Néstor O. Scibona
No pidió un aplauso para el asador (que tampoco se hubiera correspondido con el cordero rostizado servido poco después), sino para los legisladores y gobernadores de la oposición. En la cena anual del Cippec, Mauricio Macri compartió así el logro político de haber derogado las leyes que impedían poner fin al interminable conflicto con los holdouts y que esta semana tendrá su correlato con la vuelta de la Argentina a los mercados financieros externos y la salida del default.
Hace cuatro meses este escenario parecía casi imposible. Pocos apostaban al rápido acuerdo del Gobierno con los fondos más duros que ganaron los juicios en Nueva York. Y muchos menos que diputados y senadores del Frente para la Victoria lo convalidaran en el Congreso. La necesidad de oxígeno financiero unió a la Casa Rosada y la mayoría de los gobernadores -peronistas y no peronistas-, más preocupados por la gobernabilidad que por la consigna "Patria o buitres" ya desaparecida de escena; incluso en la reaparición de Cristina Kirchner en Tribunales ante su militancia incondicional. Al fin y al cabo, ese sofisma resultó funcional a los fondos que hacen de los litigios judiciales su razón de ser: en menos de dos años le costó al país unos 3500 millones de dólares extras en intereses punitorios. Ahora la colocación de bonos a 5, 10 y 30 años, aun con una tasa inicialmente alta y cercana a 8% anual, equivale a tomar crédito a largo plazo para levantar, en efectivo y de inmediato, la pesada hipoteca con intereses usurarios que dejó como herencia el cristinismo, sin afectar las reservas del Banco Central. No hacerlo hubiera significado a futuro costos mucho más pesados.
La salida del default marca un punto de inflexión para la política económica de Macri, al reabrir el acceso al financiamiento externo voluntario, cerrado durante años. Abre la puerta a potenciales inversiones locales y extranjeras para cubrir enormes necesidades de infraestructura y a movilizar proyectos para ampliar la capacidad productiva, frenados por el cepo cambiario K ya eliminado y el riesgo de extensión y amplificación del default que ahora desaparece junto con la amenaza de los fondos buitre. También se acota el riesgo de eventuales demandas judiciales de los holdouts que hasta ahora no aceptaron la oferta -seguirá abierta-, ya que los nuevos títulos incorporan las cláusulas de acción colectiva incluidas en las posteriores reestructuraciones de deudas soberanas a causa, precisamente, de la experiencia argentina. La emisión inicial de deuda por 15.000 millones de dólares dejará además un remanente para reactivar obras públicas paralizadas y/o financiar una mínima fracción del déficit fiscal para atenuar el peso de los ajustes pendientes. Otro tanto prevén varias provincias que se aprestan a colocar deuda como ya lo hizo, anticipadamente y a mayor tasa, el gobierno bonaerense.
No obstante esta bisagra implica nuevos desafíos para despejar factores de incertidumbre económica a corto plazo, que crean un círculo vicioso entre las intenciones oficiales y la realidad. Y que seguramente obligarán a nuevos acuerdos políticos en el Congreso.
Por un lado, la apuesta oficial es reducir el peso relativo del gasto público a través de un mayor crecimiento del PBI vía inversiones privadas, para generar empleo y mayores ingresos fiscales en el último tramo de este año, y especialmente en 2017. Por otro, mientras no se estabilice la economía -que probablemente mostrará en abril la tasa de inflación más alta del año- y se definan las paritarias, la inversión avanzará a marcha lenta.
Para impulsar proyectos llave en mano de infraestructura económica y social, con inversión privada y garantía estatal de pago, la Casa Rosada prepara el régimen de participación público-privada (PPP) que requerirá de aval legislativo ya que delegaría la resolución de conflictos contractuales en organismos internacionales, como el Ciadi (Banco Mundial).
Pero también en el Congreso avanza el proyecto de la oposición que obliga al Poder Ejecutivo a requerirle autorización para emitir deuda con acreedores privados (y/o ceder jurisdicción a tribunales del exterior) y destinarla exclusivamente a financiar obras de infraestructura y no gastos corrientes. Un objetivo difícil de verificar con fondos fungibles y un dilema moral para varios gobernadores.
Más allá de esta iniciativa, el Palacio de Hacienda hizo saber que la colocación de deuda externa de esta semana será la última de este año por parte del Tesoro Nacional. Esta información verbal alimentó las expectativas sobre el programa fiscal y monetario para el resto de 2016 que, como ya se anticipó en esta columna, el Gobierno prevé difundir en las próximas semanas tras el fin del default. Y también las conjeturas de los analistas sobre cómo habrá de financiarse el rojo fiscal de este año, después de que el BCRA ratificara su compromiso de no emitir más de 160.000 millones de pesos con ese destino. El abanico de especulaciones va desde el probable lanzamiento de un título en dólares para captar ahorros declarados en esa moneda hasta el blanqueo de fondos no declarados con un costo impositivo variable según el plazo de inmovilización para financiar inversiones, y más alto si no son repatriados. Este proyecto también deberá pasar por el filtro del Congreso.
No obstante, la gran incógnita a despejar no es sólo el financiamiento del déficit fiscal, sino su magnitud. Por caso, al mantener sin cambios el desactualizado presupuesto de 2016, la Casa Rosada puede discutir cada partida de gastos en cada área. Pero también recurrir a decretos de necesidad y urgencia para ampliar transferencias de fondos por fuera del cálculo presupuestario. Hasta ahora, las negociaciones con los gobernadores para fraccionar la devolución del 15% de impuestos coparticipables transitan por este último andarivel.
