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ANÁLISIS
Pagni: Davos, primera escala. Scibona: La otra gran apuesta
18/01/2016

Davos, primera escala para volver al mundo

La Nación

CARLOS PAGNI

Mauricio Macri espera, en su quinta Los Abrojos, que los médicos se apiaden y le permitan viajar a Davos para asistir al Foro Económico Mundial. Hoy le realizarán los estudios definitivos, para determinar si el hematoma que se formó por la fisura de una costilla carece de riesgos durante el vuelo. Mientras espera ese diagnóstico, y sin aire acondicionado para evitar los estornudos, lee El hijo de César. Es la monumental novela histórica en la que John Williams narra la lucha de Octavio, el primer emperador, para liberar a Roma de intrigas, corruptelas y luchas facciosas, y convertirla en el centro del mundo.

El fastidio de Macri por su accidente es comprensible. Él pretende oficiar en Davos, la ciudad de otra novela, La montaña mágica, de Thomas Mann, el relanzamiento económico de la Argentina. Al cabo de 12 años en los que el kirchnerismo identificó soberanía con aislamiento, Macri se propone simbolizar la reconexión con las redes globales de financiamiento e inversión. Una operación que está pendiente desde eldefault del año 2001.

En la agenda de Macri figuran 35 reuniones con estadistas, empresarios y banqueros. Hay dos muy relevantes: con Joe Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, y con John Kerry, el canciller de ese país. Esas entrevistas serán preparatorias para el encuentro con Barack Obama durante la reunión sobre energía nuclear convocada para marzo, y para la eventual visita del presidente norteamericano a Buenos Aires. Tienen también una función más inmediata: que Washington comprenda la importancia del acuerdo con los holdoutspara la consolidación del juego político al que dio paso la derrota electoral del kirchnerismo.

En caso de viajar, Macri contaría con cierta exclusividad. En Davos habrá sólo cuatro presidentes latinoamericanos: el mexicano Enrique Peña Nieto, el colombiano Juan Manuel Santos y el peruano Ollanta Humala, además de él. Dilma Rousseff y Michelle Bachelet enviarán a sus ministros de Finanzas.

Sergio Massa estará tan pendiente como Macri del dictamen de los médicos. En cambio, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y la canciller, Susana Malcorra, participarán del seminario como panelistas. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, también estará en Davos. Hay sólo dos argentinos más, pero representando a otros Estados: la reina Máxima de Holanda y el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias.

Entre las citas de Malcorra sobresale una con dos funcionarias de la Unión Europea: la canciller Federica Moreghini y la comisario de Comercio Exterior Cecilia Malström. El motivo es demostrarles que, desde la asunción de Macri, el Mercosur perdió el último obstáculo para firmar el Tratado de Libre Comercio con Europa. Malcorra conversó el jueves sobre esa estrategia con su colega brasileño, Mauro Vieira: si el acuerdo no se firma este año, será porque los europeos, sobre todo los franceses, se resisten. A propósito: en febrero François Hollande estará en Buenos Aires. ¿Habrá en Suiza un encuentro con Angela Merkel? Sí, pero si Merkel viaja.

Prat-Gay es el responsable del capítulo financiero del viaje. En Davos estará Ángel Gurría, el presidente de la OCDE, a la que el ministro busca aproximarse. Esa organización cuenta con un sistema de auditoría similar al del Fondo Monetario Internacional. La titular de este organismo, Christine Lagarde, también estará en el Foro, aunque hasta anoche no se sabía si Prat-Gay la vería. Una curiosidad: si bien Axel Kicillof se encontró muchas veces con Lagarde, la Argentina sigue siendo uno de los dos países latinoamericanos que no admiten las revisiones del Artículo IV de la Carta del Fondo. El otro es Venezuela.

Prat-Gay se verá con el ministro de Hacienda de Inglaterra, George Osborne, y con el chairman de la Bolsa de Nueva York, Thomas Farley. Pero el verdadero interrogante es si, el viernes, conversará con Jack Lew, el secretario del Tesoro norteamericano. Sería importante, aunque no decisivo, para la discusión con los holdouts. La Argentina necesita salir del default en que la encalló Cristina Kirchner. Un ejemplo: Kicillof saldó la deuda con el Club de París sin discutir una moneda, pero el país no mejoró allí su calificación debido al entredicho con los bonistas.

