Tras los últimos e impactantes episodios que han atentado en contra de la confianza de la sociedad chilena, y que han generado una importante crisis de credibilidad que hoy ponen en tela de juicio a las instituciones fundamentales de la República, no cabe duda de que resulta más que necesario volver la mirada hacia el apego a las normas que rigen los mercados y que fueron creadas para garantizar la sana competencia y el crecimiento sostenido de las sociedades.
En este sentido, los hechos ocurridos en Chile repercutieron en su posición de liderazgo en el ránking anual de Transparencia Internacional, lo que hizo que cayera dos puestos en el listado sobre percepción de corrupción, posicionándolo a nivel internacional en el puesto 23. Los casos de colusión, irregularidades en el financiamiento de campañas políticas y los casos de corrupción aportaron su cuota en la calificación.
Es imperioso que la sociedad civil y el Estado unan fuerzas para generar una cruzada que permita generar un marco regulatorio que persiga, castigue y ejemplarice con fuerza los actos de corrupción, tanto organizativos como personales, y junto con ello, se generen políticas que premien el recto actuar gubernamental y corporativo.
Sudamérica tampoco se escapa de este fenómeno. La región ha sido golpeada por escándalos ligados a sendas redes de corrupción, lavado de dinero y el procesamiento de importantes dirigentes políticos. Todo lo anterior también ha generado alzamientos en movimientos ciudadanos que han desestabilizado gobiernos, como está ocurriendo hoy en Brasil.
Frente a lo anterior, existe la otra cara de la moneda. Transparencia Internacional señala que los países mejor evaluados son Dinamarca, seguido por Finlandia y Suecia. Estos destacan por el uso frecuente de las tecnologías de información en todos sus procesos (tanto económicos, como de interacción ciudadana). Sumado a esto, muestran un alto nivel en el uso y ejercicio de la libertad de prensa, garantizando el acceso a la información sobre el origen y el uso de presupuestos públicos; también hay una cultura de la integridad de los cargos públicos y un poder judicial independiente.
El informe de Transparencia Internacional muestra de forma cruda las dos caras de la moneda. Una que destaca a los países que sin temor invierten y usan elementos para empoderar a sus ciudadanos con información y actúan rectamente en pos del bien común; y otra donde existen sociedades que restringen este legítimo derecho, como la antesala para la conculcación de libertades y también para oscurecer los actos transparentes. Por lo mismo, es imperioso que la sociedad civil y el Estado unan fuerzas para generar una cruzada que permita generar un marco regulatorio que persiga, castigue y ejemplarice con fuerza los actos de corrupción, tanto organizativos como personales, y junto con ello, se generen políticas que premien el recto actuar gubernamental y corporativo.
Esto se suma a la necesidad de educar desde la base a nuestros hijos acerca de la importancia y la conveniencia del actuar ético en una sociedad, piedra fundamental para la construcción de confianzas, de la reputación de un país y también como una demostración de la seriedad que requerimos más que nunca, para garantizar que Chile siga siendo una nación admirada en un mundo interconectado en el cual necesitamos seguir trazando lazos y sinergias para garantizar nuestro camino al crecimiento y al desarrollo.
*Margarita Ducci es Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile (ONU)-UNAB.
