Alieto Guadagni*

El decreto declarando la “emergencia eléctrica” reconoce la realidad de un sector descapitalizado durante la gestión K, que consolidó un grave retroceso en los últimos 12 años. Esta emergencia se refiere a tres situaciones críticas, que se agravaron por la manifiesta ineptitud de una prolongada gestión ministerial incapaz de entender la problemática eléctrica.

1. Escasas inversiones que causaron el deterioro en las redes de distribución eléctrica en el Área Metropolitana, baste decir que la duración de los cortes de luz se multiplico casi 6 veces en EDESUR, al pasar de 6 horas en el 2003 a 33 horas por corte en 2014, mientras que en EDENOR la duración de los cortes paso de 11 horas en el 2003 a 32 en el año 2014.
También aumentó la cantidad de cortes, ya que según el Ente Nacional de Regulación de Energía (ENRE) entre 2003 y 2014 la cantidad de cortes se duplicó.

2. Expansión de la capacidad instalada en el país para la generación eléctrica por debajo del aumento de la demanda, ya que la capacidad creció menos que el incremento de la demanda.
Por esta razón el actual margen de reservas eléctricas es el más bajo de las últimas décadas, esto significa que se exigirán grandes inversiones en el futuro si se desea satisfacer sin cortes el futuro consumo de energía. Faltan por lo menos 5000 MW, es decir inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares.

3. Tenemos tarifas que discriminan contra el interior del país. Dos de cada tres usuarios, es decir los consumidores que habitan el interior del país (fuera del Gran Buenos Aires), pagan mucho más. Una familia en Rafaela paga la luz siete veces más que una en Caballito. Un taller mecánico en Cosquín paga la luz seis veces más que uno en Pompeya.

Los subsidios energéticos asociados a una tarifa “social” deben llegar a todos los habitantes que los necesiten, aunque no vivan en el área metropolitana, hay que terminar con esta discriminación negativa a 2 de cada 3 argentinos, simplemente porque viven en las provincias.

Hace ya varios años que vivimos en una no declarada ni reconocida emergencia “eléctrica”, con cortes no anunciados y de larga duración afectando seriamente y sin previo aviso a la población.

Esperemos que esta decisión de programar y reconocer la emergencia vaya acompañada por un proceso de recuperación de la capacidad de acceder al consumo de electricidad de una manera normal.