Adriana Giuliani*

Desde el comienzo de la historia hidrocarburífera de nuestro país, las definiciones en torno a la política energética han estado atravesadas por una nítida confrontación entre los intereses de corporaciones multinacionales por la captación de la renta versus los intentos de preservar la soberanía nacional de los recursos.

En este contexto, la creación de YPF en 1922 representa un hito fundamental, teniendo en cuenta que bajo la dirección de Enrique Mosconi fue un modelo para otros países.

La iniciativa de nacionalizar las áreas petroleras, promovida durante el segundo mandato de Yrigoyen (1928-1930), no prosperó en el Senado ante la negativa de las provincias que pretendían seguir acordando con las operadoras internacionales . El propio golpe de estado de 1930 suele ser atribuido en parte a la presión del capital multinacional para frenar las limitaciones a su participación en el negocio petrolero; más allá de los factores estructurales que intervinieron, el hecho concreto es que a partir de ese momento se dejó de lado la idea del monopolio estatal, a la vez que se estipuló la percepción de regalías por parte de las provincias.

Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952) se revalorizó el rol de YPF y se asignó relevancia al gas como insumo básico, en el marco del fortalecimiento del aparato industrial. La creación de Gas del Estado en 1946, la inauguración del gasoducto Comodoro-Buenos Aires o el sostenimiento de precios bajos del fluido son algunos de los ejemplos de esta predisposición.

La gestión de Arturo Frondizi (1958-1962) constituye otro de los capítulos especiales en la materia. Luego de liderar los movimientos opositores a la firma del convenio con Standard Oil , al llegar al poder otorgó concesiones a empresas extranjeras con el objetivo de incrementar la disponibilidad energética. El propósito del "Desarrollismo" de impulsar las ramas básicas de la industria requería crecientes volúmenes de combustibles, cuya demanda al exterior comprometía a la exigida balanza de pagos del país. En 1962 se alcanzó temporariamente el autoabastecimiento, con una participación de YPF cercana al 70%.

Durante la presidencia de Arturo Illia (1963-1966), los contratos con las multinacionales fueron anulados aunque, posteriormente, la dictadura de Onganía restableció la intervención de los capitales internacionales.

La mayor ofensiva para desplazar al Estado de la actividad fue iniciada por el último proceso militar (1976-1983). La licitación de áreas explotadas por YPF a firmas privadas ocasionó fuertes pérdidas para la empresa de bandera, al quedar obligada a adquirir el petróleo a las concesionarias a precios desventajosos. Por otra parte, YPF fue endeudada para proporcionar divisas al Plan Económico de José Alfredo Martínez de Hoz. Este rumbo se profundizó durante el período de Carlos Menem (1989-1999). A la privatización de las empresas se sumó el otorgamiento de la libre disponibilidad de los volúmenes extraídos, la posibilidad de disponer hasta el 70% de las divisas obtenidas en el comercio exterior, entre otras medidas.

La Ley 26.741 del año 2012, que expropió a Repsol el 51% de las acciones de YPF, otorgó al Estado la facultad de retomar la búsqueda de la soberanía hidrocarburífera. El contrato con Chevron y la posterior reforma de la ley de Hidrocarburos plantearon interrogantes, que se agudizan con los lineamientos del nuevo gobierno, a partir del abrupto aumento tarifario o las crecientes importaciones de crudo.

No hay muchas opciones: la política energética puede estar guiada por el objetivo de abastecer los requerimientos internos o por garantizar la maximización del beneficio a los operadores.

 *Economista de la UNCo