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OPINIÓN
Pagni: la fractura del PJ. Scibona: el consumo en la cornisa
14/03/2016

La onda expansiva de la fractura del PJ

La Nación

Carlos Pagni

La disputa interna del PJ se está proyectando, como siempre ha sucedido, sobre la escena nacional. Ese conflicto condiciona a la administración de Mauricio Macri como ningún otro factor. El eje central de la división es el apoyo o la oposición a la salida del default. Los alineamientos no son ideológicos. Lo que está en discusión es si la viabilidad socioeconómica del gobierno de Cambiemos debe ser facilitada u obstruida. Es simple: en el debate alrededor del acuerdo con los holdouts subyace otra controversia sobre cómo se va a financiar el exorbitante déficit fiscal que dejó Cristina Kirchner. Si se hará a través del crédito o de un durísimo ajuste. La ex presidenta y sus seguidores pretenden forzar la opción más dolorosa. Esa intransigencia, además de enemistarla con Macri, la enfrenta a los gobernadores de su propio partido, que también pagarían las consecuencias de las restricciones.

La tensión está llevando al PJ al borde de la ruptura. El calendario es endiablado: la querella sobre el default se libra en forma simultánea con la de la conducción partidaria. Las distintas facciones deben resolver si el 8 de abril coordinan una lista de unidad o van a una elección interna.

Esto explica que Jorge Capitanich se proponga como jefe del PJ envuelto en la bandera "patria o buitres". Y que José Luis Gioja, que indujo a todos sus amigos a quebrar el bloque de diputados para cooperar con el Gobierno, se quede al lado de La Cámpora, con tal de encabezar una lista de unidad.

La fisura aparece también en el principal instrumento de poder con que cuenta hoy el peronismo: el bloque de senadores nacionales. Su presidente, Miguel Pichetto, navega un mar de dudas. No sólo lo acosa el kirchnerismo. También lo presionan los gobernadores: ellos aceptan que se produzca la división, pero a cambio de beneficios que hoy Macri no está dispuesto a conceder.

Pichetto encontró una excusa para conseguir lo que más necesita: tiempo. Aprovechó que la Cámara de Apelaciones de Nueva York admitió un pedido de los holdouts para extender hasta el día en que cobrarán su acreencia la cláusulapari passu, que los protege de un eventual incumplimiento argentino. La Cámara anuló así la decisión de Thomas Griesa de levantar esa cláusula apenas el Congreso derogue la ley cerrojo y la ley de pago soberano. Para Pichetto, la novedad obliga a detener el proceso legislativo.

La posición de Pichetto alarmó también al peronista disidente Diego Bossio y al renovador Sergio Massa. Más allá de que tengan reparos técnicos similares a los del senador, estos dos diputados enfrentan un problema político: no quieren, sobre todo Bossio, superar a Pichetto en su espíritu de colaboración con el Gobierno. Por eso también prefieren que la sesión prevista para mañana en Diputados se postergue hasta el jueves.

Emilio Monzó se reunirá esta mañana con Massa, Bossio, Margarita Stolbizer y otros diputados para quitar dramatismo al pronunciamiento de la Cámara de Nueva York. También estarán el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el asesor legal Eugenio Bruno. Ellos explicarán que los camaristas hicieron lo previsto: proteger a los acreedores hasta que se les pague.

Cabe, sin embargo, una posibilidad más complicada: que, una vez realizado ese pago, pactado para el 14 de abril, la justicia mantenga la cláusula pari passu en beneficio del 15% de los bonistas que no llegaron a un entendimiento. En otras palabras: que impida pagar a los holdouts que aceptaron una quita, en beneficio de quienes siguen litigando. La incógnita se despejará alrededor del 4 de abril, cuando la Cámara se pronuncie después de la presentación de cada parte.

La chance de un desenlace negativo es, para todos los expertos, casi nula. Sobre todo por el criterio que adoptó Griesa en sus últimos pronunciamientos: el pari passu fue ideado para obligar a la Argentina a reconocer su deuda. Una vez que se logró ese objetivo, no sería justo aplicarlo para mejorar la posición negociadora de un grupo de acreedores recalcitrantes.