Paralelamente, según cálculos del Estudio Broda, la reducción de subsidios a la energía y el transporte no impedirá que el gasto nominal por este concepto sea similar al de 2015 (aunque baje en proporción al PBI), debido al impacto combinado de la devaluación y la inflación sobre el precio en pesos de los combustibles y los gastos operativos. Y también resta saber cómo se reducirá el déficit cuasifiscal del BCRA, mientras mantenga la tasa de interés de Lebac al 38% anual a 35 días para restarle combustible monetario a la inflación. El fin del default externo puede atenuar el impacto de estos problemas, pero la solución está puertas adentro.
MARCELO ZLOTOGWIAZDA
En la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional que se desarrolla en Washington se hablará mucho de la Argentina, de la crisis en Brasil, de la caída del precio de las commodities, de la desaceleración China y, entre tantas otras cuestiones, seguramente también se hablará en pasillos y cocktails sobre el megaescándalo de los Papeles de Panamá, que en la Argentina involucra al Presidente, a Messi y a otras más de 500 personas, de las que hasta ahora sólo se conocen muy poquitas.
Pero es muy poco probable que alguien se ocupe de una propuesta que le asigna al Fondo un rol clave para combatir el flagelo de las guaridas fiscales, la fuga de capitales y el dinero sucio, que volvió a quedar en evidencia con la difusión de los negocios offshore creados en el estudio Mossack Fonseca. La idea planteada por el economista francés Gabriel Zucman consiste en crear un registro financiero mundial en el que figuren los dueños de todos los títulos financieros en circulación, las acciones, las obligaciones y las cuotapartes de los fondos de inversión de todo el mundo, y que este accesible a las agencias fiscales de cada país. Zucman considera que el Fondo "es la organización mejor posicionada para asumir esa tarea, dado que es la única verdaderamente mundial y con capacidad técnica para crearlo y hacerlo funcionar en un plazo breve".
Zucman no es ningún improvisado. Discípulo del ya célebre Thomas Piketty, publicó hace un par de años el libro titulado La Riqueza Escondida de las Naciones - cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos, en el que desarrolla la mencionada idea y varias otras. Ideas que acaban de ser reivindicadas por J.Bradford DeLong, un prestigioso académico de la Universidad de California, miembro del National Bureau of Economic Research y ex asesor del secretario del Tesoro durante la administración Clinton.
Zucman argumenta que el registro financiero mundial no es en modo alguno una utopía. Explica que cada país ya tiene el suyo administrado generalmente en forma privada (como la Caja de Valores en la Argentina) y que los activos apátridas constan en las sociedades Euroclear y Clearstream. Se requeriría decisión política y una eficaz labor de identificación y control por parte del FMI.
La propuesta es extravagante, pero hay que tener en cuenta que en los gobiernos hay creciente preocupación por las consecuencias económicas del dinero oculto. Zucman estimó que el 8 por ciento del patrimonio financiero de las personas está escondido en paraísos fiscales, lo que equivale a unos 7,5 billones de dólares. (La estimación de Henry James triplica ese monto). Zucman calcula que la filtración de ese capital ocasiona una pérdida de recaudación superior a los 150.000 millones de dólares en todo el mundo. Es la razón por la cual Barack Obama, el G-20 y la OCDE vienen alertando y trabajando sobre ese problema.
Zucman da un paso más. El registro financiero mundial permitiría crear un eficaz impuesto mundial al capital que sirva para amortiguar la tendencia ascendente de concentración de riqueza y desigualdad social que Piketty demostró y explicó en El Capital en el Siglo XXI.
Continuando con temas tributarios e ideas extravagantes, pero en este caso realizadas, es interesante saber que en Australia acaba de publicarse por primera vez la lista de lo que facturan y pagan de impuesto a las Ganancias las 1859 compañías líderes de ese país, entre las que figuran firmas con cotización pública, sociedades no abiertas, corporaciones australianas y también extranjeras.
En esa lista se puede observar que, por ejemplo, el gigante BHP Billiton facturó en el período fiscal 2013-2014 40.531 millones de dólares australianos (1 dólar australiano : 0.76 U$S) y pagó 3951 millones, que Coca-Cola pagó 123 millones sobre ingresos por 3.783 millones, y que Toyota pagó 156 millones sobre una facturación de 10.261 millones. Lo pagado por ese conjunto de empresas representa el 63 por ciento de la recaudación total de ese impuesto.
La lista no fue sustraída por un hacker ni por un empleado infiel. La lista fue publicada por la Australian Taxation Office, como consecuencia de una ley de transparencia fiscal sancionada el año pasado, que obliga a difundir los datos correspondientes a sociedades que facturen por encima de determinado nivel (100 o 200 millones de dólares australianos según tipo de sociedad). Cabe recordar que Domingo Cavallo y Carlos Tacchi intentaron en su momento publicar la lista de contribuyentes a Bienes Personales con sus correspondientes cifras, y el establishment se lo impidió con la excusa/argumento del secreto fiscal.
Mauricio Macri dijo el lunes pasado en la cena de Cippec que construir un Estado del Siglo XXI significa modernidad, eficiencia y transparencia. Macri debería inspirarse en Australia, si de verdad quiere transparencia, y si además advierte que eso podría contribuir a achicar el déficit fiscal en la medida que la mera difusión pública de los datos persuada a los empresarios a evadir y eludir menos. ¿O acaso si se hubiera sabido antes que Cristóbal López retenía impuestos la maniobra habría durado tanto?
Pero hay antecedentes de Macri que no compatibilizan con la transparencia en materia de cumplimiento tributario, como el hecho de participar en empresas off shore.
