Joaquín Morales Solá
¿Está la Argentina en medio de un megaproceso judicial parecido al escándalo italiano conocido como mani pulite? La pregunta viene a cuento porque la comparación estuvo en boca de un destacado juez y porque las estridentes noticias judiciales sobre investigaciones de la corrupción kirchnerista parecen desafiar cada día la capacidad de asombro de los argentinos.
Sin embargo, para que el proceso argentino se parezca al italiano de principios de la década del 90, que decapitó la política de Italia, deben incorporarse dos elementos que no aparecen aquí todavía: una investigación más amplia sobre la participación de los privados en un sistema corrupto y un compromiso unánime de los jueces federales con la persecución a los responsables del robo público.
Con todo, los incipientes borradores de un mani pulite podrían tomar formas más claras con las delaciones de Leonardo Fariña, un exponente de la pésima mano de obra financiera del kirchnerismo. Fue la verborragia de Fariña la que terminó con Cristina Kirchner imputada por lavado de dinero. Podría ser sólo el comienzo.
El primer aspecto que debe analizarse para ver si es real la intención del mani pulite refiere al grado de entusiasmo de los que mandan en el Estado con los procesos abiertos fundamentalmente por tres jueces: Claudio Bonadio, Julián Ercolini y Sebastián Casanello. En rigor, la línea de investigación dura e inflexible por parte de la Justicia surgió de la propia Corte Suprema y fue expresada públicamente por su presidente, Ricardo Lorenzetti, luego de consensuar la posición con los otros dos jueces del tribunal, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Lorenzetti hizo algo más en privado: se reunió a solas, uno por uno, con los doce jueces federales de la Capital y les pidió una acción rápida y decidida sobre la corrupción. "O se ponen al frente del reclamo social o los llevará la corriente", les advirtió.
La razón de la reacción judicial aparece nítida en ese mensaje de Lorenzetti. Más que el deber de los jueces (o tanto como el deber) se impone ahora un mandato de la sociedad. La frase "que vayan presos" está tan difundida en la sociedad como a principios de siglo lo estuvo la que clamaba "que se vayan todos". Y la mirada social se posó sobre la Justicia. De hecho, un juez federal, conocido por sus favores al kirchnerismo, debió abandonar su casa en un country después de comprobar que le era imposible convivir con los reproches de sus vecinos.
Ésa es la Justicia. A su vez, el gobierno de Macri tomó rápidamente el liderazgo de la misma posición. El propio Presidente; su ministro de Justicia, Germán Garavano, y el asesor político más consultado por Macri, Ernesto Sanz, concluyeron que la pesquisa de los jueces sobre la corrupción es un mandato social. "La sociedad me pide que haya justicia y el fin de la corrupción y de la impunidad. Y yo me hago cargo de ese mandato", suele decir el Presidente. El problema de Macri es que, todavía al menos, no todos los jueces federales comparten esa impronta de revisión del pasado. El Gobierno cubrió con un manto de sospecha al juez Ariel Lijo como líder de un sector de magistrados más renuente a perseguir la corrupción kirchnerista. Lijo está (y no de buen modo) en todas las conversaciones de sobremesa del macrismo.
Para ser claros: los hombres del Presidente quieren ver reformada toda la justicia federal. Pero llegaron a la conclusión de que nunca podrán con todos los jueces al mismo tiempo. Irán sacando gajo por gajo. Ahora les es más fácil, cuando el Gobierno tiene 8 votos en el Consejo de la Magistratura. Le falta sólo uno para alcanzar los dos tercios necesarios para juzgar y destituir a los jueces. El primero que cayó fue el ostensible y ostentoso Norberto Oyarbide, aunque su renuncia no conformó a los aliados de Macri. El ministro Garavano prefirió la vía rápida en lugar de esperar cinco o seis meses de juicio político a Oyarbide. Los otros (la primera fue Elisa Carrió) quieren juzgarlo para conocer y castigar sus complicidades. Oyarbide fue, con todo, sólo el primero. Habrá nuevas renuncias de jueces. O nuevos juicios.
Salomónicamente, Macri elevó a Garavano al nivel más alto de su consideración política ("Es el mejor ministro de Justicia de los últimos 30 años", suele decir), pero ratificó que el presidente de Boca, Daniel Angelici, seguirá siendo un mensajero suyo ante funcionarios judiciales que éste conoce desde hace mucho tiempo. Angelici, según esa versión, sólo habla con personas que ningún funcionario macrista conoce y lo hace sólo para transmitir un mensaje. La decisión presidencial puede abrir una nueva grieta con su aliada Carrió, quien parece dispuesta a desafiar la autoridad del Presidente con cada noticia judicial. No hay que alarmarse: "La sociedad me ha dado también el mandato de convivir con Lilita en un mismo espacio y lo cumpliré", subraya Macri.
