A diferencia de lo que exhibe en estos días la vida pública brasileña, en la Argentina no sólo hay corrupción. Además, hay impunidad. Los encargados de castigar el robo de los recursos públicos también están bajo sospecha. Por eso, la ola de escándalos deriva en una tensión inevitable: el cuestionamiento de la justicia federal, sobre todo de los 12 jueces de instrucción de la ciudad de Buenos Aires.
Ellos son los encargados de investigar a los funcionarios nacionales. Estos magistrados, en vez de una solución, parecen a menudo ser parte del problema. Sencillo: las irregularidades se multiplican porque se sabe de antemano que no serán penalizadas. Este inquietante panorama planteó la primera crisis dentro de la coalición gobernante. Si el miércoles pasado Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió debieron reunirse de emergencia, fue por las denuncias de la diputada sobre el rol de la justicia federal.
Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi, Norberto Oyarbide, Daniel Rafecas, Sebastián Ramos, Julián Ercolini, Luis Rodríguez, María Servini de Cubría y Sergio Torres, los doce jueces de instrucción de los tribunales federales porteños, tienen un rol estratégico en el combate o la tolerancia a la corrupción. Ellos deciden en cada causa qué prueba es pertinente y cuál debe rechazarse. Resuelven los llamados a indagatoria. Deciden quién hace las pericias: ¿la Corte, la Procuración o la Oficina Anticorrupción? Es una selección es clave en las causas por enriquecimiento ilícito, como demostró Norberto Oyarbide al perdonar a los Kirchner.
La forma en que jueces federales vienen administrando ese poder ha creado un problema para la vida pública. Y para ellos. Los procedimientos suelen llamar la atención por su lentitud. Víctor Alderete fue condenado en octubre de 2015 por delitos cometidos en el PAMI hace 16 años. Guillermo Moreno comenzó a demoler el Indec en 2007. Pero el fiscal Carlos Stornelli esperó hasta el martes pasado para pedir su indagatoria ante Canicoba Corral. Bernard Madoff fue acusado de fraude en diciembre de 2008 y la justicia norteamericana lo condenó seis meses después a 150 años de prisión: da vergüenza la comparación.
Más llamativa que la demora es la premura. Oyarbide, que ya había batido un récord con los Kirchner, sobreseyó a Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, a altísima velocidad. Como era amigo del imputado, la Cámara derivó el caso a Luis Rodríguez, que lo cerró en un santiamén. El fiscal Ramiro González no apeló. Los camaristas acaban de revocar la absolución. Para juzgar a Liuzzi hace falta un tercer juez: Martínez de Giorgi.
Bonadio, implacable con los Kirchner, supo tener épocas más misericordiosas: sobreseyó a los secretarios privados de la ex presidenta, que habían multiplicado su patrimonio de manera sideral, dos días después de que ella obtuviera el 54% de los votos. El fiscal, Guillermo Marijuan, no apeló. Ahora Bonadio usa el látigo. El próximo 13 espera a la señora de Kirchner para que explique las ventas de dólares del Banco Central. Ella irá acompañada por un defensor amigo del juez: Raúl Zaffaroni.
Hay casos en los que estos jueces rompen la barrera del sonido: cuando examinan a un colega. El camarista Eduardo Freiler fue acusado por enriquecimiento ilícito por Ricardo Monner Sans en agosto del año pasado. La denuncia hacía pensar que Freiler, coleccionista de autos de lujo, hacendado y dueño de una mansión en lo mejor de Olivos, era descendiente de algún Rothschild. Pero el fiscal González, el mismo que aceptó el sobreseimiento de Liuzzi, convenció a Martínez de Giorgi de que todo había sido comprado con un sueldo. Menos mal. De condenar a Freiler, Martínez de Giorgi se habría expuesto a un problema familiar: su esposa, Ana María Juan, trabaja como secretaria a las órdenes del camarista. Freiler, igual, no debe relajarse. En lo de Canicoba Corral todavía hay un expediente por la financiera en la que está asociado a María Lago, la esposa de Alfredo "Freddy" Lijo, hermano del juez Ariel Lijo.
