Hace más de cuatro años que nuestra economía no crece al ritmo necesario para crear empleo que permita incorporar a las nuevas generaciones de jóvenes. Los errores de la gestión K desalentaron la inversión, por eso convirtieron irresponsablemente al estado en el único creador de empleo; esto se financió con expansión monetaria para cubrir un creciente nivel de gasto público. El gobierno actual está ahora sensatamente apuntando a reducir la inflación sin contraer la actividad productiva.
Uno de los elementos clave en la recuperación productiva, especialmente en las provincias alejadas de los puertos marítimos, depende de los costos logísticos asociados con el transporte. Durante el periodo K el interior fue perjudicado por medidas que afectaron sus producciones, como los elevados impuestos a sus exportaciones que impidieron su crecimiento y por eso dejaron de crear empleo. Así se disminuyó el stock ganadero. El saldo de todo esto ha sido negativo, ya que el estancamiento productivo y la caída en las inversiones, convirtieron al estado en el único creador de empleo artificial en las provincias. Estos costos logísticos dependen del estado de la infraestructura vial, ferroviaria y fluvial. Pero debemos tener en cuenta que, por el retroceso de nuestro ferrocarril, hoy son más importantes los costos del transporte por camión que es, por mucho, el principal modo de transporte de la producción del país. Por esta razón los precios que se cobran en las provincias por los combustibles son clave en la determinación de los costos logísticos, incidiendo en la evolución de las economías regionales que son afectadas dada su distancia hacia los centros urbanos de consumo o de embarque hacia el exterior.
Estos costos logísticos están siendo hoy aumentados por el régimen de precios petroleros, que reconoce a las empresas petroleras valores por encima del precio del mercado internacional. Estamos hablando de magnitudes elevadas, ya que este sobrecosto, decidido por el gobierno anterior y esencialmente continuado por el actual a pesar de la gran devaluación del dólar a fines del año pasado, supera hoy los u$s 4000 millones anuales. El resultado de esto es un encarecimiento artificial de los combustibles, por ejemplo: un automovilista argentino paga ahora la nafta un 34% más que un paraguayo. Pero las diferencias son mayores cuando se considera el gasoil, ya que un camionero argentino lo está hoy pagando 40% más que un paraguayo, 73% más que un chileno y el doble que un boliviano. Tengamos en cuenta que el precio del gasoil es muy importante en la estructura de costos de nuestra producción, ya que el consumo de gasoil es un 55% mayor al de nafta.
Estos altos precios para los combustibles afectan el escenario macroeconómico, ya que estamos enfrentando un problema inflacionario, originado por los grandes desequilibrios fiscales que caracterizaron a la administración K. A la heredada inflación de demanda, originada por la gran expansión monetaria forzada por un considerable déficit fiscal fabricado durante los últimos años, se le han venido sumando recientemente alzas justificadas e inevitables de precios, asociados con los servicios públicos de agua potable, gas, energía eléctrica y transporte.
En este escenario de alzas de precios, complicado por las tendencias recesivas asociadas con altas tasas de interés interno, caídas del salario real y disminución del empleo, estamos perdiendo la oportunidad de apoyar la recuperación del nivel de producción con menores precios de los combustibles, especialmente en las economías regionales alejadas de los centros urbanos de consumo o exportación. Estamos hablando de valores altos, ya que este subsidio a las empresas petroleras es mayor que el presupuesto originalmente asignado a la Asignación Universal por Hijo en el presupuesto nacional del 2016.
*Economista Ex secretario de Energía y de Industria
La Nación
El alza en el precio de los combustibles ha sido de alrededor del 30% en lo que va del año, luego de tres aumentos sucesivos del 6% cada uno, primero, y otro más, del 10%, desde el 1° de mayo.
No puede ignorarse el estado calamitoso que en materia de energía y combustibles dejaron los gobiernos kirchneristas al país. Permitieron que se acumularan atrasos de magnitud extraordinaria en la actualización de precios corroídos por una inflación del 700% durante la última década. Sabían sus responsables que legaban una bomba de tiempo a quienes vinieran después a hacerse cargo del gobierno. Como lo hicieron en tantos otros terrenos de la gestión pública, se desentendieron de las consecuencias que ahora pagan sus sucesores, obligados a un sinceramiento sin el cual las cuentas públicas se harían insostenibles por más tiempo y las inversiones y fuentes de trabajo comprometidas en este tipo de actividades entrarían en parálisis.