Quintana, Caputo y Bruno expondrán estos argumentos delante de los diputados. Pero lo que más se empeñarán en aclarar es que, aun en el peor escenario, la responsabilidad del Congreso queda a salvo. El dictamen que se aprobó en comisión establece que sólo se pagará en el caso de que se levanten las cautelares. Además, existe una secuencia lógica: primero se derogan las leyes que implican falta de voluntad de pago, después se retiran las cautelares y al final se paga. El principal argumento de los tribunales neoyorquinos para mantener el pari passu es la resistencia a derogar el cerrojo. De modo que Bossio, Massa y, sobre todo, Pichetto, agravarían con su demora aquello que, según dicen, pretenden evitar.

Pichetto está en una encrucijada. El apoyo a la salida del default desatará la división de la bancada que encabeza. El kirchnerismo presiona cada día un poco más. En Diputados, se sirvió de un mensaje de WhatsApp en el que Nicolás Massot, presidente del bloque de Pro, le preguntó a Bossio si "nos vas a arreglar con sándwiches de miga y mate frío". Massot estaba reprochando a Bossio un asado que había prometido y no cumplió. Pero Héctor Recalde creyó ver una transacción tenebrosa. Por decirlo en sus términos, otra Banelco. Curioso: esta vez el que pagaría sería el diputado opositor, no el oficialista. Es evidente que Recalde anda falto de reflejos. Ya no es el de Pueyrredón Construcciones. Así y todo, la agresividad contra Bossio es un aviso para Pichetto.

Es probable que este senador se resigne a la división del bloque. El problema es cuánto cuesta esa fractura. El precio no lo fija Pichetto, sino los gobernadores. Sobre todo uno, Gildo Insfrán. Este formoseño, que tiene una relación estrechísima con Pichetto, funciona hoy como un primus inter pares entre los caudillos federales. Insfrán pasa casi toda la semana en Buenos Aires, despachando en el entrepiso del Conte Hotel. Quienes se sientan a su mesa lo escuchan quejarse del Gobierno: "Frigerio nos recibe, pero no terminamos de arreglar nada en concreto"; "Macri cree que lo tenemos que apoyar sólo por amor a la patria"; "nos dicen que no hay plata, pero a Buenos Aires, Jujuy y Mendoza les mandan lo que piden"... y lamentos por el estilo. Un detalle para entender la diversidad del peronismo: Insfrán fue quien, presidiendo una reunión federal, presentó al dialoguista Juan Manuel Urtubey como "el gobernador de Cambiemos".

Pichetto funciona como el gremialista de los gobernadores. Por eso postergará todo lo posible la aprobación del acuerdo con los holdouts. Tiene varios mecanismos para hacerlo. Por ejemplo, pedirá garantías al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, acerca de que no se abrirán otros litigios. Y causará una dilación más importante: va a introducir modificaciones al proyecto, de tal manera que vuelva a Diputados para un nuevo tratamiento. Mientras tanto, Insfrán y los suyos exigirían nuevas compensaciones al Gobierno. Deberán doblegar la lógica de Macri. Para el Presidente, el default es la costosa herencia de la gestión de Cristina Kirchner, que fue la de Pichetto, Insfrán, Urtubey y Bossio. Le parece, entonces, insólito, someterse a presiones para remover un obstáculo adquirido.

Más allá de la discusión de las responsabilidades, sigue abierto un debate: ¿cómo debe negociar la Casa Rosada con el PJ? Hasta ahora las conversaciones son desarticuladas. A Massa se le hicieron generosísimas concesiones en la provincia de Buenos Aires sin comprometer a cambio su apoyo en el Congreso. Se cierran acuerdos con Bossio que dejan afuera a Pichetto, cuando ambos expresan a los gobernadores. Los peronistas, mientras tanto, levantan el valor de su adhesión. La última versión es que Massa y Bossio amenazan con sólo dar los votos para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano; no para aprobar los acuerdos alcanzados por Quintana, Prat-Gay y Caputo en Nueva York. Es decir, reducirían su respaldo a lo indispensable.

