Germán Silva Cuadra*
Dudo que esta pregunta se le haya cruzado por la mente a algunos dirigentes de los partidos más tradicionales de nuestro país en estos días. Es más, pareciera que, intencionalmente, estuvieran apuntando a agudizar los síntomas en vez de aportar a mejorar la negativa percepción que se ha consolidado de nuestra alicaída política criolla. Una suerte de harakiri, de autogol que a estas alturas no se puede calificar de inocente.
Partamos por el bochornoso pronunciamiento del tribunal supremo de la UDI. En síntesis, señala que Jovino Novoa no recibió sanciones internas de su partido gracias a que el senador no utilizó los dineros provenientes de financiamiento ilegal para “enriquecerse personalmente”, además de ser una práctica utilizada por todos (¿a quién se le ocurriría dar este argumento tan burdo?). Es decir, pese a que confesó un delito y que fue condenado por la justicia, en la UDI no ven razones para una sanción ética.
¿Además de Bellolio, no existe nadie en el gremialismo que pusiera una voz de alerta sobre los costos que traerá a su partido, y de paso a toda la clase política, esta decisión? ¿Qué señal les están dando a sus militantes y a los ciudadanos? Una muy grave: la validación del uso de platas mal habidas para financiar campañas, aunque violen la ley. Le recomendaría al senador Hernán Larraín que se vaya preparando para cuando deba explicar ante un auditorio –en el marco de la campaña municipal de este año– la diferencia entre que un parlamentario no haya cumplido con una ley y utilice esos dineros para comprarse una parcela o para ganar una elección.
En la Nueva Mayoría el verano parece estar siendo más febril aún. En la DC hemos vuelto a las acusaciones y descalificaciones públicas de ida y vuelta, en un partido que ya perdió la disciplina hasta dentro de sus propias fracciones internas. “Progresismo sin progreso” se tituló la carta –uno de los formatos más usados en ese partido– de un grupo cuya vocera parece ser Mariana Aylwin y cuyo objetivo de fondo es cuestionar la participación del partido de la falange en la coalición gobernante. La misiva se cruzó con el affaireBurgos-Araucanía y con la petición de renuncia con que Belisario las emprendió contra Jorge Pizarro. Por su parte, Osvaldo Andrade (PS), utilizando su característico y poco delicado humor negro, sacó de sus casillas a sus aliados, logrando que de vuelta lo amenazaran con quitarle el apoyo para presidir la Cámara a partir de marzo.
Un espectáculo que refuerza los atributos negativos que se apoderaron de la percepción de las instituciones políticas en solo un año. Estoy seguro que estos dirigentes no tienen un espíritu autodestructivo. Tampoco creo que lo hagan por cálculo político –tendrían la brújula muy desviada–. El problema es que estamos ante una representación perfecta de un estilo que se agotó por completo y del cual varios parecen no haberse dado cuenta.
Pero faltaba el broche de oro. La guinda de la torta. El aporte del Congreso a la teleserie de verano. Un capítulo imperdible. Comunicacionalmente no hay forma de explicar este “privilegio” de optar a préstamos blandos sin que dañe la imagen de la institución peor evaluada de todas.
Veamos cómo fue la puesta en escena. Un incómodo pero decidido presidente de la Cámara Baja, Marco Antonio Núñez, que trató de jugar de contragolpe y anunciar que el beneficio fue suspendido hace un tiempo. ¿El problema? Que tuvo que hacerlo porque se conocieron los resultados de una auditoría. ¿No habría sido mejor hacerlo cuando tomó conocimiento del hecho? Por supuesto, pero, pese a esto, el timonel estuvo acertado. Cuando el riesgo para la reputación es grande, el que debe dar la cara es el máximo representante de una organización. Creo que Núñez entendió el daño que el episodio podía causar, aunque fuera un procedimiento que se “ajustaba a reglamento”. De seguro este fue el gran tema de la comida, el encuentro de amigos o el happy hour de muchos chilenos, especialmente de esos que apenas logran llegar a fin de mes con sus sueldos y no les queda otra que pedir un préstamo o incluso empeñar una vieja joya familiar en la “Tía Rica”.
De distinta manera enfrentó el Senado elissue. De partida, reaccionó solo una vez que le explotó la bomba a sus vecinos. Es cierto, ellos no se habían sometido a una revisión externa, pero sabiendo que este tema se venía y que también habían detectado el problema, ¿por qué esperaron? Yo creo que porque minimizaron el evento. Tanto es así que quien enfrentó a la prensa –un día después– fue un funcionario de la Cámara Alta.
El personaje lucía nervioso, inseguro, y aceptó una entrevista en medio de un pasillo que terminó convirtiéndose en una especie de conferencia de prensa (¿hay algo peor que aparecer tapado por un sinfín de micrófonos?). El libreto utilizado fue definitivamente incorrecto. Reconoció el curioso sistema de préstamos, pero insistió en que era completamente “legal”, y remató con un argumento que lamentablemente no fue contrarrestado por los periodistas presentes: afirmó que el “sistema” había dejado de operar el 31 de diciembre… pero de 2015. Es decir, solo dos días hábiles antes de que se hiciera público este pequeño-gran escándalo. Sospechoso, por decir lo mínimo. Bueno y de decir “la embarramos”, ni hablar.
Vuelvo a la pregunta con la que titulé esta columna. Definitivamente se ve cada vez más difícil mejorar la imagen de la política. Y esto es una muy mala noticia para Chile. Se requiere con urgencia devolver la confianza frente a los que legislan o gobiernan. Pero, por favor, esto supone un esfuerzo serio de quienes tienen responsabilidad como dirigentes. O al menos tomar conciencia del daño que pueden provocar, en este caso, los “gustitos de verano”.
*Director del Centro de Estudios y Análisis de la Comunicación Estratégica (CEACE), Universidad Mayor