Más allá de aceleraciones y retrasos, hay un detalle estadístico que revela la baja calidad de estos procedimientos: la justicia federal porteña no eleva a juicio más del 5% de los casos que investiga. La única excepción reciente fue la de la tragedia ferroviaria de Once, que Bonadio tramitó bajo una gran presión pública. Aun así, Julio De Vido logró ponerse a salvo desde un primer momento, gracias a los oficios de su gestor en tribunales. Es "Freddy Lijo, el hermano del juez y esposo de la socia de Freiler. Las condenas no fueron más arriba de Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.
Freiler es el padrino judicial de Casanello, un magistrado de dos velocidades. Así como arrastra los pies en la causa Hotesur, que involucra a la familia Kirchner, sobreseyó con la rapidez de un rayo a Macri, en el caso de las escuchas telefónicas. Macri debió igual esperar años. Y ganar la Presidencia.
A Jaime le tocó, en su condición de ícono de la corrupción kirchnerista, quebrar la inercia. El juez Ercolini descubrió que Jaime, quien por razones obvias visita todos los días tribunales, podría huir de la Justicia. Entonces, sin siquiera someterlo a indagatoria, dejó llevar un sábado, y lo detuvo. Fue por compras ferroviarias del año 2005, que se investigan desde hace cinco años. A ningún magistrado federal se le ocurrió que Cristóbal López o Lázaro Báez estén en condiciones de escaparse. O de destruir pruebas, como parecen estar haciendo con sus últimos movimientos societarios. Tuvo que aparecer un juez contencioso administrativo, Esteban Furnari, para, en el caso de López, impedir ese proceso interviniendo las empresas.
La repentina captura de Jaime es la otra cara de la impunidad. Alarmados por la demanda social, los jueces comenzarán a hacer justicia en defensa propia. Se sienten amenazados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, pretende crear un grupo de jueces federales del crimen organizado, que vaciaría a los juzgados actuales de sus competencias sobre narcotráfico y lavado de dinero. El proyecto está recibiendo objeciones técnicas. Sobre todo una: ¿para qué crear ese equipo si en poco tiempo la instrucción de las causas estará a cargo de fiscales? Es lo que estableció la reforma del Código Procesal el año pasado.
Los jueces federales porteños están en estado de alerta. La idea de Garavano puede ser el comienzo del fin de su poder. El reflejo más inmediato de esos magistrados fue pedir a Oyarbide que no se jubile. Oyarbide les ha prestado un servicio inigualable: concentrar en su persona casi todo el monto de mala fama disponible. Sus compañeros temen que, si se va, el desprestigio de difunda. Por eso Daniel Angelici, el presidente de Boca, todavía no pudo llevar a su jefe la coqueta cabeza de ese juez, como había prometido.
Macri intentó tender un puente judicial con Angelici. Pero el mediador fracasó antes de empezar. Su problema más obvio es que se dedica a la explotación del juego, con todo lo que eso significa. Además, Angelici cae mal en tribunales. No sólo por detalles de estilo, como echar el humo de su puro en la cara de los jueces. Hay un problema más delicado: su conexión con la Agencia Federal de Inteligencia. Macri confió a Angelici, a través de su pupilo Sebastián De Stéfano, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la ex SIDE. Y también puso bajo su órbita la Dirección de Finanzas, a cargo de Juan José Galea.
Este vínculo entre Justicia y espionaje es la peor señal institucional que ha dado Macri desde que asumió. Más aún: todavía no se entiende por qué no obedeció a quienes le aconsejaron, como Jaime Durán Barba, dinamitar la antigua SIDE. La mención de esa oficina a los jueces a pensar que la era Stiuso aun no ha terminado. Desde allí se armaron y desarmaron expedientes, presionando a jueces y fiscales para perseguir a los enemigos, apañar a los amigos, o hacer negocios. La leyenda dice que el cineasta Stiuso podría competir con Netflix. Los jueces temen que Angelici represente la continuidad de esos métodos. Sobre todo por su proximidad con Darío Richarte, el vicepresidente de Boca, quien trabajó, en coordinación con Stiuso, como abogado de innumerables kirchneristas acusados de corrupción.