Massa y Bossio, igual que Urtubey, tienen un límite: no pueden sumarse a la táctica del ahogo financiero del Gobierno, porque quedarían a los pies de la señora de Kirchner y La Cámpora. La estrategia de la ex presidenta es provocar, bloqueando el acceso al crédito, la profecía autocumplida: sin el kirchnerismo en el poder, el pueblo fue sometido a un fenomenal ajuste. Teníamos patria.

Ese plan de lucha tiene antecedentes. Los radicales nunca terminaron de perdonar a Cavallo que, en lo peor de la crisis de 1989, recomendara no prestar al gobierno de Raúl Alfonsín porque su sucesor no se haría cargo de la deuda. La diferencia es que Cavallo empeoraba a una administración ya asfixiada. Cristina Kirchner se propone originar la asfixia.

La intransigencia de la ex presidenta no se inspira en sus supercherías financieras. Tampoco en su vocación de control sobre el PJ. Para entenderla hay que regresar a su discurso del 9 de diciembre: la democracia que lleva al poder a Macri es un montaje fraudulento, en el que el electorado es una marioneta de las corporaciones. La expresión más elocuente de ese vicio oligárquico es que los verdaderos representantes del pueblo, como ella, son perseguidos con la coartada de penalizar la corrupción. El Brasil de Lula y Dilma, donde ayer protestaron multitudes, es un espejo que adelanta.

Esta explicación sufre contratiempos. Mientras el kirchnerismo se declara el único custodio del patrimonio público, se descubre -lo publicó ayer LA NACION- que uno de sus principales hombres de negocios armó parte de su imperio con impuestos retaceados al Estado. Cristóbal López ayuda poco a la saga progresista. En medio de estas acusaciones se le ocurrió dividir bienes. Entregó varias compañías a Fabián de Souza, uno de sus socios. Aunque en el mercado se considera a De Souza, a veces por infidencias del propio López, como algo más: sería el representante de la familia Kirchner en el entramado empresarial del zar del juego. En dos palabras, el testaferro.

El consumo en la cornisa

La Nación

NESTOR SCIBONA

 El consumo comenzó a resentirse en 2016 después de haber sido sobreexigido a lo largo de la era K como motor de la economía, que ahora está a la espera de la mayor inversión para crear empleos genuinos que se fijó como objetivo el gobierno de Mauricio Macri.

Nadie espera que este cambio de motor se produzca antes de mitad de año. En el ínterin deberán definirse varias cuestiones clave. La principal es el fin del default, para atraer capitales y financiamiento externo. También las paritarias del sector público y privado, recalentadas por el deterioro del salario real en los últimos tres meses, cuando la inflación acumuló una suba superior a 12% (en parte, por la recomposición de precios relativos derivado de la corrección del atraso cambiario y tarifario heredado) y difícilmente se desacelere en marzo y abril. Según cómo se resuelvan estos temas, luego podrá vislumbrarse hasta qué punto podrán cumplirse las metas decrecientes de déficit fiscal y emisión, con las que el ministro Alfonso Prat- Gay busca reducir el ritmo inflacionario al 1% mensual en el segundo semestre. Por ahora, hay mejor clima de inversión en el campo y los servicios que en la industria, donde varios proyectos orientados a la exportación están ralentizados por la fuerte recesión brasileña y el bajo crecimiento de otros países emergentes.

Puertas adentro, varios indicadores privados reflejan que la actual combinación de precios más altos en 2016 y salarios pactados en 2015 está afectando, proporcionalmente, el consumo en todos los segmentos socioeconómicos. En febrero, FIEL estimó el costo de la canasta básica total para una familia tipo (que marca la línea de pobreza) en $ 7700 mensuales. En el otro extremo, la canasta para profesionales ejecutivos de ingresos altos que mide la Ucema se ubicó en $ 71.500, o sea, casi diez veces más. En ambos casos, la suba fue de 4% mensual y alrededor de 30% interanual. Paralelamente, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella acusó una caída de 15,6%. Y las ventas minoristas, según CAME, retrocedieron 4,5% en volúmenes, en un relevamiento que abarca desde almacenes a grandes cadenas de electrodomésticos. En cambio repuntó 10% el patentamiento de automotores, impulsado por el abaratamiento de precios en dólares debido a la suba del tipo de cambio y la reducción de impuestos internos, que varias fábricas completan con bonificaciones y financiación a tasa negativa.

