Francisco Olivera
El equipo económico de Mauricio Macri acaba de revisar algunas suposiciones que traía desde la campaña. La más importante es que el enfriamiento económico tan temido no se podrá evitar. Estimaciones propias, que venían proyectando para este año un rango de entre crecimiento cero y una caída de 0,5% en el producto se retocaron para peor: la previsión está ahora entre -1,5 y -2%.
Una mala noticia para un gobierno que se entusiasmaba con una reactivación en el segundo semestre. El Presidente acaba de admitirlo en público: su ansiedad lo lleva a veces erróneamente a pensar que podría ir más rápido. Terminó de entenderlo este mes, cuando advirtió una imprevista tercera ola de aumentos de precios que lo llevó a impartir entre sus colaboradores una orden cuyos efectos, tal vez, acorten la paciencia con que las cámaras empresariales lo vienen acompañando: la prioridad será este año frenar la inflación a cualquier costo, independientemente de que esto pueda afectar el nivel de actividad.
Fue un recálculo significativo porque implica, entre otras recomendaciones, desoír algún párrafo del manual de Durán Barba. Por ejemplo el que aconsejaba no hablar directamente del combate contra la inflación, sino sólo de su objetivo final: "Pobreza cero". El argumento del ecuatoriano había sido siempre que cualquier referencia a contener la escalada de precios remite a "ajuste" o a "enfriamiento". Pero el propio Macri usa ya abiertamente la palabra prohibida, sobre la que ahora anticipa que bajará "drásticamente" en el segundo semestre.
Es probable entonces que los tiempos se alarguen. Que la primera etapa de su plan de gobierno, la que había supuesto sólo para poner en orden extravagancias heredadas y así volver a crecer, se extienda por lo menos hasta fines de año. No todo es tan sencillo en el Estado argentino, donde proliferan capas geológicas con años de intereses múltiples. Y empleo público. Gustavo Lopetegui, uno de los hombres más importantes del gabinete económico, viene instruyendo a todas las áreas a bajar los presupuestos que pidieron, lo que equivale a un ajuste de alrededor de 20% en los respectivos gastos. Pero algunos funcionarios ya han transmitido internamente que es difícil.
El ejemplo más cabal es el de Isela Costantini, presidenta de Aerolíneas Argentinas, que discutió estas cuestiones con Lopetegui a principios de este mes. La ex General Motors espera ahora que le aprueben un plan de negocios más gradual, acordado con los gremios y atenuado con generación de negocios propios dentro de la compañía, como trabajos para terceras empresas en los hangares. Acaba de anunciar, por ejemplo, un acuerdo para repararle ruedas a LAN.
Pero en la Casa Rosada dicen que no alcanza. Es cierto que, aunque pueda resultar doloroso a la pasión estatista local, Aerolíneas Argentinas no es todavía una compañía viable: tiene casi el doble de empleados que las líneas aéreas de su porte y deja casi el 70% de sus pérdidas en destinos internacionales. Sus ganancias vienen más bien de rutas regionales o de cabotaje, principalmente de aquellas en las que vuela sola. Es decir: cuando compite, pierde.
Costantini lo habló también con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. ¿Cómo dejar caer rutas internacionales, como le piden, y enfrentarse con los sindicatos? Para no herir susceptibilidades con su pasado reciente en la chilena LAN, ante las primeras diferencias, Lopetegui decidió dejar la conversación en manos de Mario Quintana, el otro coordinador económico. Costantini volvió a reunirse con los dirigentes gremiales, acordó con ellos reducciones de frecuencias a Río Gallegos y a Brasilia y le presentó a Macri un plan alternativo, para el que aguarda ahora una respuesta.
Que los primeros pasos de Cambiemos en el poder, los que pretendían desandar el kirchnerismo, sean más largos equivaldrá también a extender el plazo para los costos políticos. Por ahora, dicen encuestas propias, el 70% de la sociedad acompaña. El índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Di Tella, por lo general coincidente con los resultados de cada elección, sorprendió esta semana con quienes adhieren: el mayor repunte de marzo fue entre los pobres y en el conurbano bonaerense; el menor, entre los de altos recursos y en la Capital Federal.