El otro inconveniente de Angelici es que Carrió lo inutilizó como interlocutor. Hoy no hay juez que quiera compartir un café con él por miedo al qué dirán. Pero la mayor dificultad es que no controla el Consejo de la Magistratura. Hoy el oficialismo domina la mayoría de ese cuerpo. Y está a un voto de alcanzar los dos tercios, indispensables para remover a un magistrado. Esas llaves no las maneja Angelici, que domina sólo los votos del representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, y de la de los abogados, Adriana Donato. Es posible que hoy Garavano, en alianza con los radicales, influya muchos más sobre el Consejo. Balance: hasta ahora lo único que ganó el "operador" Angelici es una imputación del fiscal Federico Delgado, que lo preocupa.
El estado de la Justicia es una amenaza para Macri. El problema de la corrupción y la impunidad están en el origen de su poder. Macri no sería presidente si María Eugenia Vidal no hubiera triunfado en la provincia. Y Vidal no habría triunfado sin una ola de repudio al vínculo entre crimen y política que el electorado encarnó en Aníbal Fernández. Quiere decir que Macri recibió un mandato de regeneración política. Pero su Gobierno no ha dado todavía una respuesta consistente y sistemática a ese reclamo. En otras palabras: la gestión de Cambiemos todavía no ha expuesto una estrategia para restaurar la calidad de la Justicia y eliminar la corrupción, equivalente a la que exhibe para normalizar la Economía o realinear la política exterior.
Esta deficiencia es comprensible. Macri entiende que la dimensión político-institucional de su tarea es un costo irritante de lo que importa de verdad: la gestión material de los problemas. Ese menosprecio lo amenaza con varios costos. No sólo provocará una perplejidad creciente entre los miembros de su equipo, que son en su inmensa mayoría gente honesta, dispuesta a perder plata en el Estado. También abrirá una grieta dentro de su coalición, como insinúa el conflicto con Carrió. Pero, lo más relevante, es que dañará también su empresa administrativa. Ya se demostró con el menemismo: cualquier proceso de modernización material de la sociedad fracasa si no va acompañado de una expansión del imperio de la ley.
CLARÍN/Jorge Lanata
El principal problema de la Argentina es la Justicia. En realidad, la ausencia de ella. A la Justicia, o a su ausencia, remiten muchas de las faltas que a diario sufre nuestra población. Cuando el Estado apela juicios que ya sabe perdidos a jubilados que morirán antes de poder cobrarlos, es justicia lo que falta. Cuando un empresario puede crecer postergando 8.000 millones de pesos de impuestos y usa ese dinero para comprar empresas, mientras la AFIP cae sobre el pobre tipo que se atrasó con el monotributo, es la Justicia la que no funciona. La Justicia tiene que ver con el trabajo, la educación, las relaciones personales y, sobre todo, con el sistema de valores que rige la convivencia. No puede dar todo lo mismo y -como lo definió Ulpiano en el siglo III D. C- justicia es dar a cada uno lo suyo. Nuestro sistema judicial es viejo, venal y corrupto. Un juez puede condenar a un detenido sin haberlo visto jamas, o puede venderle su libertad a sola firma.
“Cada mil personas que hoy están cometiendo un delito, sólo tres van a ir a la cárcel”, dijo Mauricio Macri durante su campaña presidencial. Según un informe del Ministerio de Justicia conocido en 2008, ese año hubo 1.300.000 hechos delictivos, y la cantidad de sentencias condenatorias (prisión efectiva, condicional, multas, etc.) fue de 30.000, esto es un 2,3 por ciento del total.
