alianza con Scioli tampoco funcionó en la Legislatura. Vidal había acordado con el jefe del bloque kirchnerista José Ottavis, de La Cámpora. Ottavis viajó a Río Gallegos a pedir instrucciones. Lo autorizaron a aprobar el endeudamiento. Cristina Kirchner también le advirtió: "No quiero pescarte en cosas raras". Se ve que lo conoce. El pacto con Ottavis fue recomendado por Massa, para Vidal se maneje con el PJ por la vía institucional. Razonable. Y conveniente: Massa debe impedir que ella acuerde con Julián Domínguez y Fernando Espinosa, sus rivales en la reconstrucción provincial del peronismo. Pero el entendimiento con Ottavis fracasó. Santiago Révora, primo de "Wado" De Pedro, lo boicoteó en nombre del mitológico desendeudamiento. Walter Abarca, ex secretario de Néstor Kirchner y sigiloso jefe de Ottavis, también rompió. ¿Fue por orden de Máximo Kirchner o por su vinculación con Domínguez? Por las dos cosas.
El ministro de Gobierno Federico Salvai está consagrado a restaurar el puente con el peronismo. Tiene una ventaja: al incumplir lo pactado, Ottavis lo liberó para negociar con todas las facciones. Salvai tendió una línea para que los intendentes, necesitados de fondos, presionen a los legisladores. Consiguió sumar unos treinta, que pusieron dos condiciones: reducir el permiso a $ 60.000 millones, de los cuales 15.000 estarían adjudicados a las comunas. Corolario: el peronismo territorial ayudaría a Vidal a financiarse pero a cambio de mayor autonomía. Con $ 45.000 millones de crédito ella deberá recurrir a ellos a mitad de año.
Nadie sabe cómo procesará este pacto el bloque kirchnerista. Los diputados del Frente para la Victoria podrían, si no fracturarse, votar divididos. La prueba será el martes que viene.
El interrogante principal: ¿la negociación bonaerense es una maqueta del acuerdo entre Macri y un sector de lo que hasta ahora sigue siendo el kirchnerismo nacional? En Diputados la relación entre Cambiemos y el Frente para la Victoria (FpV) quedó suspendida por la denuncia penal que Héctor Recalde formuló contra el presidente del cuerpo, Emilio Monzó. Fue porque Monzó envió al Consejo de la Magistratura el pliego de Pablo Tonelli, de Cambiemos, y no el de Marcos Cleri, de La Cámpora, como representante de la primera minoría. Monzó se basó en que la ley no habla del "bloque de la mayoría" sino de "mayoría". Y Tonelli fue promovido por más diputados que Cleri. El trámite quedó congelado por una cautelar, que impidió a Ricardo Lorenzetti tomar juramento a Tonelli. Pero no debería descartarse que el Consejo de la Magistratura acepte el diploma. Cualquiera que sea el desenlace, la aritmética es rigurosa: roto el diálogo con el kirchnerismo, la sujeción de Macri a Massa y sus 35 diputados es inevitable.
La otra disputa que divide a oficialistas y kirchneristas es por la presidencia de la comisión bicameral de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia. Es un órgano crucial para la aprobación de normas como, por ejemplo, la reforma a la Ley de medios. La comisión está formada por ocho representantes de cada cámara. El FpV envió a los dipu-talibanes Recalde, Juliana Di Tullio y Diana Conti; y a las también ortodoxas senadoras María de la Rosa y Anabel Fernández Sagasti. El grupo se completa con tres s moderados: Juan Manuel Abal Medina, Juan Irrazábal y Mario Pais. El oficialismo está en minoría con 7 miembros. Quiere decir que para aprobar sus DNU Macri depende de Raúl Pérez, diputado del Frente Renovador al que adjudican una peculiaridad imposible: sería más veloz que su jefe, Massa. Mientras la composición sea 8 contra 8, la comisión está paralizada.
Para moderar la supeditación a Massa, quien se prepara para disputar la provincia de Buenos Aires el año próximo, los líderes de Cambiemos intentan quebrar al FpV. O, por lo menos, abrir el diálogo. La designación de Ricardo Echegaray en la Auditoría General fue un test. Gabriela Michetti ya no tenía demasiados argumentos para refutar a Pichetto, quien argüía que Echegaray no está procesado. El costo: la ira de Elisa Carrió. Pichetto, a la vez, guarda silencio frente al despido de más de 2000 empleados designados por Amado Boudou. El acuerdo es asimétrico, salvo que Michetti haya avanzado más: el Gobierno debe convalidar la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte. ¿Resignará Pichetto su proyecto de ampliar el tribunal para agregar otros dos jueces? Es la pesadilla de Lorenzetti.