Hay algunos sectores en los que Macri va, de todos modos, prácticamente a la velocidad que se proponía. En el área energética, por ejemplo, se cumplió con el cronograma y eso tuvo el consecuente impacto en las encuestas: en el Gobierno dicen que, aunque la reducción de subsidios en electricidad avanzó sólo en parte, ya afectó en febrero la imagen tanto de la gestión en general como la del ejecutor de la medida, el ministro Juan José Aranguren, a quien los especialistas en marketing macrista acusan de no haber sabido "comunicar".
Ingeniero más bien abocado a las cosas que a los conceptos, Aranguren tiene un estilo bien divergente del de sus compañeros desvelados por los sondeos. Acaba de pedirle a Macri, por ejemplo, un directorio más "profesional" para YPF, donde ve proliferar a ex funcionarios y técnicos con buena reputación, pero a quienes considera nostálgicos de la vieja petrolera estatal. Su visión al respecto siempre ha sido otra: ve en YPF a un jugador más del sector y, por lo tanto, a una compañía que debe manejarse con criterios de eficiencia privada.
Su última conversación cara a cara con el Presidente, en la que había un tercero, tuvo ya un resultado concreto: el alejamiento de Miguel Galuccio de la conducción de la empresa. El ministro le venía cuestionando al entrerriano aspectos como el nivel de endeudamiento, la perforación vertical y la preferencia por mejorar la producción de combustibles líquidos antes que la de gas, y esas diferencias pesaron más en los últimos días, cuando Aranguren oyó a Galuccio decir públicamente que estaba a favor de mostrar el contrato con Chevron, algo que él cree absurdo desde su paso por Shell, cuando era competidor. La objeción a ese pedido de la Justicia llegó a ser una de las pocas coincidencias que ambos tuvieron durante el kirchnerismo.
"Si estamos empatados, decide el ministro", planteó entonces Macri en la siguiente reunión de Gabinete, con las opiniones en favor y en contra de Galuccio en 3 a 3. Luego de esa bolilla negra, Aranguren le busca ahora a la petrolera un CEO que, pidió, deberá abocarse sólo a la operación de la empresa, lejos del rol institucional de quien será el presidente, Miguel Gutiérrez.
Son decisiones que deberán convivir con un contexto internacional muy adverso y que tampoco auguran horizontes promisorios. Desde esa óptica, y pese a las críticas de sus pares, el ministro de Energía es casi un adelantado de la evangelización Pro: con todo por perder y habiendo digerido el primer tarifazo, entró por la fuerza en la etapa de las soluciones.
Néstor Scibona
Si la visita al país de Barack Obama fue un claro espaldarazo al giro de 180° que produjo el gobierno de Mauricio Macri en la política exterior, los anuncios de proyectos por US$ 2300 millones que compañías estadounidenses pondrán en marcha en los próximos 18 meses (más otros en carpeta por US$ 13.800 millones hasta 2019) marcaron el fin del virtual bloqueo que el kirchnerismo había autoimpuesto a la inversión externa en los últimos años.
El cambio del clima de negocios (un concepto que Axel Kicillof tachaba de "horrible") fue evidente en estos días. Tanto la comitiva que acompañó al mandatario estadounidense como la concurrencia que desbordó el salón principal de La Rural durante el encuentro que la Amcham organizó en coincidencia con la visita fueron una señal elocuente del punto de inflexión en la relación bilateral, que ya había tenido su primer capítulo en la cumbre de Davos y esta semana sumará otro si el Senado aprueba (como se espera) la ley para dejar atrás el default parcial de la deuda y reabrir el acceso al financiamiento externo.
Aunque el comercio entre los dos países se debilitó en los últimos años (y cerró 2015 con un déficit superior a US$ 4200 millones para la Argentina), la llave de esta nueva etapa viene de la mano de inversiones en asociación con empresas locales. El embajador Martín Lousteau lo explicó en pocas palabras. La Argentina debe revalorizar su imagen, dijo, no tanto en sus íconos tradicionales, sino como productor de conocimiento en biotecnología, energías no convencionales, industria satelital, cultural, software y exportación de servicios de alto valor agregado. No obstante, consideró que hay margen para aumentar la exigua participación de 1% en las importaciones agroindustriales del país del Norte. En la misma línea, el ministro Francisco Cabrera apuntó que el interés en la inversión de grandes compañías globales reside en que generan pymes proveedoras, muchas de las cuales pueden transformarse en proveedores de cadenas de valor globales.