Un informe del 2011 de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) asegura que las condenas en el fuero penal fueron del 2,12%. A la vez, el 73 por ciento de la población carcelaria está formado por presos sin condena firme; y según el portal Chequeado.com el 45% de los presos de la provincia de Buenos Aires, pasados los tres años de detención nunca llegó a juicio. Y no se trata sólo de la presencia de filósofos dandys del Derecho Penal a lo Zaffaroni, también es ésta una historia de abulia, burocracia, y marañas legales. El lenguaje de la calle lo aclara :“Acá nadie va en cana”.
La corrupción -ergo la impunidad, o sea la falta de justicia- estuvo ausente en la campaña de Cambiemos, al menos en el discurso macrista. Allí se impuso el pensamiento que Jaime Durán Barba expresó en INFOBAE después del triunfo: “Sólo el 14% de la gente quiere a Cristina Kirchner presa, el 86% no” (…) “Ni un minuto con el pasado”, insistió Durán Barba ante Macri en los días previos al discurso de apertura de sesiones en el Congreso.
En estos días, el murmullo popular es insistente: ¿alguien irá preso? El caso Báez se ha transformado en la estrella del minuto a minuto: cualquier televidente observa incluso a los programas de la tarde estirando el tema. La evasión de Cristóbal López o las sociedades de Jorge Rial corren en el mismo sentido. ¿Y si quienes votaron en octubre lo hicieron asqueados de la corrupción y esperan en verdad un cambio?
¿Podrá aceptar el presidente que no sólo triunfó por sí mismo sino como símbolo de un cambio del estado de cosas? ¿Y si todos estamos aún esperando que el nuevo gobierno haga de una vez, por primera vez, justicia? La Justicia se aplica en el presente pero garantiza el futuro. El mensaje del Estado a la población es claro: hay reglas que no debemos romper, hacerlo trae consecuencias de las que no se puede escapar. Lola, mi hija menor, tiene once años: tengo que poder decirle que la policía está ahí para protegerla, que los jueces son justos, que ante la ley somos todos iguales y que si tiene razón pelee por ella porque vive en un país donde van a defenderla.
¿Y, Lanata, va a ir alguien en cana?, me preguntan en la calle todo el tiempo.
Nunca sé que responder.
Podrá bajar alguna vez la inflación, podrá recuperarse el empleo, llegarán inversiones y, ojalá, Argentina comience a ser un país estable. Pero sin Justicia no hay futuro.
Nelson Castro
El ajuste ha llegado en toda su dimensión. “Es brutal”, lo reconoció el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Y esa dimensión es la que produce desasosiego en la población y genera controversias políticas no sólo entre el oficialismo y la oposición sino también dentro mismo del partido de gobierno. Es lo que reflejaron los altisonantes tuits que Elisa Carrió hizo públicos el miércoles pasado y que impactaron lo suficientemente fuerte al interior de Cambiemos como para queMauricio Macri la convocara a una reunión urgente en la residencia de Olivos antes de su partida hacia los Estados Unidos.
En esa reunión que, según la diputada, fue “dura, franca y divertida”, quien también tuvo un protagonismo importante fue el ex senador Ernesto Sanz. Sanz se ha transformado en un hombre de extrema confianza y cercanía del jefe de Estado. La más importante fue la coincidencia sobre las implicancias negativas que para el Gobierno tendría una ruptura de la coalición. El fantasma de lo que significó para el gobierno de Fernando de la Rúa larenuncia de Carlos “Chacho” Alvarez sobrevoló el ámbito de ese encuentro, en el que se le atribuye a Macri haberle dicho a Carrió que “si nosotros nos peleamos, Cristina se divierte”. Lo cierto es que, tanto el Presidente como Sanz, fueron duros con la diputada, a quien le señalaron que “su boca era más útil defendiendo al Gobierno que atacándolo”.
El asunto que más incomoda al Presidente es el de Daniel Angelici. Nadie atina a saber muy bien cómo ha adquirido semejante poder. Las voces en los ámbitos tribunalicios –sobre todo de los juzgados federales– confirman las gestiones de este abogado de trayectoria poco relevante que invoca transmitir los pareceres y enojos del Gobierno. Quienes tratan de encontrar una explicación a esta gama de conexiones que exhibe Angelici lo adjudican a su condición de presidente de Boca. “Muchos jueces, fiscales y secretarios de juzgados que son hinchas de Boca desesperan por una platea en la Bombonera”, señala un conocedor de esta trastienda inquietante.