Pero el examen de los aumentos habidos en los combustibles no puede agotarse, por reciente que haya sido el relevo gubernamental, en la enumeración de los estropicios que marcó la gestión del kirchnerismo. Ni siquiera alcanza con la observación de que los mentores del "relato" se han olvidado de las nefastas consecuencias de haber recibido en 2003 un país que exportaba petróleo y derivados y de haberlo devuelto con el abultado costo anual por las importaciones a las que lo han condenado.
Ese pasado tan próximo a nuestros días no justifica que la nafta y el gasoil cuesten hoy en la Argentina más que en muchos otros países. Lo dijo públicamente el ex ministro de Economía Domingo Cavallo a propósito de una experiencia personal. Acababa de cargar nafta súper en el tanque de su automóvil, en los Estados Unidos. Pagó por ello menos de 3 dólares el galón, algo así como 80 centavos por litro. A unos 17 pesos que cuesta aquí aquella misma nafta, resulta que en la Argentina la cuenta da 1,20 dólares. O sea, un 50% más elevada.
No es del caso preguntarse si la política de capitalismo de amigos derrotada en la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre ha sido reemplazada o no por un capitalismo con otros amigos. Es demasiado temprano para preguntarlo y nos resistimos a aceptar que este gobierno pueda en algún momento caer en la perversión capitalista que caracterizó al kirchnerismo. Sería, sin embargo, oportuno que se escribiera un libro blanco sobre los costos de explorar y producir petróleo en la Argentina, y las razones por la cual los productores reciben un subsidio que llegó a los 75 dólares el barril en tiempos del ministro Axel Kicillof y es hoy de alrededor de 67 dólares. Si la masa de dinero que salió de las cuentas públicas para atender esa erogación excepcional llegó a ser de cerca de 5000 millones de dólares (o de cerca del 1% del PBI), la opinión pública necesita explicaciones. Es vedad que tales subsidios han bajado a raíz de los nuevos valores internacionales, pero si son, como se afirma, de 3000 millones de dólares, configuran todavía una suma impresionante para un país en que muchas otras actividades corren con la carga total del riesgo empresarial.
¿Cómo explicarles a los productores agropecuarios, que además de los impuestos ordinarios deben asumir gravámenes extras, como la retención del 30% sobre la soja, que hay sectores con asombrosas ventajas comparativas? La suba de los combustibles ha neutralizado buena parte de los efectos de la devaluación del peso, producida en diciembre, y si sólo se quejó públicamente Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), otras entidades se han encargado por igual de mensurar ante quienes quisieran oírlas off the record los efectos que han producido las subas en los precios de los combustibles, en particular el gasoil. Nadie ha pasado por alto que esos aumentos llegaron en plena cosecha de la soja, el girasol y el maíz sembrado en septiembre en la zona núcleo.
Sobre las naftas pesan contribuciones fiscales del 46% y sobre el gasoil del 40%. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ha dicho que está en preparación un proyecto para que esos gravámenes graviten de modo anticíclico. Esperamos que la iniciativa se apruebe y que las provincias y sindicatos involucrados en la actividad petrolera actúen con la debida responsabilidad. Nadie olvida que se trata de un sector que involucra a 400.000 familias; tampoco que los gremios petroleros cuentan en promedio con algunos de los salarios más altos en el país.
La actual situación, sobrecargada con importaciones costosas de electricidad, gas, petróleo y sus derivados, debe advertir que urge el fomento de políticas competitivas entre las empresas petroleras y que debe fiscalizarse cualquier riesgo de cartelizaciones contra la transparencia del mercado. Es el momento de pensar en nuevos estímulos a los combustibles alternativos, entre ellos el biodisel y el etanol.
Por lo demás, no puede pasarse por alto que cuestiones de manifiesta incidencia no sólo sobre los costos de la producción nacional en todos los órdenes, sino también en la economía individual, resultan acreedoras a un esfuerzo de empatía y de comunicación emocional genuino. No resolverá las consecuencias materiales de lo que se haya decidido, pero aproximarán más a los gobernantes a la sociedad en cuyo nombre se ejerce el poder.