En medio de ese desolador paisaje, Cristina Kirchner deberá comparecer el miércoles ante el juez Bonadio por la compra de dólares a futuro en los días agónicos de su gestión. Después de todas las cosas que contó Fariña, la causa de Bonadio contra la ex presidenta podría ser la menos grave. Algo muy diferente y mucho más repudiable es el lavado de dinero que investiga el fiscal Guillermo Marijuan. De todos modos, Cristina convocó a la cúpula más fiel del cristinismo a Río Gallegos para dos días antes de la declaración indagatoria ante Bonadio. "Quiero un 17 de octubre en Comodoro Py", anticipó que les ordenará. Es cierto que una cosa es Cristina en los tribunales después de Jaime, Báez y Fariña y otra cosa hubiera sido una citación en frío. Pero ésa es la política; la militancia fanática no está en condiciones de discernir entre lo bueno y lo malo.
Ya nada es como era en Comodoro Py. El riesgo de la excitación judicial es que algunos jueces no hagan nada y que otros se pasen al extremo opuesto. El peligro de fuga de Lázaro Báez, cuando decidió subirse a un avión sin plan de vuelo, estaba en Río Gallegos y no en San Fernando. Casanello podría haberlo puesto a Báez, que no está procesado, bajo custodia policial una vez que arribó a San Fernando, pero prefirió ponerlo entre rejas. Se eliminó así la instancia de la declaración indagatoria, que es un recurso de la defensa.
"En medio de un proceso de mani pulite, el fiscal debe abrir la investigación sobre Macri y el juez deberá cerrar el caso si todo es como parece", dijo uno de los jueces más importantes del país. Fue el primero en comparar el viejo escándalo judicial italiano con el actual proceso argentino. Demasiado lento, el Gobierno reaccionó cuatro días después como debió hacerlo el mismo día de las filtraciones de Panamá Papers. La decisión del Macri de presentarse voluntariamente a la Justicia no fue una reacción ante la imputación del fiscal Federico Delgado, que sucedió el jueves. La decisión estaba tomada desde el martes, pero ningún abogado del Presidente sabía nada de esos papeles, de los que el Gobierno tenía conocimiento desde hacía un mes.
Franco Macri decidió en 2005 no abonar más el canon anual de 700 dólares que debía pagar al estudio Mossack Fonseca para que mantuviera abierta la empresa. Tres años después, el estudio panameño le reclamó el cierre de la empresa y le cobró intereses importantes. Es decir, la empresa dejó de funcionar dos años antes de que Mauricio Macri asumiera el primer cargo ejecutivo en el Estado como jefe de gobierno porteño. La empresa nunca tuvo una cuenta bancaria y el actual Presidente nunca firmó una carta de aceptación de su cargo como directivo de la empresa.
Ésa es la diferencia fundamental y abismal con el caso del ex primer ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson: éste tenía una empresa a su nombre y de su esposa y una cuenta bancaria con cuatro millones de dólares en bonos de los bancos quebrados de su país. El ex primer ministro debía resolver la situación de esos bancos.
La demagogia o el populismo (o las dos cosas juntas) impugnaron en estos días severamente a las empresas offshore, una práctica común en el mundo empresario, sobre todo en países con reglas cambiantes. Todavía en la Argentina de hoy es imposible tener una cuenta corriente en dólares. ¿Qué recursos les queda entonces a las empresas para sus relaciones financieras con el exterior? Ésa es una parte relevante de la verdad. La otra parte es que deben convivir en esos paraísos con empresas creadas para ocultar el dinero que no se puede explicar.
Ignacio Fidanza
No tiene importancia asignar porcentajes a los factores que detonaron el incipiente proceso de Mani Pulite que vive la Argentina. ¿Fue una maniobra alentada por la Presidencia para tapar el caso de los Panamá Papers? ¿La sobreactuación en defensa propia de jueces corruptos, que durante años pisaron las causas que ahora aceleran? ¿Una respuesta al prístino republicanismo que se apoderó de Macri y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti?
Son todas preguntas menos interesantes que indagar sobre la evolución posible del proceso iniciado. La Argentina de Macri está ingresando en el nudo más complejo – e irresuelto- de la teoría política: ¿Cómo construir un sistema de justicia independiente del poder, que en el camino no derribe la estantería?
Es un debate que tiene además el atractivo de plantear preguntas muy incorrectas para almas simples y bienintencionadas: Los malos, los que roban, los que abusan, tienen que ir presos y sólo con eso ya tenemos un mundo mejor. El problema es que el Diablo está en los detalles: ¿Qué es robar? ¿Un sobreprecio en la obra pública?: Por supuesto. ¿Un sofisticado derivado financiero que metió a la economía global en una de las crisis más graves de la historia, destruyendo el futuro de millones de vidas? No está claro.
