Néstor Scibona
El punto final del conflicto con los holdouts y el default parcial de la deuda que -si no surgen imprevistos- se producirá en la segunda mitad de abril, traerá otra novedad en el plano interno. El gobierno de Mauricio Macri prevé anunciar entonces un plan fiscal y monetario más refinado que el difundido a comienzos de año, con la proyección de endeudamiento para financiar el déficit del sector público.
Hay quienes esperan una suerte de relanzamiento del plan macroeconómico, después del "trabajo sucio" que implicó liberar buena parte de la inflación reprimida por el atraso cambiario y tarifario heredado de la gestión K, así como recomponer los precios relativos tras el fin de las retenciones y la reducción de subsidios. En una hipótesis de mínima, se pasaría de una brújula a un GPS básico. Cuando menos, varios números clave se verán más claros y podrían surgir pistas sobre otras incógnitas. Entre ellas, la previsión de gasto público en salarios e inversión en infraestructura y la magnitud y costo de la deuda externa que podrían colocar este año el Tesoro nacional y las provincias, en reemplazo de la menor emisión de pesos del Banco Central. También a qué apuntó el ministro del Interior, cuando admitió hace unos días que será revisada la meta de inflación para 2016 (20/25% anual).
Este rango fue descartado por la mayoría de las consultoras privadas, que lo ubican entre 32 y 36%. Sobre todo, después de calcular una suba de 3,8/4,8% en marzo y un fuerte salto de 6,5 a 8% para abril, debido las alzas simultáneas de 6% en combustibles y de 100 a 300% en colectivos, trenes, gas y agua. Si bien estas últimas se aplican sobre tarifas bajas y achican la brecha con el resto del país, impactan en el índice de Capital Federal y GBA. A ello se suma el previsible traslado a precios de los mayores costos de gasoil y gas natural (más la electricidad) en mayo y junio, cuando también deberán cerrarse las paritarias, salvo aquellas ya pactadas por seis meses.
En este contexto, resulta difícil separar el aumento del nivel general, de la inflación "core" (sin servicios regulados ni productos estacionales) que, según el economista Diego Giacomini, se desaceleró en marzo al 1,2%. Sobre todo, sin índices oficiales para diferenciar la evolución de los distintos rubros.
Tras la promesa de que los ajustes tarifarios no se repetirán este año, para el Gobierno resulta crucial alinear las expectativas con su objetivo de desacelerar la inflación a tasas inferiores a 2% mensual en la segunda mitad de 2016. Entre otros motivos, para evitar un prematuro deterioro de la mejora del tipo de cambio real multilateral (que, según cálculos del BCRA, alcanza al 41,8% con respecto al 30 de diciembre), por más que la flexibilidad cambiaria reduzca ese riesgo.
Hasta que no se despejen los interrogantes en materia fiscal, buena parte de esa tarea recae sobre el BCRA. En un seminario organizado por Bloomberg, Federico Sturzenegger enfatizó que se ha " pasado de un Banco Central que pensaba que podía hacer de todo y que no tenía nada que ver con la inflación, a un Banco Central que piensa que no puede hacer casi nada, excepto bajar la inflación". También planteó la necesidad de acostumbrar al mercado al esquema de flotación, para disociar el comportamiento de los precios y las expectativas de la dinámica del dólar. En otras palabras, su estrategia pasa por la política monetaria y no por la cambiaria.
En su discurso leído, reiteró que el BCRA transferirá al Tesoro $ 160.000 millones (2% del PBI), con una reducción de 30% en términos reales respecto de 2015. Y que la agresiva absorción (vía Lebac) del exceso de pesos emitidos por el gobierno de CFK en la segunda mitad de 2015 (junto con los contratos de dólar futuro), tardará algunos meses en reducir la inflación. Tras esa etapa, la principal herramienta de regulación monetaria no será una meta explícita de la cantidad de dinero, sino el uso de la tasa de interés. De ahí que desde marzo mantiene en las licitaciones de Letras en pesos una tasa de 38% mensual a 35 días, con un sendero descendente a plazos mayores.
Sin dudas, una tasa de interés tan alta de corto plazo y sin mayores riesgos afecta el crédito al sector privado, el consumo y el nivel de actividad, además de frenar la demanda de dólares. Pero ése es el costo que se asume para desacelerar la inflación por la vía de una mayor demanda de pesos. También incentiva la "bicicleta" tasas-dólar, aunque la cobertura con contratos a futuro entre privados marcará la tendencia de los próximos meses.