Los industriales llevaron su preocupación al ministro de Producción, Francisco Cabrera. El secretario general de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, destacó que “tuvieron una muy buena recepción de la radiografía que le presentaron. Y si bien el presidente Macri está haciendo lo que prometió en la campaña electoral, la preocupación radica en la simultaneidad y velocidad con que se está implementando el sinceramiento de la economía”. En este sentido, el industrial graficó que “hay unos 39 mil puestos de trabajo en el sector de las industrias electrointensivas que aún no entraron en situación crítica pero que, con los aumentos y otros elementos de contexto, podrían peligrar.
Ese elemento de contexto es la crisis económica de raíces políticas por la que está atravesando Brasil. Si no se hace algo para enfrentar esa contingencia, la situación podría empeorar. Si debido a su propio ‘parate’, nuestro principal socio comercial comienza a enviar los excedentes de su producción hacia la Argentina, el problema podría escalar y serían 200 mil los puestos de trabajo que correrían riesgo en la industria”. Al Gobierno no le hace ninguna gracia admitir esta posibilidad y trabaja contrarreloj buscando salidas a esta delicada circunstancia. “Cuando Brasil estornuda, la Argentina sufre una neumonía”, dijo tiempo atrás la canciller, Susana Malcorra.
Por su parte, fuentes cercanas a los legisladores que trabajan en la publicación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) Congreso, adelantaron que la medición correspondiente al mes de marzo se acercaría al 4%, guarismo que haría “peligrar la meta inflacionaria anual de entre 20% y 25% impuesta por el Gobierno, a un número mucho más cercano al 30%”. Si marzo arroja esos valores cercanos al 4%, el acumulado para el primer trimestre del año superará el 12%, un valor demasiado alto para cerrar el año de manera exitosa.
Es verdad que el valor que se paga en la mayoría de los servicios públicos en el Area Metropolitana es irrisorio. Pero lo que también es verdad es que los sueldos que gana la mayoría de sus habitantes son, asimismo, bajos. Se vive un presente de tarifas nuevas con salarios viejos. Por eso el índice de pobreza ha aumentado, tal como lo proyecta elObservatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, cuyo trabajo ahora el kirchnerismo pondera luego de haberlo denostado por años.
En el Gobierno se reconoce toda esta problemática para la que, hasta el momento, no ha ofrecido soluciones. Nadie discute sobre lo inevitable de este sinceramiento de la economía, producto del campo minado que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La controversia surge a la hora de evaluar su implementación. Ahora se habla de una serie de medidas –incluiría un blanqueo de capitales– en cuya elaboración se está trabajando a toda máquina. El objetivo es reactivar la economía, que atraviesa un período de estanflación.
Para ello cuenta con la aprobación de la ley que hace posible pagarles a los holdouts. El proceso que llevó a la resonante victoria que el oficialismo obtuvo en ambas cámaras del Congreso –recordar que en Diputados el resultado fue de 165 votos a favor y 86 en contra y en el Senado 54 a favor y 16 en contra– tuvo entre sus artífices al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Esto significó un duro revés para CFK, quien fatigó el teléfono de los diputados pertenecientes a La Cámpora y al núcleo duro del kirchnerismo para que presionaran a sus pares a votar en contra del proyecto de ley que había enviado el Presidente. El apriete fue en vano. En el Senado, como se vio, las cosas a Cristina le fueron peor. Y eso alcanzó no sólo los guarismos de la votación sino también el sincericidio del jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, quien al decir que había recuperado “su capacidad para decir lo que pienso”, blanqueó la brutal metodología de “obediencia debida” reinante durante el kirchnerato.
En el momento de cerrar esta columna se producía la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por la causa en la que se investiga la escandalosa compra de trenes a España y Portugal. Es una buena noticia para el presente de un país que debe luchar desesperadamente contra la corrupción.