La revista The Economist, una publicación que simboliza los ideales republicanos y libremercadistas de Occidente, acaba de plantearse en su última edición algunos de estos interrogantes. Tomando el caso de Brasil, advierte que la caída de Dilma puede envenenar la política brasileña durante años, así como llevado a sus extremos, el proceso abierto por el juez Sergio Moro requiere no sólo el procesamiento de Dilma y su vice, sino de prácticamente todo el Congreso. La pregunta es obvia: ¿En donde se apoya entonces el sistema para superar la crisis? Una nueva elección. Perfecto, pero la historia reciente advierte que los vacíos de poder, el hastío generalizado, son el escenario propicio para que surjan los Berlusconi, los Trump, los Kirchner, los Chávez, que se quedan con todo. ¿O ya nos olvidamos que Kirchner y Chávez fueron la aclamada renovación que surgió tras la implosión de los sistemas políticos de Venezuela y Argentina?
Leones con piel de oveja a los que habrá que aplicar un nuevo Mani Pulite y así la historia se vuelve circular.
Mal momento para improvisar
Macri debería repasar con muchísima atención la experiencia de Fernando de la Rúa. La amnesia es un deporte nacional, pero no le está permitido al Presidente.
Lo único que no puede hacer el Presidente ante una situación tan delicada como la que se despliega en estos momentos, es dejarse arrastrar por los acontecimientos. Las frases hechas sobre la independencia judicial –que es bueno recordar se trata de un ideal extremo que la política, por suerte, viene problematizando hace siglos para evitar la tiranía de los jueces-, son buenas para decir a los columnistas de los domingos, pero no sirven como programa para un Gobierno que deberá lidiar con las consecuencias reales del proceso.
Es por eso que el gobierno de Macri dice una cosa, pero mantiene en operaciones a Daniel Angelici. El problema no es Angelici, el problema son las contradicciones. Por eso miremos De la Rúa, no como comparación sino como aprendizaje.
Ahora como entonces, tenemos un ala de la coalición del oficialismo que viene con una agenda de lucha contra la corrupción como eje central, una idea ajena a Macri, que está centrado en el reordenamiento económico y que la Argentina vuelva a crecer, un anhelo mayoritario por otro lado. Ahí está Brasil para recordarnos que las crisis políticas no son neutras: El año pasado su economía tuvo una histórica contracción del 4 por ciento que podría repetirse este año.
Como sea, el honestismo como idea política es la posición que visibiliza Lilita Carrió, pero que la excede y que incluye a factores de poder real –esos que se fortalecen con un sistema político débil- y tal vez algún interés geoestratégico. ¿Está equivocada entonces Carrió? No. La corrupción es una lacra muy extendida en la Argentina, que ha lastrado buena parte de los procesos mejor encaminados de nuestra historia. No hay respuestas fáciles para la situación actual.
Por eso, Macri puede hacer casi todo menos una cosa: No tener una idea clara sobre como se entra y como se sale de este proceso. Hoy lo que se ve, como entonces, son contradicciones. Entre un ala que agita el Mani Pulite y otra que busca atemperarlo. Pero sin coordinación. Esto envía mensajes confusos a la política, que puede ingresar en un peligroso círculo de paranoia y vale todo.
Estamos en la puerta de una situación estilo tiroteo en la cantina, donde todos les tiran a todos y al final sólo se salva el cantinero. ¿Quién será el próximo cantinero?
El tema da para mucho más que una columna y se podría analizar porqué, por ejemplo, las mismas potencias que nos alientan a ser implacables con la corrupción, protegen a sus ex presidentes hasta con indultos, como ocurrió en el caso de Nixon.
Macri tiene hoy un margen de maniobra macroeconómica más holgado que De la Rúa. Pero tampoco le sobra mucho. La opción que plantean algunos destacados analistas es pertinente pero no es en rigor una opción: ¿Cuánto conflicto puede tolerar la sociedad para terminar con la impunidad? ¿Impunidad o despelote?, se pregunta Marcos Novaro en La Nación.
Visto desde la Presidencia la respuesta es obvia: El único lujo que no puede permitirse un Gobierno es el caos. De hecho atenta contra su propia denominación. Pero el mérito de Novaro es que su pregunta lleva a otra más pertinente: ¿Cómo se reduce la corrupción en países tan corruptos como la Argentina, donde permea todos los estamentos, sin llevarse puesto el sistema?
Esa es una buena pregunta para Macri.