La discusión se reanudó el miércoles pasado, cuando el secretario de Finanzas, Luis Caputo, se reunió con los acreedores, liderados por Paul Singer de NML, en el despacho del mediador Daniel Pollack. Caputo notificó allí que el país no adoptará ninguna cláusula de confidencialidad. Los acreedores intentaron disuadirlo durante una hora. Pero no tuvieron éxito. La estrategia del Gobierno es, a partir del próximo 25, publicar su oferta para desnudar que cualquier demora en un entendimiento se deberá a la intransigencia de los litigantes. Si la propuesta oficial es razonable, los holdouts pagarán un costo por su tozudez. En otras palabras: Singer encarnaría el rol de Kicillof.

Los fondos tienen varios incentivos para no apurarse. El más evidente es que saben que Macri, a diferencia de su antecesora, está dispuesto a pagar. Además, los reclamos que no cuentan con una sentencia favorable se actualizan con una elevada tasa de interés. Por ejemplo, los 1650 millones de dólares que Kicillof se negó a pagar en junio de 2014, por lo cual se entró en default, superan hoy los 1800 millones.

No fue el único negocio que el kirchnerismo facilitó a sus denostados "buitres". Los abogados de Singer suelen atribuir su éxito a la ley cerrojo promovida por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, por la cual el Estado se ató las manos en cualquier negociación. El juez Thomas Griesa admitió que esa prohibición violaba la cláusula depari passu de muchos títulos. Es decir, concedía un tratamiento distinto a tenedores de bonos similares, según entraran o no al canje organizado por el Gobierno. Este error sería uno de los motivos para que Prat-Gay y Caputo contrataran un nuevo estudio de abogados.

La abogacía introduce otra dificultad: con el subrepticio decreto 2507/14, Cristina Kirchner anegó la Procuración del Tesoro con gente de su entorno, sin respetar los mecanismos legales de selección. La Procuración es la responsable última de los litigios del Estado, entre otros, el de los holdouts. Su titular, Carlos Balbín, pretende revisar esos contratos heredados.

Entre los que entraron por la ventana están Francisco Zannini, hijo de Carlos Zannini; Virginia Lynn, esposa del ex subsecretario de Justicia Julián Álvarez; María Laura Sanfelice, hija de Osvaldo "Bochi" Sanfelice, administrador de los negocios de los Kirchner; Javier Pargament, nieto de Juana Pargament, la segunda de Hebe de Bonafini; Juan Erbin, recomendado de Andrés "Cuervo" Larroque, y Agustín Tarelli, hijo del segundo de Daniel Reposo en la Sigen.

Más allá de la influencia de sus "topos" en la Procuración, la señora de Kirchner sueña con minar la salida del default. Su argumento es que "Prat-Gay quiere pagar a los «buitres» con más ajuste". Es curioso: es la tesis contraria de la que expresa el "peronismo realmente existente". Los gobernadores suelen exponer ante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la necesidad de acordar con los holdouts para financiarse a menor costo y, así, moderar el ajuste al que obliga la calamitosa situación fiscal que dejó Kicillof.

Esta divergencia de intereses acaba de producir una derrota a Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Su delegado en el bloque de diputados, José Ottavis, no pudo arrastrar a sus pares detrás de la engañosa bandera del desendeudamiento. La mayoría pactó con el ministro de Gobierno, Federico Salvai, y aprobó el presupuesto de María Eugenia Vidal. La jugada se decidió en una reunión de intendentes y dirigentes sociales que decidieron autogestionarse. Los lideran Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis y Fernando "Chino" Navarro.