Son escaramuzas. Macri no quebrará al FpV sin un compromiso con los gobernadores. El modo de negociar está en discusión. ¿Fue útil haberlos ayudado a pagar los sueldos de fin de año sin arrancarle un compromiso legislativo? ¿Puede el Presidente, como acaba de disponer, hacer efectivo ese pacto en marzo? ¿O le hubiera convenido convocar a una sesión extraordinaria en febrero? Vicente Saadi, mientras negociaba una embajada en el Senado, supo decirle a Raúl Alfonsín: "Estos acuerdos aquí se cobran al contado". La agenda de Macri incluye capítulos tan vitales como el levantamiento del cerrojo para negociar con los holdouts. Es cierto: sin ese acuerdo no hay financiamiento para nadie.
Mientras resuelve estos dilemas, Macri debe subir a Massa a todos los aviones. Massa acepta, entusiasmado. No sólo mantiene el protagonismo de la campaña electoral. También puede conseguir recursos para montar una estructura con la que atravesar el desierto. Hasta 2018, por lo menos. Tiene una ventaja: con Macri reinando en las encuestas, nadie lo censurará por su colaboración.
Warren Buffett nunca hace caso a las previsiones económicas porque "no lee publicaciones de humor", coincidiendo con muchos autores que aseguran que la econometría es un intento por "matematizar" al hombre. Lo cierto es que los pronósticos sobre crecimiento del PIB y demás suelen fallar. En cualquier caso, es una oportunidad para discutir ideas de fondo.
A pesar de Buffet, los analistas de bancos, gestoras y organizaciones multilaterales han publicado sus quinielas para 2016. El FMI dice que el PIB global crecerá un 3,6% frente al 3,1% estimado para 2015. Los países desarrollados tendrán un crecimiento más sólido que los emergentes. EE.UU. mejor que Europa y Japón; mientras que Asia más que Latinoamérica. EE.UU. ha empezado a subir tasas, y probablemente Reino Unido lo emulará pronto, Europa y Japón mantendrán sus políticas expansivas al menos hasta 2017.
La velocidad con que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas tendrá impacto interno y externo. La propia Fed augura que las tasas no pasen del 1,25% el próximo año frente a la banda actual de entre el 0,25% y el 0,5%. Irónicamente, los vientos de cola de Europa son inversos a los de América Latina: caída de los precios energéticos y depreciación del euro (y tasas bajas) se mantendrán el próximo curso. Las seis últimas consultoras que han hecho predicciones sobre el Brent sitúan el rango de precios para 2016 entre los u$s 41 por barril (según Westpac) y los u$s 60 (Barclays).
Natixis realizó una encuesta entre 600 inversores y la principal fuente de volatilidad serían políticos: terrorismo, refugiados, campaña electoral en EE.UU., etc. China se presenta como la gran incógnita; su Gobierno, además de lidiar con importantes desequilibrios internos, trata de reorientar su economía hacia otro patrón basado en el consumo interno y en nuevas compañías privadas. La mayor parte de los analistas creen que crecerá 6% en 2016.
Para la CEPAL, en América Latina 2015 fue un año de recesión y el 2016 no luce mucho mejor. Centroamérica y el Caribe tendrían un crecimiento promedio del 4% en 2015. Sudamérica es la fuente de la contracción de la economía latinoamericana en 2015 (-0,4%) y de las expectativas de un crecimiento virtualmente nulo en 2016.
Cabe recordar que el auge de Latino América (2003-2007), cuando "creció a un promedio del 5.4%, se basó en altos precios de productos básicos y crédito barato, ahora, con la suba de las tasas, los bonos del Tesoro de EE.UU. resultan más atractivos. Demostrando que, en rigor, no se produjo tal crecimiento -en términos de estructuras durables- sino que solo entró más efectivo. La buena noticia es que la región tiene una deuda externa más baja: 14% del PIB vs. 30% o más hasta el 2003.
Según la CEPAL, Brasil decreció en 2015, 3.5% y se contraerá otro 2% en 2016; México se expandió solo 2.5% en 2015 y al mismo ritmo en 2016; Chile, crecerá solo 2.1% en 2016; Colombia, 3%; Perú, 3.4% y Venezuela otro fuerte derrumbe del 7%. En tanto que Bolivia, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, crecerán más del 4% en 2016.
La CEPAL prevé que Argentina acabe 2015 con un alza del 2%, pero bancos y consultoras hablan de 0.8%, según Focus Economics. Para 2016, la entidad de la ONU anticipa que la economía crecerá todavía menos, el 0.8%, mientras que JP Morgan predice una caída del 0.5% y Nomura una expansión del 1.2%. Es que las reformas encaradas por Macri son tan lentas que no podrán revertir la cuesta abajo.
Los analistas auguran para fines de 2016 un dólar cerca de los $16 y una inflación rondando el 35%, según termine la suba de las tarifas de los servicios y las paritarias. Y según dejen de pisar las importaciones y hagan el reordenamiento fiscal que el Gobierno, no solo no realiza, sino que hace lo contrario. Por caso, según FIEL, el dólar en un año estará entre $16 y 17 y la inflación será del 33%.
DANIEL F. CANEDO
La inflación va ganando protagonismo como “el tema” a resolver en materia económica después de la devaluación del 28% del peso de diciembre.
Y el gobierno, que aspira a que la suba de precios acumulada en el primer trimestre del año no supere 9%, se prepara para vivir semanas movidas.