Sin esperar a que la inflación muestre una curva declinante, la apuesta del BCRA por el ahorro en pesos acaba de sumar a las nuevas Unidades de Vivienda (UVI). A semejanza del sistema chileno, apunta que los bancos puedan captar depósitos a 180 días ajustables mes a mes por la inflación (mediante el CER) y volcarlos a préstamos hipotecarios para la compra de vivienda con la misma cláusula de indexación, pero con una fuerte baja del valor inicial de la cuota (semejante a un alquiler) y de los ingresos mínimos para acceder a esos créditos. Por cierto que el éxito del sistema dependerá de las expectativas inflacionarias, presentes y futuras. También de que el Indec difunda a partir de junio el nuevo índice de precios al consumidor (en que se basa el CER) y cuya ausencia motivó que el Ministerio de Hacienda decidiera utilizar alternativamente como sustitutos al IPC de la Capital Federal y al de San Luis para atenuar el impacto de las nuevas tarifas, a cambio de sumar otro factor de desconfianza entre los tenedores de títulos ajustables.
No es la única incógnita para los próximos meses. Con la asistencia del BCRA al Tesoro ya definida, el financiamiento del déficit fiscal de caja para 2016 deberá cubrirse con deuda externa para no reducir aún más el crédito al sector privado. Por caso, el Estudio Broda estima una colocación de US$ 21.500 millones (sin incluir el pago a los bonistas que aceptaron los canjes), más US$ 10.900 millones para atender las necesidades en pesos. Por otro lado, si el fin del default impulsa el ingreso de capitales externos en plena temporada alta de liquidación de dólares de la cosecha, difícilmente el BCRA saldría a comprarlos con emisión de pesos para evitar una caída del dólar. Las opciones que baraja serían permitir una mayor demanda de importadores; subir o eliminar el tope de US$ 2 millones mensuales para compras o bien imponer un encaje como el que fue suprimido no hace mucho tiempo.
Francisco Olivera
Hay jueces que admiten haber interpretado un mensaje movilizante en el discurso que Ricardo Lorenzetti dio en el acto de apertura del año judicial, hace tres semanas. "Es urgente una política de Estado que involucre a los tres poderes para terminar con la impunidad", les dijo ese día el presidente de la Corte Suprema. El dedo en la llaga, pero al mismo tiempo una orden liberadora para casi todos ellos: será el único modo de explicar, razonan, la concatenación de avances en las causas que involucran al kirchnerismo. Jorge Asís acaba de llamar a estas coincidencias "colección de presos de otoño".
Lorenzetti no sólo habló en público, sino que decodificó esa exhortación en conversaciones privadas con magistrados. Se está frente a una nueva etapa, les transmitió, porque la propagación de aquel discurso como política de Estado, que reforzó ayer durante el homenaje a Julio Strassera con un "Nunca más" para la impunidad, les dará sustento a las próximas decisiones de la Justicia en la lucha contra la corrupción.
Fue como un intento corporativo de autoprotección hacia lo que viene. Por cuestiones de montos, plazos y sofisticación, el kirchnerismo suele ser señalado por la mayor parte de los empresarios que interactuaron con el Estado como el gobierno más corrupto en la democracia argentina, incluido el de Carlos Menem.
Pero, aun con razones más que valederas para investigar, la velocidad de trabajo que han adquirido algunos jueces federales incomoda ahora a ministros del Gobierno, que se sonrojan ante lo que parecen instrucciones del Poder Ejecutivo al Judicial. En realidad, ya la única señal que en la Casa Rosada admiten haberles dado a los magistrados es de por sí lo suficientemente clara: "Hagan su trabajo".
Terminado el miedo al kirchnerismo, el nuevo relacionamiento permitió ver el miércoles en los diarios a Lázaro Báez esposado por detrás, cual delincuente atrapado corriendo en la vía pública, y no por delante y con las manos tapadas, lo habitual en los traslados de una unidad policial a otra. Esta cruzada de justicia no exenta de intereses que vienen siendo denunciados por la diputada Elisa Carrió le dio al Gobierno, de todos modos, un respiro en un año económico que el propio Palacio de Hacienda da por perdido: aun considerando las explicaciones que tendrá que dar Macri sobre su presencia en directorios de sociedades offshore -una aparición que ni sus colaboradores se animan a dar por terminada pero que no consideran ilegal-, la atención está ahora puesta más en la herencia institucional que en las penurias actuales.