La novedad es de primera magnitud: la insubordinación del PJ frente a Cristina Kirchner se desencadenó por una discusión sobre el endeudamiento. Esa fisura se extenderá al orden nacional. Un detalle: el gobernador Juan Manuel Urtubey, que defendió en Nueva York, en nombre de Scioli, que había que pactar con los holdoutspara que el reordenamiento económico fuera menos doloroso, lidera ahora la secesión de un grupo de diputados del Frente para la Victoria. De modo que la ex presidenta debería convencer a su propio partido, no a Prat-Gay. Sobre todo si Macri decide convocar a los peronistas que administran presupuestos para convalidar la salida del default.

Estas reubicaciones están inscriptas en el proceso general que Macri aspira a presentar en Davos: el del pasaje de una hegemonía autoritaria a un régimen pluralista y de una economía subsidiada por la bonanza internacional a otra más competitiva. Esta transición complica también a los holdouts. En la controversia contra Cristina Kirchner, Singer y los demás bonistas apelaron a argumentos políticos. Su activismo judicial tenía el mérito, aducían, de bloquear a una autocracia, aliada a Mahmoud Ahmadinejad y a Hugo Chávez. Esa línea conceptual, expuesta en el sitio web de la American Task Force Argentina, se volvió anacrónica. No sólo porque Macri canceló el pacto con Irán y denunció las violaciones de los derechos humanos del chavismo. El ascenso del nuevo presidente podría ser presentado como la primera victoria sobre el populismo dominante en América latina.

La apelación a banderas ideológicas podría convertirse, entonces, en una trampa para Singer. Su intransigencia ahogaría aquello que auspiciaba. O, al revés, contribuiría a la supervivencia del kirchnerismo, que, hasta ayer, era su demonio. No es sólo un desafío para Singer. Es también un dilema para Obama. Y para Kerry y Lew, sus delegados en Davos.

La otra gran apuesta

La Nación

Néstor O. Scibona

Quizá la mejor evaluación del programa fiscal anunciado por el ministro Alfonso Prat-Gay, como base de las metas oficiales para bajar la inflación a un dígito en cuatro años, surja de promediar sus primeras repercusiones.

Desde la ultraortodoxia económica fue considerado modesto el sendero gradual para reducir el déficit fiscal primario en 1 punto del PBI este año y 1,5% anual hasta 2019, frente a la magnitud del histórico desequilibrio heredado en 2015 (5,8% del PBI, más 1,3 añadido por pagos pendientes, eliminación o devolución de impuestos). Días antes, el economista José Luis Espert había aconsejado prescindir de "un millón de ñoquis" en el sector público, sin considerar su viabilidad política.

Desde el kirchnerismo, en cambio, ex funcionarios pontificaron que se trata de un "brutal ajuste", retuiteado por la propia Cristina Kirchner. Incluso, el diario Página 12 -ahora ultraopositor- arriesgó en la tapa de su edición del último jueves que "el objetivo planteado de 20 al 25% de inflación es el que se hubiera alcanzado en 2016 sin la gigantesca redistribución de ingresos que implicó la devaluación". Ninguno se preguntó hasta qué punto podían sostenerse los desequilibrios macroeconómicos acumulados hasta el 10 de diciembre, con déficit fiscal, subsidios y emisión monetaria récord; inflación reprimida por el mayor atraso cambiario y tarifario en décadas, y reservas del Banco Central en baja. Vale recordar que la era K arrancó en 2003 con un superávit primario de 4% del PBI (heredado del "trabajo sucio" de la gestión Duhalde) y culminó con un desequilibrio de casi 6%. O sea, un deterioro fiscal cercano a 10 puntos pese a la presión tributaria también récord. El gasto sin límites fue otra marca registrada del kirchnerismo, al igual que la inflación de dos dígitos durante diez años.