En marzo se espera cierto repunte del consumo masivo por el alza de las jubilaciones, asignaciones familiares y AUH, así como el reintegro de los anticipos del impuesto a las Ganancias retenidos en el primer bimestre del año. Además, se advierte más moderación en el ritmo de remarcaciones de precios en grandes cadenas de supermercados, que reforzaron los descuentos por cantidad en los rubros que más aumentaron -justificadamente o no-, para no perder ventas. Probablemente esto responda al último salto de las tasas de interés y también a que la fuerte suba de tarifas eléctricas (más los incrementos en otros rubros como colegios privados, combustibles, prepagas, celulares, etcétera) reducirán el ingreso disponible de sus clientes.

Por lo pronto, en la primera semana de este mes, el ticket de la canasta fija de 30 productos que sigue esta columna en el mismo supermercado porteño sumó $ 1748, con una baja de 1,2% respecto de febrero ($ 1770) e incluso de 6,2% frente a diciembre ($ 1865). La explicación es que en el último mes se mantuvieron estables en las góndolas los precios unitarios de la carne vacuna, pan, fideos, café y gaseosas, a la vez que en fiambres, quesos, servilletas de papel, y algunas hortalizas hubo bajas que contrarrestaron las subas en frutas, agua mineral y productos de limpieza. Este reacomodamiento de precios redujo a 19% la suba en comparación con marzo de 2015 ($ 1469), pero con una fuerte disparidad. Bien por encima de este porcentaje interanual, los mayores incrementos se verificaron en pan francés (67%), carnes rojas (40 a 56%), postres lácteos (59%), papel higiénico (56%), suavizante de ropa (54%), fideos guiseros (48%), agua mineral (34%), yerba mate (32%) y gaseosas light de primera marca (28%).

El enfriamiento del consumo acentuó además el cambio de hábitos que vino provocando la alta inflación de los últimos años, con algunas novedades. Por ejemplo, en supermercados mayoristas se están intensificando las compras conjuntas para familiares o amigos; pero a nivel individual hay una tendencia a adquirir día por día los productos indispensables. Las compras semanales o quincenales, en cambio, se concentran en los días prefijados por lossupermercados para ofrecer descuentos.

En abril, el Gobierno prevé reeditar el listado de Precios Cuidados y apurar la ley para devolver automáticamente el 10,5% de IVA en las compras de productos de la canasta básica alimentaria que realicen con tarjeta de débito los jubilados con haber mínimo y quienes reciben planes sociales. También extender el plan Ahora 12 para apuntalar la alicaída demanda de bienes durables, aun cuando los límites de financiación con tarjeta de crédito se vienen achicando por las compras anteriores en cuotas sin interés, convertidas en otro refugio frente a la inflación.

Para entonces estarán en marcha las principales paritarias, donde la novedad de 2016 son los acuerdos fraccionados por etapas, a plazos de hasta seis meses y negociación posterior para completar el período anual. Por caso, los mecánicos de Smata acordaron una suba salarial de 11% para el trimestre abril-junio, que se agrega al 7,5% otorgado a comienzos de año. El gremio mercantil anunció un ajuste por etapas de 20% sobre los básicos de convenio para el período abril-septiembre (más dos adicionales fijos de $ 2000 y un aporte de $ 100 por planilla para la obra social), pero aún no hay acuerdo para extenderlo a los adicionales.

En otros sectores empresarios esta modalidad no convence, porque mantiene la incertidumbre sobre el costo laboral, ya incrementado por las mayores primas a las ART debido a la reaparición de la "industria del juicio", con fallos insólitos por accidentes de trabajo asegurados. También sospechan que los dirigentes sindicales tienen en mente un número final que podría comenzar con 3, o incluso con 4, a menos que en la segunda mitad del año aparezcan señales más claras sobre la política oficial para bajar la inflación. Y están a la expectativa con la paritaria de camioneros que, junto con las subas de combustibles, impacta sobre los costos de fletes y logística.


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