El déficit de infraestructura que dejó como herencia la era K también fue presentado como una oportunidad para la participación privada. En este caso, en la forma de planes oficiales para revitalizar el transporte ferroviario de cargas (4400 millones de dólares en el período 2016/19); modernización de 14 aeropuertos (900 millones); redes de Metrobus en el AMBA (600 millones); pasos bajo nivel y viaductos (500 millones); Red de Expresos Regionales (2000 millones); soterramiento del Ferrocarril Sarmiento (3000 millones), y seguridad ferroviaria (1500 millones).
Los proyectos anunciados para 2016/17 por compañías estadounidenses abarcan varios sectores. Entre ellos, industria automotriz (Ford y GM), higiene y tocador (Procter) y agroindustria (Tabacal). También GE prevé invertir en generación eléctrica y Dow firmó un acuerdo con la estatal rionegrina Invap para instalar un parque eólico de 60 MW en esa provincia.
Precisamente, un área clave dentro del interés inversor de los EE.UU. son las energías renovables (solar, eólica, geotérmica y biomasa), que en la Argentina representan apenas 2,2% del consumo eléctrico, una proporción cinco veces más baja que en Chile y Brasil, pese a su mayor potencial de recursos naturales. En el encuentro de Amcham, el economista Dante Sica explicó que ahora son la opción más eficiente para resolver la crisis eléctrica. Por un lado, porque combinan costos más competitivos debido al avance tecnológico, tiempos relativamente cortos de instalación (un año y medio) y ahorro de divisas. Por otro, porque generan más empleos, cumplen con las exigencias ambientales y permiten una localización territorial que beneficia tanto al NOA, el NEA y la región cordillerana en energía solar como a la Patagonia en eólica (con vientos que permiten un factor de carga de los más altos del mundo). Como condiciones para aumentar la participación de energías renovables (ER) en la matriz energética (66% corresponde a hidrocarburos) citó el acceso al financiamiento a tasas razonables, el marco regulatorio y la previsibilidad macroeconómica.
Macri ya anunció para abril el lanzamiento de las licitaciones internacionales en el marco de la denominada ley Guinle (27.191), sancionada con el voto unánime del Congreso en octubre de 2015. Esta ley reemplazó a otra que preveía para 2016 una participación de 8% de ER y no alcanzó a agregar 1%, por lo cual trasladó ese objetivo a 2017 (que se considera muy difícil de cumplir) y fijó un 20% para 2025, que según el ministro de Energía implicará agregar 10.000 MW de potencia instalada. Para ponerla en vigor deberá dictarse el decreto reglamentario, que Juan José Aranguren prometió para esta semana. Una incógnita son los parámetros para adjudicar los proyectos, con una fórmula que incluiría precios, plazos de instalación y porcentajes de integración local; en este caso, impulsados por beneficios fiscales. Los contratos serían a 15 o 20 años y podrán pactarse entre generadores y consumidores privados. Otra es qué ocurrirá con el puñado de proyectos de ER aprobados desde 2010 a través de resoluciones que ahora Energía decidió dejar en suspenso en nombre de la transparencia y la competencia, y que en algunos casos ya están listos para ponerse en marcha.
La nueva ley obliga a los grandes usuarios a incorporar progresivamente de 8% a 20% de su consumo en ER, al igual que a los residenciales (a través de las distribuidoras) y, en caso de incumplimiento, establece cargos equivalentes al costo de la energía importada. Con ellos se alimentará un fondo (Foder) para financiamiento y garantía de proyectos, que sería capitalizado inicialmente por el Estado con $ 12.000 millones y administración del BICE; pero ahora ese aporte podría ser reemplazado por financiación externa. El costo financiero es clave: en el sector se estima que por cada punto menos de tasa de interés, el costo por kilovatio hora (kwh) puede reducirse en US$ 10. Con la reapertura del crédito externo, los precios podrían oscilar en alrededor de US$ 110 por kwh para proyectos solares o eólicos.
Aun así, las urgencias siguen prevaleciendo en el sector. Sin ir más lejos, Energía acaba de convocar a la presentación de ofertas para adjudicar pequeñas centrales térmicas de no menos de 40 MW en distintos puntos del país, con el propósito de cubrir los picos de demanda en los próximos dos veranos (2016/17 y 2017/18) y el invierno de 2017, con precios fijados en dólares y prioridad de pago de la energía entregada.