En su primer mes el frente del Palacio de Hacienda, Prat-Gay demostró su predisposición por las apuestas fuertes. Primero, con el shock cambiario que implicó el fin del cepo y la suba del tipo de cambio comercial. Le fue bien: no se produjo la corrida que muchos presagiaban y el dólar libre se mantiene por debajo de lo esperado, sin intervención del BCRA. Ahora, con el gradualismo del programa fiscal que -si bien no es una hoja de ruta detallada- al menos se asemeja a un mapa con la dirección trazada para bajar progresivamente la inflación después del salto de diciembre y los primeros meses de este año, cuando influirán el reajuste de precios relativos y la inercia inflacionaria de 2015. Hace casi una década que esas señales estaban ausentes en la economía argentina. Aun así, todavía falta contar con un presupuesto para 2016 más creíble que la ficción aprobada por el anterior Congreso. Mientras tanto, el BCRA está contribuyendo a reducir presiones inflacionarias y cambiarias: en menos de 40 días absorbió $ 118.000 millones (18% del stock de base monetaria al 10 de diciembre, según la consultora Quantum) a través de la colocación de Lebac y Nobac, aunque a costa de un mayor déficit cuasifiscal a corto plazo.

El éxito de esta nueva apuesta no está asegurado y menos con una economía virtualmente indexada "a ojo" ante la destrucción de las estadísticas oficiales. Tampoco hay demasiado margen para reducir drásticamente el gasto público. Del total del gasto primario de 2015 -equivalente a casi 29% del PBI-, 10,2 puntos correspondieron a jubilaciones y pensiones; 5 a salarios, y 5,2 a subsidios a energía y transporte, que en este caso más que duplican la inversión pública (2,3) y triplican los planes sociales y las asignaciones familiares (1,5).

De ahí que buena parte del ajuste fiscal para 2016 ya tenga nombre y apellido: de los 2,3 puntos del PBI que se prevé recortar (para compensar además el déficit extra de fin del año pasado), 1,5 corresponden a la eliminación de subsidios y aumento de tarifas de electricidad y gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de febrero y que se facturarán mensualmente desde marzo, con una tarifa social para los hogares más vulnerables. El "tarifazo" ya tiene ese título reservado desde hace años. La clave será cómo comunicarlo, para diferenciar incrementos porcentualmente altos de facturas que en muchos casos no estarán lejos de otros servicios privados. O de consumos habituales en bares, pizzerías, heladerías, restaurantes y estaciones de servicio. La cuestión de equidad no es irrelevante: las tarifas eléctricas en muchas provincias son entre 4 y 7 veces más altas que en el AMBA, donde están congeladas desde hace 12 años a costa de un servicio deteriorado. Además, según un estudio de Asap y el Instituto de Energía General Mosconi, el total de subsidios energéticos en 2015 ($ 142.000 millones) equivale a seis años de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Una cuestión clave del gradualismo antiinflacionario será la negociación de las paritarias, con la clásica puja entre aumentos por inflación pasada o futura. Puede ayudar la anunciada suba del mínimo no imponible de Ganancias (a $ 30.000 mensuales), escalas y deducciones, pero el resultado es una incógnita. En cambio, otras medidas para mejorar el ingreso de autónomos (Ganancias), monotributistas (AUH) y familias vulnerables (devolución del IVA) representarán un costo fiscal de $ 100.000 millones y se concentran mayormente en trabajadores no sindicalizados.

No fue casual que los anuncios del ministro coincidieran con el arranque de la negociación formal con los holdouts en Nueva York por la deuda heredada de casi 10.000 millones de dólares con intereses incluidos. Para la política fiscal, otra clave es salir del default parcial, con el fin de volver a colocar deuda en los mercados externos a tasas razonables y plazos más largos. Sin ir más lejos, Chile acaba de colocar US$ 2500 millones al 3,4% anual (en dólares) y 1,9% (en euros). Con ese financiamiento, Hacienda podrá recortar del 40% al 25% la emisión monetaria del BCRA para cubrir el bache fiscal y también evitar que un excesivo endeudamiento interno del Tesoro reduzca el crédito al sector privado. Si la estrategia funciona podrán movilizarse inversiones privadas para reactivar genuinamente la economía a partir de la segunda mitad de este año.

Esta perspectiva no está exenta de riesgos. Un clásico argentino, durante décadas, ha sido utilizar el endeudamiento externo para postergar en lugar de impulsar reformas en la estructura de un sector público con exceso de gasto corriente, escasez de inversión pública y servicios deficientes. La gran apuesta de Prat-Gay depende de que la economía retome un crecimiento sostenible, con menos inflación y minimice el enorme peso del gasto público sobre la actividad productiva.


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