El ministro Alfonso Prat-Gay adelantó que en diciembre, según los datos que maneja –ya que no hay un índice oficial– la inflación se ubicó entre 3% y 3,5%, en uno de los saltos más importantes de los últimos tiempos.
Enero, que ya tuvo un adelanto con la suba de 6% de las naftas, podría repetir el guarismo de diciembre y febrero podría dar un respiro antes del amenazante marzo.
El retorno pleno a la actividad después de las vacaciones, el inicio de las clases y un previsible retoque adicional para las naftas y el impacto que podría generar el aumento de tarifas de luz y gas para una porción de los usuarios que se ven beneficiados por los subsidios, volverían a hacer del tercer mes al año un período inflacionariamente complicado.
Pero el dato relevante sería si después de abril la inflación comienza o no a ceder posiciones.
Tanto en materia de suba de precios como de actividad, en el Palacio de Hacienda vislumbran un 2016 partido en dos.
En inflación, arrancando con el mencionado pronóstico de 3,5% para enero y aspirando a terminar en 1% mensual de suba en diciembre.
Prat-Gay ya anticipó su apuesta a que en el último mes del año la inflación “anualizada” sea de 20 por ciento, bastante lejos de los pronósticos que los privados están formulando para el año que comenzó.
Dos consultoras, Bein y Ecolatina, estiman que la inflación se ubicará entre 36% y 33% a lo largo de 2016.
Esos datos resultan clave para el inicio de las negociaciones salariales cuyo puntapié inicial darán bancarios y trabajadores de la fruta y que, como es tradicional, tendrá un punto sensible en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, clave para el inicio de clases el 29 de febrero.
“Les daremos batalla a las expectativas inflacionarias” dicen en Hacienda en la preparación del clima para la mesa del diálogo a la que convocarían a mediados de mes, pero que se iría construyendo de a poco y en función de la situación de cada sector.
Un caso testigo sería el de la recomposición salarial de los camioneros de Hugo Moyano.
El gobierno quiere que se ponga sobre la mesa la actualización de las escalas que preparan para el Impuesto a las Ganancias, que afectó mucho a ese gremio, y que podría representar por sí sola una mejora de 6 o 7 puntos anuales en el ingreso de esos trabajadores.
El anuncio sobre el aumento de 5 por ciento promedio en los 300 productos que tienen “precios cuidados” forma parte de la batalla de las expectativas que se dio justo en el momento en que el dólar empezó a subir después del retroceso que había tenido en los días posteriores a la devaluación.
El juego dólar-precios todavía está en un proceso de acomodamiento en el que tanto el Gobierno como las empresas y los comercios actúan a prueba y error para alcanzar un nuevo equilibrio.
El resultado de la liquidación de dólares de las cerealeras (según el Gobierno se habían comprometido a liquidar US$ 4.000 millones hasta el 8 de enero y habrían vendido poco más de la mitad) estaría indicando que esperaban un dólar más cercano a los $ 15 que a los algo más de 13 pesos con que arrancó el mercado después de la devaluación.
Aquel dólar de $ 13 le vino bien al Gobierno para aquietar la suba de precios que venía envalentonada con la expectativa de que el dólar terminaría en $ 15 pero muchos habrían aprovechado ese envión para remarcar.
En las últimas horas el sentido fue el contrario: el Gobierno intenta aquietar expectativas en el momento en el que el dólar trepa a $ 14 y empiezan a moverse precios clave como los de los combustibles y se empezaría a correr el telón sobre la necesidad de bajar los subsidios sobre las tarifas de luz, gas y transporte.
El dólar se relaciona con los precios y la suba de precios, también con la cantidad de pesos que hay en la economía y el fuerte déficit fiscal que heredó el gobierno de Mauricio Macri.
Prat-Gay sabe que en 2016 es poco lo que podrá hacer para bajar un déficit fiscal basado en un gasto público grande, pero que en sus dos terceras partes resulta casi intocable por tratarse de sueldos, jubilaciones y planes asistenciales.
Por lo cual la reducción del déficit deberá provenir de un aumento de la recaudación (muy difícil en una economía estancada y con presión tributaria récord) o por la reducción de subsidios.
Esos subsidios representan 4% del PBI, según los números oficiales y la “máxima” aspiración de Hacienda sería podarlos a la mitad quitándoselos a sectores que hoy tienen capacidad de pago para hacer frente a un aumento de tarifas.
El sendero es realmente estrecho: bajar el déficit pero sin subirle las tarifas a los sectores más necesitados. En esa cornisa tratan de aquietar los precios después de un aumento en el valor del dólar de casi 40 por ciento, al tiempo que se encara una negociación salarial que contemple más la inflación futura que la pasada.
El dato a favor es que la salida del cepo cambiario que regía desde octubre de 2011 se realizó en un contexto de notable tranquilidad. Pero llegó el tiempo de reacomodar precios y tarifas a la nueva realidad y en ese escenario los salarios buscarán no perder terreno.