Tal vez, ya en el ejercicio de la función pública, haya que repensar aquella idea de campaña según la cual a Macri no le convenía mirar hacia atrás porque él representa el futuro. Y Martín Lousteau pueda entonces volver a pronunciar el prefijo "re" (reconstruir, reiniciar, retomar) en la relación con los Estados Unidos, morfema que le fue vedado después de su primera entrevista periodística como embajador: le pidieron que su semántica no remitiera al pasado. "Las denuncias de corrupción no mueven votos", aconsejó Jaime Durán Barba en un asado con intelectuales el 23 de julio del año pasado, según cuenta Hernán Iglesias Illa, funcionario de la jefatura de Gabinete, en su revelador Cambiamos (Sudamericana).
El principal motivo de esta nueva necesidad es que hacia adelante aguarda un camino arduo. Los estrategas de Macri hablan de al menos cinco meses casi sin motivos para celebrar más que por el cierre del litigio con los holdouts, logro que debería ser el disparador de una progresiva normalización. Ese lapso casi eterno en un país como la Argentina tendrá que sobrevivir, por ejemplo, a una reducción del orden del 15% en los presupuestos de las distintas áreas, programa que termina con un déficit fiscal del 4,8% del producto a fines de año. O a los 4000 despidos que la UOM cuenta desde enero. El martes, en su habitual reunión interna, la Unión Industrial Argentina presentó un informe elaborado por su departamento económico que proyecta para 2016 una caída de 1,5% en la actividad fabril.
Es cierto que Macri casi no ha retrocedido en sus propuestas iniciales. "Si estoy acá para hacer lo que no quiero, me voy", repite cada vez que un colaborador le acerca la idea de atenuar el impacto de una medida. Es probable, con todo, que la situación lo obligue a postergar algunas decisiones, como la segunda rueda de aumentos en las tarifas de distribución eléctrica. Juan José Aranguren no pudo convencerlo durante el viaje a Washington de la necesidad de hacerlo y, horas después, la Casa Rosada instó a Alfonso Prat-Gay a anunciar que no habría más subas por lo menos este año.
Una vez resuelta la salida del default, la primera urgencia será que el plan monetario dé los primeros resultados. El Banco Central tiene pensado emitir durante 2016 unos 160.000 millones de pesos, exactamente lo mismo en términos nominales que el año pasado, pero alrededor de un 30% menos si se le descuenta la inflación. Ese ajuste, calculan en el Gobierno, debería alcanzar para atenuar la escalada de precios hasta ubicarla en no más de 1,3% mensual en el último trimestre. Suficiente, agregan, para cumplir con las previsiones de Prat-Gay, que proyectó un rango de entre 12 y 17% de inflación para 2017. Si eso ocurre, completan, estarán frente al primer éxito significativo de Macri, porque habrá cumplido con una promesa: la de que la inflación bajaría en el segundo semestre.
El objetivo es bastante módico mientras no repunte la actividad. Los primeros cuatro meses de gestión dejaron claro que, aun con la economía de Brasil desplomándose, lo más difícil de resolver está en el frente interno. Fronteras afuera todo fue bastante más sencillo: los primeros gestos ya insinúan resultados. El martes próximo, por ejemplo, en el hotel Willard, de Washington, ejecutivos de primera línea nucleados en el Business Council for International Understanding, un foro de 200 empresas asociadas fundado por la Casa Blanca en tiempos de Eisenhower, agasajarán con un almuerzo a Noah Mamet, embajador en la Argentina. Pretenden sondear oportunidades de inversión por aquí después del espaldarazo que significó la visita de Obama. Una semana después, el grupo vendrá por primera vez a la Argentina, donde buscará contactarse con Macri. Serán unas 40 firmas, como Coca-Cola, Walmart, Exxon Mobil, Rapsicon, APR y General Electric, cuyos representantes se congregarán en un seminario el 19 y el 20 de este mes en el hotel Alvear.
A esos potenciales inversores no les caben dudas de que el panorama ya es más alentador. Las incógnitas sobrevuelan todavía en el país, donde la conversación pública parece por ahora estancada en el recorrido judicial y las posibles condenas a quienes, hace apenas cuatro años tenían el 54% de los votos. Nada nuevo, en realidad: las recesiones suelen volver al argentino muy celoso del cumplimiento de la ley.
